A cuatro años de liberalizacion los derechos reproductivos pueden ser desmontados
Por Brujula Comunicaciones

Son muchos los esfuerzos que ha hecho el Procurador General de la Nación para restringir el alcance de los derechos sexuales y reproductivos y por evitar que se cumplan las decisiones judiciales constitucionales.

Bogotá 10 de mayo de 2010. El aborto se liberalizó en Colombia el 10 de mayo de 2006 con la Sentencia C-355 de la Corte Constitucional. Desde ese momento, en Colombia las mujeres cuyos embarazos ponen en riesgo su salud o su vida, tienen fetos con graves malformaciones incompatibles con la vida o sean producto de violación o incesto, tienen derecho a solicitar la interrupción del embarazo en el sistema de salud.

A finales de ese mismo año, el Ministerio de la Protección Social reglamentó la prestación del servicio de Interrupción Voluntaria del Embarazo –IVE, en las causales de ley.

Para acceder a este servicio de salud, durante estos cuatro años las mujeres han tenido que recurrir a tutelas, sortear todo tipo de obstáculos en clínicas y hospitales, escuchar argumentos de médicos que ofician de jueces y jueces que se creen médicos, que por desconocimiento o por posturas moralistas les niegan el servicio o la tutela de su derecho a una IVE.

A esto se suma que, a partir de 2009, desde la Procuraduría General de la Nación se han adoptado medidas que restringen el efectivo ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

Las decisiones constitucionales en relación con estos derechos, que hacen parte de los derechos humanos, no solamente han sido incumplidos sino abiertamente demandados por la instancia encargada de verificar su cumplimiento.

El abierto desacato del Procurador Ordoñez a los mandatos constitucionales se ha evidenciado desde su posesión, al nombrar a la abogada Ilva Miryam Hoyos como Procuradora delegada para la infancia, la adolescencia y la familia; una persona que antes, durante y después de emitida la sentencia C-355 prometió públicamente, revertir el alcance de esta decisión.

Como Procuradora delegada para los temas relacionados con los derechos sexuales y reproductivos ha incurrido en graves conflictos de interés, al usar su función pública para cumplir con esta promesa.

Fue ella quien realizó una visita al alcalde de Medellín para notificarle que desde la Procuraduría se abriría una investigación a la Clínica de la Mujer para que no prestara los servicios de IVE.

La Red Futuro Colombia, que ella fundó y dirigió, fue la que pidió la nulidad del Decreto 4444 del Ministerio de Protección Social que reglamentaba la prestación del servicio en la red de salud. El decreto se encuentra suspendido por el Consejo de Estado.

Además, en octubre pasado la Procuraduría solicitó a la Corte Constitucional que declarara nulo el fallo de tutela T-388, que el Procurador General bautizó como “Cátedra de Aborto”, ignorando así que dicha tutela sólo le recalcaba a los colegios que están en la obligación de impartir educación sexual de acuerdo a la constitución y las leyes. Se espera que en los próximos días la Corte se pronuncie sobre el tema.

El Procurador General, como todas las personas colombianas, tiene derecho a la libertad de pensamiento, de opinión y de creencia. Él y los funcionarios a su cargo tienen la obligación de garantizar el pleno respeto de los derechos humanos y la vigencia del Estado social de derecho.

Por tanto, bajo ningún punto de vista se puede permitir que quienes están a cargo de garantizar los derechos de las personas, dejen de cumplir con sus funciones, ni que usen la función pública, para desconocer los derechos de aquellos con quienes no están de acuerdo.

Por ejemplo, en noviembre pasado el Procurador pidió retirar del mercado la anticoncepción de emergencia por considerarla abortiva, desconociendo que en 2008 el Consejo de Estado reconoció que esta pastilla es anticonceptiva, no abortiva.

El fallo de hace cuatro años está vigente, pero los embates en su contra son permanentes. El resultado es que, a cuatro años de alcanzado un derecho, las mujeres colombianas ven cómo las vías de acceso al servicio, en lugar de abrirse, se están desmontando paulatinamente.

Mónica Roa, abogada demandante de la sentencia C-355 y la organización Women´s Link Worldwide, seguirán trabajando para que la implementación de esta sentencia sea una realidad para las miles de mujeres y niñas colombianas que necesitan este servicio de salud.

Encuentre la página web www.womenslinkworldwide.org todos los derechos y obligaciones vigentes alrededor del la IVE, los extractos de las Sentencia C-355/06 y vea el video del proceso que llevó a la liberalización del aborto en Colombia.

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