Secuestro institucional¿Y el Estado, cuando devolverá a los desaparecidos?
La Fiscalía ha revelado que investiga la desaparición de 15.645 personas. Varias ONG coinciden en que pueden ser más del doble, de las cuales el 97 por ciento son atribuidas a agentes estatales y paramilitares y el 3 por ciento a las guerrillas
Por Camilo Raigozo. Voz
La desaparición forzada no es otra cosa que un secuestro prolongado, con el agravante de que las víctimas pierden todo rastro, toda huella, todo vestigio.
Son crímenes perfectos, silenciosos, en los que los familiares y los testigos evitan hablar, denunciar, ya sea porque no pierden la esperanza de que sus seres queridos regresen algún día o porque las amenazas de los mismos victimarios se lo impiden.
De esa forma, miles de Ingrid Betancourt han sido secuestrados por agentes del Estado y paramilitares, sin que hasta el momento se tenga el más mínimo indicio de ellas y ellos.
Sus familias nunca han recibido prueba alguna de supervivencia. No saben si están vivos o muertos.
Según Gustavo Gallón, director de la Comisión Internacional de Juristas, desde el inicio del primer periodo de Uribe hasta mediados del año pasado, se presentaron 1.259 denuncias de desaparición forzada.
Sin embargo el investigador, periodista y escritor colombiano radicado en Francia, Hernando Calvo Ospina, afirma en su libro, ‘El terrorismo de Estado en Colombia’, de que son 10.586 personas desaparecidas entre líderes y dirigentes campesinos y populares, simpatizantes de movimientos de izquierda, defensores de derechos humanos, estudiantes y sindicalistas.
Otras investigaciones serias demuestran que entre agosto de 2002 y mediados de 2003, recién posesionado Álvaro Uribe, ocurrieron 410 desapariciones, de las cuales 390 fueron cometidas por agentes del Estado y paramilitares, y 13 fueron atribuidas a las guerrillas.
Por su parte, la Asociación de Familiares de Desaparecidos, Asfaddes, registró 1.362 desaparecidos en 2002 y 1.189 en 2003. Cerca de 68 mil víctimas han denunciado desapariciones y crímenes de lesa humanidad desde la expedición de la Ley de Justicia y Paz, afirma la revista “Criminalidad 50 Años”, de la Policía Nacional.
La Fiscalía ha revelado que investiga la desaparición de 15.645 personas. Varias ONG coinciden en que pueden ser más del doble, de las cuales el 97 por ciento son atribuidas a agentes estatales y paramilitares y el 3 por ciento a las guerrillas
Por Camilo Raigozo. Voz
La desaparición forzada no es otra cosa que un secuestro prolongado, con el agravante de que las víctimas pierden todo rastro, toda huella, todo vestigio.
Son crímenes perfectos, silenciosos, en los que los familiares y los testigos evitan hablar, denunciar, ya sea porque no pierden la esperanza de que sus seres queridos regresen algún día o porque las amenazas de los mismos victimarios se lo impiden.
De esa forma, miles de Ingrid Betancourt han sido secuestrados por agentes del Estado y paramilitares, sin que hasta el momento se tenga el más mínimo indicio de ellas y ellos.
Sus familias nunca han recibido prueba alguna de supervivencia. No saben si están vivos o muertos.
Según Gustavo Gallón, director de la Comisión Internacional de Juristas, desde el inicio del primer periodo de Uribe hasta mediados del año pasado, se presentaron 1.259 denuncias de desaparición forzada.
Sin embargo el investigador, periodista y escritor colombiano radicado en Francia, Hernando Calvo Ospina, afirma en su libro, ‘El terrorismo de Estado en Colombia’, de que son 10.586 personas desaparecidas entre líderes y dirigentes campesinos y populares, simpatizantes de movimientos de izquierda, defensores de derechos humanos, estudiantes y sindicalistas.
Otras investigaciones serias demuestran que entre agosto de 2002 y mediados de 2003, recién posesionado Álvaro Uribe, ocurrieron 410 desapariciones, de las cuales 390 fueron cometidas por agentes del Estado y paramilitares, y 13 fueron atribuidas a las guerrillas.
Por su parte, la Asociación de Familiares de Desaparecidos, Asfaddes, registró 1.362 desaparecidos en 2002 y 1.189 en 2003. Cerca de 68 mil víctimas han denunciado desapariciones y crímenes de lesa humanidad desde la expedición de la Ley de Justicia y Paz, afirma la revista “Criminalidad 50 Años”, de la Policía Nacional.
Para el coronel César Augusto Pinzón Arana, jefe de la Dijin, Colombia demorará entre 20 y 25 años para exhumar los restos de las víctimas de los paramilitares.
Doble pena
A diferencia de otros crímenes atroces y de lesa humanidad, los familiares de las víctimas de desaparición forzada sufren una doble pena. Por un lado, no le es permitido al tiempo cerrar las heridas abiertas hasta tanto no se sepa algo del ser querido, lo cual puede durar toda la vida en la mayoría de los casos.
Por otro lado, para colmo de su tragedia, sufren la invisibilidad del Estado, la indiferencia de la sociedad y de la prensa, quienes no quisieron ver ni reconocer este delito, durante casi tres décadas transcurridas desde el momento en que el Estado empezó a utilizar esta estrategia en su guerra sucia contra los opositores al régimen que se instaló hace ya casi 200 años y que está ahora en manos del narcoparamilitarismo, aún más sanguinario.
Solo hasta el año 2000 fue aprobada la Ley de Desaparición Forzada y desde entonces se pudo comenzar a procesar a sujetos responsables de este tipo de crímenes.
Se creó la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pero aún así la impunidad alcanza casi a la totalidad de los casos. Al respecto de este ente, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia afirma en su último informe conocido hace pocos días que “ha sido muy incipiente”.
La Procuraduría General de la Nación, máximo garante de los derechos humanos en el país, apenas adelanta 16 investigaciones disciplinarias por desapariciones forzadas, en las cuales el mayor número de involucrados son miembros del ejército.
Más de un desaparecido cada día en Bogotá
Por su parte la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Susan Lee, advirtió que en Colombia casi a diario se presentan casos de desaparición forzada.
Doble pena
A diferencia de otros crímenes atroces y de lesa humanidad, los familiares de las víctimas de desaparición forzada sufren una doble pena. Por un lado, no le es permitido al tiempo cerrar las heridas abiertas hasta tanto no se sepa algo del ser querido, lo cual puede durar toda la vida en la mayoría de los casos.
Por otro lado, para colmo de su tragedia, sufren la invisibilidad del Estado, la indiferencia de la sociedad y de la prensa, quienes no quisieron ver ni reconocer este delito, durante casi tres décadas transcurridas desde el momento en que el Estado empezó a utilizar esta estrategia en su guerra sucia contra los opositores al régimen que se instaló hace ya casi 200 años y que está ahora en manos del narcoparamilitarismo, aún más sanguinario.
Solo hasta el año 2000 fue aprobada la Ley de Desaparición Forzada y desde entonces se pudo comenzar a procesar a sujetos responsables de este tipo de crímenes.
Se creó la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pero aún así la impunidad alcanza casi a la totalidad de los casos. Al respecto de este ente, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia afirma en su último informe conocido hace pocos días que “ha sido muy incipiente”.
La Procuraduría General de la Nación, máximo garante de los derechos humanos en el país, apenas adelanta 16 investigaciones disciplinarias por desapariciones forzadas, en las cuales el mayor número de involucrados son miembros del ejército.
Más de un desaparecido cada día en Bogotá
Por su parte la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Susan Lee, advirtió que en Colombia casi a diario se presentan casos de desaparición forzada.
Lee señaló que "llama mucho la atención que mientras la gran mayoría de los países de Latinoamérica han superado esta triste historia, Colombia sigue siendo el único que año tras año figura dentro de la lista donde la desaparición forzada sigue como una práctica recurrente".
En lo que va corrido del año, se han denunciado solo en Bogotá 203 desapariciones, según la propia Fiscalía.
En el informe de marras la Alta Comisionada recordó que el año pasado los paramilitares revelaron la ubicación de 1.009 fosas comunes donde se hallaron los despojos de 1.196 personas secuestradas y asesinadas.
Una ínfima parte han podido ser identificadas. La opinión de importantes organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos, tanto nacionales como externas, es que a pesar de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano, es muy visible la falta de voluntad política del sistema judicial interno para perseguir la desaparición forzada.
Por las miles de víctimas del terrorismo de Estado ninguna personalidad del país convocará marcha alguna para pedir su liberación. Ni los jerarcas de la iglesia rezarán por ellos.
Ni las fuerzas militares ‘jaquearán’ al gobierno para liberarlos, y mucho menos los todopoderosos medios de “comunicación”, con sus periodistas estrellas, iniciarán campañas para exigir que los devuelvan pronto sanos y salvos a sus hogares.
Sus familiares continuarán la travesía de su trágico destino en solitario con su drama a cuestas, sin llamar la atención de una sociedad insensible, inmoral e hipócrita.
En lo que va corrido del año, se han denunciado solo en Bogotá 203 desapariciones, según la propia Fiscalía.
En el informe de marras la Alta Comisionada recordó que el año pasado los paramilitares revelaron la ubicación de 1.009 fosas comunes donde se hallaron los despojos de 1.196 personas secuestradas y asesinadas.
Una ínfima parte han podido ser identificadas. La opinión de importantes organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos, tanto nacionales como externas, es que a pesar de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano, es muy visible la falta de voluntad política del sistema judicial interno para perseguir la desaparición forzada.
Por las miles de víctimas del terrorismo de Estado ninguna personalidad del país convocará marcha alguna para pedir su liberación. Ni los jerarcas de la iglesia rezarán por ellos.
Ni las fuerzas militares ‘jaquearán’ al gobierno para liberarlos, y mucho menos los todopoderosos medios de “comunicación”, con sus periodistas estrellas, iniciarán campañas para exigir que los devuelvan pronto sanos y salvos a sus hogares.
Sus familiares continuarán la travesía de su trágico destino en solitario con su drama a cuestas, sin llamar la atención de una sociedad insensible, inmoral e hipócrita.
