Terrorismo de Estado
El régimen continúa los falsos positivos judiciales contra
campesinos de Apartadó
Por Camilo Raigozo. Notimundo
El pasado 26 de julio el Ejército, la Policía y la
Fiscalía, emprendieron varios procesos judiciales contra el campesinado de de
Apartadó. Los miembros de estas fuerzas represivas del régimen amenazaron a los
labriegos diciéndoles que tenían una larga lista de personas para judicializar.
Cumpliendo las amenazas, el 6 de agosto pasado las
fuerzas de del régimen detuvieron arbitrariamente a Elvia Cataño, campesina trabajadora,
madre cabeza de hogar, quien tiene a su cargo dos niños de 8 y 10 años de edad.
Mientras se encontraba detenida en la estación de policía
de El Reposo, sus familiares que llegaron a preguntar por la suerte de Elvia
fueron amenazados por el teniente Santillo y por el policía Ibarra.
“Ustedes se encuentran en una zona donde podemos darles
de baja, porque aquí no es San José de Apartadó”, les dijeron el teniente y el
policía.
Según la denuncia el falso positivo judicial contra la
campesina al parecer está basado en las acusaciones de un falso desmovilizado
quien delinque con los paramilitares “autodefensa gaitanistas”.
Dicho sujeto es utilizado por el Ejército para señalar a
cualquiera de los pobladores de ser colaborador o de tener cualquier relación
con la insurgencia y fabricar de esta manera los falsos positivos judiciales
contra personas inocentes.
En una acción irresponsable el coronel Bravo dijo en una
de las emisoras del Ejército que la campesina Elvia Cataño si es culpable de los
delitos que le imputan violándole a su víctima múltiples derechos
constitucionales, entre ellos, el debido proceso, la presunción de inocencia,
el buen nombre, entre otros.
El 14 de mayo anterior al llegar a Apartadó Elvia y su
madre fueron abordadas por personas de civil sin identificar, quienes les
quitaron los documentos de identidad y luego las llevaron de forma arbitraria e
ilegal al comando de la Policía.
Allí fueron señaladas e interrogadas de manera abusiva por
los miembros de la Fuerza Pública, quienes las instaron a que trabajaran como
desmovilizadas para el Ejército Nacional. Luego de tres horas de tortura sicológica
los agentes represores dejaron en libertad a las dos campesinas.
Igualmente la Comisión de Derechos Humanos de la
Asociación Campesina de Apartadó denuncia que militares y civiles sin
identificar están acosando y atemorizando permanentemente a la comunidad de “judicializarla
sino no se desmoviliza”.
