Parauribismo/Por Camilo Raigozo
El pasado 5 de agosto, sicarios del régimen que se movilizaban en una moto,
dispararon contra varias personas en el corregimiento El Palo, municipio de
Caloto, Cauca.
En el atentado perdió la vida el campesino Aldemar Pinto
Barrios y salieron heridos Yidver Eduardo Villa Villada y Jhon Harvy Bedoya.
Las víctimas forman parte de la Asociación de
Trabajadores Campesinos del Municipios de Caloto, filial de Fensuagro-CUT, de la Coordinación Departamental Cauca del
Proceso de Unidad Popular de Suroccidente Colombiano y del Movimiento Político
y Social Marcha Patriótica.
Entre los determinadores de los nuevos crímenes están aquellos
sujetos del régimen y los medios, que han señalado y estigmatizado de forma
irresponsable a los dirigentes y a las comunidades a las que han señalado de
pertenecer o estar infiltradas por la guerrilla.
Entre quienes han acusado temerariamente a las
comunidades indígenas están el propio presidente Santos, el ministro de
Defensa, altos mandos castrenses, la organización uribista Opic, y los medios
de comunicación del régimen, entre otros.
Estas acusaciones y señalamientos criminales contra
líderes, sindicalistas, defensores de derechos humanos, comunidades y
organizaciones sociales populares, son en realidad órdenes veladas de
asesinatos y exterminio, que los ejércitos de sicarios saben entender y
ejecutar, como acaba de ocurrir en Caloto.
Las comunidades demandan la salida de la Fuerza Pública,
sicarios paraestatales y subversión, de sus territorios.
En las últimas semanas y debido a las justas luchas de
las comunidades del norte del Cauca, grupos de sicarios al servicio del régimen
denominados paramilitares o bandas criminales, han amenazado a los dirigentes y
a las comunidades.
La zona donde ocurrieron los hechos está contralada
completamente por la Brigada Móvil No. 14 del Ejército, denunció la ONG de
derechos humanos Francisco Isaías Cifuentes.
