Seguridad narcocrática/Por Camilo Raigozo
La Fiscalía informó el pasado 4 de julio que un sargento y tres soldados profesionales fueron cobijados con medida de aseguramiento por el presunto asesinato a sangre fría del labriego Carlos Daniel Martínez Ortega.
El crimen fue perpetrado por terroristas de la Brigada Movil 15 del Ejército Nacional, el 9 de octubre de 2008 en la vereda Santa Catalina, municipio de San Calixto, Norte de Santander
Los presuntos criminales del Estado son: Ramón Isidoro Ordóñez Ruíz, sargento segundo, John Fredy Zuluaga Ossa. John Jairo Valbuena y Giovany Valderrama Saavedra, soldados profesionales.
Los posibles victimarios asesinaron al labriego y luego le pusieron una pistola con la que lo hicieron pasar como guerrillero del EPL dado de baja en combate. Las pruebas recopiladas por la Fiscalía establecieron la falacia.
Los militares fueron sindicados como supuestos responsables de los delitos de homicidio agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o munición.
Así mismo, el suboficial Ordóñez Ruíz incurrió, presuntamente, en los delitos de concierto para cometer homicidio y falsedad ideológica en documento público, según la providencia del fiscal del caso.
Más crímenes de la IV Brigada
Por otro lado, el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Medellín, condenó a 15 años de prisión al soldado Virgilio de Jesús Castañeda Murillo, por el asesinato a sangre fría de una joven de la Comuna 13 de esta ciudad.
Por el mismo crimen fueron condenados a 24 meses de prisión a los soldados Norman Alejandro Ríos Álvarez y Juan David Jaramillo Arenas, quienes incurrieron en el delito de encubrimiento por favorecimiento.
Los hechos ocurrieron el 26 de septiembre de 2004, cuando terroristas de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional reportaron la muerte en combate de Luz Stivaly Barrera Rivera.
En la coartada los criminales adujeron que la joven era guerrillera que se había enfrentado a los militares con una pistola hechiza calibre 7.65.
Después de perpetrado el crimen, los facinerosos colocaron cerca del cuerpo la mencionada arma, un bolso con dos granadas y un pantalón camuflado.
Las pruebas de absorción atómica ordenadas por la Fiscalía para detectar residuos de pólvora en el cadáver de la desdichada joven arrojaron resultados negativos.
Igualmente, los testimonios de Ríos Álvarez y Jaramillo Arenas reafirmaron la inexistencia de un combate y la alteración de la escena de los hechos por los integrantes de la patrulla oficial.
Castañeda Murillo preso en una cárcel del Distrito Judicial de Medellín aceptó los cargos que le formuló un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, por el delito de homicidio en persona protegida.
Actualmente el gobierno del presidente Santos, el ministro de Defensa, altos mandos militares, congresistas inescrupulosos y la extrema derecha, entre otros,-
impulsan una reforma al fuero militar, con lo cual los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos por miembros de la fuerza pública quedan en la impunidad.
