Seguridad narcocrática/
Mindefensa y Ejército no aceptan cambio de centros vacacionales por cárceles para militares criminales
Es indignante la postura del ministro y los altos mandos castrenses de no aceptar la reclusión de militares inmersos en crímenes de lesa humanidad en cárceles comunes
Por Camilo Raigozo
Lo que se vive en Colombia es lo más parecido a una dictadura militar. Miles de crímenes de lesa humanidad, entre los que se destacan, asesinatos a sangre fría, torturas, violaciones sexuales y desapariciones forzadas, entre otras atrocidades cometidas por miembros de la Fuerza Pública, no solo están en la impunidad en su inmensa mayoría, si no que los pocos condenados que debieran estar tras las rejas se encuentran en centros vacacionales como lo ha denunciado Semana.
Razón tiene el congresista Roy Barreras quién declaró a los medios que “este país tiene que estrenar las mociones de castigo, de censura y de renuncia. Acá hay dos ministros que tienen que responder: el de Defensa, por su responsabilidad institucional en el caso Tolemaida, y el del Interior, quien tiene que decirnos qué normas penitenciarias aplican para delincuentes como estos”.
El derecho civil y la justicia, deben estar por encima del aparato militar, sí es cierto que en Colombia hay un Estado de Derecho. Es inadmisible que la justicia sea subyugada al capricho de los altos mandos militares y del ministro de Defensa.
“¿Cómo es posible que miembros de la Fuerza Pública que están acusados por delitos de lesa humanidad estén pagando condenas en sitios que parecen centros vacacionales? No puede ser que acá pensemos que son héroes quienes están detenidos por violación de los derechos humanos”, dijo entre otras cosa Armando Benedetti, presidente del Senado
Ante la oferta del ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, de trasladar a los delincuentes de los centros vacacionales en que se encuentran a una cárcel en Guaduas, Cundinamarca, Rodrigo Rivera, ministro de Defensa, dijo sin ningún asomo de vergüenza que, “los nueve centros penitenciarios especiales ubicados dentro de batallones de las fuerzas armadas en varias partes del país cumplen todas las reglas constitucionales”, por lo que considera inapropiado trasladar a los uniformados detenidos a esa cárcel.
Con un alto grado de cinismo y de burla para con las víctimas y sus familias, Rivera dijo además que “Los centros especiales cumplen las peticiones legales y constitucionales. Si llegamos a necesitar ese apoyo, esa cárcel, lo pediremos”. Es decir la justicia queda sometida a las imposiciones de los reos.
Sin quedarse atrás, el general Alejandro Navas, comandante del Ejército, consideró sin ningún sonrojo que “por el momento no es necesario trasladar a más detenidos de las cárceles militares a los centros de detención comunes. El Ejército está en capacidad de administrar sus centros de reclusión y albergar a sus internos”.
En la actualidad hay 843 miembros de la Fuerza Pública detenidos en centros vacacionales de “reclusión”: 174 del Ejército, 648 de la Policía, 13 de la Armada y ocho de la Fuerza Aérea. En los nueve “centros especiales de reclusión” que maneja el Ejército hay 942 delincuentes.
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Al respecto, Guillermo Rivera, representante a la Cámara, le dijo a El Espectador, refiriéndose a la responsabilidad política sobre los recientes escándalos y sobre una reforma profunda al Código Penitenciario que:
“Estamos en mora de abordar esta discusión para evitar la existencia de esos establecimientos especiales, entre otras cosas porque son funcionarios públicos que tienen que preservar los derechos.
“Esto se debe ver reflejado no sólo en la cantidad de la pena, sino también en las condiciones como se cumpla. No tiene justificación que un militar que viole los derechos humanos cumpla su condena bajo condiciones especiales”. Foto Revista Semana.
