¿Podrían quedar impunes las 3.500 masacres ocurridas en Colombia?
Interrogante se abre ante la inminente desaparición de la Comisión de Reparación y Reconciliación.
Por: José Antonio Sánchez. El Tiempo
El anuncio lo hizo el vicepresidente Angelino Garzón, quien según fuentes argumentó que al entrar en vigencia el Sistema Nacional para la Reparación Integral de Víctimas -que está propuesto en la Ley de Víctimas- "no pueden coexistir dos sistemas paralelos en materia de reparación".
Sus declaraciones generaron dudas sobre qué va a pasar con el proceso de reconstrucción de memoria histórica que emprendió la Comisión para desentrañar las verdades del conflicto propagado por los 'paras'.
Creada con la Ley de Justicia y Paz, en el 2005, la Comisión tenía como una de sus principales tareas garantizar la participación de las víctimas en los procesos de esclarecimiento judicial, presentar un informe sobre el origen y evolución de los grupos armados ilegales y hacer un seguimiento a los procesos de desmovilización (Artículo 51).
Para esta y otras tareas, la Ley le dio a la comisión una vida de ocho años, hasta el 2013, pero con la aprobación del proyecto de la Ley de Víctimas que se podría terminar de votar este miércoles en la Comisión Primera del Senado, sus responsabilidades quedarían a medio camino, o, al menos eso piensan algunos de sus 13 integrantes.
Patricia Buriticá es una de ellas. Hasta ahora, dice, en el proceso de reconstrucción de la memoria histórica la Comisión se ha enfocado en cinco informes de casos emblemáticos, como las masacres de El Salado, Trujillo y Bojayá y en fenómenos particulares como los delitos cometidos contra las mujeres y el despojo de tierras en la Costa Atlántica. Pero el gran informe sobre el origen y evolución de los grupos armados ilegales está a medio hacer.
"Nos faltan, además, otros aspectos de la violencia en Colombia como las desapariciones, los secuestros y la verdad sobre las 3.500 masacres que se han presentado en Colombia desde 1980", dice Buriticá.
A las dudas de una verdad a medias se suma otro interrogante: qué va a pasar con el seguimiento que se les hacía a los procesos de desmovilización, justo ahora que empiezan a aflorar irregularidades como las investigadas por la Fiscalía en el bloque cacica Gaitana o las denunciadas por los ex paramilitares Freddy Rendón, alias 'El alemán', y Éver Veloza, alias 'H.H'.
Y, finalmente, un tercer aspecto en el que se podría producir un vacío es en los planes de reparación, justo en un momento en el que el Gobierno insiste en impulsar una ley de restitución de tierras y los violentos asesinan a los campesinos líderes de estas reclamaciones, como ocurrió con David Goez, Éver Verbel y Bernardo Ríos.
El debate está abierto, pero se ha hecho de forma subrepticia. Incluso, sobre el primer punto, la reconstrucción de la memoria histórica, en la misma Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación las opiniones son diversas. Jaime Jaramillo, uno de sus integrantes, dice que sería imposible documentar las 3.500 masacres que menciona su compañera Buriticá.
"No hay comisión de la verdad que pueda resumir 46 años de guerra en Colombia", dice y luego insiste que la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación ha hecho un buen trabajo al concentrarse en casos emblemáticos, como la masacre El Salado, para documentar la realidad y reconstruir la memoria histórica.
Los promotores del proyecto de la Ley de Víctimas, mediante el cual el Vicepresidente dice que se reorganizará la atención de víctimas, sostienen que de ninguna manera se va truncar el trabajo que la Comisión no ha terminado.
El senador liberal Juan Fernando Cristo recuerda que el texto de esta iniciativa incluye la creación de un centro de memoria histórica, que asumiría esa labor
"Todo lo contrario, vamos a fortalecer la memoria histórica. Los recursos que tenía la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación eran insuficientes. Este ley es un plazo adelante en el tema de la memoria", dice Cristo.
Aún con este argumento, la creación del centro de la memoria histórica es una victoria reciente del Partido Liberal, pues la idea no contó con el respaldo del Gobierno en los primeros debates en el Congreso y aún no es claro cuántos serán los recursos económicos que invertiría el Ejecutivo en esta idea.
Mientras se clarifica la cifra, la comisionada Patricia Helena Perdomo dice que si se suspende las actividades de la Comisión Nacional de Reparación y Restitución se perdería todo el trabajo de confianza que se ganó con las víctimas en estos primeros cinco años de labores.
"Algunas de las víctimas todavía desconfían de otros instituciones del Estado y sólo confían en nosotros", dice.
Una fuente gubernamental, que pidió no ser citada para este informe, indica que la labor de establecer la verdad está en manos de la Fiscalía y de los tribunales de Justicia y Paz, y que la Comisión "no puede pretender" asumir esa labor.
Pero un reciente informe de la Misión de Apoyo de la OEA, publicado por ELTIEMPO.COM, dio cuenta de que en los últimos cinco años sólo se ha llegado a la sentencia parcial de tres jefes paramilitares, pocos bienes entregados y falta de garantías judiciales para quienes se entregaron.
Patricia Buriticá añade que más allá de las sentencias judiciales, la verdad que debe imperar es la de las víctimas y que esta no debe compararse con la verdad judicial, la cual depende de la valoración de las pruebas. "La verdad de las víctimas consiste en sus temores, sus presiones psicológicas en detalles que no necesariamente quieren llevar ante los estrados".
El representante liberal Guillermo Rivera, otros de los promotores de la Ley de Víctimas, sostiene que la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación no se verá afectada, "porque se respetará el tiempo de vida que se estableció en la Ley de Justicia y Paz", es decir, hasta el 2013. Incluso, el Congreso se escucha el chiste de que la comisión no morirá de eutanasia, sino de muerte natural. Otra cosa piensan algunos comisionados, quienes ven que su fin está cerca.
¿Quién tiene la razón? Difícil saberlo, como será difícil saber toda la verdad de lo que ocurrió en las casi 3.500 masacres que ocurrieron en Colombia desde 1980 y eso en un país tan dado a olvidar no es una buena noticia.
(Para este informe se requirió la opinión del Vicepresidente de la República, a través de un cuestionario que se le envió. Sus respuestas no fueron enviadas de vuelta al momento de escribir este informe). Foto El Tiempo.
