El merecido premio otorgado a la ACVC no es suficiente
Es urgente que se levante la suspensión de la Zona de Reserva Campesina y que en cambio de militarización el Estado invierta en salud, educación, infraestructura vial, servicios básicos, apoye la economía campesina y respete al menos los derechos humanos fundamentales de los labriegos
Por Camilo Raigozo. Voz
El pasado 24 de noviembre en Bogotá, la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra, Acvc, recibió el Premio Nacional de Paz 2010, otorgado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud, El Tiempo, Caracol Radio, Caracol Televisión,-
Revista Semana y la Fundación Friedrich Eber Stiftung, en un intento por reconocer por fin el inmenso trabajo de la Asociación en favor de las comunidades campesinas del Magdalena Medio, región duramente azotada por el terrorismo de Estado con la estrategia militar-paramilitar.
Entre los dolorosos costos que ha tenido que pagar el campesinado del Magdalena Medio están las ejecuciones extrajudiciales mal llamadas falsos positivos, cometidos por la Fuerza Pública, la cual desde el 2002 ha cobrado la vida de Sigifredo Castaño, Carlos Mario García,-
Carlos Trujillo, Robinson Alberto González, Pablo Emilio Agudelo Sánchez, José Manuel Girón, Guillermo León Benítez, Heriberto Correa, William Hernán Sánchez, Edgar Lozano Castelblanco, Adelio Brand, Juan Rozo Mosquera, Flor Elba Simanca Reyes, Parmenio Manuel Hernández,-
Miguel Ángel González Gutiérrez, Luis Horacio Ladino Guarumo, Ricardo Ortiz, María Aureliana Estrada, Luis Fernando Flores Estrada, José Gustavo Castañeda, Reynaldo Ríos, Orlando Triana Moncada, Diomedes Playonero, Melci Cuesta, Carlos Ramírez y José Ignacio Galindo, entre otros.
Galindo era canoero y fue asesinado al parecer por tropas del Ejército hace apenas 13 días en hechos en el que también quedó gravemente herido el menor Luis Miguel Delgado, quién fue trasladado por los propios militares a un hospital en Barrancabermeja.
Según denunciaron los campesinos, los uniformados amenazaron al joven con dejarlo desangrar, sí no aceptaba que era guerrillero y se acogía al programa de reinserción. Ante el plan de aniquilamiento campesino de la cacareada seguridad democrática, con excepción de Pnud y la Fundación Friedrich Eber Stiftung, los demás otorgantes del premio han mirado para otro lado.
Desangre y desplazamiento
Para citar un ejemplo somero del desangre en el Magdalena Medio, en septiembre pasado el Fiscal Segundo de Justicia y Paz acusó formalmente al cabecilla paramilitar Ramón Isaza y a otros 26 ‘paras’ de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, por 620 crímenes, entre secuestros, torturas, desapariciones, desplazamientos, extorsiones y terrorismo.
También se les atribuyó el asesinato de 370 personas en 19 masacres, más otros 237 hechos criminales. Aunque desde el año 2000 la ACVC es beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las violaciones a los derechos humanos fundamentales no han cesado.
Desde luego, bajo la política de “seguridad democrática” el campesinado del Magdalena Medio no ha escapado a los montajes judiciales por medio de los cuales han sido encarcelados o tuvieron órdenes de captura los dirigentes Andrés Gil, Andrés Rafael Flores Llorente,-
Álvaro Manzano, Oscar Enrrique Duque, Gilberto Guerra, Wilson Vega, Eduardo Alberto Guerra, Miguel Ángel Huepa, Mario Martínez, Ramiro Ortega , Evaristo Mena Rentería, María Fidelina López, Alexander Bastidas y Yurani Bastidas, entre otras personas.
Por estas y otras razones podemos decir que el mejor premio que se le debe otorgar a la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra, es instar al gobierno para que levante inmediatamente la suspensión de la Zona de Reserva Campesina, invierta en salud, educación, infraestructura vial,-
servicios básicos, apoye la economía campesina y respete, al menos, los derechos humanos fundamentales de los labriegos, en cambio de mantener militarizada la afligida zona, como única forma en que el Estado hace presencia.
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