'La Casa de Nari...'Las implicaciones de la visita de los emisarios de 'don Berna'.
Por Pedro Medellín Torres. El Tiempo
No pudo suceder en un peor momento para el Gobierno. Justo cuando el Fiscal de la Corte Penal Internacional inicia su visita a Colombia, para observar el estado de los procesos judiciales al paramilitarismo y la 'parapolítica', los colombianos se enteran de que funcionarios cercanos al Presidente recibieron visitas del abogado de alias 'don Berna' y de un desmovilizado (que, a pesar de ser uno de los jefes del Cacique Nutibara, nunca fue postulado a Justicia y Paz) que entregarían información que comprometería a la Corte Suprema de Justicia en una conspiración contra el presidente Uribe.
A primera vista, el asunto no parecía tener mayor trascendencia. Sin buscar un beneficio (como lo han dicho los implicados), unos delincuentes o sus abogados contactan a unos funcionarios del Gobierno para hacer entrega de una información que da cuenta de uno o varios delitos cometidos por otros servidores públicos.
Lamentablemente, si esa función (atender denuncias de delitos) no está expresamente regulada en la Ley, al funcionario no le está permitido recibir a nadie que le vaya a entregar una denuncia, a menos que se lo haya ordenado su superior (en este caso, el Presidente de la República), lo cual no lo exime de poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes.
El problema está en que no fue una sino tres las visitas que los funcionarios del Gobierno recibieron de los visitantes de marras. A menos que fueran amigos, nada distinto explica que necesitaran tres reuniones, sino una negociación entre partes. El problema es todavía mayor cuando, ante la entrega de la información, los funcionarios no la ponen en conocimiento inmediato de las autoridades competentes.
Y sin tener la competencia legal, proceden a valorar su utilidad, desechándola sin saber si, por ejemplo, era importante para el desarrollo de otro proceso o el esclarecimiento de otro delito. Y como si eso no fuera suficiente, tampoco les informan a las autoridades judiciales, ni mucho menos a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que se estaba urdiendo una trampa en su contra.
Con razón los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema se sienten acosados al ver que el Gobierno está dispuesto a aliarse con el que sea, con tal de que pueda entregar información que comprometa la independencia e imparcialidad de la Corte.
Por eso resulta entendible que, inclusive, la Corte pueda estar dispuesta a solicitar el acompañamiento de los organismos internacionales, como lo hicieron público en un comunicado oficial el pasado 9 de octubre, cuando el gobierno acusó al magistrado auxiliar Iván Velásquez, coordinador de las investigaciones por 'parapolítica', de intentar presionar a José Orlando Moncada, alias 'Tasmania', para acusar de paramilitarismo al presidente Álvaro Uribe Vélez.
La defensa que hizo el Presidente sobre la actuación de sus funcionarios fue confusa. Primero dijo que buscaban recibir información sobre el manejo de orden público y luego dijo que los emisarios presentarían pruebas contra el magistrado auxiliar de la Corte Iván Velásquez.
Mientras en los círculos delictivos comienza a hablarse de la "Casa de Nari", lo que queda en evidencia es la intencionalidad gubernamental por llevarse la justicia por delante. Tanto, que el propio presidente de la Corte Suprema, quien se ha caracterizado por su prudencia, dijo que "aquí lo que se viene a demostrar es que hay un sector del Gobierno que está haciendo montajes contra la Corte, que está aliado con los jefes paramilitares para enlodar a la Corte".
En un momento en que la Corte Suprema de Justicia está recibiendo todo el apoyo y la solidaridad de la comunidad internacional, el presidente Uribe debería entender que apoyar reuniones que desbordan las competencias de sus funcionarios más cercanos, en busca de desprestigiar a la Corte solo confirma (como ha editorializado The New York Times) "el poco respeto que tiene por las instituciones de la democracia colombiana".
