Corte Penal Internacional
Aterrados los militaristas
Vencido el plazo de salvaguarda de siete años pedido por Uribe y Pastrana en 2002 la Corte podrá investigar e imponer condenas ejemplares en casos de impunidad de crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidios
Por Camilo Raigozo. Voz

A partir del pasado primero de noviembre, fecha en la cual se venció el plazo de salvaguarda solicitado por el presidente Uribe y su antecesor Andrés Pastrana en 2002, la Corte Penal Internacional podrá investigar y sancionar los delitos de lesa humanidad,-

los crímenes de guerra y los genocidios cometidos en Colombia y que gocen de impunidad o que los perpetradores materiales e intelectuales de dichos crímenes no hayan sido debidamente investigados, procesados y castigados en el país.

Extinguido el tiempo de salvaguarda que impedía a la CPI investigar y castigar crímenes de guerra cometidos en Colombia en el marco de la política de “seguridad democrática” y del conflicto social y armado que vive el país, sin que se hubiera-

impartido justicia, los jueces y fiscales del Tribunal Internacional podrán llevar a los altos estrados judiciales internacionales a los responsables de esos crímenes y garantizar que no haya impunidad.

"Por ejemplo políticos, líderes empresariales que hayan ordenado esos crímenes, agentes del estado de alto nivel, jefes de los grupos armados, pueden ser investigados por la Corte y en ese caso se abre un procedimiento que tiene la forma de un juicio penal", dijo Iván Cepeda, director del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado a los medios.

El defensor de los derechos humanos agregó que “con esta posibilidad se abre una nueva dimensión en las investigaciones judiciales del país, lo que permitirá que se impongan condenas ejemplares en los casos en los que no se haya impartido justicia”.

Hay suficientes razones para que la CPI opere en Colombia

Para varios analistas desde el punto de vista jurídico no abría la posibilidad de que la Corte actúe sobre crímenes de guerra cometidos con anterioridad al 1 de noviembre de 2009, pero a partir de esa fecha, en el caso en el que estos crímenes se produzcan ya sea por agentes del Estado, incluidos los ‘paras’, o por la insurgencia el alto tribunal internacional entraría a operar.

En el caso específico de la mal llamada Ley de Justicia y Paz, la Corte Penal Internacional podrá iniciar investigaciones ya que la justicia colombiana ha sido inoperante.

Voceros del régimen han señalado que “no hay razones para que la CPI inicie investigaciones en Colombia”, supuestamente porque la justicia ha procesado a los acusados. El embajador de Uribe ante ese organismo, Francisco Lloreda, sostuvo sin sonrojarse que lo que sucede en su país no es comparable con otras naciones, como Uganda, Sudán, República Democrática del Congo y la República Centroafricana, en los que ese tribunal ha tenido que intervenir.

Bienvenida la CPI

Sin embargo defensores del gobierno de Uribe, entre ellos la congresista del partido de la U Lucero Cortés, siguiendo la línea de sus jefes políticos, en vez de salir en la defensa de una justicia limpia y transparente, así como de las víctimas, salió a defender a los criminales, ya que la parlamentaria con el apoyo de la aplanadora uribista, impulsa-

en el Congreso un proyecto de ley que buscar blindar a los uniformados de la Fuerza Pública que sean denunciados ante la Corte Penal Internacional, toda vez que esta ha sido responsable de numerosos crímenes de lesa humanidad, muchos de ellos cometidos en complicidad con los paramilitares a quienes denominan sus primos.

Según las estadísticas reales emanadas de juiciosos estudios realizados por importantes organizaciones internacionales y locales, en el actual gobierno el mayor número de crímenes y homicidios de civiles al año en Colombia no han sido obra de las guerrillas, sino del Ejército y de grupos paramilitares, con la complicidad de numerosos terratenientes, ganaderos, empresarios y políticos, identificados con la política de Uribe.

Más de cuatro millones de desplazados internos fueron expulsados de sus lugares de origen por la estrategia militar-paramilitar, con el consiguiente despojo de sus tierras que suman entre seis y 14 millones de hectáreas de tierras. Bienvenida la CPI.

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Primer Congreso Latinoamericano Jurídico sobre Derechos Reproductivos
Por Brújula comunicaciones

Las legislaciones restrictivas en relación a la salud reproductiva y a los derechos reproductivos constituyen una de las principales barreras para superar las inequidades y la discriminación vividas por las mujeres de la región. Para la Organización Mundial de la Salud –OMS, el 21% de las muertes maternas en América Latina se atribuye al aborto inseguro.

Bogotá 3 noviembre de 2009. El 5, 6 y 7 de noviembre se realizará por primera vez en Latinoamérica un congreso jurídico sobre derechos reproductivos, lo que se constituye en un evento histórico al reunir a destacados juristas, políticos, profesores y miembros-

de varias organizaciones de diferentes países que trabajan en proveer herramientas legales a las mujeres para avanzar en la implementación de sus derechos reproductivos, fundamentales para la protección y defensa de los derechos humanos.

El Primer Congreso Latinoamericano Jurídico sobre Derechos Reproductivos coincide con hechos relevantes que están ocurriendo en los países de la región: la despenalización del aborto en Ciudad de México.

La decisión del Tribunal Constitucional peruano de prohibir la distribución gratuita del anticonceptivo oral de emergencia; la decisión de la Corte Constitucional colombiana de reconocer el derecho al aborto en tres circunstancias.

La revisión constitucional en República Dominicana, entre otros, son hechos que demuestran que Latinoamérica y el Caribe están entrando en una etapa de polémica y debate sin precedentes en torno al aborto.

El evento es organizado por el Ilustre colegio de abogados de Arequipa y el Colegio de Abogados de Lima, con el apoyo del colegio de abogados del Perú.

Participarán 45 panelistas de diferentes países en representación de instituciones como el Comité de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Asociación de Profesores en-

Derechos Humanitarios Internacionales de la Universidad de Toronto, el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), la Organización Panamericana de la Salud, el Departamento de Salud Reproductiva de la Organización Mundial de la Salud, entre otras.

Por Colombia participarán los ex magistrados de la Corte Constitucional Carlos Gaviria Díaz y Jaime Araújo Rentería, y Mónica Roa directora de programas de Women´s Link Worldwide.

Para el viernes 6 de noviembre a la 1:30 p.m. se ha programado una rueda de prensa, en el Colegio de abogados de Arequipa, en la que los medios tendrán acceso a los panelistas y organizadores del Congreso.

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Agro Robo Seguro/
El Uribismo pudo haber saboteado el debate a Minagricultura
Con información de Polo.com

Por desorden en las barras del Congreso, se levantó intempestivamente el debate al ministerio de Agricultura por los actos de corrupción del programa Agro Ingreso Seguro (Agro Robo Seguro).

Tras la participación del senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, la ovación, los “vivas” y el posterior desorden, hicieron que el presidente del senado, el uribista, Javier Cáceres, levantara acuciosamente la sesión postergándola para el próximo miércoles, permitiéndoles así, tomar un segundo aire al vapuleado gobierno y su ministro de Agricultura.

Un amplio sector de la opinión pública y congresistas del Polo, creen que después de tan contundente denuncia a la corrupción del gobierno de Uribe, el enfriamiento perpetrado por las barras, fue autoría del uribismo.

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Parauribismo/
Alcalde y ex alcaldes de Astrea, Cesar, acusados por parauribismo
Con información de la Fiscalía

Por sus presuntos vínculos con el grupo de autodefensas encabezado por Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, la Fiscalía profirió resolución de acusación en contra del Alcalde de Astrea (Cesar) y de otras tres personas, entre ellas dos ex mandatarios de ese municipio.

De acuerdo con la providencia de un fiscal de la Unidad Nacional contra el Terrorismo, el alcalde Edgar Orlando Barrios Ortega, los ex alcaldes Garibaldi López Acuña y Jaime Sajonero Pallares responderán por los delitos de concierto para delinquir agravado y promoción de grupos armados al margen de la ley.

El cuarto acusado es Numa Pompilio Cortés, miembro de autodefensas, quien supuestamente incurrió en concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo, desplazamiento forzado, constreñimiento ilegal, amenazas, y conformación y promoción de grupos armados ilegales.

Según el ente investigador, todos los procesados están privados de la libertad.

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Seguridad narcocrática/

Condenado oficial del Ejército por tortura

Según la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de seis años y tres meses de prisión proferida en contra del teniente del Ejército Nacional, Mihaly Istvan Jurko Vásquez, procesado por torturar a tres jóvenes en la capital antioqueña.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el 5 de junio de 2000, en la sede del Batallón de Infantería No. 4 (IV Brigada) fueron golpeados y torturados Jaime Alberto Millan Murillo, Jhon Fredy Giraldo Rivera y Dumar Alexander Rios, capturados el día anterior como presuntos responsables del asesinato del soldado Henry Edison Restrepo, adscrito a esa guarnición militar.

Al no admitir el recurso extraordinario de casación, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la sentencia condenatoria proferida por el Tribunal Superior de Medellín el 20 de febrero de este año. El oficial está privado de la libertad.

A sentencia anticipada 7 militares por “falso positivo”

Según un informe de la Fiscalía conocido este 30 de octubre de 2009, un suboficial y seis soldados profesionales de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional se acogieron a sentencia anticipada por el homicidio del comerciante Jhon Fredy Lopera Balbin, reportado como abatido en combate en el municipio de Bello (Antioquia).

El 21 de marzo del año 2005, la patrulla militar reportó un enfrentamiento armado con miembros de las autodefensas en el que pereció Lopera Balbín. Según el informe militar, junto al cadáver de la victima fueron halladas una escopeta y una granada de fragmentación.

En el supuesto operativo participaron: Jhon Fredy Monroy Lancheros, cabo primero; y los soldados profesionales Juan Gabriel Gil Berrío, Robinson Alexander Correa David, Jhon Jaime Gomez Gomez, Sergio Andrei Gaspar Pabón, Jehison Eduardo Jimenez Castrillon y Juan Gabriel Gomez Vanegas.

Ante el fiscal a cargo del caso, Gil Berrío reconoció que no hubo combate y que después de asesinar el comerciante la escena del crimen fue alterada, porque pusieron junto al cuerpo las armas mencionadas. Ese procesado fue condenado a 19 años de prisión por el delito de homicidio en persona protegida.

En los próximos días, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bello (Antioquia) fijará el monto de la pena, por el mismo punible, que purgarán los otros seis militares, quienes también cumplieron la diligencia de formulación de cargos para sentencia anticipada.

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Del “Pacto de Ralito” al “Gran Pacto Social Agrario”
Por Camilo Raigozo. Voz

Como se recordará, en el año 2001 los principales cabecillas narco-paramilitares, ganaderos, políticos, empresarios, terratenientes y una pléyade de representantes de poderosos criminales, aún anónimos, celebraron en Santafé de Ralito, corregimiento del municipio de Tierralta, Córdoba, fortín paramilitar, lo que se llamó El Pacto de Ralito.

En este pacto secreto, ventilado a la luz pública en el 2006, se propuso por parte de estos delincuentes la “Refundación del país”.

Y aunque algunos de esos malhechores están en la cárcel, extraditados o muertos, la gran mayoría, la más poderosa, goza de las mieles del éxito en el logro de sus propósitos pues el país ha venido siendo refundado poco a poco en los últimos ocho años, según los planes.

Hoy son muy pocos los poderes y entes del Estado que aún no han podido ser cooptados por el poder maligno, entre ellos la Honorable Corte Suprema de Justicia.

El pasado domingo El Espectador ofreció una información sobre un nuevo pacto cuasi secreto al que sus ejecutores han llamado pomposamente “Gran Pacto Social Agrario”.

Según el diario capitalino, “los pasados 25 y 26 de septiembre, en el municipio de Melgar (Tolima), a instancias del Centro de Pensamiento Primero Colombia, del que hace parte el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria, se reunieron 60 líderes-

“agrarios de diez departamentos y dos sindicatos agrícolas de Antioquia y el Valle, para dar los primeros pasos hacia la constitución de la Federación Nuevo Liderazgo Campesino, una organización que busca edificar una alianza entre empresarios, industriales y el Estado para orientar a las comunidades campesinas”. En otros términos, la refundación del campo colombiano a su manera.

Proyecto de ley

Los promotores del “Gran Pacto”, plantean que vencida la insurgencia y la resistencia campesina en su lucha de clases es hora de dar el zarpazo final. “En la medida en que el Estado ha venido recobrando sus espacios a través de los órganos judiciales, administrativos y las Fuerzas Armadas,-

“se hace necesario crear un “Gran Pacto Social Agrario”, donde estén los gremios, los productores, el Estado y los trabajadores del campo”, dicen, omitiendo mencionar que en cumplimiento del Pacto de Ralito, más de cuatro millones de campesinos fueron desplazados a punta de bala y motosierra y que les fueron robadas de entre seis y 14 millones de hectáreas de tierras, según estudios de varias organizaciones defensoras de derechos humanos.

Al respecto del “Gran Pacto”, ya está bastante adelantado un proyecto de ley cursado en la Comisión Quinta del Senado, presentado por el senador antioqueño de Cambio Radical Jorge Enrique Vélez, el cual pretende restablecer en Colombia el régimen de aparcerías, al estilo del feudalismo de los siglos 13 al 18, donde los terratenientes, hoy-

llamados grandes inversionistas, esclavizan a los campesinos desposeídos entregándoles a través de la figura del comodato o arrendamiento, pequeñas parcelas para que los labriegos pobres las trabajen para su manutención, la de sus familias y le entreguen jugosas ganancias a su amo feudal.

Imposición del modelo Carimagua

Desde luego, los campesinos pobres y sometidos a esa cruel explotación nunca tendrán derechos de propiedad o de titulación de parcela alguna. Por el contrario, los que aún tengan pequeñas propiedades serán sacados de competencia inexorablemente, ya sea expulsándolos violentamente o por medio de leguleyadas, como lo han venido haciendo con los pequeños paneleros, lecheros o los de las gallinitas criollas, por citar unos ejemplos.

Sobra decir que según los planes, los señores feudales del siglo 21 en Colombia tendrán la garantía plena por parte del Estado de la propiedad de sus tierras, de la exoneración de impuestos, de subsidios no reembolsables, como los de Agro Ingreso Seguro (Agro Robo Seguro) y otras coartadas que irán imponiendo, según sus necesidades.

Para eso cuentan en su poder con el Legislativo, el Ejecutivo, y, por ahora, una parte del Judicial. También cuentan con el servicio de la Fuerza Pública, de bandas paramilitares y como si fuera poco de militares estadounidenses que en al menos siete bases ayudarán a mantener el orden.

Para Aurelio Suárez, miembro del Polo y conocedor de temas agrarios, “lo del Nuevo Liderazgo Campesino ya está cobrando forma y el ejemplo patente es la siembra de palma aceitera, montada sobre alianzas estratégicas, o el controvertido Agro Ingreso Seguro, donde nadie tiene claro cuántos campesinos van a poner sus parcelas, mientras los industriales y comercializadoras terminarán llevándose la mejor parte del negocio”.

En suma, el “Gran Pacto Social Agrario”, es la implementación del modelo Carimagua, es decir, entregarles la tierra a los palmicultores, ganaderos, terratenientes, paramilitares y empresarios, para que más de cuatro millones de desplazados forzosos y el resto de campesinos se conviertan en mano de obra esclavizada.

Según un estudio de la Universidad Nacional conocido en mayo de 2006, mostraba que de la población campesina, el 81 por ciento vivía en niveles de pobreza y el 40 por ciento en la indigencia. La misma investigación mostró que había 655.000 hogares campesinos carentes de tierra, 2’250.000 hogares poseían cada uno menos de 3 hectáreas y representaban el 58 por ciento de propietarios.

Mientras tanto 2.428 terratenientes poseían 44 millones de hectáreas de tierra, es decir el 53 por ciento de la tierra registrada en el Instituto Agustín Codazi. Foto El Espectador.

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Parauribismo/

Con las extradciones el Gobierno pretende sepultar la verdad
Ahora pretende extraditar a alias “el alemán” cuando empieza a aclarar sobre los presuntos nexos del vicepresidente Francisco Santos con esas bandas criminales. Defensores de derechos humanos se oponen
Por Camilo Raigozo. Voz

Ahora el gobierno quiere extraditar cuanto antes al cabecilla paramilitar del Bloque Elmer Cárdenas, Freddy Rendón, alias “El Alemán”, cuando justamente este sujeto empieza a delatar los presuntos vínculos del vicepresidente Francisco Santos y de otras figuras del uribismo con las bandas criminales del paramilitarismo.

Santos ha sido mencionado en declaraciones de varios cabecillas de las Auc de querer implementar para la ciudad de Bogotá el Bloque Capital de los paramilitares.

Al respecto del supuesto vínculo de Francisco Santos con los ‘paras’, en mayo de 2007, el cabecilla Salvatore Mancuso declaró ante la justicia que él y otros cabecillas de las autodefensas se habían reunido en varias oportunidades con el vicepresidente en Bogotá, Valledupar y en la vereda El Volador de Tierralta, Córdoba.

Otras declaraciones similares sobre Santos fueron dadas por Rodrigo Tovar pupo alias ‘jorge 40', Diego Fernando Murillo, alias ‘don berna' y alias ‘el capitán rojas', ex jefe del bloque capital de las Autodefensas.

Según las denuncias sobre las reuniones de Santos con los ‘paras’ son testigos también René Ríos, alias “doble cero”, asesinado en 2004 y Freddy Rendón, alias “el alemán”. De ahí la premura de extraditar a este último.

Apenas se conoció sobre las pretensiones de Uribe de extraditar a “el alemán”, varias organizaciones defensoras de derechos humanos y de organizaciones de víctimas del paramilitarismo y de crímenes de Estado, manifestaron su rotunda oposición a que esta-

extradición a Estados Unidos se lleve a cabo, pues consideran que de esa forma se cerrarán las puertas a la confesión de sus crímenes y de las alianzas políticas, militares y económicas, que ha tenido la demencial estrategia paramilitar del régimen contra el pueblo colombiano y la oposición política.

Extraditados sin pruebas

En lo que se ha conocido como una jugada maestra de Uribe para evitar que se conociera la verdad sobre el paramilitarismo en Colombia, el 13 de mayo de 2008 en horas de la madrugada y de forma sorpresiva, extradito a Estados Unidos a 14 de los principales cabecillas de las bandas paramilitares.

Desde entonces ha ido extraditando a cuanto paramilitar empieza a aclarar sobre sus crímenes y sus alianzas con políticos, militares y empresarios. El fiscal Mario Iguarán admitió en mayo pasado que el gobierno extraditó a esos cabecillas sin tener pruebas de que estaban delinquiendo desde la prisión, argumento esgrimido por Uribe para su cometido.

Iván Cepeda, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, advirtió a los medios que “existe una jurisprudencia de la Corte suprema de Justicia, la cual hace referencia a la impertinencia de las extradiciones, en momentos en que no hayan (los ‘paras’) hecho la completa confesión de sus crímenes”.

El defensor de derechos humanos dijo a renglón seguido que alias “el alemán’ fue muy cercano a Carlos Castaño y a sus hermanos y de ahí que conozca al detalle, varios de los pactos que establecieron las autodefensas con dirigentes políticos, militares y empresarios en distintas regiones del país.

Entre los datos que le ha suministrado a la justicia, figura uno que tiene actualidad y es el señalamiento con relación al papel que habría jugado el vicepresidente de la República, Francisco Santos, en la conformación de uno de los frentes paramilitares, concretamente, del Frente Capital de las Autodefensas".

Por su parte Rafael Barrios del Colectivo de Abogados Alvear Restrepo en declaraciones a El Espectador coincidió con la postura de Cepeda, precisando que “ese tipo de extradiciones está obstaculizando la reparación a las víctimas y el descubrimiento de la verdad de su accionar delictivo”.

El jurista se preguntó sobre cómo garantizar que haya verdad, justicia y reparación, sobre las masacres, los delitos de lesa humanidad, las desapariciones, los desplazamientos y otras acciones del terror paramilitar, pues no hay un acuerdo o convenio de colaboración jurídica y judicial con Estados Unidos.

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42 familias recuperan terrenos en Planadas Tolima
Por Nelson Lombana Silva

Cansados de las promesas del alcalde municipal, Wilber Jairo Vallejo, y presionados por la necesidad de vivienda, 42 humildes familias del municipio de Planadas, Tolima, tomaron posesión de terrenos ejidales en esta localidad ubicada al sur del departamento.

Según el dirigente popular, Henry Agudelo, se trata de media hectárea de terreno cercano al sitio donde se construye el colegio sobre la vía al cementerio. El hecho sucedió anoche y estuvo encabezado fundamentalmente por mujeres cabeza de familia, niños y ancianos.

En horas de la mañana de hoy,(28 de octubre) hicieron presencia agresiva, primero la policía y luego el ejército, agrediendo verbalmente a los recuperadores del terreno y conminándolos a que deben desalojar inmediatamente el lugar, sin presentar una solución alternativa a la problemática planteada.

Los recuperadores del terreno demandan de la comunidad municipal, departamental y nacional solidaridad, respeto por los derechos humanos y diálogo directo con el burgomaestre para solucionar el impase.

El defensor regional del pueblo, Santiago Ramírez, se comunicó con el personero municipal de esta localidad demandando su intervención; de igual manera, Reiniciar se comunicó con los campesinos en conflicto brindando solidaridad y acompañamiento para que sus derechos no les sean vulnerados.

El partido comunista colombiano, miembro del Polo democrático alternativo, regional Tolima, se solidariza con los campesinos y demanda del alcalde una solución plausible, civilizada y consecuente con las necesidades de las humildes familias que se han visto en la penosa necesidad de asumir tal posición.

Invita a la solidaridad y al acompañamiento, toda vez que el gobierno nacional, prefiere invertir dinero en la guerra y no en la solución de la problemática socio económico de los humildes campesinos.

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Se presenta oficialmente la Red Nacional en Democracia y Paz
Por Brújula Comunicaciones

Compuesta por más de cincuenta organizaciones sociales con presencia en 20 departamentos de Colombia, esta red articula acciones en defensa de los Derechos Humanos y de la promoción de la paz desde lo local, con proyección regional y nacional. Durante el lanzamiento se realizará un panel sobre el papel de la sociedad civil en la construcción de paz.

Bogotá, octubre 26 de 2009. Este jueves 29 de octubre, a las 3 de la tarde, en el Auditorio de la Universidad de la Salle (Cra 5 No. 59A - 44 Auditorio F-200) se llevará a cabo el lanzamiento de la Red Nacional en Democracia y Paz (RNDP), una red que articula el trabajo de 54-

organizaciones sociales, de 20 departamentos del país, que le apuestan a la construcción de la paz negociada, con justicia social y con enfoque de derechos humanos, a través de la exigibilidad y restitución de derechos de la población vulnerada -especialmente de las víctimas del conflicto armado-, la movilización social y la incidencia política

“Los esfuerzos en materia de construcción de paz y democracia que realiza cada organización se articulan ahora en la Red con los objetivos de facilitar la transmisión y multiplicación de las experiencias y de lograr mayor impacto regional y nacional”, asegura Javier González, Secretario Técnico de la RNDP.

Durante el evento se realizará el panel “El papel de la sociedad civil en la construcción de paz”, en el que participarán Monseñor Héctor Fabio Henao, Director del Secretariado Nacional de Pastoral Social;

Soraya Gutiérrez, directora ejecutiva del Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo y presidenta del Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH); Alfredo Molano, sociólogo, escritor y periodista;

y Cecilia Castro, ex diputada de la Asamblea de Cundinamarca y representante de la Red Nacional en Democracia y Paz. La moderación estará a cargo de Diana Gómez, investigadora del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano –IPAZUD, de la Universidad Distrital.

Mayor Información:
Brújula Comunicaciones
Sonia Mesa sonia@brujula.com.co
Carolina Dueñas carolina@brujula.com.co
Tel. (1) 487 0740 – 285 6984 Cel. 311 2875814

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El Gaula intenta asesinar a dos indígenas en Ríosucio, Caldas
Por Comité de Derechos Humanos

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Caldas, denuncia y a la vez solicita que se investigue, ante las autoridades Civiles, Militares y de Policía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Fiscalía, ante Organizaciones de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales y-

ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, los siguientes hechos, que a nuestro juicio referencian una grave amenaza a la comunidad Indígena de la comunidad de la Iberia del Resguardo Indígena de Cañamomo y Lomaprieta, jurisdicción del Municipio de Ríosucio Caldas.

El día 26 de Octubre en horas de la tarde, se desarrollaba un partido de fútbol en la comunidad la Iberia del Resguardo Indígena de Cana momo y Loma prieta, jurisdicción del Municipio de Riosucio – Caldas, cuando se hicieron presentes en dicho lugar varios hombres fuertemente armados, vestidos de civil, quienes trataron de detener y retirar del lugar al joven indígena Esteban Tapasco.

Al percatarse de dicha anomalía la comunidad indígena en pleno reacciono, presentándose al instante varios disparos por parte de dicho grupo armado, resultando afectados el joven Esteban Tapasco quien recibió herida de bala en el estomago y el Mayor Indígena José Ceferino Cañas de 74 años de edad, quien fue herido en una de sus extremidades.

Estos hechos generaron la detención de los agresores hasta tanto se hicieran presentes las autoridades oficiales de Policía del Municipio de Ríosucio, quienes una vez arribaron al sitio de los acontecimientos, confirmaron que los retenidos por la comunidad y autores de los hechos contra los miembros de la comunidad indígena pertenecían al Grupo Gaula de la Policía de Caldas.

Ante estos hechos solicitamos públicamente a las autoridades civiles y de policía tomar cartas urgentes en el asunto para que se preserve el derecho a la vida y a la integridad física de los compañeros indígenas afectados en dichos hechos, a sus familias, como a la comunidad indígena en general.

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Parauribismo/
Ustedes no entienden los esfuerzos del presidente Álvaro Uribe: Paramilitares “Águilas Negras”
Paramilitares amenazan a sindicalistas, indígenas y defensores de derechos humanos . Haga click en la foto para ver el panfleto ampliado

Por Diego Escobar Cuellar

Cali, octubre 22 de 2009. En el día de hoy acabo de recibir un pasquín supuestamente a nombre de las Águilas Negras – Nueva Generación, en el que me tildan al igual a que otros compañeros y plataformas de defensa de los derechos humanos, de ser un enemigo de la-

democracia y un defensor de la guerrilla camuflado en las organizaciones sociales, y por tanto se nos cataloga como “Objetivos Militares” dentro del contexto de guerra sucia auspiciado por el actual gobernante de Colombia – Álvaro Uribe Vélez como jefe supremo de las fuerzas militares y paramilitares del país.

Al respecto es menester manifestarles a estos grupos que nuestro compromiso efectivamente es para que en Colombia exista una verdadera democracia, no la que impone los actores armados del voto con el fusil a espaldas de los ciudadanos de bien, una democracia en la que se le brinden a todos y todas las colombianas los más elementales derechos y garantías-

constitucionales, en su orden: Salud, Educación, Trabajo en condiciones dignas y bien remuneradas, libertad de expresión y de movilización, a un medio ambiente sano, al disfrute del agua potable y una ejemplar recreación, al derecho de las comunidades aborígenes, ancestrales y afrodescendientes de disfrutar de su territorio y a la no intromisión de terceros en sus aspectos culturales, sociales y políticos.

Es nuestra vocación de servicio, el amor eficaz al pueblo es el que nos convoca a luchar incansablemente por igualdad y la emancipación de los y las colombianas del régimen opresor, tiranía que se ampara con el poder económico de las multinacionales, de los terratenientes, de-

la oligarquía criolla, todos cercanos al actual mandatario y que hoy con la entrega y detención de varios cabecillas del paramilitarismo se han venido develando sus nombres como auspiciadores de la guerra sucia que desangra al sur occidente y al país entero.

A estos personajes siniestros que se escudan tras la oscuridad de la noche, los pasquines apócrifos, la amenaza a través de terceros, a estos que agencian el ocultamiento de la verdad, la violación de la soberanía nacional con la imposición político militar del imperialismo, a los promotores del hambre y la miseria con sus acciones de destierro de los campesinos para-

entregarle las tierras más fértiles a los “capos” de los monocultivos y de las transnacionales, a los que permiten la extracción de las riquezas naturales del país por los grandes consorcios mineros y coadyuvan la explotación de la mano de obra de los y las trabajadoras, a aquellos que se ocultan detrás de una fachada de fuerza para cohonestar con la miseria y pobreza en que existen más de 15 millones de colombianos.

Aquellos que se dicen ser los patriotas, pero no son más que mercaderes de la desolación y el aniquilamiento social y el exterminio de hombres y mujeres valiosas que le han apostado a una mejor nación, en donde prime la justicia social y la equidad, en donde el gobierno represente-

verdaderamente los intereses de los y las colombianas, no a unos cuantos ricachones y sus agremiaciones, no al capital financiero y especulativo, esos no merecen ese calificativo de dignidad, deben llamarse forajidos, bandoleros, antisociales, delincuentes y otros apelativos más.

A esta horda demencial, me dirijo pública y abiertamente, para reafirmar mi amor por el pueblo, y que estaré en todos y cada uno de los lugares en donde los más necesitados, los obreros, los estudiantes, los viviendistas, los jóvenes, los campesinos, los indios, los negros, los mestizos me llamen a acompañarlos en sus más sentidas y justas reivindicaciones políticas y sociales. Es ese mi compromiso, y ahí estaré, esperando la suerte que la providencia me depare.

Finalmente agradecerles por permitir desnudar el temor de sus amos, porque si emiten este tipo de panfletos es porque nuestra actividad humanitaria y democrática está haciendo mella en los enemigos del pueblo.

En igual sentido nos suministran suficiente información para responsabilizar a futuro por nuestra seguridad personal, pues ha de entenderse que son las multinacionales que quieren aposentarse en el nor occidente del Cauca y más concretamente el sector minero energético todos ellos muy cercanos al tirano de turno.

También es pertinente desde este documento solicitar al Gobierno Nacional la eliminación de los programas o escenarios creados recientemente para favorecer a los enemigos de la paz y la democracia – el paramilitarismo – pues como bien se dice y se entiende en este panfleto son-

los que reciben las dadivas, salarios del Estado aglutinados en familias en acción, guarda bosques y los actores de la seguridad democrática, los mismos que persisten en actividades delictivas y de lesa humanidad, los que posan ante la comunidad internacional como reinsertados pero que no son más que una manada de mercaderes de la muerte.

Revolucionariamente,
Diego Escobar Cuellar
Obrero del Valle que Camina la Palabra,
Resistencia y emancipación nacional

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Graves denuncias sobre capturas masivas ilegales de la DEA en Colombia
Familiares de víctimas inocentes próximas a ser extraditadas denuncian ante la comunidad nacional e internacional las violaciones a los derechos humanos contra sus seres queridos
Por familiares de víctimas

Los familiares de las Víctimas recluidas en el patio número 7 de la Penitenciaría de alta seguridad en Cómbita, próximos a ser extraditados a los Estados Unidos, les solicitamos acompañamiento para hacer la respectiva denuncia Nacional e Internacional, sobre las graves violaciones a los Derechos Humanos que se cometen en contra de estas personas.

Son preocupantes las capturas masivas que diariamente hace la DEA en el territorio colombiano, con la ayuda de informantes, quienes reciben beneficios económicos a cambio de cada entrega.

Estos Funcionarios, capturan ilegalmente las personas, las incriminan como narcotraficantes y terroristas y los exhiben ante los medios hablados y escritos sin prueba alguna.

Es por esta razón que más del ochenta por ciento de las personas allí recluidas, no reúnen los requisitos contemplados en un proceso de extradición, porque en su mayoría son campesinos, comerciantes, taxistas, obreros de fincas, según el proceso de caracterización que se está haciendo de las familias.

En este patio cada semana llegan seis y siete personas, mientras otros se alistan para ser enviados, en un círculo vicioso de nunca acabar. Pareciera que el objetivo es tener lleno el patio, por el lucrativo negocio que representa para los administradores de la penitenciaría, dados los exorbitantes precios del lugar.

En este sentido, la figura de la extradición no es excepcional y se ha convertido en una norma aplicable a cualquier persona y por cualquier delito, que además de violar la soberanía nacional, viola flagrantemente los derechos humanos de quienes son víctimas de esta infame y perversa manipulación.

Para dar certeza y credibilidad a la presente denuncia, se citan algunos casos:

José Joaquín Montes Ovalles, habitante de Saravena, Arauca, fue entregado a la DEA en Bucaramanga, por un reconocido informante de Arauca, llamado, Jorge Eduardo Murcia Duarte, para obtener beneficios económicos. Este campesino fue presentado ante los medios de comunicación como un terrorista y traficante de estupefacientes, desempeño totalmente ajeno a sus actividades agrícolas.

Manuel Cardona. Campesino de San Vicente de Chucurí, capturado en su finca, mientras desgranaba maíz. Posteriormente fue llevado a Barranca, de allí a Medellín en un avión de la DEA y mostrado como jefe de sicarios de la Oficina de Envigado. Las pruebas presentadas demuestran que jamás había salido de su región de origen.

Jorge Iván Arango Yepes. El 5 de diciembre del año 2008, la policía Nacional de Colombia reportó la captura de 15 miembros de una peligrosa red dedicada a la elaboración y tráfico de heroína y cocaína.

Las detenciones se produjeron en el marco de la operación “FÉNIX II”, que fue ejecutada conjuntamente con miembros de la DEA. Estos arrestos se efectuaron en las ciudades de Medellín, Manizales, Bogotá y New York y en ellos figuraban varias personas, entre ellas “alias gafas” y Jorge Iván Arango Yepes.

Sin mediar explicación alguna y sin pruebas, la Corte emitió concepto favorable, argumentando que como en Colombia no tiene problemas con la justicia, que responda en los Estados Unidos por los cargos que le imputan.

Adrian Herrera. 28 años de edad, Comerciante independiente, con un local de ropas en la ciudad de Barranquilla, Hijo de una reconocida familia conformada por la madre y nueve hermanos, de padre fallecido.

El día 27 de febrero del presente año, a las 5:30 de la mañana, unidades del grupo militar jungla y antinarcóticos de la Dijin, le allanaron la casa de habitación en la que vivía con su señora madre. Lo sindican de conspiración para distribuir, importar, exportar droga y lavado de activos. Recientemente había formado una familia y actualmente tiene una hija recién nacida.

William Ardila. Se dedicaba al oficio del mototaxismo, su padre es fallecido y veía de su señora madre. En el momento de la captura vivía con los suegros, la esposa y dos hijas de año y medio de edad y tres años y medio respectivamente. A las 5:30 de la mañana, unidades del grupo militar jungla y antinarcóticos de la Dijin, le allanaron la casa de habitación.

Lo acusan de narcotráfico y lavado de activos. Por no tener dinero para contratar los servicios de un profesional del Derecho, le asignaron una abogada de oficio (Leonith Ávila).

Humberto Restrepo Saldarriaga. Humilde vendedor de mangos y frutas, en el parque de Itagüí, al frente de la Torre Judicial (de los juzgados) Casado, con un hijo parapléjico y sociedad conyugal vigente.

El día 18 de julio del año 2008, fue capturado por la Dijin. A la fecha no se ha aportado ninguna prueba y pese a la contundencia de las pruebas presentadas que demuestran su inocencia, su proceso de extradición sigue en firme.

Freddy Orozco García. Habitante de Barranquilla, casado, con tres hijos de 28, 25 y 23 años de edad respectivamente, de profesión Administrador de Empresas. Al momento de la captura se desempeñaba como Secretario de Gobierno del Municipio de Arroyo Hondo, Departamento del Bolívar.

El día 27 de febrero del presente año de dirige al trabajo y llega a su Despacho. A la hora y media arribó una camioneta con unos policías, se dirigen a La Oficina del Alcalde Municipal y le informan que proceden de Bogotá a hacer inteligencia sobre una posible incursión guerrillera y necesitaban saber cómo hacían para evacuar el pueblo.

Seguidamente pidieron la dirección de las casas de habitación de los Secretarios. A las cuatro y media de la mañana le allanaron la casa con el argumento que una Fiscal de Bogotá lo solicitaba, porque estaba pedido en extradición a los Estados Unidos.

Pese a las pruebas aportadas, que jamás ha enviado un gramo de coca a los Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia, emitió concepto favorable el día 20 de agosto del presente año y está a la espera para la firma del Ministro del Interior y Justicia el día 28 de agosto.

Julio César Montañez Ramírez. Habitante de Fredonia, Departamento de Antioquia, casado, con sociedad conyugal vigente y padre de un niño, de profesión Técnico Electrónico. Padre fallecido y responde económicamente por su Señora madre.

El día 18 de marzo, le hicieron un montaje a través de llamadas, sindicándolo posteriormente de ser el jefe y financista de de una banda de narcotraficantes. SA través de un informante de la DEA, aparece con los alias de “Julio Cesar Cardona”, “El flaco”, El socio” y “El profe”. Fue capturado por miembros del C.T.I Y la Dijin.

Nelson Salazar Murillo. Habitante de Manizales, Departamento de Caldas, soltero, vive con los padres y aporta para la manutención de la familia. De profesión comerciante de licor y confites.

El día 10 de mayo del año 2008, a las 5:30 de la mañana, fue capturado en su casa de habitación por el C.T.I Y la DIJIN, bajo la sindicación de llevar la droga a los diferentes aeropuertos del país. El delito se le tipifica como concierto para delinquir.

Rafael Alberto Lozano. C.C. No. 79.276.296 de Bogotá. Padre de cuatro hijos: La hija mayor tiene 19 años de edad y estudia Diseño y Publicidad. Un hijo de 8 años y otro de 6 años. La hija menor tiene tres meses de nacida. Su padre, fallecido, la mamá está viva y en la actualidad ve de ella.

El 22 de enero del presente año, el C.T.I lo sacó esposado de su apartamento y lo condujeron al Bunker de la Fiscalía General de la Nación. Allí le anunciaron que la DEA lo requería por narcotráfico y lavado de activos.

A la fecha no se le han comprobado los delitos que se le imputan. A su esposa la capturaron el mismo día y actualmente se encuentra recluida en la Cárcel el Buen Pastor. También está solicitada en extradición por el Gobierno Norteamericano.

José León Niño. Con sociedad conyugal vigente y padre de tres hijos: La hija mayor tiene 27 años y es Enfermera Profesional La segunda hija tiene 25 años, es casada y microbióloga de profesión. La hija menor tiene 22 años y estudió Marketing y Negocios Internacionales.

El 22 de enero del presente año, el C.T.I lo capturó en las calles de Bogotá, lo condujeron al Bunker de la Fiscalía General d e la Nación. Allí le anunciaron que la DEA lo requería por conspiración para introducir cocaína a los Estados Unidos. A la fecha no hay pruebas de los delitos que se le imputan.

Roldán Cortés Rodríguez. Ciudadano colombiano residente en la localidad de Usme, en el Conjunto Residencial “El Sol”, Santafé de Bogotá. Con sociedad conyugal vigente y padre de dos hijos: La hija mayor tiene 24 años de edad y está casada.

El segundo hijo tiene 23 años y se desempeña como empleado. Actualmente su esposa está embarazada. Su oficio es el de constructor. El 22 de agosto del presente año, a las 7:00 de la mañana, fue capturado por el DAS y la Interpol, en las calles de Bogotá y lo condujeron a las instalaciones del DAS. Allí le anunciaron que lo requerían por terrorismo. No existe prueba alguna que confirme esta temeraria acusación.

Oliveros Cortés Rodríguez. Ciudadano colombiano residente en el Barrio Venecia, allí pagan arriendo. Santafé de Bogotá. Con sociedad conyugal vigente y padre de tres hijos: La hija mayor tiene 27 años de edad y estudia para desempeñarse como Promotora de Salud, la segunda hija tiene 24 años y estudia criminalística y la última hija, con 15 años, hace décimo grado.

Junto con su esposa, devengan el sustento diario de un negocio de arepas de maíz pelado que tienen desde hace más de veinte años. De esto dan fe los vecinos de este lugar, que los conocen como personas, humildes, honradas y trabajadores.

El 23 de agosto del presente año, fue a las instalaciones del DAS a visitar a su hermano Roldán Cortés Rodriguez que había sido capturado el día anterior y le anunciaron que era requerido por el delito de terrorismo.

Los hermanos Cortés Rodríguez solicitan a las autoridades que los investiguen, porque en su vida no han cometido delito alguno.

Jhon Alexander Ureña Garzón. Nacido en Villavicencio, Meta. Hijo de Blanca Cecilia Garzón Urueña y Félix Antonio Urueña (q.e.p.d.). A los tres años quedó huérfano de padre. Criado en el Barrio Montecarlo, en la casa de la abuela, Rafaela Torres, ubicada, en la carrera 48 No. 383 – Sur, Vía a Acacías.

Con sociedad conyugal vigente y padre de dos niños menores: de cuatro y seis años de edad. No pudo terminar el bachillerato, por no contar con los recursos económicos, ni apoyo alguno en ese tiempo.

Hizo un curso de Bombero Voluntario, en la ciudad de Villavicencio. Después trabajó cinco meses con un tío (Alfonso Garzón) como ayudante de maquinaria pesada. Al poco tiempo prestó el Servicio Militar en el Batallón de Puerto Carreño, Vichada, Comando Específico del Nororiente, durante dos años.

Al salir del Ejército se dedicó a pasar hojas de vida y consiguió trabajo en “alquilar servicios”, de propiedad del señor Juan Carlos Cardona Prado, teléfono 86636334. En esta Empresa trabajó cuatro años. Empezó como bodeguero y terminó de conductor. En el año 2008, viajó a Venezuela, porque una persona le ofreció trabajo.

Al poco tiempo se comunicó con su Señora madre que estaba detenido en Curazao. En esta ciudad fue puesto en libertad el día 29 de septiembre del mismo año. Regresó a la ciudad de Villavicencio y se puso a trabajar en un asadero de pollos, “Don Fercho”, de propiedad del Señor Fermín Octavio Cetina Cuellar, en el Barrio San Benito, teléfono 6701764.

Allí laboró desde el día 27 de octubre del año 2008, hasta el 15 de febrero del año 2009. Después trabajó como conductor de un taxi de servicio público de propiedad del Señor Artidor CarrilloRojas. En este trabajo fue capturado en el Barrio “La Esperanza”, sin hasta la fecha saber exactamente los motivos que originaron esta arbitraria detención.

Nuestros familiares allí recluidos dicen estar muertos en vida cada vez que los encierran y les produce pánico, porque las celdas donde los confinan, se asemejan a un cementerio, el lugar es helado y totalmente oscuro.

Pese a las bajas temperaturas del penal, el agua es totalmente fría y tan solo se las dejan media hora a la madrugada, teniéndose que bañar a esa hora y la luz la apagan a los 8:00 p.m.

Los exagerados costos agravan aún más la calamitosa situación de las familias que no tenemos recursos para sostener la costosa permanencia de nuestros seres queridos en este sórdido lugar.

Desde la Administración de la Penitenciaría se ha montado un lucrativo negocio, creyendo que quienes todos los que van a ser extraditados son millonarios.

Por esta razón los exorbitantes precios: Una libra de carne, vale ciento cincuenta mil pesos; un huevo, diez mil pesos; un limón, diez mil pesos; un chicharrón de cerdo, treinta mil pesos; un pescado pequeño, treinta mil pesos; una granadilla, diez mil pesos; un banano, mil pesos; un paquetico de sal pura, diez mil pesos; una pera, diez mil pesos. Las frutas destinadas a la alimentación de los detenidos las venden.

Los invitamos a unir sus voces a las nuestras y analizar de cerca los casos tan dolorosos que allí se presentan, además de la violenta persecución y agresión que sobre los detenidos y sus familiares se ejerce.

Esperamos nos escuchen e invitamos a que nos visiten y tomen atenta nota de esta súplica que hoy les hacemos.

Atentamente

Familiares de los Detenidos del Patio Número 7 de Extraditables de Cómbita:

Carmen Julia Mendoza de Montes, Claudia Montes Mendoza, Carolina Montes Mendoza, Lidys Mayerly Montes Mendoza,Dayana Lucía Montes Mendoza, Carlina Ovalles Viuda de Montes,Teresa Montes Ovalles, Gladys Yolanda Montes Ovalles, Ana Judith Montes Ovalles, Emperatriz Montes Ovaalles, Julio Enrique Montes Ovalles, Ana María Robles Montes, Paola Andrea Robles Montes, Claribeth Pulido, Claudia Lineros, Mery de Lineros, Loly Gutiérrez, Isabel Pérez Lizcano, Cristina Lizarazo, Yolanda Núñez, Myrian Correa, Liliana Ramírez, Martha López, Nury Rodríguez, Mónica Mallarino, Noelia Salinas, Esperanza Garnica.

Conny Quiceno, Gladys Bravo, Blanca Cecilia Garzón, Berenice Florez Giraldo, Sedile Chávez A., Rosa González, Clara Inés Rocha Forero, Dahiana Rodríguez, Lizeth Rodríguez Rocha, Marha Vargas M., Nelly Rincón, Martha Lucía Arango Yepes, Johanna Lozano, María Eugenia Niño, Angélica Toro, Virginia Montes, Adela Ramírez, Briggitte Hernández, Adiela Toro, Nubia Toro, osefa Cataño, Nelly Rincón, Esneda Lina Caicedo, Carmenza Piñeros, Gladys Vacca, Kattya Manjarrés Fuentes, Luz Elena Vera , Nora Luz Santamaría y Dilia Arango.

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El derecho al aborto sigue en pie
Interpretación jurídica de la suspensión temporal a la reglamentación del aborto
Por Brújula Comunicaciones

Bogotá, octubre 22 de 2009.- “El Auto proferido por el Consejo de Estado que suspende temporalmente la vigencia del Decreto 4444 del Ministerio de la Protección Social no significa que quede sin piso el derecho adquirido por las mujeres colombianas a la práctica de abortos-

legales en las tres causales que lo determina el código penal a partir de la sentencia C355 de 2006”, advirtió hoy Mónica Roa, directora de proyectos de Women´s Link Worldwide y abogada que presentó la demanda que logró la despenalización.

De acuerdo con el Auto del Consejo de Estado, es el Congreso y no el Gobierno el que debe regular el tema del aborto y la atención en salud de las mujeres, y por esa razón se suspende temporalmente la vigencia del Decreto 4444 del Ministerio de la Protección Social que reglamenta la práctica de la IVE.

El Decreto suspendido fue expedido por el Ministerio en diciembre de 2006, acogiéndose a toda la normatividad de la Organización Mundial de la Salud para la prestación del servicio de abortos seguros.

Sin embargo, a pesar de la suspensión temporal de la reglamentación, las obligaciones que se derivan de la sentencia C355/06 y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, siguen en pie. La Sentencia C355 es explícita al advertir que no hace falta una reglamentación previa para que se pueda ejercer el derecho a acceder al aborto.

“Para todos los efectos jurídicos, incluyendo la aplicación del principio de favorabilidad, las decisiones adoptadas en esta sentencia tienen vigencia inmediata y el goce de los derechos por estar protegidos no requiere de desarrollo legal o reglamentario alguno (C355/06)”.

Por otra parte, también aclara que la reglamentación puede ser generada por el Congreso o por el Ministerio de la Protección Social, de tal manera que la misma sentencia preveía que podía ser el Ministerio el encargado de emitir la reglamentación del aborto.

Por todas estas razones, considera Mónica Roa que “el efecto real de este Auto del Consejo de Estado va a ser una gran confusión en los prestadores de los servicios de salud públicos y privados, que quedan sin normativa ministerial para poner en práctica el mandato constitucional.

A partir de este momento, la responsabilidad política o jurídica por cada mujer que muera, o vea afectada su salud por no poder practicarse un aborto a raíz de esta confusión, es del Consejo de Estado y de la Procuraduría General de la Nación”.

La Procuraduría en medio del debate

A Women´s Link Worldwide le genera por decir lo menos una enorme duda el hecho de que justamente ayer el Procurador (foto), pidiera la nulidad del fallo T388/09 de la Corte Constitucional que ordena al Gobierno a diseñar una política educativa en derechos sexuales y reproductivos, aclara que la objeción de conciencia es una excepcionalidad a la que tienen derecho únicamente los médicos y no las instituciones prestadoras de salud ni los jueces, entre otros temas.

Esta mañana fue la Procuraduría la que dio a conocer el Auto del Consejo de Estado; adicionalmente, los vínculos que existen entre altos funcionarios de la Procuraduría y los demandantes del Decreto 4444 ante el Consejo de Estado.

El demandante se llama Luis Rueda Gómez, quien junto a Ilva Myriam Hoyos, Procuradora Delegada para la Infancia, la Adolescencia y la Familia, solicitó en su momento a la Corte Constitucional la nulidad de la Sentencia C355/06. Rueda Gómez es miembro directivo de la Red Futuro Colombia, cuya presidenta fue, hasta antes de posesionarse en el Ministerio Público, la señora Hoyos.

Acerca de Women´s Link Worldwide

Es una organización internacional que promueve la equidad de género desde el derecho, buscando avanzar a través de la implementación del derecho internacional de los derechos humanos, el trabajo con la rama judicial y el litigio estratégico. www.womenslikworldwide.org
Mayor información: Brújula Comunicaciones. 285 6984 / 4872122 y 300- 264 8634.

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