viernes, diciembre 19, 2014

Conflicto social y armado
Mueren 10 militares en combates con las FARC EP y el ELN
Por Camilo Raigozo. Notimundo

En menos de 24 horas las fuerzas insurgentes le dieron duros golpes a las fuerzas de seguridad del régimen en acciones que se presentaron en los departamentos del Cauca, Norte de Santander y Arauca.

En el municipio de Santander de Quilichao, Cauca, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, en combates con el Ejército, causaron la muerte de cinco militares y dejaron heridos a otros siete. Igualmente hay un soldado desaparecido, según informaron los medios.

Igualmente las FARC EP serían las responsables de la muerte de tres policías en el municipio de Toledo, Norte de Santander.

Estos resultados funestos que deja el conflicto social y armado para los colombianos, se dieron a escasas horas antes de que entre en vigencia el cese unilateral del fuego decretado por las FARC EP, el cual entrará en vigencia este 20 de diciembre.

Por otro lado las fuerzas insurgentes del ELN dieron de baja a dos soldados del Ejército en combates que se presentaron en el corregimiento La Esmeralda de Tame, departamento de Arauca.

Más colombianos humildes siguen perdiendo la vida en la absurda guerra que mantienen las oligarquías nacionales y extranjeras, la cúpula militar y las mafias, contra el pueblo colombiano.

Las anteriores y futuras pérdidas de vidas son responsabilidad del presidente Santos, su  ministro de guerra y represión, Juan Carlos Pinzón, la cúpula militar y del uribismo, quienes se han negado a pactar el cese bilateral del fuego reclamado por las víctimas y la mayoría de los colombianos.


jueves, diciembre 18, 2014

Terrorismo de Estado
Condenan al Ejército y la Policía por secuestros, desapariciones, torturas y asesinatos a sangre fría
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El pasado 3 de diciembre el Consejo de Estado condenó al Ejército y a la Policía por su responsabilidad en el secuestro, desaparición forzada, tortura y asesinato a sangre fría de los hermanos Darío Alonso y Oscar Salinas Castellanos.

Los crímenes tuvieron lugar el 3 de octubre de 2002 en el municipio de Murillo, Tolima, según informó el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo en su página de Internet.

El alto tribunal ordena enviar la sentencia al Centro de Memoria Histórica, con el fin de dar cumplimiento a la ley 1424 de 2010, buscando configurar un elemento de la evidencia histórica del conflicto armado de Colombia.

El alto tribunal le ordena, entre otras cosas, al Ejército y la Policía difundir y publicar la sentencia por todos los medios de comunicación, electrónicos, documentales, redes sociales y páginas web, tanto de su parte motiva, como de su resolutiva, por un periodo ininterrumpido de un año, contado desde la ejecutoria de la providencia.

Igualmente le ordena al flamante ministro de guerra y represión de la oligarquía, Juan Carlos Pinzón, al comandante de las Fuerzas Militares y al comandante del Batallón Patriotas, encabezar la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad, petición de disculpas y reconocimiento de memoria de las dos víctimas.

El alto tribunal ordenó dar difusión de éste acto público tanto por medios televisivos, como radiales.

El Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, están en la obligación a realizar capacitaciones en todos los comandos, batallones, unidades y patrullas militares, las cuales versarán sobre los criterios convencionales y constitucionales a que están sometidos todos los procedimientos militares y policiales.

Así mismo el Consejo de Estado ordenó remitir copia del expediente y de la sentencia a la Fiscalía con el fin de que se abra, reabra o continúe las investigaciones penales por los crímenes ocurridos el 3 de octubre de 2002 en el municipio de Murillo.

De igual forma ordenó enviar copia del expediente y de la sentencia a la Justicia Penal Militar, la cual es símbolo de impunidad, para que se “abra, reabra o continúe la investigación penal militar que fue objeto de archivo, con el objeto de establecer si hay lugar a declarar la responsabilidad de los miembros del Ejército Nacional, por los hechos ocurridos el 03 de octubre de 2002”.

El Colectivo Alvear Restrepo advierte que en materia penal, los delitos cometidos contra estos campesinos no pueden ser conocidos por la Jurisdicción Militar, de acuerdo con el ordenamiento interno e internacional.

7. Se reconocen a los hermanos Salinas Castellanos como víctimas directas del conflicto armado, y por ello se “solicita a las instancias gubernamentales competentes incorporarlas y surtir los procedimientos consagrados en la ley 1448 de 2011”.

8. Se decide, además, exhortar a la Defensoría del Pueblo, para que en el término de 30 días se emita un informe sobre las investigaciones por violación al DIH y el DIDH que han sido adelantadas por los hechos. Éste deberá ser puesto a disposición de los medios de comunicación de circulación nacional.

Además del evidente progreso que éste pronunciamiento significa en materia de del reconocimiento de medidas no pecuniarias, también es ejemplar en relación con el cumplimiento de lo ordenado:

“De todo lo ordenado, las entidades demandadas deberán entregar al Tribunal de origen y a éste despacho informes del cumplimiento dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia, con una periodicidad de 30 días calendario y por escrito de los que deberán las mencionadas entidades dar difusión por los canales de comunicación web, redes sociales, escrito y cualquier otro a nivel local y nacional.

“En caso de no remitirse el informe pertinente, se solicita a la Procuraduría adelantar las averiguaciones de su competencia ante la orden dada por sentencia judicial y se adopten las decisiones a que haya lugar de orden disciplinario”, cita la fuente.

En medio del conflicto que desangra a Colombia se han producido más de siete millones de víctimas, de las cuales más de cinco millones 600 mil corresponden al Ejército la Policía, Paramilitares y otras fuerzas criminales del régimen, según estudios de ONGs nacionales e internacionales.


miércoles, diciembre 17, 2014

Terrorismo de Estado
Nuevos falsos positivos judiciales contra cinco campesinos del Sumapaz
Por Camilo Raigozo. Notimundo

Este 17 de diciembre a las dos de la mañana, mediante un operativo conjunto del Ejército y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía en las veredas Chorreras y  Lagunitas, del corregimiento de San Juan, localidad de Sumapaz, fueron detenidos cinco campesinos.

Según la denuncia de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, las nuevas víctimas del terrorismo de Estado son:

Alexander Guzmán Romero, edil del Sumapaz y miembro del Partido Comunista. Fue detenido esa mañana en Usme,  cuando se desplazaba desde Bogotá para participar en una reunión de control político. 

John Clavijo Amaya, detenido en su casa localizada en la vereda Chorreras. Es miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda Chorreras, y al Sindicato de Trabajadores Agrícolas de sumapaz, Sintrapaz.

Ilver Vergara Robayo, fue detenido en su casa en la vereda Chorreras. Es afiliado a la Junta de Acción Comunal de esa vereda, y a Sintrapaz.

Domiciano Ardila Tautiva, fue detenido en su vivienda ubicada en la vereda Lagunitas. Hace de la junta comunal y afiliado a Sintrapaz, filial de Fensuagro. 

Ombrey Castro Dimaté, habitante de la vereda Lagunitas, afiliado a la Junta de acción Comunal de la vereda Lagunitas. Fue detenido  a las 5 de la mañana cuando trabajaba en su parcela.

Según el documento el CTI también buscó en varias viviendas a los labriegos Emilio Beltrán Dimate, dirigente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Lagunitas y Ciro Ardila Tautiva habitante de la vereda la granada.

“Adicional a esto hay rumores de otro grupo de campesinos que supuestamente, estarían en un listado para ser detenidos. La mayoría de ellos afiliados al sindicato agrario y a la organización comunal de Sumapaz”, Afirma la denuncia.

“Este montaje judicial se enmarca en el desarrollo de una política de estigmatización generada por miembros de la Fuerzas Militares y la Fiscalía, en contra de organizaciones sociales y campesinas en espacial de Fensuagro”, finaliza el documento.

lunes, diciembre 01, 2014

Parauribismo
Uribe los señala y los paramilitares los asesina
Por Camilo Raigozo. Notimundo

Paramilitares autodenominados “águilas negras” amenazaron nuevamente en las últimas horas a periodistas de Canal Capital y Telesur. Esta vez añadieron a su mortal lista a comunicadores de Reporteros Sin Fronteras.

Las futuras víctimas de Canal Capital y Telesur fueron señaladas en septiembre pasado por el presunto cabecilla paramilitar y actual senador de la República Álvaro Uribe Vélez de ser “serviles del terrorismo”.

Hay que recordar que en los ocho años del régimen de terror de Uribe se puso en práctica el mismo modus operandi, que consiste en que el uribismo hace señalamientos a través de los medios de comunicación o por otras vías, contra organizaciones y defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, líderes campesinos, estudiantes y opositores políticos, entre otras víctimas, para que los paramilitares actuen.

El mismo Uribe desde la primera magistratura de la Nación hacía los señalamientos o a través de los “columnistas” José Obdulio Gaviria, Fernando Londoño, Ernesto Yamhure y otros. Los escuadrones paramilitares estaban atentos a esos mensajes para entrar a cumplir el papel que les correspondía. 

Cabe mencionar que a los sujetos Gaviria, Londoño y Yamhure, les quitaron sus respectivas columnas en los medios que escribían, por la alta peligrosidad que representaban. 

En esta ocasión los señalamientos los hizo el senador Uribe el pasado 17 de septiembre cuando el congresista Iván Cepeda le hizo un debate en el Senado por su presunta actividad paramilitar, debate que fue transmitido por Canal Capital y Telesur, lo que enfureció más a la jauría.

"Pruebas de la mayor importancia de que este debate está apoyado por el grupo terrorista de las Farc y publicitado por Telesur y Canal Capital, medios de comunicación que apoyan el terrorismo", señaló en esa ocasión Uribe.

Inmediatamente los ‘paras’ actuaron y amenazaron a Iván Cepeda, Hollman Morris y a quienes laboran en Canal Capital y Telesur. Igualmente amenazaron a otras 61 personas, entre defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas y líderes políticos y sociales de izquierda.

"Les llegará la hora lo mismo que a los ignorantes políticos y defensores de derechos humanos que sirven de caja de resonancia a un proceso de paz (con las Farc), donde el traicionero de (el presidente, Juan Manuel) Santos está entregando el país al narcoterrorismo", dice un aparte de las amenazas de los criminales, cuyos planteamientos concuerdan con los del uribismo.

En la amenaza los ‘paras’ califican a Santos de “traicionero” y de “estar entregando el país al narcoterrorismo”.

Por su parte Uribe está convocando a una rebelión contra el Presidente argumentando que, “Santos debería destapar sus cartas, desistir del engaño y reconocer que su vanidad solamente quiere entregar el país a las Farc”.

Seguramente el próximo 13 de diciembre, día de la convocatoria, saldrán a marchar juntos el uribismo y el paramilitarismo, porque si no son lo mismo, si coinciden en todo.

viernes, noviembre 28, 2014

Monseñor Augusto Castro
Foto: Colprensa
Por fin la Iglesia reconoce que las FARC EP son serias en el proceso de paz
Por Camilo Raigozo. Notimundo

Luego de una reunión de la cúpula de la Iglesia con el presidente Juan Manuel Santos, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Augusto Castro, reconoció públicamente que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, FARC EP han demostrado seriedad en el proceso de paz que se adelanta en La Habana.

 “Ellos dicen muchas cosas, a veces que nos disgustan, pero lo importante es que cuando se refieren al proceso de paz y a la agenda que se lleva en La Habana, manifiestan seriedad y cumplimiento”, dijo monseñor Castro según citan los medios.

A la Iglesia Católica, como institución que aún mantiene mucho poder en Colombia, salvo algunos de sus miembros, le ha faltado un mayor compromiso y trabajo para apoyar el proceso de La Habana y poner fin a más de medio siglo de desangre del país.

Lastimosamente ocurrió lo mismo en los anteriores intentos de conseguir la paz mediante el diálogo, por lo que esta institución tiene una gran deuda con el pueblo colombiano. En muchos escenarios en el pasado reciente la Iglesia se ha puesto a favor de los guerreristas.

La reunión de los líderes de la Iglesia con el Presidente se dio el pasado 24 de noviembre cuando todavía estaban frescas las acusaciones del médico Rodrigo Londoño Echeverry, máximo comandante de las FARC, más conocido como “Timochenko”, contra Santos por el incumplimiento y falta de seriedad de este con la mesa de diálogos al haberlos suspendido de manera unilateral y por mantener los ataques militares en las liberaciones de los prisioneros.

Aunque no se supo mayor cosa de los temas tratados entre la Iglesia y Santos, medios expresaron que uno de los puntos abordados en la reunión se refería al quinto y último grupo de víctimas del Estado y la insurgencia que será escuchado en La Habana.


Coronel Germán Rojas
San José de Apartadó
Acusan al comandante de la Brigada 17, coronel Germán Rojas y a sus tropas de ser un peligro para para la comunidad
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El  pasado 21 de noviembre tropas del Ejército infringieron nuevamente el Derecho Internacional Humanitario (DIH), al desarrollar operativos dentro del casco urbano de San José de Apartadó, en momentos que líderes de las comunidades mantenían una reunión con las autoridades civiles locales y departamentales.

“En esta ocasión, el Ejército nutrió su jornada o acción cívico-militar trayendo personas ajenas a la comunidad”, denunció a Notimundo el Comité de y para los Derechos Humanos de San José de Apartadó.

Según el documento, luego de terminada la jornada en la emisora radial Antena Estéreo de Urabá, el coronel Germán Rojas hizo señalamientos falaces y temerarios contra los líderes campesinos y miembros del comité de derechos humanos.

“(…) ese comité y los que dicen ser defensores de derechos humanos son unos aparecidos, no representan a la comunidad y no son los líderes de las comunidades. Son 5 personas que llevan 2 o 3 años en la región. El que más, lleva 4 años. Son los que especulan y los que mal informan a la comunidad (…)”, expresó el coronel Rojas, según la denuncia.

A la pregunta del periodista sobre si se levantan los líderes de la Mesa Regional con la Gobernación, Rojas contestó que: “(…) es que allí no hay una mesa, solo son unos 4 o 5 que dicen ser líderes que no representan a la comunidad. Son personas que no viven hace mucho en San José”.

Por su parte el comandante del Batallón Voltígeros, de apellido Rojas, no se quedó atrás en los ataques contra los defensores de derechos humanos. Este dijo entre otras cosas que “no es una jornada cívico-militar sino una jornada de apoyo al desarrollo.

“La actividad fue exclusivamente para los niños; esperábamos  mucha participación pero algunos líderes malinformaron a la comunidad para que no asistiera la gente de las veredas”.

En el mismo sentido habló el secretario de gobierno Fredy Largo quién desconociendo las disposiciones del DIH aseguró que sí era una jornada cívico-militar pero que el ejército tiene todo el derecho a realizar dichas jornadas y lamentó que “5 líderes mal informaban a las personas para que no asistan a la jornada”.

El 26 de octubre anterior las comunidades impidieron mediante una protesta pacífica la realización de un operativo cívico-militar que se disponía a realizar la Brigada 17 en el casco urbano del corregimiento de San José de Apartadó.

La valerosa respuesta de los pobladores a las infracciones del Ejército al DIH que los pone en alto riesgo desató la ira de los uniformados, especialmente del coronel Rojas.

Ese mismo día y el siguiente, el coronel German Rojas y el teniente Javier Rojas declararon en varios medios de comunicación  que la protesta había estado dirigida por cuatro personas colaboradores del Quinto Frente de las FARC EP; que había encapuchados y que los niños habían sido puestos como escudos humanos. Además amenazó a los protestantes con denunciarlos penalmente ante la Fiscalía.

El 6 de noviembre pasado, en un espacio de interlocución entre el Ejército y la comunidad, el cual fue propiciado por la Oficina de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia y la Pastoral Social, en la que estuvieron presentes además, la Procuraduría, Personería y Defensoría, el general Leonel Pinto de la Séptima División del Ejército, pidió disculpas a la comunidad y se comprometió a rectificar públicamente los señalamientos perversos del coronel Rojas y otros subalternos.

Sin embargo al cierre de esta nota Pinto no había cumplido el compromiso, señala el Comité de Derechos Humanos.

Las comunidades y los dirigentes de San José de Apartadó les enseñan a los mandos castrenses que las llamadas acciones cívico militares, violan la legislación nacional que protege los derechos de los niños, las niñas y la adolescencia. 

Más exactamente el numeral 29 del Artículo 41 de la Ley 1098 del 2006 del Código de Infancia y Adolescencia, el cual reza: “Asegurar que no sean expuestos a ninguna forma de explotación económica o a la mendicidad y abstenerse de utilizarlos en actividades militares, operaciones psicológicas, campañas cívico-militares y similares”.

Cabe recordar que el 11 de junio de 2010 el Estado colombiano recibió  recomendaciones  del Comité Internacional de los Derechos de los niños, advirtiéndolo de que las operaciones cívico-militares violan el  Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados.

Las operaciones cívico-militares van en contravía del DIH porque violan los principios de Prevención y  de  Distinción, ya que se utiliza a la población civil con fines militares estratégicos y la expone al  peligro de  la confrontación armada.

Los pobladores de San José de Apartadó no olvidan la masacre cometida por militares y paramilitares en febrero de 2005 en la que fueron asesinadas 8 personas, entre ellas, tres niños.

Tampoco olvidan a todas las víctimas del corregimiento, como el caso de los  asesinatos de Carlos Torres, el 9 de abril de 2013, Deimer Guaca, en octubre del 2012 y el de la niña Yerit Magal Muñoz, el pasado 2 de julio, crimen cometido por el Ejército quién la presentó como guerrillera dada de baja en combate.

“También recordamos con consternación las veces en que  han sido ametrallados y bombardeados de manera indiscriminada nuestros hogares por la fuerza pública”, dicen con indignación los denunciantes.

Las víctimas mortales que ha dejado en San José de Apartadó la demencial estrategia militar-paramilitar del régimen sobre pasan las doscientas.


domingo, noviembre 23, 2014

Terrorismo de Estado
El Ejército asesinó a dos campesinos y dejó varios heridos en Nariño
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El pasado 13 de noviembre en la vereda Yarí, municipio Francisco Pizarro, Nariño, se produjo un ataque indiscriminado contra la población civil por parte la Fuerza de Tarea Pegaso, la Brigada Contra el Narcotráfico, La División de Aviación y Asalto Aéreo, La Cuarta Brigada de la Infantería de Marina y agentes de la Policía Nacional.

Los bombardeos y ametrallamientos se concentraron contra un hogar campesino, en donde se encontraban once labriegos afrodescendientes, quienes trabajaban desde hacía más de 4 años como cortadores de madera.

El cobarde ataque contra los indefensos dejó como saldo a dos campesinos asesinados, siete campesinos heridos, un labriego retenido arbitrariamente y más de 180 personas desplazadas.

Las dos víctimas que perdieron la vida a manos de los terroristas oficiales del régimen fueron identificados como Dailer Chanel Palacio Ledesma y José Arsenio Castro, mientras que el campesino retenido responde al nombre de Carlos Sanchéz.

En el caso del campesino José Arsenio Castro, quién había quedado mal herido, las comunidades afirman que lo vieron por última vez con vida en manos de los militares y les suplicaba a estos que lo llevaran a un hospital para que le salvaran la vida.

Sin embargo los bandidos hicieron caso omiso del perentorio requerimiento médico para salvarle la vida al labriego y al día siguiente lo presentaron como “guerrillero dado de baja en combate”, según denuncia la ONG Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes.

Así mismo el labriego Carlos Sánchez fue secuestrado, privado de la libertad e incomunicado de forma arbitraria por los agentes represores, hasta el 16 de noviembre pudo comunicarse con sus familiares a quienes les dijo que lo tenían en las instalaciones del Ejército en Tumaco. Al parecer esa llamada le salvaría la vida.

Al momento del desembarque los militares del régimen terrorista que mantiene el poder en Colombia, allanaron ilegalmente la vivienda de un campesino de nombre Bonicio, a quíen le dieron mal trato, lo señalaron de ser guerrillero y le robaron cinco millones de pesos.

A unos 150 metros del lugar del bombardeo y ametrallamiento, Yoneli Achanga Ordoñez, junto con su familia tuvieron que abandonar forzosamente el lugar para preservar sus vidas.

Cuando pudieron retornar a su vivienda encontraron que esta había sido allanada y saqueada por el Ejército. De allí los uniformados se robaron tres millones de pesos en efectivo y tres millones en productos que la familia vendía.

Ante los atropellos criminales de “los héroes de la patria” más de 180 personas, entre niños, mujeres, ancianos y hombres, tuvieron que desplazarse al casco urbano del municipio Francisco Pizarro, Salahonda y Tumaco, donde sobreviven precariamente.

Días después cuando algunos campesinos volvieron al lugar de los hechos dolorosamente se dieron cuenta que los militares se habían llevado la mayoría de sus pertenencias, instrumentos de trabajo y documentos de identidad de la mayoría de ellos.

Las once personas que fueron víctimas del bombardeo y ametrallamiento, así como las personas desplazadas son afrodescendientes que habitan territorios colectivos y pertenecen a diferentes consejos comunitarios.

Dailer Chanel Palacio Ledesma, campesino asesinado, tenía 19 años de edad, era oriundo del Consejo Comunitario El retorno, ubicado en el Rio Mejicano. La denuncia no aclara si dejó huérfanos entre sus dolientes.

Posterior estos actos criminales y de barbarie, sin ningún asomo de pudor y sonrojo la comandancia de la III División del Ejército Nacional le dijo a los colombianos y a la opinión pública internacional, entre otras falacias, que en un exitoso operativo habían dado de baja a tres guerrilleros y decomisado bastante material de guerra.

 A continuación el comunicado emitido por el Ejército:

“Gracias a operaciones conjuntas y coordinadas

En Nariño se reportan tres guerrilleros muertos en desarrollo de operaciones militares

Resultado operacional en el Departamento de Nariño

13 de noviembre de 2014

En operaciones militares conjuntas y coordinadas entre Ejército, la Armada y la Policía Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea se logró la neutralización de tres insurgentes de las Farc y se recupera abundante material de guerra y comunicaciones empleados para diferentes acciones terroristas en contra de la población civil del departamento de Nariño.

Pasto, Nariño 13 de Noviembre de 2014. En operaciones militares conjuntas y coordinadas entre Ejército, la Armada y la Policía Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea se logró la neutralización de tres insurgentes de las Farc y se recupera abundante material de guerra y comunicaciones empleados para diferentes acciones terroristas en contra de la población civil del departamento de Nariño.

Tropas orgánicas de la Fuerza de Tarea Pegaso, Brigada Contra el Narcotráfico; División de Aviación y Asalto Aéreo, Cuarta Brigada de la Infantería de Marina y la Policía Nacional golpean de manera contundente en zona rural del municipio de Tumaco, la estructura armada de la tercera comisión al mando de alias Oliver de la columna móvil Daniel Aldana, dejando como resultado la muerte en desarrollo de operaciones militares de dos terroristas, quienes están en proceso de identificación, 02 Fusiles, 03 Pistolas, 08 proveedores, 258 cartuchos varios calibres, 42 celulares, 02 radios escáner, 01 computador, 01 impresora y material de Intendencia.

Tras los combates se realizó un registro del área en donde se encontró un complejo terrorista que contaba con una fábrica de explosivos en la que hasta el momento se está realizando la respectiva inspección para establecer la cantidad de elementos, además de un laboratorio y dos cristalizadores para el procesamiento de estupefacientes, con los siguientes elementos; 2000 galones de gasolina, 70 galones de ácido muriático, 7200 galones de acetona, 50 bultos de cemento, 40 bultos de sulfato de amonio, 60 bultos de soda caustica, 10 bultos de carbón mineral, 06 paquetes de clorhidrato, 01 panela de pasta base de coca, 01 jetsky, 01 congelador, 01 televisor, 01 antena DIRECTV y 100 kilos de víveres.

Esta comisión de las Farc era la encargada de perpetrar los atentados terroristas en la vía al mar y en el municipio de Tumaco, además de sembrar el terror en la población civil.

Hasta el momento falta por establecer la cantidad de material de armamento, munición, explosivos, intendencia y de víveres encontrados en este sector que eran requeridos por los terroristas para sus acciones. Hasta aquí el comunicado del Ejército.

Respecto al campesino Carlos Sánchez, su esposa denunció que la madre de él recibió de este una llamada el día lunes 16 de noviembre, en razón de que fue secuestrado por los uniformados sin dejar rastro de hacia dónde lo habían llevado.

En la llamada Sánchez le manifestó que se encontraba recluido en las instalaciones del Ejército en Tumaco.

Esta circunstancia es delicada ya que en el informe inicial del Ejército sobre el operativo señala que: “se dieron de baja a tres (3) guerrilleros”. Se deduce que como no pudieron matar a Sánchez, ya que su mamá sabía a donde lo tenían, días después el Ejército rectificó que no eran tres, sino dos “los guerrilleros abatidos”.

jueves, noviembre 20, 2014

Parauribismo
Paramilitares reunieron forzadamente a todos los pobladores y los amenazaron
Por Camilo Raigozo. Notimundo

Los hechos ocurrieron en la mañana de este miércoles 19 de noviembre en los corregimientos de La Rica y Juan José, municipio de Puerto Libertador, Córdoba, mientras la fuerza pública miraba para otro lado.

Paramilitares fuertemente armados autodenominados “autodefensas gaitanistas” obligaron a la población de estos corregimientos a reunirse con el fin de amenazarlos, amedrentarlos y de sembrar el terror en la zona.

Los criminales acentuaron las amenazas contra el líder campesino Arnobis Zapata Martínez por ser quien preside la asociación de campesinos que resisten en su territorio contra las tropelías del régimen y su demencial estrategia militar-paramilitar.

Según la denuncia de la Asociación de Campesinos del Sur de Bolívar, Ascsucor, el dirigente campesino se encuentra en zona rural del corregimiento de Juan José sin ninguna protección por parte del Estado.

Zapata Martínez es defensor de los derechos humanos, presidente de Ascsucor y responsable de la Comisión de Organización y Control del Plan para el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica Departamental Córdoba.

Desde el mismo momento en que se fundó la asociación campesina Zapata ha sido objeto de una persecución constante por parte de las autoridades policiales, militares y paramilitares, quienes no escatiman esfuerzo para señalarlo, estigmatizarlo y amenazarlo.

Todas las acciones criminales contra la población y contra Arnobis Zapata han sido denunciadas ante las autoridades competentes sin que haya habido ninguna acción para impedir los atropellos y muy posiblemente para impedir el asesinato o la desaparición de los dirigentes campesinos.

martes, noviembre 18, 2014

Diálogos de paz
Un intento de rescate a sangre y fuego del general Alzate puede ser fatal para la vida del mismo y para los diálogos de paz
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) contempla en sus normas que en un conflicto armado interno como el que padece Colombia, el bando que intente rescatar a sangre y fuego a sus combatientes prisioneros en poder del enemigo es el responsable de lo que les pueda ocurrir a estos.

El pasado 16 de noviembre unidades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, FARC EP, capturaron como prisioneros al general del Ejército Rubén Darío Alzate Mora, a un suboficial y a una abogada de las fuerzas militares en el corregimiento Las Mercedes, distante 30 minutos de Quibdó, Chocó.

En un comunicado expedido este martes 18 de noviembre por Estado Mayor del Bloque Iván Ríos de las FARC-EP, confirmó ante el país y el mundo que efectivamente el general Alzate Mora y sus dos acompañantes se encuentran en su poder en calidad de prisioneros por efectos del conflicto armado.

En el comunicado las FARC EP expresan que conforme a lo dispuesto en el DIH, respetarán la vida, la dignidad y todos los derechos que poseen los prisioneros ordenados por el derecho de la guerra.

Sin embargo, de manera irresponsable el presidente Santos, su ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y la cúpula militar, admitieron que han desplegado un gran operativo por aire, tierra  y agua, para dar con el paradero de Alzate y los otros dos prisioneros.

Estos operativos aventureros de rescate a sangre y fuego pueden resultar fatales tanto para la vida del general Alzate Mora y la de sus dos acompañantes, como para el proceso de paz, que es precisamente lo que esperan los enemigos de la mesa de diálogos de La Habana, entre estos el uribismo y una parte de las fuerzas militares.

Sin duda un desenlace mortal en el operativo de rescate serviría como gran pretexto para que los guerreristas enemigos  de la reconciliación de los colombianos presionaran aún más la ruptura de los diálogos.


Conflicto social y armado
Las FARC EP confirman que el general Alzate Mora y quienes lo acompañaban son sus prisioneros
Pr Camilo Raigozo. Notimundo

En un comunicado del Bloque Iván Ríos de las FARC EP, esta insurgencia pone en conocimiento del país y el mundo que el brigadier genearl del Ejército, Rubén Darío Alzate Mora, fue hecho prisionero por sus unidades que patrullan el río Atrato. 

El documento advierte que el grupo insurgente garantizará la vida, la integridad y demás derechos de los prisioneros en su poder, siempre y cuando el Gobierno no intente un rescate a sangre y fuego.

A continuación el comunicado en su integridad: 

Comunicado Bloque Iván Ríos


El día 16 de noviembre, a eso de las 15:00 horas, unidades guerrilleras pertenecientes al Bloque Iván Ríos de las FARC-EP, en ejercicio de sus tareas de seguridad, interceptaron, en uno de los retenes móviles que mantienen a orillas del río Atrato, el bote en que se trasladaba el señor Brigadier General del Ejército Nacional, en servicio activo, Rubén Darío Alzate Mora, comandante de la denominada Fuerza de Tarea Conjunta Titán que opera en esta zona del país.

En compañía del general Alzate viajaban el cabo segundo del Ejército Jorge Contreras Rodríguez y la señora Gloria Urrego, abogada al servicio de la mencionada unidad militar. Una vez identificados plenamente, pese a vestir ropas civiles, los tres fueron capturados por nuestras unidades, en razón a que se trata de personal militar enemigo, que se mueve en ejercicio de sus funciones, en área de operaciones de guerra.

Más si se tiene en cuenta la responsabilidad que ocupa el general Alzate en el Ejército Nacional, como cabeza de una Fuerza de Tarea Conjunta, estructura diseñada por los mandos militares del Pentágono para la guerra frontal contra el pueblo de Colombia y su insurgencia armada. Son grandes las cuentas pendientes del general Alzate con la justicia popular. Seguramente su caso amerita un detenido examen en el que habrá que balancear muchas cosas.

Todos los días, en distintos lugares del país o el exterior, el Presidente Santos reitera la orden de arreciar con todo el poder del Estado contra las FARC-EP. Y eso pese a las conversaciones de paz que se adelantan en La Habana. Su ministro de defensa bufa una y otra vez sobre lo cerca que están de caer las cabezas de los mandos guerrilleros, asegurando que quienes salen a dialogar en la Mesa de Conversaciones lo hacen para huir de la muerte inminente.

Buscamos la paz porque hay un conflicto armado, reconocido legal y políticamente por el actual gobierno. La soberbia de la oligarquía la lleva a pensar que incluso en medio del proceso de paz, posee el derecho de matar y despedazar colombianos, de aterrorizarlos y aplastarlos, sin que estos tengan el menor derecho a responder a sus violencias. Sin cese bilateral de fuego, las que el Presidente llama reglas del juego, no pueden operar solo para las fuerzas del Estado.

Respetamos la vida e integridad física y moral de nuestros prisioneros y estamos plenamente dispuestos a garantizarlo hasta donde nos sea permitido por la ira estatal. Las cárceles del país están hacinadas de prisioneras y prisioneros políticos y de guerra. La solución a los grandes males que padece nuestra patria tiene que ser la del diálogo, siempre hemos estado dispuestos a ello. Sin imposiciones, respetando la condición política y personal de los adversarios.

No está de más advertir que estamos subordinados a las decisiones que adopten las instancias superiores de las FARC-EP.

Estado Mayor del Bloque Iván Ríos de las FARC-EP

Montañas de Colombia, 17 de noviembre de 2014

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lunes, noviembre 17, 2014

Foto: El Espectador
Diálogos de paz
Santos no es serio en los diálogos de La Habana
Por Camilo Raigozo. Notimundo

Según información de la prensa, este domingo habría caído prisionero en manos de las FARC EP el general Rubén Darío Alzate, comandante de la Fuerza de Tarea Titán del Ejército, en el olvidado departamemto del Chocó.

Al momento del cierre de esta nota las FARC EP no se habían atribuido el hecho, en el que también habrían perdido la libertad en acciones inherentes al conflicto un suboficial y una abogada asesora castrense quienes acompañaban al general.

El presidente Santos, el ministro de Defensa, la cúpula militar, los medios de comunicación del régimen y los enemigos de la paz, salieron inmediatamente a mentirle al país aduciendo de que había sido un secuestro, lo cual es falso, según las normas del Derecho Internacional Humanitario. Esto en el caso de que en veredad hayan sido las FARC EP.

Lo que estipula el DIH para el caso del conflicto armado interno, en el caso colombiano, es que a los combatientes de los ejércitos en contienda que pierden su libertad en poder del enemigo por acciones propias de la guerra no tienen el estatus de secuestrados, sino de prisioneros.

Sin embargo todo el establecimiento miente para tratar de ganar la guerra a punta de falacias.

A pesar de que el Presidente se ha negado de manera arrogante a pactar un cese bilateral del fuego, pese a la insistencia de las FARC EP, para evitar que hechos como el anterior ocurran y se pierdan más vidas de soldados, policías, guerrilleros y civiles, ahora pone lo anterior como pretexto para suspender los diálogos, lo cuál es falta de seriedad y de respeto para con los colombianos, principalmente para con las víctimas del conflicto.

Cabe anotar que es muy extraño que el general hubiera roto todos los protocolos de seguridad y se moviera vestido de civil y sin la escolta adecuada en una zona en la que hacen presencia ejércitos insurgentes y criminales paramilitares, además de la fuerte militarización del régimen para facilitarle el trabajo de despojo a los megaproyectos y a las transnacionales.

Respecto a lo anterior muchos sospechan que puede tratarse de una coartada de los enemigos de la paz para acabar con los diálogos de La Habana.

La inteligencia del Ejército le dijo a los medios que “este plagio se habría fraguado con anterioridad, ya que la información de un guerrillero integrante de las redes de apoyo de las Farc, habría sido clave para confirmar el desplazamiento del alto oficial a esa zona.

“Asimismo, planearon con anterioridad su vestimenta, ya que según lo confirmó el propio Ministro de Defensa, los subversivos estaban de civil al momento de la retención”.

Lo anterior es poco creíble ya que la que primero muere en la guerra es la verdad y el ministro Pinzón y la cúpula militar son muy dados a mentirle al país sobre la realidad del conflicto, empezando por las normas y definiciones del DIH, al insistir en llamar “secuestrado” a quien no lo es.

Además por las características del enfrentamiento armado y a la luz del DIH el general era blanco legítimo con o sin uniforme porque como combatiente se encontraba en zona de conflicto.

Así mismo las fuentes afirmaron que el Presidente, el ministro de Defensa y la cúpula militar, de manera irresponsable, dieron órdenes perentorias a sus tropas para hallar al general, lo cual pone en alto riesgo su vida al intentar un rescate a sangre y fuego.

Esto los hace responsables por lo que les pueda pasar a los prisioneros, si es que estos están en poder de la guerrilla

viernes, noviembre 14, 2014

Diálogos de paz
Guerreristas atacan al proceso de paz aprovechando desenlaces propios del conflicto
Por Camilo Raigozo. Notimundo

Hay que aclararle a la caterva uribista, a los medios de desinformación afines al guerrerismo y a los enemigos de la paz en general, que el Derecho Internacional Humanitario es claro en definir que los combatientes de uno u otro bando hechos prisioneros por el enemigo de ninguna manera pueden ser catalogados como secuestrados.

Según la definición que el Derecho Internacional Humanitario da para un conflicto armado interno, como es el caso de Colombia, es que los prisioneros, ya sean soldados o guerrilleros, es el de combatientes que perdieron su libertad por acciones del conflicto.

En ningún caso son secuestrados como esgrime Uribe, sus secuaces y los medios desinformativos de la oligarquía para atacar el proceso de paz de La Habana.

La caterva uribista exigiendo
más litros de sangre.
Foto Internet
El gobierno de Santos, presionado por las élites guerreristas, condicionó que los diálogos de paz se lleven a cabo en medio del conflicto.

Por lo tanto los soldados, policías y guerrilleros muertos, heridos o prisioneros, producto de la ardorosidad de los combates, son víctimas del régimen y de los guierreristas que se han negado a parar la barbarie pactando un cese bilateral del fuego.

La actitud de Uribe y sus seguidores al pedir la suspensión de los diálogos de paz de La Habana por el hecho de que dos soldados cayeron prisioneros en manos de las FARC EP en medio de combates en Arauca, es la expresión más cínica y descarada que individuo alguno pueda tener.

Quieren la continuidad de la guerra por los jugosos dividendos económicos y políticos que les representa y porque están seguros que no son sus hijos los que mueren o quedan seriamente heridos en los combates.

El pueblo colombiano que es realmente el que continúa pagado con lágrimas, sudor y sangre, la barbaridad de la guerra que las élites mantienen contra la mayoría de los colombianos, debe respaldar con firmeza la mesa de diálogos y exigir que se declare inmediatamente el cese bilateral del fuego para salvar las vidas de soldados, policías, guerrilleros y civiles. Lo demás es hipocresía barata.


Terrorismo de Estado
El Ejército intentó asesinar a campesino en Puerto Rico, Meta
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El pasado 12 de noviembre en la vereda  La Esperanza, municipio de Puerto Rico, Meta, en el sitio conocido como Taguara, efectivos de la Brigada Móvil 4,  dispararon contra  el campesino José Norbey González, de 32 años.

La nueva víctima de los terroristas estatales es casado, padre de una niña y habita en la vereda  Caño Danta, del mismo municipio, informó La fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia.

El labriego se movilizaba del sitio de trabajo ubicado en la vereda El Chacón en Caño Cabra, hacia su finca en la vereda Caño Danta, cuando fue baleado por soldados, quienes sin ningún tipo de advertencia, procedieron a dispararle dejándolo gravemente herido.

Lo mismo ocurrió el pasado 30 de agosto cuando tropas del Ejército dispararon contra el campesino José Antonio Fandiño Sánchez, dejándolo al borde de la muerte.


 
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