miércoles, julio 29, 2015

Terrorismo de Estado
Asegurados tres presuntos terroristas del Ejército por masacre de 18 campesinos
Por Camilo Raigozo. Notimundo

De acuerdo a investigaciones de la Fiscalía el 12 de agosto de 1995 14 paramilitares llegaron al establecimiento El Aracatazo en el municipio de Chigorodó, Antioquia y allí intimidaron, golpearon y torturaron a las personas que se encontraban en el lugar.

Los criminales procedieron a asesinarlos con tiros de fusil l, así como a otras personas que transitaban por la calle, dejando un saldo total de 18 muertos y uno más herido de gravedad que logró salvarse al fingir su muerte.

Para la fecha Álvaro Uribe era el gobernador de ese departamento y los grupos paramilitares estaban en expansión y se movían con facilidad no solo en Antioquia, sino también en otras regiones vecinas.

Según pudo establecer el ente investigador junto a los paramilitares en la ejecución de la masacre  habrían actuado y colaborado bandidos pertenecientes al Ejército Nacional.

Por tal motivo un fiscal de la Dirección Nacional de Análisis y Contextos (Dinac) les dictó medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación, a tres militares por su presunta participación en la masacre.

Por estos hechos terroristas la Fiscalía vinculó mediante indagatoria a José Liborio Bermúdez, capitán; Nofar Fabián Motta, subteniente y John Fredy Moncada, cabo segundo, para la época.
  
Los presuntos bandidos del régimen permanecen privados de la libertad, acusados de ser responsables, en calidad de coautores impropios, de los delitos de homicidio en persona protegida y porte ilegal de armas.


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jueves, julio 16, 2015

Terrorismo de Estado
Detenidos dos defensores de derechos humanos en Villavicencio
Por Camilo Raigozo. Notimundo

La Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH del Oriente y Centro de  Colombia, Dhoc, denunció que este 15 de julio en Villavicencio agentes de la Fiscalía detuvieron de manera injusta a los defensores de derechos humanos Esmer Montilla Gutiérrez y Samuel Rojas.

Montilla es un dirigente campesino defensor de los derechos humanos, presidente de la fundación Dhoc, directivo de la Mesa Unidad Cívico Agraria y Popular del Oriente Colombiano e integrante del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica, entre otras actividades comunitarias.

Por su parte Rojas es también un conocido líder campesino y defensor de derechos humanos de las comunidades territoriales y de la población en condiciones de desplazamiento forzado.

La orden de captura  contra los dos dirigentes campesinos fue dada por  el Fiscal 48 Especializado de la Unidad Antiterrorismo con sede en Villavicencio, por hechos relacionados con el paro agrario de 2013 y supuesta colaboración con grupos insurgentes.

En el momento de la detención Montilla y Rojas fueron abordados por efectivos de la Armada Nacional quienes intentaron obligarlos a ser fotografiados junto a armamento privativo de la fuerza pública.

Según la denuncia existen órdenes de captura en contra varios dirigentes, defensores de derechos humanos, miembros de la Mesa Unidad Cívico Agraria y Popular del Oriente Colombiano y miembros del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica.

El pasado 6 de julio, Esmer Montilla Gutiérrez y Lorelys Osorio, abogada de la fundación de derechos humanos Dhoc, sufrieron un supuesto atraco callejero cuando transitaban a la altura de la calle 13 con carrera 19 en Bogotá,

En el hecho los “atracadores” se llevaron las memorias USB que contenían información con datos personales de los integrantes de los comités de derechos humanos filiales a la fundación Dhoc.

En los últimos meses integrantes de la fundación Dohc han sido víctimas de amenazas de muerte, después de haber sido objeto de señalamientos temerarios y estigmatizaciones por parte de miembros de la Fuerza pública.


jueves, julio 09, 2015

Diálogos de paz
Al menos 265 organizaciones de derechos humanos exigen al Gobierno y a las FARC EP no dejar escapar oportunidad histórica para la Paz

Trabajar desde los territorios para que el proceso de paz de la Habana se legitime desde un enfoque de  derechos  y alentar los esfuerzos sociales para demandar tanto al Gobierno como a la insurgencia que no se levanten de la mesa bajo ninguna circunstancia,-

al tiempo que exigir el inicio de negociaciones inmediatas para poner fin al conflicto armado con el Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Popular de Liberación, fue el compromiso central de la Asamblea Anual de la Coordinación Colombia Europa – Estados Unidos (Cceeu),-

que reunida en Bogotá el pasado fin de semana celebró el Vigésimo Aniversario de constitución de la más amplia plataforma de organizaciones de derechos humanos en Colombia, que reúne a 265 organizaciones que trabajan por la vigencia de los derechos humanos y a construcción de la paz en todas las regiones de Colombia.

Las delegadas y delegados de la Cceeu acordaron movilizarse para demandar que se reactive de manera inmediata el proceso de desescalamiento de las acciones armadas que acerque la meta de un pronto cese al fuego bilateral y definitivo, tan necesario para crear el clima de confianza que requiere finalizar con éxito la negociación que ponga fin al conflicto armado.

En este propósito, trabajar porque estas negociaciones terminen exitosamente y sean refrendadas por el país, se convierte en  prioridad de las organizaciones de derechos humanos.

La Cceeu llama a todas las partes involucradas en este conflicto a abandonar la idea de negociar en medio del escalamiento de la confrontación, lo cual está llevando a minar las bases sociales de credibilidad y confianza en el proceso, incrementando la victimización de amplios sectores del país.

Conscientes de los enormes desafíos que implica construir la paz en un contexto marcado por la persistencia de elevados niveles de desigualdad y exclusión social, la impunidad estructural frente a las violaciones masivas a los derechos humanos y la respuesta violenta que de manera sistemática y persistente se  opone a todo reclamo social por parte del Estado colombiano,-

lo mismo que la persistencia del paramilitarismo y su incuestionable articulación con agentes del Estado y el poder económico, la Cceeu expresó también su preocupación por la reciente aprobación por parte del Congreso de la reforma al fuero penal militar,-

inscrito en la tradición institucional de garantizar la impunidad de los agentes estatales involucrados en violaciones a los derechos humanos y lo declaró como un mal mensaje para la sociedad  y para el mismo proceso de paz, que se opone a los propósitos nacionales de construir una paz centrada en los derechos de los víctimas a la verdad,-

el esclarecimiento de responsabilidades de los autores de los más graves crímenes contra los derechos humanos, la reparación a las víctimas y las garantías efectivas de que estas atrocidades no se repetirán.

A pesar de estas dificultades, la asamblea de la Cceeu expresó que La Paz es un derecho fundamental que no se van  a dejar arrebatar, y que en este empeño estarán dispuestos a ejercerlo con energía en la movilización social, no dejando escapar esta oportunidad histórica que se le presenta a la sociedad colombiana.


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miércoles, julio 01, 2015

Parauribismo
El gobierno de Uribe fue un gobierno de delincuentes
Por Camilo Raigozo. Notimundo

Nuevamente así lo demuestra la próxima imputación de cargos que la Fiscalía General de la Nación hará contra los presuntos delincuentes Edmundo del Castillo y Cesar Mauricio Velásquez, altos funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe.

Según el ente acusador ambos incurrieron en los delitos de concierto para delinquir y en el caso Del Castillo, además los delitos de violación ilícita de comunicaciones y peculado por apropiación.

Esta imputación también cobija a otros dos presuntos bandidos cercanos a Uribe identificados como Sergio González y Diego Álvarez, ambos abogados.

Del Castillo y Velásquez habrían hecho parte de la tenebrosa estrategia de Uribe de calumniar y desprestigiar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por haber actuado rigurosamente en investigaciones contra políticos ´paras’, entre estos Mario Uribe, su primo.

Estos sujetos también están acusados de reunirse con narcoparamilitares en “la casa de nari”, como en el caso de alias “job”, y del mismo modo habrían actuado en los montajes contra Yidis Medina.

Hace una semana fue llamado a declarar ante la justicia Mario Montaya, comandante del Ejército en el gobierno Uribe quien tiene acusaciones por asesinatos a sangre fría y complicidad con el paramilitarismo.

Treinta días atrás fueron capturados los ministros Sabas Pretelt y Diego Palacio, lo mismo que su secretario general Alberto Velásquez. El Comisionado de Paz de Uribe, Luis Carlos Restrepo, es prófugo de la justicia  y su ex ministro consentido Andrés Felipe Arias fue condenado y también huye de la justicia.

Hace pocos meses fueron condenados Bernardo Moreno, secretario general de Uribe,  y María del Pilar Hurtado, su secuaz en el DAS. Así mismo su último candidato presidencial, Oscar Iván Zuluaga, está siendo investigado por la Fiscalía.

A lo anterior hay que agregarle las investigaciones y condenas contra cúpulas del DAS entre los que se destacan Jorge Noguera y otros importantes delincuentes. Cabe anotar que varios exfuncionarios del DAS y paramilitares han declarado que este organismo fue entregado por Uribe a los paramilitares.

En este aparato criminal, en lo que fue convertido el DAS, quedan procesos pendientes como son los casos contra Andrés Peñate, Jorge Mario Eastman y Joaquín Polo, mientras que el proceso contra José Obdulio Gaviria fue remitido a la Corte Suprema porque ahora el presunto delincuente goza de fuero especial como senador.

Cebe recordar que los jefes de seguridad de Uribe, muy allegados a él, Mauricio Santoyo y Flavio Butrago, generales de la Policía, resultaron ser delincuentes ligados al narcoparamilitarismo. El primero está en una cárcel de Estados Unidos y Buitrago fue destituido y tiene medida de aseguramiento.

A lo anterior hay que sumarle los crímenes cometidos por las fuerzas militares y de policía bajo el gobierno de Uribe, que se cuentan por miles según el último informe de la ONG Human Rights Watch.

En este escándalo varios generales, coroneles y otros presuntos delincuentes de alto rango fueron señalados como responsables de centenares de asesinatos contra civiles, más conocidos como falsos positivos.

Contra Álvaro Uribe existen al menos 276 investigaciones en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que van desde masacres, asesinatos, paramilitarismo, corrupción y muchos delitos más, pero los procesos no avanzan. 

Sin embargo por el número de altos funcionarios de su gobierno investigados y condenados, se puede afirmar que el gobierno de Uribe Vélez fue un gobierno de delincuentes.


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domingo, junio 28, 2015

San José de Apartadó
Policía y Ejército hostigaron y agredieron a líderes campesinos y defensores de derechos humanos
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El pasado 25 de junio cuando Oscar Zapata, líder comunitario y miembro del Comité de Derechos Humanos de San José de Apartadó, se encontraba en el casco urbano de la cabecera municipal, fue víctima de seguimientos por parte de agentes de  inteligencia militar vestidos de civil.

Aproximadamente a las 9 de la noche cuando el líder campesino se encontraba cenando en el  Éxito, en compañía de otro miembro del Comité y de un reconocido comerciante de la localidad, fueron grabados y fotografiados por cuatro sujetos de civil presumiblemente armados.

Coronel Germán Rojas, acusado de
violaciones a los derechos humanos
y al DIH.
Luego fueron rodeados por otros cuatro individuos con traje militar y armados con fusiles. Aunque las tres víctimas los identificaron como miembros de la Brigada 17 del Ejército, los sujetos no portaban ningún distintivo en clara infracción al Derecho Internacional Humanitario.

Los uniformados les exigieron a sus tres víctimas una requisa “de rutina”, solo a ellos, mientras los otros cuatro sujetos de civil seguían grabándolos y fotografiándolos.

Uno de los campesinos comenzó también a grabar en su celular los hechos, pero los que grababan de civil ordenaron el decomiso del teléfono del campesino a lo que los tres amigos opusieron resistencia

Un soldado que se comunicaba permanentemente con el teniente coronel Javier Rojas extrañamente le preguntó al comerciante que si él también era de San José de Apartadó, lo que indica que los militares mantienen constantemente vigilados a los campesinos, pues hasta el momento no se había mencionado el lugar de su domicilio.

Una vez se retiraron los militares ingresaron  varios miembros de la Policía bajo el mando de Carlos Andrés Bravo, quienes también les exigieron otra requisa “de rutina”, solo a los tres.

Los policía querían trasladar a las tres víctimas a la estación, a lo que ellas se negaron al darse cuenta que el centro comercial estaba rodeado de vehículos de alta gama con vidrios polarizados, motocicletas, sujetos de civil armados, militares y policías.

Cuando los tres amigos quisieron regresar a terminar su cena el vigilante del almacén les cerró las puertas para impedirles la entrada, denunció a Notimundo el Comité para los Derechos Humanos de San José de Apartadó.

En el momento en el que los dos labriegos y el comerciante instauraron la denuncia sobre los atropellos ante la Policía, se dieron cuenta que en el informe los agentes tergiversaron los hechos. Escribieron que habían acudido al sitio por una riña de pareja.

Horas antes a través de la emisora Antena Estéreo el coronel German Rojas Díaz había acusado a la población de tener un complot con la guerrilla, por exigir el retiro de las guarniciones militares y de Policía del medio de la población civil.

“Quienes vienen pidiendo el retiro de la base militar en San José de Apartadó tienen un complot con la guerrilla para hacer salir a la Fuerza Pública del corregimiento”, habría dicho el coronel según la fuente, refiriéndose indirectamente al comité de derechos humanos, quien conjuntamente con los habitantes han insistido en la reubicación de la base militar que actualmente se encuentra al pie del colegio Mariano.

Es decir que los agentes militares y policiales del régimen someten a los niños y demás población civil a que les sirva de escudo humanos para resguardarse de los ataque de la insurgencia, en la más aberrante infracción al Derecho Internacional Humanitario, como en el caso de El Mango, en Argelia, Cauca.


martes, junio 23, 2015

Terrorismo de Estado
En Guaviare denuncian amenazas y empadronamiento militar contra de defensora de derechos humanos
Por Hernán Durango

Los denunciantes señalan a integrantes de la XXII brigada del ejército en contra de Ingrid Pinilla, defensora de derechos humanos y exigen a las autoridades ponen fin a la persecución.

“Denunciamos las constantes amenazas a la dirigente y defensora de derechos humanos Ingrid Pinilla, quien el pasado 15 de Junio fue detenida por tropas del Ejército Nacional en el municipio de Miraflores-San José del Guaviare. 

Los militares procedieron a pedirle el documento y a que permaneciera allí porque de lo contrario no respondían con las agresiones que le pudiera ocurrir si no acataba las ordenes”, señalan en un documento emitido a la comunidad nacional e internacional por parte de la fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia –DHOC-, organización no gubernamental que promueve el respeto y la defensa de los derechos humanos en la región llanera y en el centro del país.

Advierten que son permanentes las amenazas, empadronamiento y actos intimidatorios en contra de Ingrid Pinilla Espitia, dirigente de Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en el departamento del Guaviare, defensora de derechos humanos y vicepresidenta de la asociación de Campesinos Trabajadores del Guayabero Ascatragua.

En su relato sobre los hechos indican que el dia lunes 15 de junio Ingrid Pinilla se dirigía a la vereda Buenos Aires del municipio de Miraflores en el departamento del Guaviare, al salir del municipio, fue detenida de manera arbitraria por efectivos del Ejército nacional adscritos a la Brigada Móvil Nº 22 del Batallón selva 52, quienes procedieron a solicitarle el documento de identidad, a tomar un registro fotográfico y le indicaron que debía permanecer en el retén hasta la llegada del Mayor Carlos Cesar Cabrera Vásquez.

Los efectivos del ejército le indicaron que el procedimiento era legal y se realizaba en el marco de los acuerdos entre el ejército nacional y el alcalde del municipio. Sumado a esto, uno de los uniformados le indico que en caso de no someterse a dicho procedimiento, debía dejar una carta firmada de constancia donde quedara excluida la responsabilidad de las fuerzas militares por las agresiones que pudieran ocurrirle.

Cabe destacar que la líder agraria participó en las jornadas de movilización agraria de 2013 y 2014 y fue candidata a la cámara de representantes por el Partido Unión Patriótica UP.

Esmer Montilla Gutierrez, presidente Fundación DHOC pidió a los organismos humanitarios del mundo y del resto del país rodear de apoyo y solidaridad a Ingrid Pinilla Espitia y a la vez exigir al estado colombiano que respete y proteja a los defensores de derechos humanos y líderes campesinos y populares.

Foto Ap. Archivo
Cuatro militares muertos y 12 heridos en N de Santander
Sigue el desangre de colombianos humildes por el capricho de quienes no quieren parar la guerra
Por Camilo Raigozo. Notimundo

Según información de medios locales este lunes 22 de junio a las dos de la tarde, en zona rural del municipio de Teorama, Norte de Satander, un helicóptero del Ejército fue atacado por combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, FARC EP, dejando como resultado cuatro militares muertos y 12 más heridos.

Los militares muertos y heridos pertenecían a la Brigada 33 adscrita a la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército, que presta seguridad a las empresas multinacionales que extraen de manera ventajosa las riquezas petroleras y mineras de la región.

Helicóptero atacado por la
guerrilla en Catatumbo.
Foto Ejército
Según la versión de del comandante del Ejército Jaime Lasprilla, el helicóptero aterrizó en un campo minado instalado por guerrilleros de las FARC EP en la vereda El Bejuco, del municipio de Teorama, Norte de Santander.

El alto oficial hizo énfasis ante los periodistas en que el helicóptero no fue derribado desde el aire, sino que fue atacado en tierra “por terroristas de las Farc”, tratando con sus calificativos contra sus adversarios de ganar en los micrófonos y cámaras lo que se pierde en el campo de batalla.

Así mismo Lasprilla agregó que "Ninguno de los heridos reviste de gravedad y todos están recibiendo atención en un hospital en Cúcuta. Condenamos el hecho, violatorio del DIH, y enviamos nuestras condolencias a las familias de estos héroes de la patria". En igual sentido afirmó que no hay militares desaparecidos.

Los militares que viajaban en el Black Hawk UH-60 de matrícula EJC2185, se encontraban apoyando labores de reparación del oleoducto Caño Limón-Coveñas, por donde las multinacionales extraen el petróleo de los colombianos dejando desolación y pobreza en las regiones.

General Jaime Lasprilla
Foto Ejército
Lasprilla desconoce las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario

El comandante del Ejército Jaime Lasprilla afirmó en la rueda de prensa que: "Condenamos el hecho, violatorio del DIH, y enviamos nuestras condolencias a las familias de estos héroes de la patria".

Causa asombro que el máximo responsable en la dirección de la guerra del Ejército contra la insurgencia desconozca la normatividad del Derecho Internacional Humanitario, cuando afirma que, “condenamos el hecho violatorio del DIH”.

Si los hechos se presentaron como el general mismo los describió, por ningún lado se ve que haya habido infracciones al DIH por parte de la guerrilla, por que las tropas, sus guarniciones y vehículos, son blancos legítimos, de la misma forma que las tropas guerrilleras, sus campamentos  y  vehículos, son blancos legítimos.

Las nuevas víctimas del desangre que deja la guerra por el capricho y los intereses económicos y políticos de unos pocos sátrapas que la imponen son:

Soldados muertos: Franklin Gamboa Monsalve, Carlos Darío Ibarra Gutiérrez, Soldado Edison Blanco Zapata y el cabo primero Gabriel Ignacio Mejía Bermúdez.

Los militares heridos son: mayor Carlos Sarmiento Gutiérrez, capitán Andrés fernando Medina Rodríguez, sargento viceprimero Carlos Soto Espitia, subteniente Cristian Camilo Alvarado, cabo primero Óscar Bautista, comando Breimer Martínez, comando Deimer Núñez, comando Deybi Fernando Ospina Pérez, comando Neyder Quinto Mosquera, comando José Mosquera, comando Héctor Padilla Díaz y comando Jesús Antonio Cardona.


Terrorismo de Estado
Capturan a 7 presuntos terroristas del Ejército por asesinatos a sangre fría
Por Camilo Raigozo. Notimundo

La Fiscalía dio captura a 7 presuntos terroristas del Ejército por asesinatos a sangre fría, mal llamados falsos positivos. Los agentes criminales del régimen son un capitán y seis soldados profesionales los cuales fueron presentados ante un juez. 

Los presuntos bandidos habrían participado en el asesinato de un campesino al que presentaron como guerrillero.

El crimen fue perpetrado en el municipio Titiribí, Antioquia, el 21 de febrero del 2008, bajo el régimen de terror del presunto cabecilla paramilitar Álvaro Uribe Vélez.

Según la Fiscalía, los terroristas adscritos al Batallón Cacique Calarcá retuvieron, secuestraron y asesinaron a un campesino,  a quien presentaron al día siguiente en el municipio de Urrao, Antioquia, como guerrillero muerto en combate.

Los capturados son: Rodolfo Joya Mantilla, capitá, y los soldados profesionales, Jhon Alexánder Rojas Laines, Juan David López Bolívar, Esteban Manuel Ramírez Botero, Óscar Mauricio Ortiz Caro, Luis Fabián Herrera Gallego y José Alexánder Puentes Hernánd,

Recientemente fue aprobado en el Congreso una reforma a la Constitución para ampliar el fuero penal militar, que de ser aprobado por la Corte Constitucional, cubrirá con impunidad crímenes cometidos por militares y policías.

Terrorismo de Estado
Medida de aseguramiento contra el presunto terrorista Plazas Acevedo, coronel del Ejército, por masacre de Mapiripán cometida por militares y paramilitares
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El presunto criminal del régimen será acusado formalmente por los delitos de homicidio agravado, secuestro extorsivo agravado, terrorismo y concierto para delinquir.

El ente investigador dictó medida de aseguramiento en contra del coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo por su presunta participación y responsabilidad en los hechos que rodearon la masacre de Mapiripán, Meta,  cometida por militares y paramilitares entre el 15 y el 20 de julio de 1997.

Según la Fiscalía el bandido habría colaborado con los paramilitares, mal llamados “autodefensas unidas de colombia”, para la movilización de los criminales hasta el sitio de la masacre. Plazas Acevedo era conocido dentro de las hordas paramilitares como alias “don diego”.

El excabecilla de Inteligencia de la Brigada 13 del Ejército es señalado de complicidad con el paramilitarismos y de recibir dinero de estos.

El peligroso terrorista del Ejército fue condenado a 40 años de “cárcel”, pena que paga en el centro vacacional Cantón Norte, por el secuestro y asesinato del empresario Benjamín Khoudari.

Así mismo la Fiscalía lo llamó a juicio por el crimen del periodista Jaime Garzón perpetrado el 13 de agosto de 1999 por paramilitares con la complicidad de militares.


miércoles, junio 17, 2015

Diálogos de paz
Las FARC EP le recuerdan a Santos que Colombia no es la maravilla que él pregona, sino el tercer país más desigual del mundo
Por Camilo Raigozo. Notimundo

La delegación de paz de las FARC EP en un comunicado conocido este miércoles desmienten las afirmaciones del presidente Santos en el reciente Fórum de Oslo donde al mandatario le faltó poco para aseverar que Colombia era el paraíso terrenal bajo su gobierno.

Los voceros de ese ejército insurgente desde La Habana afirman que la tal restitución de tierras no existe, sino lo que hay es un remedo de restitución, donde lo que si es cierto es que han sido asesinados al menos 90 reclamantes.

“El mencionado discurso (del presidente Santos) está plagado de distorsiones y de mentiras poco piadosas. Colombia no es el país de las maravillas bosquejado en Oslo, sino el tercero más desigual del mundo. No hay un proceso serio de restitución de tierras; lo que sí es cierto es que han matado alrededor de 90 reclamantes”, dicen las FARC EP.

A continuación transcribimos el mencionado documento en su integridad:

De las pocas cosas ciertas expresadas por el Jefe de Estado, en el Fórum de Oslo sobre procesos de paz, esta aquello de que la guerra como mecanismo definitorio en los conflictos de la actualidad, simplemente se ha vuelto obsoleta; que no es posible la victoria militar en guerras asimétricas, y que el proceso de paz con las FARC ofrece una luz de esperanza en un mundo ensombrecido por la guerra.

El mencionado discurso está plagado de distorsiones y de mentiras poco piadosas. Colombia no es el país de las maravillas bosquejado en Oslo, sino el tercero más desigual del mundo. No hay un proceso serio de restitución de tierras; lo que sí es cierto es que han matado alrededor de 90 reclamantes.

Por otro lado, el índice Gini es de un 0.87, producto del despojo violento que durante décadas se ha ejecutado contra la población rural.

Tal despojo se ha hecho mediante asesinatos y masacres toleradas por el Estado, las cuales ocasionaron el desplazamiento forzado de 6 millones de compatriotas y el robo de 8 millones de hectáreas en el último cuarto de siglo, que ensancharon los latifundios de los potentados. En contraste, hasta agosto del 2014, sólo se habían restituido 29.000 hectáreas a los campesinos.

Cuánto desearíamos que fuera cierto que se está generando empleo, acabando con la pobreza, garantizando salud, educación gratuita y reduciendo el gasto militar. Bastaría dar un paseo por los barrios populares de Bogotá para que al mirar tanta miseria se desvanezca esa ilusión.

Desafortunadamente en el escenario noruego volvió Santos sobre la ocurrencia de un loco sionista, Yitzak Rabín, para reiterar que seguirá combatiendo el terrorismo como si no existiera un proceso de paz y que persistirá en la búsqueda de la paz como si no existiera el terrorismo.

Decidió así pasar por alto, que está dialogando en La Habana, a través de sus plenipotenciarios, con un movimiento rebelde que tiene una propuesta viable de país que busca superar la miseria, la desigualdad y la exclusión política.

Los puntos de vista del mandatario explicando los acuerdos parciales de La Habana son una sesgada puesta en escena de lo pactado.

Por ejemplo, en la interpretación de la política antidrogas se induce a señalar a la insurgencia como la responsable del narcotráfico, sólo para ocultar el peso específico que tiene en ese negocio capitalista internacional, el lavado de activos por parte de banqueros corruptos a quienes no se les persigue, y el involucramiento probado del Estado colombiano con la mafia del narcotráfico en las últimas décadas.

En otro plano de ideas y para no referirnos más, por ahora, a esa incoherente difusión del proceso de paz en Europa, muchos organismos internacionales, foros y amigos de la paz de Colombia, entre los que se encuentran representantes de la ONU, Celac, Unasur, Unión Europea, entre otros, han levantado sus voces para pedir que pare la guerra.

Y más recientemente los gobiernos de Cuba y Noruega, como países garantes hicieron “un llamado a las partes a que continúen sus esfuerzos para seguir avanzando en la discusión de las cuestiones pendientes, incluyendo la adopción de una acuerdo para el cese bilateral definitivo del fuego y las hostilidades”. Las FARC respondemos afirmativamente. Procedamos ya.

Con profundo sentimiento de patria, hoy desde La Habana y desde las montañas y barriadas humildes de Colombia, las FARC-EP ponemos de lado las desavenencias, y a pesar de las incoherencias del discurso y de las acciones gubernamentales que lo que hacen es incendiar al país, una vez más nos manifestamos por un acuerdo de cese bilateral del fuego que traiga alivio y nuevas esperanzas a nuestro pueblo.

Invitamos a deponer las contradicciones, hacer un acto de profunda reflexión y a intentar un acuerdo que pare la confrontación inmediatamente, sin seguir esperando que llegue la firma del acuerdo final. Cuántos muertos podríamos evitar y cuánta zozobra. Cuánto más podríamos avanzar. Todo es cuestión de voluntad política.
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martes, junio 16, 2015

Pensionados
Primera marcha de pensionados llegará a Bogotá el 18 de junio para reclamarle al gobierno sus derechos
Por Adriana Cuellar

Luego de recorrer aproximadamente 500 kilómetros, llegará a Bogotá el próximo jueves 18 de Junio, a las dos de la tarde, la primera marcha por la Unidad y Dignidad del Pensionado Colombiano, que salió desde Cali el pasado 8 de junio.

Esta última movilización que saldrá del Parque Principal de Soacha a las 8 de la mañana del jueves, realizará su primera estación en el SENA, seguirá por la Avenida Primera de Mayo hasta el Hospital San Juan de Dios o la Hortua, donde tomarán la carrera 10 hasta la calle 11, para finalmente subir a la carrera 8 y llegar por esta vía a la Plaza de Bolívar

Organizados en la Alianza Interinstitucional de Jubilados y Pensionados de Emcali, la Alianza Nacional de Pensionados, y varias organizaciones que agremian a estos adultos mayores, realizarán en la Plaza de Bolívar a su llegada, el Primer Encuentro de Pensionados Colombianos,-

quienes reclaman del gobierno, que se resuelva de fondo la situación del pasivo pensional del Estado y el cumplimiento de los acuerdos firmados ante la promesa de campaña del presidente Juan Manuel Santos, quien se comprometió a rebajar los aportes de Salud del 12% al 4%, entre otras cosas.

En la actualidad cursa en el Congreso de la República, el Proyecto de Ley 183 de 2015, que precisamente pretende que la cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados sea del 4% del ingreso de la respectiva mesada pensional.

Los pensionados también reclaman el incremento anual de las mesadas con el porcentaje más favorable, entre el incremento del IPC, y el incremento del salario mínimo, la no aplicación de cuotas moderadoras a los beneficiarios, pero sobre todo que se instale una mesa de concertación con el gobierno nacional, en la que se discutan estos y otros temas que los afectan en su cotidianidad.

Para dar a conocer esta problemática, a la opinión pública nacional, los pensionados darán Rueda de Prensa en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes el próximo jueves 18 de junio a partir de las 10:00 de la mañana.

viernes, junio 12, 2015

San José de Apartadó
El Ejército continúa infringiendo el DIH y pone en peligro a la población
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El Comité de y para los Derechos Humanos de San José de Apartadó, denunció que el paso 10 de junio, nuevamente se presentaron combates entre insurgentes de las FARC-EP y el Ejército.

Según la denuncia a las 10 de la mañana guerrilleros atacaron la base militar adscrita a la Brigada 17 del Ejército, la cual se encuentra ubicada junto al Colegio El Mariano y a unos cincuenta metros de viviendas, lo cual es una infracción grave al Derecho Internacional Humanitario.

En el enfrentamiento que duró unos 10 minutos los militares se refugiaron en las viviendas, en las tiendas de abarrotes, en el centro comunal, en la capilla y en el centro educativo, situación que puso en riesgo la vida y los bienes de la comunidad.

El día anterior en hechos similares resulto herida por proyectil de arma de fuego de largo alcance la civil Luz Mari Alcaraz.

Terrorismo de Estado
Denuncian que en la masacre del Ejército en Guapi, Cauca, también habrían sido asesinados y desaparecidos civiles
Por Camilo Raigozo. Notimundo

Varias organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos denunciaron que en los bombardeos del Ejército en el que fueron masacrados 27 combatientes de las FARC EP, el pasado 21 de mayo en el municipio de Guapi, Cauca, también habrían sido asesinados y desaparecidos un número indeterminado de civiles.

“Al parecer dentro de las 27 personas muertas producto del bombardeo, no todas eran parte de la insurgencia. De igual forma el número  de personas muertas en esta acción puede llegar a 80, cifra que no se ha dado a conocer con claridad”, dice la denuncia recibida por Notimundo.

A continuación apartes del documento:

El día 21 de mayo del 2015, a las 2 pm, se iniciaban  las operaciones por parte del ejército colombiano, en inmediaciones del territorio colectivo de las comunidades negras del consejo comunitario del Alto guapi, más concretamente la vereda San Agustín.

Estas operaciones consistieron en bombardeos y posterior desembarco de tropas desde helicópteros; las acciones   se presentaron de manera indiscriminada, afectando a mujeres, niños y hombres que participaban de un taller sobre el desescalonamiento del conflicto armado.

Con la llegada de las tropas por vía terrestre, según información recibida, se pudieron haber presentado asesinatos  y desapariciones de personas que habían resultado heridas en el bombardeo.

Al parecer dentro de las 27 personas muertas producto del bombardeo, no todas eran parte de la insurgencia, de igual forma que el número  de personas muertas en esta acción puede llegar a los 80, cifra que no se ha dado a conocer con claridad.

Este acontecimiento,  produjo el desplazamiento masivo de 463 personas que conforman 110 familias  de las comunidades provenientes de las veredas San Agustín, San Vicente, Rosario, Las Juntas y Balsitas, quienes se dirigieron hacia la cabecera municipal de Guapi.

Las cifras de personas desplazadas fueron suministradas por la Defensoría Regional del Pueblo en el Cauca y la Pastoral Social del Vicariato Apostólico  de Guapi.

La situación de las personas desplazadas es de total angustia y problemas de tipo sicosocial ante la agudización del conflicto y los controles que ahora ejerce la fuerza pública.

La crisis humanitaria se viene agudizando en la región ante los constantes controles que  ejerce la fuerza pública antes y después de las acciones del 21 de mayo, en la vías fluviales, donde son constantes los abusos, detenciones arbitrarias, señalamientos, y prohibiciones a la población de circular por los ríos, lo cual impide a los pobladores realizar sus faenas de pesca y los está condenando a la hambruna, ya que de estas actividades depende su sustento.
Igualmente e vienen presentando graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de la fuerza pública, más concretamente, el Batallón 42  de la Infantería de Marina, tropas que permanecen en la Normal Superior la Inmaculada en Guapi.

Situación similar ocurre en el hogar San Joaquín y Santa Ana, donde viven niños, niñas, adolecentes, adultos mayores y comunidad religiosa.

El 28 de mayo los habitantes del municipio de Guapi adelantaron una marcha masiva exigiéndole a los actores armados que respeten a la población civil y al Estado que cese los operativos en los territorios comunitarios donde ha quedado la población civil involucrada.

De igual forma le exigieron a la fuerza pública abstenerse de continuar los atropellos, estigmatizaciones contra la población a la que señala que “si viven en esas zonas entonces son “guerrilleros”.

La masiva marcha instó a los órganos de control para que vigilen lo que está sucediendo en Guapi y que se extiende a otra poblaciones como Timbiquí y López de Micay. De igual se planteó el cese bilateral de hostilidades de forma inmediata para evitar más hechos dolorosos.


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miércoles, junio 10, 2015

Prosperidad para pocos
Ante la crítica situación pensionados marchan desde Cali a Bogotá 

Desde Cali, salió el pasado lunes 8 de junio, la primera Marcha por la Unidad y Dignidad del Pensionado Colombiano, que se espera llegue a Bogotá el próximo 18 de junio para realizar la primera Cumbre Nacional de Pensionados, que tiene como propósito visibilizar la crítica situación por la que atraviesa este sector, así como la de los adultos mayores del país, ante el desamparo y olvido por parte del Estado Colombiano.

Organizados en la Alianza Interinstitucional de Jubilados y Pensionados de Emcali y la Alianza Nacional de Pensionados, los adultos mayores, reclaman del gobierno, que se resuelva de fondo la situación del pasivo pensional del Estado y el cumplimiento de los acuerdos firmados ante la promesa de campaña del presidente Juan Manuel Santos, quien se comprometió a rebajar los aportes de Salud del 12% al 4%, entre otras cosas.

En la actualidad cursa en el Congreso de la República, el Proyecto de Ley 183 de 2015, que precisamente pretende que la cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados sea del 4% del ingreso de la respectiva mesada pensional.

Los pensionados también reclaman el incremento anual de las mesadas con el porcentaje más favorable, entre el incremento del IPC, y el incremento del salario mínimo, la no aplicación de cuotas moderadoras a los beneficiarios, pero sobre todo que se instale una mesa de concertación con el gobierno nacional, en la que se discutan estos y otros temas que los afectan en su cotidianidad.

Serán por ahora 35 marchantes, que saldrán del monumento a la solidaridad en Cali (Av 3 Norte con Calle 34) a las 7:30 de la mañana, con destino al municipio de Buga, donde pernoctarán la noche del lunes 8 de junio, para continuar su recorrido hasta Bogotá.

San José de Apartadó, Urabá
Señora salió herida cuando el Ejército se resguardó en áreas civiles en enfrentamientos con la insurgencia
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El 9 de junio anterior aproximadamente a las 3:20 de la tarde, se presentaron enfrentamientos armados entre el Ejército, la Policía y posiblemente la insurgencia de las FARC EP, dentro del casco urbano de San José de Apartadó, denunció el Comité de Derechos Humanos de esa localidad.

Según la fuente, los militares se atrincheraron en las viviendas y en la parte posterior del centro comunal, el cual está ubicado al frente de una tienda de víveres en la que se encontraba en esos momentos Luz Mary Alcaraz, de 33 años de edad, quien resultó herida en un brazo presumiblemente por una bala disparada por el Ejército.

El comité de derechos humanos advirtió que le preocupa que la civil herida “pueda ser víctima de hostigamientos psicológicos o montajes judiciales por parte de la Fuerza Pública a fin de evadir o justificar su posible responsabilidad en los hechos”.

Por lo anterior, el comité solicitó a la Personería, Defensoría del Pueblo, Cruz Roja y a la Acnur,  brindar acompañamiento permanente a Luz Mary Alcaraz mientras esta se encuentre en el centro hospitalario, así como también se le brinde protección cuando regrese a su casa.

Ante la ausencia de personal médico en el lugar, Alcaraz tuvo que ser trasladada en un carro particular hasta Apartadó, distante una hora.

El Comité para los Derechos Humanos y la población de San José de Apartadó han denunciado infructuosamente en varias ocasiones las continuas infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de la Fuerza Pública y la ubicación en áreas civiles de las guarniciones militares y de Policía.

“Aún recordamos los tristes hechos del martes 9 de abril de 2013, donde fue asesinado por miembros del Batallón Voltígeros, adscrito a la Brigada 17 del Ejército Nacional,el joven campesino Carlos Andrés Torres. Recordamos también la muerte de Deimer Guaca en el 2012, por las balas del miembros de la Fuerza Pública en medio de un enfrentamiento”, finaliza la denuncia.



 
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