El procedimiento del DAS es más propio de un grupo paramilitar que de la Policía Judicial: P. Córdoba
Así se refirió la senadora al intento de secuestro de un defensor de derechos humanos por parte de agentes de esa desprestigiada institución el pasado 14 de noviembre en Cali
Por Camilo Raigozo

El pasado 14 de noviembre, en el marco del Encuentro Nacional e Internacional por el Acuerdo Humanitario y la Paz, realizado durante los pasados 13, 14 y 15 de noviembre en Cali, en inmediaciones del Colegio Politécnico Municipal de esta ciudad, una mujer y dos sujetos intentaron secuestrar en un taxi al líder campesino, defensor de los derechos humanos Iván Danilo Alarcón Quiceno, quién participaba del multitudinario evento.

Alarcón Quiceno fue contactado telefónicamente por la misteriosa mujer quién le dijo que pertenecía a una ONG de derechos humanos de Bogotá y que necesitaba información sobre las denuncias que él ha hecho en esta materia y sobre infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el municipio de Corinto, Cauca, a través de la ONG defensora de los derechos humanos Francisco Isaías Cifuentes, de la cual él es miembro.

Cuando el campesino salió a encontrarse con la supuesta defensora de derechos humanos, fue abordado violentamente por otros dos sujetos, quienes junto a la mujer resultaron ser detectives del DAS.

Luego de golpearlo, ultrajarlo y humillarlo, los agentes del Estado procedieron a retenerlo de forma arbitraria e intentaron meterlo por la fuerza en un taxi con placas del municipio de La Calera, Cundinamarca.

A los gritos de auxilio de Alarcón Quiceno acudió la Guardia Indígena y algunos participantes del evento quienes evitaron el secuestro y posible desaparición forzada o la comisión de otro “falso positivo” en la persona del líder agrario.

Falsedades del director del DAS

Contrario a las falsedades dichas posteriormente por Felipe Muñoz Gómez, director del DAS, en un comunicado profusamente difundido por los medios propagandistas del régimen, el operativo contra el defensor de derechos humanos en Cali fue absolutamente arbitrario e ilegal, en el que se violaron no solo los derechos fundamentales de la víctima, sino los parámetros mínimos legales de un procedimiento judicial como este.

“El procedimiento del DAS es más propio de un grupo paramilitar que de la Policía Judicial”, dijo la senadora Piedad Córdoba al respecto. Según Muñoz Gómez, el defensor de derechos humanos es acusado de ser miliciano que apoya logísticamente al sexto frente de las FARC y es requerido por el delito de Rebelión.

Además de utilizar el engaño para detener a la víctima y de portar identidades falsas, los agentes no se transportaban en un vehículo oficial, ni portaban uniformes o distintivo alguno que los identificara, ni presentaron la orden judicial, ni se hicieron acompañar de la Fiscalía, Defensoría o Personería y mucho menos le leyeron al detenido sus derechos constitucionales, como afirmó Muñoz Gómez a los medios sin sonrojarse.

Contrario a lo que vociferó el director del DAS, sus agentes jamás fueron golpeados, arrastrados o amenazados. Todos sus elementos, armas y demás pertenecías les fueron devueltos, como consta en el acta firmada por María Fernanda Gómez Espinosa, personera de Cali, quién recibió a los tres sujetos sin ningún rasguño.

Operativo provocador

“En lo personal, considero que fue un acto imprudente, irresponsable y provocador. No me parecen convincentes las explicaciones del director del DAS, señor Felipe Muñoz, por lo demás, porque este organismo no me merece la más mínima credibilidad después de los escándalos recientes en que ha estado involucrado.

“Muñoz debe más bien responder y explicar por qué se adelantó ese operativo provocador en la villa que albergaba a los delegados al Encuentro Internacional y Nacional del Intercambio Humanitario y la Paz.

“Por cierto, no es la primera vez que el DAS trata de torpedear este tipo de eventos humanitarios y democráticos. En lugar de agredir de manera verbal a la senadora Piedad Córdoba, personalidad destacada, dedicada a las causas nobles y humanitarias y-

"demócrata integral, el director del DAS debe explicar de forma cierta el procedimiento de sus agentes enviados desde Bogotá y comprometidos en este operativo provocador”, dijo Carlos Lozano, director de Voz, quién estuvo en el lugar de los hechos en los momentos en que estos ocurrieron.

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Uribe le teme a la justicia: Iván Cepeda
"Se presenta como artífice de un proceso de justicia cuando ha intentado dejar en la impunidad los crímenes de Estado"
Por Agencia Efe/ El Espectador

El presidente Álvaro Uribe "le teme a la Justicia, a que salgan a la luz pública los nexos que han tejido los sectores que le rodean con los paramilitares", dijo en Madrid el presidente del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Iván Cepeda.

Cepeda, que asistió a la presentación del II Informe del Observatorio Internacional del proceso de desarme en Colombia y de la Ley de Justicia y Paz, dijo que Uribe "intenta presentarse como el artífice de un proceso de justicia cuando es él quien durante varios años ha intentado dejar en la impunidad los crímenes de Estado".

Cepeda añadió que ahora, cuando los miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han comenzado los juicios, el presidente Uribe se ha convertido en "el principal agresor y detractor de estos jueces".

El defensor de los derechos humanos expresó la "inmensa preocupación" del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado por la forma en que se están desarrollando los procedimientos de justicia en Colombia y en los que -dijo- "el principal obstáculo es el Ejecutivo".

Y añadió que "si en Colombia hay una persecución es la de los jueces" , pues explicó que hay magistrados que están siendo víctimas de distintas formas de persecución, hasta el punto que algunos magistrados de la Corte han tenido que recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en busca de medidas de protección en el interior del Estado colombiano.

Con respecto al debate que enfrenta a Uribe con la Corte Suprema de Justicia sobre la elección del nuevo fiscal general de la Nación, Cepeda afirmó que, a juicio del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, el gobernante colombiano "debería declarase impedido" para proponer sus candidatos porque tiene "interés particular" en esa elección.

La CSJ ha desestimado en dos ocasiones la idoneidad de tres abogados propuestos por Uribe para la elección del nuevo fiscal.

"Las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos consideramos que la terna de Uribe corresponde a personas que son muy cercanas a él y que seguramente no permitirían un desarrollo independiente de las investigaciones", aseguró Cepeda.

Iván Cepeda explicó, además, que Uribe tomó la decisión de extraditar a Estados Unidos a los principales jefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, disueltas en 2006) "en un acto que nosotros como Movimiento de Víctimas calificamos como una estratagema de impunidad".

Los paramilitares extraditados -dijo- "poseen información que puede comprometer gravemente a sectores muy cercanos al presidente e incluso a él mismo".

Con respecto al desarrollo de la Ley de Justicia y Paz, el presidente del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado dijo que en Colombia, con unas cifras de más de cien mil personas asesinadas, más de 50.000 desaparecidas y 4 millones de personas desplazadas, "el proceso no ha reparado a ninguna sola víctima por vía judicial".

"Los campesinos que han perdido sus tierras están condenados a la miseria, mientras que quienes impulsaron la violencia paramilitar se han enriquecido con la concentración de tierras", dijo Cepeda, y agregó también que los "parapolíticos" siguen detentando el poder en muchas regiones.

Cepeda lamenta que el Gobierno colombiano intente presentarse ante la opinión pública internacional, y en particular en España, "como ejemplar y democrático, cuando es precisamente el que ha desarrollado una estrategia para dejarlo todo en la impunidad y en el silencio".

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“Gobierno le tuvo miedo a la justicia en aplicación de Ley de Justicia y Paz”: Petro
El Candidato del Polo aseguró que al gobierno no le ha interesado decir la verdad sobre "el genocidio que se cometió en Colombia"
Por El Espectador

El candidato presidencial del Polo Democrático Alternativo, Gustavo Petro, aseguró que la Ley de Justicia y Paz no ha cumplido con su cometido inicial que era la verdad, la justicia y la reparación.

Así reaccionó el Legislador a propósito del segundo informe que revela el centro internacional de Toledo en España sobre esta legislación.

"Lo que nos muestra este proceso es que este gobierno no quiso decir la verdad. Le tuvo miedo a la justicia, le tuvo miedo a la reparación de las víctimas, le tuvo miedo a la reconciliación", afirmó Petro.

El candidato del Polo insistió en que la extradición de los jefes paramilitares hacia Estados Unidos evitó que las víctimas fueran reparadas por los crímenes cometidos por estos grupos al margen de la ley en alianza con varios políticos colombianos.

"Estoy absolutamente convencido de que toda esta jauría en contra de la Corte Suprema de Justicia colombiana, la extradición de los paramilitares intentando acabar con la verdad a partir de sus confesiones y el hundimiento de la ley de víctimas que impidió la reparación real, fue promovida por los sectores sociales que le temen a la verdad, a la justicia y a la reparación.

“Ellos fueron cómplices del genocidio que hubo en Colombia y son los mismos que proponen perpetuar el gobierno", manifestó Petro.

Petro aseveró que si el país quiere lograr una verdadera reconciliación, debe enfrentar la verdad de los crímenes cometidos, negociar con los victimarios y reparar integralmente a las víctimas.

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El gobierno traidor de Uribe no asistirá a Unasur

Por Camilo Raigozo

El Ministro de Defensa colombiano Gabriel Silva, previendo los justos reproches de sus pares de Unasur por la traición de Uribe no solo a su país, Colombia, sino a Latinoamérica toda, no asistirá a la cumbre de Seguridad este 27 de noviembre en Quito. Enviará funcionarios de tercera.

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Uribe entregó recientemente la soberanía colombiana al imperio estadounidense para que use a su libre albedrío al menos siete bases militares en sitios estratégicos de donde buscará someter a los pueblos latinoamericanos.

En acto de desvergüenza desproporcionada, el mandatario colombiano además les otorgó a los estadounidenses humillantes prerrogativas e inmunidades, para que abusen con total impunidad, no solo de la población colombiana, sino también de los hermanos pueblos vecinos.

"Si vamos a ir a Quito a que nos insulten es mejor no ir, la discusión política internacional es bienvenida lo que no es aceptable nunca es un insulto a la dignidad nacional", enfatizó Silva. Increíble. El ministro de defensa de un gobierno traidor y sumiso hasta los tuétanos de los intereses estadounidenses defendiendo la "dignidad nacional”.

Con el cinismo infinito que caracteriza al gobierno de Uribe, el ministro agregó sin el más mínimo sonrojo: “Colombia es miembro de Unasur y ha demostrado la mejor disposición para que ese grupo se consolide y fortalezca en la región”.

Prosiguiendo sus insultos a la inteligencia y a la dignidad, por muy precarias que estas sean, Silva advirtió que Colombia continuará denunciando internacionalmente a Venezuela por la posible destrucción de puentes artesanales.

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“El país seguirá denunciando internacionalmente ese tipo de agresiones a la población civil de los dos lados de la frontera”, dijo sin ningún asomo de vergüenza.

Es paradójica la arrogancia del gobierno de Uribe y sus voceros, en este caso su ministro de Defensa y su canciller, ante sus pares latinoamericanos, con el servilismo y la docilidad con que maniobraron la anexión de Colombia a la potencia del norte.

Por su parte el ministro de Seguridad de la hermana república del Ecuador, Miguel Carvajal, respondió a la inquietud de su homólogo colombiano, Gabriel Silva, que "estas reuniones no son para agredir a ningún país, al contrario, son para avanzar en el desarrollo de medidas de confianza mutua".

Cabe recordar que el gobierno del presidente Rafael Correa en una actitud digna y heroica no permitió que Estados Unidos continuara mancillando la soberanía del pueblo ecuatoriano con la posesión de la base de Manta. Lección que la caterva de la “Casa de Nari” debería aprender.

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Parauribismo/
Condenado el general (r) Uscátegui por masacre de Mapiripán, Meta
Con información de la Fiscalía

Al resolver una apelación interpuesta por la Fiscalía General, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la absolución de primera instancia y condenó a 40 años de prisión y multa de 10 millones de pesos al general (r) Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, en la investigación por la masacre de Mapiripán (Meta), perpetrada por paramilitares en complicidad con la Fuerza Pública.

De acuerdo con la providencia del alto Tribunal, Uscátegui Ramírez, quien era comandante de la VII Brigada con sede en Villavicencio, es responsable de la coautoría de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo, y de secuestro agravado y falsedad material en documento público por funcionario oficial, conductas punibles por las que lo acusó en su momento la Fiscalía.

Sin embargo, el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá, primera instancia, condenó al oficial (r) por falsedad material y lo absolvió por los otros cargos.

Según las consideraciones del Tribunal Superior en lo relacionado con la actuación de Uscátegui Ramírez, “queda desvirtuado el argumento de incertidumbre que el juzgado de instancia atribuyó a la función de garante del procesado en orden a edificar la teoría de la duda”.

La Fiscalía sostuvo tanto en la acusación, como en la apelación que Uscátegui Ramírez tenía bajo su jurisdicción a las tropas del Batallón de Infantería Joaquín Paris, al mando del entonces coronel Hernán Orozco, con asiento en San José del Guaviare, a donde llegaron en aviones los miembros de las autodefensas.

Para el Tribunal, los pobladores de Mapiripán no fueron protegidos por las tropas regulares como era su deber constitucional y quedaron en completa orfandad a merced de los paramilitatres.

Los hechos que desembocan en la decisión de segunda instancia ocurrieron entre el 15 y el 20 de julio de 1997, cuando integrantes de las Auc provenientes de Urabá tomaron bajo su control a Mapiripán y torturaron y asesinaron a no menos de 49 personas. Muchos de los cuerpos de las víctimas fueron arrojados por los atacantes al río Guaviare.

Finalmente, la segunda instancia ordena la captura de Uscátegui Ramírez.

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Catatumbo, Norte de Santander
Autoridades no han cumplido con los compromisos firmados
Las comunidades campesinas sienten que las autoridades municipales, departamentales y de orden nacional les están faltando al respeto
Por Camilo Raigozo. Voz

Vista parcial de la tercera sección de la Mesa de Interlocución y Acuerdo entre las comunidades y el gobierno en San Caixto, N. de Santander. Foto Camilo Raogozo.

Los pasado 5, 6 y 7 de noviembre, en el corregimiento La Quina, municipio de San Calixto, Norte de Santander, se desarrolló la tercera Audiencia de Interlocución y Acuerdo, en el marco del cumplimiento de la hoja de ruta y trabajo pactada el 29 de agosto de este año, entre los gobiernos municipales, departamental y nacional y las comunidades campesinas del Catatumbo.

En esa ocasión, firmaron los compromisos con los campesinos el gobernador de N. de Santander William Villamizar, la Secretaría de Gobierno, cinco alcaldes municipales, seis personeros, un buen número de diputados y concejales, un representante de la iglesia, la Vicepresidencia de la República, el Centro de Coordinación de Desarrollo Integral de la Presidencia de la República, entre otras autoridades.

Sin embargo dos meses después de firmados dichos compromisos, estos solo han quedado en el papel. Muy poco o casi nada les han cumplido las autoridades a los labriegos que tienen que hacer enormes esfuerzos para desplazarse hasta los sitios de las audiencias.

“Vemos que los gobiernos nacional, departamental y municipal, están dilatando el cumplimiento de los compromisos adquiridos con nosotros los campesinos. Esto nos tiene bastante preocupados, porque ya llevamos la tercera sesión de la Mesa de Interlocución y Acuerdo y hasta ahora todos los compromisos están en el papel”, le dijo a VOZ Juan Carlos Quintero, líder de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat.

“Hay mucha falta de voluntad política de parte de las autoridades de Norte de Santander. Ni siquiera han cumplido el punto más sencillo que era una ayuda de emergencia para las familias en riesgo de desplazamiento por la erradicación forzosa de los cultivos ilícitos”, agregó Quintero.

Al respecto, Margarita Silva, secretaria de gobierno del departamento, argumentó que la gobernación no ha podido vender con rapidez algunos activos de donde saldría una “platica” para las ayudas.

También se quejó que parte del incumplimiento en este punto se debía a la disminución considerable del consumo de cigarrillos y de cerveza y por lo tanto los recaudos de estos impuestos han sido precarios. De los alcaldes comprometidos, uno solo estaba presente: el anfitrión.

Otros tres estuvieron de visita en el lugar el 6 de noviembre. Cuando los campesinos les preguntaron el motivo del incumplimiento de los compromisos firmados dieron muchas disculpas y se marcharon.

Denuncian asesinatos del Ejército

“Hoy 7 de noviembre se están cumpliendo tres meses del crimen del vicepresidente de la junta de acción comunal de la vereda El Suspiro, corregimiento de San Juancito, municipio de Teorama, Raúl Navarro, quién fue asesinado por miembros del Ejército Nacional.

“Hace 45 días, también a manos del Ejército fue asesinado el campesino Freddy Canaguaro, organizador de cuatro juntas veredales de acción comunal. Cuando su cuerpo fue encontrado ya estaba irreconocible.

“Los asesinos lo torturaron de forma demencial. Le sacaron los ojos, los dientes y lo degollaron. Estos crímenes están impunes. No queremos que el Ejército nos siga asesinando”, le dijo a VOZ un dirigente campesino de Teorama asistente a la audiencia.

Para José del Carmen Abril, presidente de Ascmcat, “lo que vemos es una comunidad campesina catatumbera dispuesta a continuar la unidad y la organización para defender nuestros derechos y nuestros territorios, que no está dispuesta a dejarse manosear por las diferentes esferas del gobierno.

“No estamos dispuestos a permitir que los paramilitares y el Ejército nos asesinen y nos desplacen como ha ocurrido en el pasado reciente. Por eso hacemos grandes esfuerzos para que las autoridades nos escuchen. Nosotros esperamos que no nos vayan a defraudar nuevamente”.

Por su parte Juan Pablo Tellez, otro líder campesino de Ascamcat, opinó para este medio que “esta tercera sección de la Mesa de Integración y Acuerdo nos deja una esperanza de la integración de los pueblos del Catatumbo, ya que es la partida de la-

unidad entre los municipios en lo que tiene que ver con la resistencia campesina para defender el territorio, los recursos naturales y energéticos, como también para construir un Catatumbo en paz y una vida digna para cada uno de los habitantes de esta región del país”.

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Presidente de la Corte Suprema le respondió a Uribe
La Corte no va responder agravios: Augusto Ibáñez
Por El Nuevo Siglo

El magistrado aseguró que no ha mentido y que el alto Tribunal todavía considera inviable la terna para Fiscal como inviable

“La Corte no va responder agravios ni a repetir una lección que ya está absolutamente clara. Para mí este es un capítulo que ya tiene todos los pie de página puestos y hasta agresiones tiene ese capítulo, para ya está superado”, dijo ayer el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez.

Así le respondió Ibáñez desde Madrid, España, donde acude junto al vicepresidente de la corporación, Jaime Arrubla, al foro Parapolítica, extradición y paz en Colombia, al presidente Álvaro Uribe, quien lo había tildado de mentiroso.

Ibáñez afirmó que no es un mentiroso y manifestó que la Corte no ha cambiado de postura en cuanto a la terna para Fiscal, por lo que aún sigue inviable. “No quiero estar en ninguna otra discusión con ninguna autoridad pública”, destacó el magistrado.

En cuanto a la solicitud hecha por el Gobierno para que el Procurador medie entre los poderes Ejecutivo y Judicial, el presidente de la Corte aseguró que están abiertas las posibilidades para tender canales de diálogo.

“Bienvenido todos los canales que puedan tender puentes. La Corte nunca ha cerrado ningún puente, yo soy una persona totalmente abiertamente al diálogo”, expresó.

Por otra parte, Ibáñez se refirió a las críticas hechas por las funciones que ha venido realizando el fiscal encargado Guillermo Mendoza. “Lo que hay es Fiscal, y lo que hay es Fiscalía”, señaló el magistrado.

El domingo y el lunes el Gobierno expidió dos comunicados en los que contradijo las declaraciones del magistrado Ibáñez, según las cuales la Corte en una reunión con el jefe de Estado le dijo que no bastaría con la renuncia de Juan Ángel Palacio a la terna para que se escogiera el Fiscal General en propiedad.

“El tema correspondiente a la Fiscalía no duró más de dos o tres minutos. El señor Presidente nos comentó que había una renuncia de uno de los integrantes de la terna y dijo que eso allanaría el camino.

Sencillamente se le respondió que era necesario reflexionar sobre toda la terna. Luego pasamos a otro tema”, dijo Ibáñez en una entrevista con el periódico El Espectador.

Esta declaración fue respondida por el presidente Uribe, quien dijo que “es muy grave para las instituciones de Colombia que el presidente de la Corte Suprema de Justicia esté diciendo mentiras de las conversaciones que ha sostenido con el Presidente de la República”.

Esta no es la primera vez que el presidente de la Corte Suprema se queja de los planteamientos agresivos por parte del presidente de la República.

A principios de este mes, Ibáñez también dijo que el alto Tribunal no respondía los insultos por parte de Álvaro Uribe, quien había calificado a la Corte, en una alocución presidencial, como hipócrita por actuar de paredes hacia dentro sin darle la cara al país, por no escoger el fiscal general.

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Con éxito se realizó en Bogotá el Foro Contra el Hambre y la Pobreza
Por Jerga

Con la asistencia de delegadas de Argentina, Ecuador y organizaciones femeninas, sociales y populares de Bosa, Ciudad Bolívar, Soacha, Estudiantes y Desplazados, se realizó el pasado viernes 13 de noviembre en la sede tecnológica de la universidad Distrital el Foro Contra el Hambre y la Pobreza en Latinoamérica, evento paralelo a la Cumbre de la FAO en Roma.

Por iniciativa popular y con el auspicio de la Universidad Distrital el pasado 13 de noviembre los asistentes al Foro intercambiaron experiencias de lucha contra el hambre tanto en lo rural como en las ciudades.

Fue enfático el rechazo a las políticas actuales del Gobierno como “Agro Ingreso Seguro, Acción Social, Red Juntos, Comedores Comunitarios y otros, que sólo han aumentado la exclusión y derivado en más dolor familiar, sobre todo para los más de 4 millones de desplazados que van de institución en institución mendigando atención.

Enith Flores de la Asamblea de mujeres populares y diversas del Ecuador hizo hincapié en la necesidad de articular las luchas contra el hambre y por los derechos humanos en todo el continente y reflejó en su exposición la situación de atropello que se sigue dando contra la mujer y que se manifiesta entre otras formas con la carencia de nutrición adecuada.

María Elena Saldíez de Attac Argentina demostró la importancia en la lucha contra el hambre el que se dirija la “taza Tobin” a atender las necesidades de los pueblos y fundamentalmente, a construir alternativas alimentarias ambientalmente equilibradas. Propuesta y compromiso que se debe “trabajar con una iniciativa globalizada popular”.

Las exposiciones e interrogantes más que dirigirse a las cifras del hambre en Bogotá, Colombia y Latinoamérica, subrayaron la necesidad de crear políticas populares en torno a la alimentación limpia y recuperar urgentemente la tierra para la producción de alimento.

En ese sentido la intervención de Ismael Mestre vocero de los desplazados señaló como determinante en las causas del hambre la concentración de la tierra productiva por parte de sectores armados al servicio de los terratenientes “que ya no son fuerzas oscuras, todos las conocemos”, dijo.

Precisamente la revista semana reveló en publicación reciente cómo subsidios del Estado se dirigieron a cooperativas dirigidas por paramilitares en el sur de Bolívar, para cultivo de palma aceitera allí mismo en donde han sido desplazadas más de 47 mil personas en los 2 últimos años.

Subsidios que fueron complementados con el acompañamiento financiero en dólares por parte de la Usaid, (Departamento de Estado Norteamericano). Precisamente cuando el Programa Mundial de Alimentos de la ONU dice que: “En los próximos 60 segundos, 10 niños morirán de hambre” y ya son 1.020 millones de hambrientos en el mundo.

En Colombia la Unicef reconoce que anualmente se mueren por desnutrición 20 mil infantes menores de cinco años.

Recientemente la Cepal reconoce que ya son 189 millones de personas los que padecen física hambre en Latinoamérica.

Los recicladores presentaron su visión de agroecológica con su experiencia en el proceso de transformación de residuos orgánicos que en Techotiva, (nombre que los indígenas Muiskas dieron al sector de Kennedy) utilizan para la siembra de hortalizas y vegetales en huertas caseras y espacios comunitarios.

Rosa Poveda, de Mercados Populares Campesinos expuso la dinámica que se viene implementado en los diferentes espacios públicos o privados para exponer los alimentos frescos traídos directamente por el cultivador desde veredas del interior del país.

El Foro en general manifestó contundente rechazo a la ocupación de las bases militares colombianas por fuerzas militares dirigidas y orientadas desde el Pentágono.

Los delegados de las diferentes organizaciones hicieron un llamado urgente a seguir denunciando la tragedia del hambre como la que sufren más 9 millones de personas que se mueren lentamente en cruda miseria, en las ciudades y el campo colombiano.

Es necesario realizar encuentros locales contra el hambre y la pobreza para tener mejor coherencia en sus criterios y precisos datos. Seguir fortaleciendo el proceso organizativo comunitario que permitan una cartografía del hambre y de los ejercicios populares que se hacen en torno a soberanía alimentaria; además continuar desarrollando prácticas Agrourbanas Sanas.

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El régimen colombiano es torturador
Entre julio de 2003 y junio de 2008 fueron torturadas en Colombia al menos 899 personas de las cuales 833, el 92,6 por ciento, fueron cometidas por agentes del Estado
Por Camilo Raigozo. Voz

A Lily Johana Oviedo el Ejército no solo le asesinó al esposo, sino que la tiene sometida junto a su hija a una persecución implacable. Con valentía ella autorizó la publicación de esta foto, pero advertimos que sí algo les ocurre a estas dos colombianas el único responsable es el Ejército. Foto Camilo Raigozo.

“Soy Lily Johana Oviedo. Vengo desplazada de la ciudad de Buga, Valle del Cauca. En la madrugada del 13 de noviembre de 2005, llegaron a mi casa miembros del Batallón Agustín Codazzi, con sede en Palmira en el mismo departamento sur colombiano.

“Nos sacaron violentamente a mi esposo, a mi hija y a mí y nos torturaron de forma brutal durante al menos dos horas. Luego se llevaron a mi esposo aún con vida, mientras ignoraban las súplicas mías y de mi hija de que no le fueran a hacer nada.

“A las dos horas de haberlo secuestrado las tropas informaron que lo habían dado de baja en combate.

“Desde esos momentos, el Ejército nos ha sometido a mi hija y a mí a torturas sicológicas por los acosos, amenazas y persecuciones a que nos tiene sometidas. Nos prohibieron terminantemente que denunciáramos los hechos criminales ‘o que nos atuviéramos a las consecuencias’.

“Como me he atrevido a denunciar el caso ante organismos de derechos humanos y autoridades competentes, los militares persisten en llevar a cabo sus amenazas. Hace poco intentaron secuestrarme nuevamente pero por fortuna me salvé de milagro.

“Desde la fecha en que asesinaron a mi esposo prácticamente mi hija y yo hemos permanecido prisioneras en los sitios de vivienda, los cuales hemos tenido que cambiar frecuentemente. Una de las consecuencias es que mi hija no ha podido estudiar por el apremiante peligro que corre al salir a la calle”.

Tal vez en el momento de escribir esta nota Lily Johana y su hija hayan tenido que abandonar el país para salvar sus vidas, ayudadas por organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes le dijeron a VOZ que “su salida es inminente y pronta dado el grave peligro que corren de permanecer en el país”.

Como el anterior, existen por lo menos otros 833 casos en el que la Fuerza Pública u otros agentes del Estado son los responsables. Sobra decir que en dichos casos reina la impunidad.

El pasado 11 de noviembre la Coalición Colombiana Contra la Tortura presentó su informe anual sobre el comportamiento de este crimen de lesa humanidad en Colombia, el cual arrojó cifras escalofriantes sí se tiene en cuenta que casi en su totalidad, el 92.6 por ciento, fueron cometidos por agentes del Estado y que la impunidad raya el cien por ciento.

El informe da cuenta entre otros datos, que entre julio de 2003 y junio de 2008 fueron víctimas de tortura por lo menos 899 personas, de las cuales 229 quedaron con vida, 502 fueron asesinadas y 168 fueron víctimas de tortura psicológica. De los 296 casos en que se conoció la edad de la víctima, el 30,4 por ciento, 90, fueron niñas y niños.

De 793 casos en que se logró conocer el sexo de las víctimas, 685 fueron hombres, 86,3 por ciento y 108 fueron mujeres, 13,6 por ciento.

Así mismo el documento dice que el 50,6 por ciento de los casos fueron perpetrados directamente por agentes estatales y por omisión, tolerancia, aquiescencia o apoyo a los paramilitares, el 42 por ciento. Las guerrillas fueron halladas culpables de 49 casos, es decir el 7,4 por ciento.

La Coalición identificó los siguientes patrones incidentes en el crimen de tortura:
Primero, la tortura como medio de persecución política, en el marco de detenciones, con el propósito de obtener una confesión o información, segundo, como método de-

sometimiento de la población carcelaria, tercero, como mecanismo de discriminación por razones étnicas, de ideología política, de género, de edad o de orientación sexual, cuarto, como forma de control social y para sembrar terror en las comunidades, quinto,-

como instrumento de represión de la protesta social (uso de la fuerza en manifestaciones públicas), sexto como método de sometimiento contra las personas secuestradas y séptimo como parte de la instrucción de miembros de la fuerza pública.

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Seguridad narcocrática/
Asegurados un capitán y un soldado por "falsos positivos"
Por camilo Raigozo

Continúan apareciendo casos de ejecuciones extrajudiciales mal llamados falsos positivos cometidos por miembros del Ejército Nacional.

Según información suministrada por la Fiscalía, el 30 de mayo de 2006, en zona rural de Santa Bárbara, Antioquia, una patrulla militar reportó la “muerte en combate” de Diego Silver García Suaza, y la captura de Álvaro de Jesús Ríos Zapata, quienes supuestamente se enfrentaron al ejército.

Un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH profirió medida de aseguramiento contra el capitán Elkin Ricardo Prieto Sánchez y del soldado profesional Marino Aragón Rentería, por su presunta responsabilidad en el homicidio de García Suaza y en la tentativa de homicidio de Ríos Zapata.

Este último declaró ante la Fiscalía que él y sus compañeros fueron llevados con engaños por un soldado hasta el lugar de los hechos, y que una vez allí fueron baleados por los militares.

La Fiscalía sostiene que en ese mismo proceso y por los mismos delitos ya fueron asegurados otros militares, entre ellos un mayor.

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Por negarse a practicarle un aborto a una menor violada Supersalud impone primera sanción a EPS Coomeva
Por Brújula comunicaciones

La Superintendencia Nacional de Salud sancionó a la EPS Coomeva con una multa de 750 salarios mínimos legales vigentes, por negarse a practicar una interrupción voluntaria del embarazo -IVE- a una menor violada, argumentando objeción de conciencia.

Bogotá 23 de noviembre de 2009.- Mediante un derecho de petición radicado ante la Superintendencia Nacional de Salud, la organización Women’s Link Worldwide conoció que, a través de la Resolución No. 168 del 29 de julio de 2009, la EPS Coomeva fue sancionada con una multa equivalente a 750 salarios mínimos legales vigentes, por negarle la interrupción del aborto a una menor violada.

El caso se registró en Cúcuta, y corresponde a una adolescente de 13 años quien quedó embarazada producto de una violación y solicitó, en compañía de su madre, la interrupción del embarazo.

Aún cuando su caso se enmarcaba en los reconocidos desde 2006, la práctica le fue negada en más de 7 ocasiones por diferentes prestadores de salud. Mientras el tiempo transcurría entre hospitales y juzgados, la víctima intentó suicidarse en varias ocasiones.

La Superintendencia Nacional de Salud, dando cumplimiento a la sentencia T-209 de 2008 y del auto 279 de 2009 de la Corte Constitucional también abrió investigación administrativa contra cada una de la IPS que le negaron la práctica de la IVE a la menor vulnerando sus derechos fundamentales.

Las IPS de Cúcuta que en este momento están siendo investigadas por la Supersalud son: ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz, IPS Clínica Santa Ana S.A., IPS Clínica San José de Cúcuta, IPS Clínica Médico Quirúrgica, IPS Clínica Norte S.A., Fundación Mario Gaitán Yanguas.

Mónica Roa, directora de programas de la organización Women´s Link Worldwide se pronunció: “las mujeres colombianas deben tener presente que la Sentencia C-355/06 de la Corte Constitucional que reconoce el derecho a optar por una IVE en tres circunstancias, está vigente.

“Por lo tanto, pueden hacer uso de este derecho. De la misma manera, los médicos, prestadores de salud y jueces deben recordar que la Sentencia es explícita al decir que la objeción de conciencia es individual y no colectiva, ni institucional, ni judicial, ni de funcionarios públicos; en materia de interrupción voluntaria del embarazo, sólo pueden ejercerla los profesionales de la salud directamente involucrados en el procedimiento”.

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Parauribismo/

Paramilitares amenazan a activista de derechos humanos en Barrancabermeja

Por Camilo Raigozo

Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos, Afaddes, denunció públicamente a través de un comunicado que el pasado 18 de noviembre en horas de la tarde Luz Elsia Almanza, coordinadora de-

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esta organización en el puerto petrolero recibió en su celular un mensaje de texto en el que la señalan como objetivo militar, por parte de paramilitares autodenominados “autodefensas gaitanistas”.

El pasado domingo 22 de noviembre empezó a circular el rumor en Barrancabermeja de la existencia de una supuesta “lista negra” con nombres de personas próximas a ser ejecutadas por parte de las cuadrillas paramilitares, en las cuales figura el nombre de Luz Elsia Almanza.

La seccional de Asfaddes en Barrancabermeja ha venido siendo amenazada y hostigada constantemente hasta el punto de haber tenido que cerrar sus oficinas temporalmente.

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A finales de 2006 el Concejo de Coordinación Nacional tomó la decisión de reabrirlas siendo elegida por los familiares asociados Luz Elsia Almanza, cuyo compañero sentimental Ricki Nelson García fue desaparecido forzosamente el 16 de mayo de 1998.

El 17 de julio de 2008, uno de los hijos menores de edad de Almanza, quien se encontraba en la cancha de fútbol del barrio el Campin de Barrancabermeja, fue retenido a la fuerza por hombres fuertemente armados que se movilizaban en motos. “Cuídese que nosotros sabemos que hace su mamá”, le dijeron.

Según el comunicado de Asfaddes, en lo que va corrido de 2009 Luz Elsia Almanza ha sido hostigada constantemente. Su casa es vigilada y a ella la han abordado sujetos que se identifican como paramilitares que la amenazan por el trabajo que lidera en la seccional.

El pasado domingo 15 de noviembre, cuando se encontraban en Barrancabermeja Gloria Gómez, coordinadora general de Asfaddes, Cesar Muñoz y Diego Castillo, del área de comunicaciones de la-

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Asociación, en compañía de personas de la organización internacional Swefor, realizando trabajos periodísticos, en la sede de la USO, fueron hostigados y vigilados por sujetos con radio de comunicación que también intentaron ingresar a las instalaciones.

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Sabotaje del DAS al Encuentro Nacional e Internacional por el Acuerdo Humanitario y la paz
La acción inmediata de los participantes al evento lograron evitar la posible desaparición forzada o de otro mal llamado falso positivo de líder campesino
Por Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes

Una multitud de 5.000 personas que marcharon en Cali el trece de noviembre pasad, rompiendo el silencio impuesto por la "seguridad democrática" que señala a quien se oponga a su fundamento guerrerista como integrante de las FARC-EP, instalaron un espacio democrático, reflexivo, multitudinario, abierto denominado “Encuentro Internacional por el Acuerdo Humanitario y la Paz”.

Este espacio, que culminó el 15 de Noviembre, coloca nuevamente sobre la mesa los deseos de los colombianos honestos, dignos y trasparentes por avanzar hacia una salida política negociada al conflicto social armado que vive Colombia.

Desafortunadamente este anhelo colectivo de mujeres y hombres colombianos, intentó ser opacado por la criminalidad de la seguridad democrática, cuando durante la realización del encuentro, tres supuestos agentes del DAS mediante engaños intentaron sustraer del evento, a un líder campesino y luego intentaron por la fuerza subirlo a un taxi.

De esa práctica totalmente ilegal, por parte de agentes del Estado, ya se conocen varias experiencias que han terminado con la desaparición forzada.

Es Insólito que el intento de desaparición forzada perpetrado por las fuerzas al servicio del estado se justifique señalando al indefenso líder, campesino y defensor del derecho internacional de los derechos humanos, de ser miliciano de las FARC-EP.

Ahora los victimarios (los agentes del DAS) quienes gozan del amparo de todo el poder concentrado en la presidencia de la República, se presentan como víctimas de una muchedumbre animada por el líder campesino agredido, como lo señala un comunicado del DAS.

El líder campesino Iván Danilo Alarcón Quiceno, socio activo de la Asociación Pro constitución Zona de Reserva Campesina del municipio de Corinto, departamento del Cauca, fiscal de la misma; es ampliamente reconocido en su comunidad como líder que trabaja por el mejoramiento de las condiciones de vida de su comunidad.

Es de anotar que la población del municipio de Corinto actualmente son objetivo del guerrerismo de la política se Seguridad Democrática, que recae sobre la población civil, manifiesta en hechos como los sucedidos el primero de agosto de 2009, denunciados en su momento por la RED de Derechos Humanos “Francisco Isaías Cifuentes”.

Cuando posterior un ametrallamiento indiscriminado en la zona rural del municipio de Corinto por parte de la fuerza aérea, el mismo campesino Iván Danilo Alarcón, junto a los campesinos Libia Noscue Culcue, Jairo Antonio Millán, Gerardo Campana y Hernando Coicue, fueron detenidos arbitrariamente por un grupo de policías pertenecientes al grupo Omega, quienes llegaron a la vivienda donde se resguardaban estas personas del ametrallamiento.

Detención que duró alrededor de hora y media con golpes y humillaciones, y en la cual los policías fotografiaron sus rostros y sus documentos de identificación.

El sabotaje por parte del DAS a las iniciativas ciudadanas de paz es una constantes en el accionar de esta institución, cuestionada históricamente por la participación de funcionarios de esta institución en el genocidio de la Unión Patriótica, por la violación sistemática de la Constitución Nacional y a partir del 2002, desde la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, por los vínculos con el paramilitarismo.

En Colombia se institucionalizó una política de delación que incluye el pago de recompensas en dólares para quienes denunciaran a supuestos alzados en armas. Política que desencadenó un sinnúmero de falsas acusaciones que llevaron a la cárcel a muchas personas inocentes que luego tuvieron que dejarse en libertad.

El DAS no ha sido ajeno a esta política, así como no ha sido ajeno a favorecer con fraude electoral el triunfo de Uribe Vélez como fue confesado por el exjefe de informática del DAS, de otra forma el mismo exjefe de informática del DAS declara que el DAS conocía los aportes realizados por algunos grupos paramilitares a la campaña de Uribe.

A esto se suman los escándalos por las conocidas “chuzadas” telefónicas y seguimientos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas y defensores de Derechos Humanos.

Esta es la institución, adscrita de la Presidencia de la República, ahora presentada como víctima del ataque de ciudadanos Colombianos. Quienes llegaron en operaciones encubiertas, dotados con armas de fuego, actuando dentro de la ilegalidad fueron los miembros del DAS.

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Por incumplimientos del Gobierno desplazados harán nuevas protestas en Bogotá
Por Hernán Durango

Las familias de desplazados por el conflicto interno que sacude a Colombia convocaron una concentración para el día jueves 19 de noviembre de 2009 a partir de las 9 de la mañana frente a las instalaciones de la Procuraduría, en la calle 16 con carrera 5, en Bogotá.

Según informó José Mayorga, integrante de la Asociación solidaria Andas el objetivo de la jornada del 19 de noviembre es llamar la atención del órgano defensor de los ciudadanos para que haga cumplir las peticiones y exigencias de esta familias vulnerables amparados en la ley 387 de 1997 y sentencias de la corte constitucional, las cuales son desatendidas flagrantemente por voceros del gobierno.

Por su parte, las familias de desplazados que recientemente desocuparon el Parque del tercer milenio anunciaron la realización de un gran marcha el próximo viernes 20 de noviembre a partir de las 8 am desde el Parque El Tunal hasta la Plaza de Bolívar.

Sus voceros denuncian incumplimiento de lo pactado con autoridades referentes a las ayudas económicas para arriendo de vivienda, mercados de alimentos y proyectos productivos.

En días pasados se tomaron el Parque Lourdes en la carrera 13 con calle 63 y fueron atropellados por el Esmad de la Policía.

Reclaman al Programa Acción Social de la presidencia de la República, Acnur y Alcaldía de Bogotá materializar los acuerdos para poner fin al drama humanitario de los desarraigados. Contactos: José Mayorga celular 3142084868.

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Fiscalía tuvo que archivar proceso contra dirigente agrario de Santander
Por Camilo Raigozo

La Fiscalía Tercera de Bucaramanga procedió a archivar el proceso que se le seguía al presidente departamental de la Asociación Agraria de Santander, Asogras, Cesar Augusto Tamayo.

Asogras informó por intermedio de un comunicado que la Fiscalía recluyó a favor del líder campesino la investigación que cursaba en su contra por el delito de falsedad en documento privado, cuya demandante era la funcionaria del Ministerio del Interior y de Justicia del Programa de Protección a personas amenazadas, Eileane Súarez Tavera.

“Con esta determinación de la Fiscalía, se demostró la persecución que existe de parte de algunos funcionarios del Ministerio del Interior y de Justicia en contra de la Asociación Agraria de Santander, quienes venimos siendo golpeados por los grupos paramilitares que operan en Santander.

“A esto se suma la persecución por parte del Estado colombiano, del cual, cada vez que se pide la protección ante este Ministerio siempre se argumenta que los resultados de los estudios de seguridad arrojan ‘ordinario’, quedando desprotegidos los compañeros que están amenazados en este momento”, dice el documento emitido por Asogras.

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Repudio a la provocación del DAS al Encuentro por el acuerdo humanitario y la paz en Cali
Por Prensa PCC

La actuación irregular de dos agentes del DAS puso en riesgo la vida, la libertad y la integridad personal de los asistentes al Encuentro Nacional e Internacional por el Acuerdo Humanitario y la Paz en Colombia realizado en Cali los días 13,14 y de 15 de Noviembre.

El incidente se presentó el sábado 14 de noviembre en momentos en que los detectives Sandra Liliana Nieto Arzayus, Alexander Benavidez Monroy y Adonio Daza Velandia, pretendían detener a Iván Danilo Alarcón Quiceno, dirigente de la Coordinación Departamental Cauca del Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano y defensor de los derechos-

humanos, participante del encuentro, hecho que fue impedido por la respuesta decidida y solidaria de las delegaciones que repelieron la provocación reteniendo a los tres sabuesos para finalmente ser entregados a un funcionario de la personería de la ciudad.

La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes” mediante denuncia nacional e internacional responsabiliza al estado colombiano, y en particular al mayor general Justo Eliseo Peña Sánchez (Tercera División del Ejército de Colombia), al brigadier general Gustavo Adolfo Ricaurte Tapia (Comando de Policía Región 4 Sur Occidente)-

y a Felipe Muñoz Gómez (director del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS) por acción y omisión de serias violaciones a los derechos humanos. Y en especial por la vida e integridad física del ciudadano colombiano Iván Danilo Alarcón Quiceno, residente en la zona de operaciones de las unidades que dirigen.

Según reporte de Camilo fagua, integrante de la delegación bogotana en el encuentro y defensor de derechos humanos este multitudinario evento conto con la participación de más de 5.000 de delegados del todo el territorio colombiano entre quienes se encontraban la-

Senadora piedad Córdoba, Gloria Cuartas, Carlos Lozano Guillén, Iván cepeda, Alfredo Molano, José Noé Ríos entre otros de la delegación nacional, Jesús Jerónimo Aguilar, militante del FMLN, Charalampus eurodiputado griego, David Herrara del MAS de Bolivia, al evento se un sin número de organizaciones sociales en Colombia y el exterior que trabajan por la construcción de la paz en el país.

El Encuentro Nacional e Internacional por el Acuerdo Humanitario y la Paz en Colombia fue organizado por el mandato estudiantil por el acuerdo Humanitario y la paz y demás personalidades de Colombianos y Colombianas por la paz, comenzó con una gran marcha por-

la carrera sexta de la capital del departamento del Valle del Cauca hasta la universidad Santiago de Cali, luego del recibimiento en las instalaciones del Colegio Politécnico Municipal las diferentes delegaciones se instalaron en el campamento.

El objetivo principal de la cita era construir diferentes iniciativas por parte del movimiento social en Colombia que lograra la realización de acuerdos humanitarios como eje inicial de la construcción de la paz con justicia social en nuestro país.

Las discusiones se desarrollaron en los diferentes ejes de trabajo arrojaron como conclusión la necesidad de recuperar la agenda-

para la construcción de la paz, la importancia política del acuerdo humanitario, la urgencia de organizar en las diferentes regiones los comités de colombianos y colombianas por la paz, el papel primordial de los medios alternativos de comunicación frente a al monopolio de los-

canales privados, además de hacer énfasis la característica que hoy tiene el conflicto social y armado, y la poca voluntad política del gobierno nacional en dar un salida a este enfrentamiento de más de 60 años.

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