jueves, octubre 23, 2014

San José de Apartadó
Campesinos rechazan jornadas cívico-militares y denuncian abusos del Ejército
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El  Comité de Derechos Humanos de esta localidad en representación de las comunidades de esa región del país rechazó categóricamente la estrategia del régimen y su aparato militar de implementar las jornadas cívicomilitares en las que se infringe claramente el Derecho Internacional Humanitario, DIH, al poner en alto riesgo a la población civil.

Según la denuncia, se tiene conocimiento sobre la intención de la Brigada 17 de realizar una jornada cívico-militar que va de la mano de la Unidad de Víctimas de la región.

“Exigimos categóricamente el cumplimiento de las funciones del Estado en la que subscribe compromisos con las cartas internacionales como garante de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, ya que estas jornadas van en contravía de la prohibición por parte del Comité Internacional de los Derechos de los niños y porque además violan la ley 1098 del 2006, del Código de Infancia y Adolescencia”, advierte el documento.

Bajo esta perversa estrategia los militares intentan suplantar las funciones correspondientes únicamente a instituciones civiles como dicta la Constitución Nacional y las leyes.

“Hacemos un llamado a las instituciones del Estado para que vigilen los protocolos del manejo, recolección y destinación de la información que los habitantes de las comunidades suministran a Unidad de Víctimas, pues en la recolección de estas declaraciones ha sido notoria la presencia de miembros de inteligencia de la Fuerza Pública”, objetan las comunidades.

En septiembre anterior el sargento Franco Portilla, “victimario del Ejército”, hizo parte del grupo de funcionarios de la Unidad de Víctimas y recibió declaraciones de carácter privado de campesinos sobre abusos de la Fuerza Pública.

Este sujeto fue denunciado por las comunidades ante la Procuraduría sin que hasta el momento se haya hecho nada contra la conducta delincuencial de la inteligencia militar.

“Hacemos un llamado de urgencia a que se prohíban estas actividades, a que no se siga poniendo en peligro a las personas protegidas y a que se le ponga freno a muchas otras arbitrariedades,  como la militarización de la vida social civil, la escuelas, las aceras y zonas deportivas, en las cuales los niños y jóvenes son expuestos al constante peligro por la ocupación de la Fuerza Pública”, expresa la nota.

El documento recuerda que se han presentado enfrentamientos entre la insurgencia y el Ejército en los que han quedado en evidencia las violaciones al DIH y los peligros a los que son avocados los civiles.

Es el caso del pasado 6 de septiembre cuando en un enfrentamiento con la guerrilla el Ejército se parapetó violentamente en la iglesia y las viviendas  poniendo en peligro a los pobladores.

La denuncia afirma también que estas acciones son constantes y que incluso hay veredas en las que el Ejército acampa en las zonas civiles protegidas, someten a la población a interrogatorios ilegales y hacen señalamientos infundados como si tuvieran las funciones judiciales del Estado.

El pasado 10 de octubre en la vereda La Cristalina, la Fuerza Pública les prohibió a los campesinos realizar labores agrícolas en las fincas, el pastoreo de animales y los amenazó con atenerse a las consecuencias si no obedecía las órdenes.

En esa incursión los uniformados retuvieron  ilegalmente al labriego Jhon Eider Flórez, a quién sometieron a manipulaciones y presiones para que se autoincriminara como desmovilizado, sin que ninguna entidad del Estado.

Flórez fue dejado en libertad el 15 de octubre “porque no encontraron artimañas suficientes para vincularlo al falso proceso de desmovilización”.


Terrorismo de Estado
Impiden ingreso a defensor de derechos humanos a La Picota por llevar el semanario Voz
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El abogado defensor de derechos humanos Uldarico Florez Peña denunció que funcionarios del Inpec no le permitieron la entrada a la cárcel La Picota este 23 de octubre, por llevar entre sus documentos ejemplares del semanario Voz y El Silencio No es una Alternativa.

Los internos de La Picota habían acordado con el director de ese centro penitenciario el pasado 22 de octubre, que al día siguiente se garantizaría el ingreso a dicho penal de los abogados, defensores y congresistas, entre ellos el senador Iván Cepeda, a una reunión para hallar salidas a la grave crisis humanitaria carcelaria.

Sin embargo cuando Flores Peña pasó por el escaner la funcionaria del Inpec le impidió el paso con el argumento de que dentro de la documentación que llevaba para la reunión se encontraba el semanario Voz, donde hay un amplio artículo sobre los detenidos políticos y el sistema carcelario, y El silencio No es una alternativa.

Protesta de la población reclusa en Colombia

Desde el pasado 20 de octubre los prisioneros colombianos iniciaron una huelga nacional para exigirle al régimen, entre otros, los siguientes puntos:

Declarar la emergencia social y humanitaria del sector penitenciario en Colombia, así como la conformación de una comisión de alto nivel que atienda con urgencia los reclamos de los presos.

Apoyar el proyecto de ley que cursa en el Congreso sobre la rebaja de penas de hasta un 20% para todos los presos del país; mejorar las condiciones infrahumanas como el hacinamiento, la atención a la salud, aplicación de los subrogados penales, regionalización de los presos, acercamiento procesal y familiar, así como la no extradición de colombianos y la repatriación de los presos en cárceles extranjeras.


domingo, octubre 19, 2014

Presos del país entran en desobediencia civil por la crisis humanitaria que atraviesan las cárceles
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El Movimiento Nacional Carcelario, MNC, informó que desde hoy 20 de octubre de 2014 la población reclusa del país entra en huelga y desobediencia civil y parálisis de todas las actividades.

Según el MNC la protesta se presenta por la grave crisis que afrontan los presos a través del sistema penitenciario y carcelario, generada por la política criminal, injusta y excluyente.

“Esta política promueve la deshumanización al interior de las cárceles y por consiguiente incrementa el hacinamiento y la no atención en salud, la mala alimentación, instalaciones no aptas para seres humanos, poco personal para atender la demanda de los presos, demora en los trámites jurídicos y administrativos y la vulneración otros derechos mínimos fundamentales”, explica el MNC.

A renglón seguido dice que “Teniendo en cuenta lo anterior, desde el  Movimiento Nacional Carcelario hace  un llamado a la desobediencia nacional de los presos  de todo el país como alternativa posible de exigirle al gobierno nacional y demás ramas del poder una urgente solución a la problemática aquí citada”.

Los presos de Colombia exigen: la instalación de una meza nacional de concertación como espacio de diálogos del MNC, sociedad y gobierno para tratar la problemática penitenciaria carcelaria y judicial de los presos colombianos.

Declarar la emergencia social y humanitaria y solucionar inmediatamente la grave la crisis, así como rechazar la creación de más cupos carcelarios.

Igualmente exigen la aprobación del proyecto de ley 082, mediante el cual se rebajan las penas un  20 por ciento a todos los presos del país, sin que este quede supeditado al proceso de paz hoy llevado en la Habana, Cuba.

Visita de 8 horas para todos los establecimientos de alta seguridad; acercamiento familiar y procesal para todos los presos y dignificación de nuestras visitas; solución real, definitiva e inmediata a la grave situación de salud que padecen todos los presos del país.

Y finalmente abolir la extradición y repatriar a los colombianos presos en cárceles extranjeras.

Igualmente se supo que este lunes, defensores de derechos humanos, familiares de presos, estudiantes y otras organizaciones sociales harán un plantón en la cárcel La Picota en apoyo a los presos de Colombia.


Terrorismo de Estado
Pescas milagrosas del Ejército en Transmilenio para reclutar jóvenes pobres para la guerra
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El Ejército anda buscando desesperadamente miles de jóvenes pobres para meterlos en la guerra que mantienen la oligarquía nacional y extranjera, las mafias, los terratenientes, los industriales y las multinacionales, entre otros, contra el pueblo colombiano.

La gráfica de Notimundo muestra a dos militares ubicados estratégicamente en el sistema de transporte capitalino a la altura de la estación de la calle 80 con carrera 68, haciendo pescas milagrosas de jóvenes de estratos populares para obligarlos a prestarle el servicio militar a la oligarquía y demás clases dominantes.

En esta ocasión el aparato militar no utilizó camiones para realizar las llamadas batidas y secuestrar a centenares de muchachos, que después aparecen reclutados contra su voluntad en diferentes regiones del país sin que sus familiares tengan conocimiento, sino que apostados los reclutadores en el sistema de transporte masivo efectúa numerosas pescas milagrosas.

Cada año al menos 80 mil jóvenes pobres son obligados por el régimen a prestarle el “servicio militar a la patria”, que no es otra cosa que servirle a la oligarquía para reprimir al pueblo y protegerle sus privilegios y riquezas, así como los intereses de las transnacionales.

Según la Dirección Nacional de Reclutamiento del Ejército, de los 466.377 jóvenes reclutados entre enero de 2008 y diciembre de 2012, 377.765 pertenecían a los estratos uno y dos, la mayoría en extrema pobreza. Es decir el 81% de los reclutamientos forzosos eran jóvenes excluidos y de  escasos recursos.

Según datos del Concejo distrital emanados de un reciente debate de control político sobre reclutamiento en Bogotá, el 98% de las personas reclutadas se presenta en las localidades más pobres de la ciudad como Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Kennedy, Suba y la mayoría de jóvenes pertenecen a los estratos 0, 1, 2 y 3.

Así mismo los concejales advirtieron que entre el 2012 y el 2014 han sido reclutados 349 jóvenes de manera ilegal, violando 11 tipos distintos de normas que la Sentencia 728 de 2009 de la Corte Constitucional estableció, así como la Sentencia T-018/12 de la misma Corte.


domingo, septiembre 28, 2014

Terrorismo de Estado
Detención y empadronamiento ilegal del Ejército contra indígenas, defensores de derechos humanos y periodista
Por : Camilo Raigozo. Notimundo

El pasado 25 de septiembre tropas de la Brigada 18 del Ejército retuvieron y empadronaron de manera ilegal al periodista Darío Navas y a los defensores de de derechos humanos Pastor Mora y Javier Rojas.

El comunicador forma parte de la Red de Medios Alternativos, Rema, mientras que los defensores son miembros de la Fundación para los Derechos Humanos y el DIH del Oriente Colombiano, Dhoc.

Según la denuncia de Dhoc, los agentes represores del régimen no portaban insignias ni nombres que los identificaran.

Además los uniformados bajo el mando del subteniente Ramírez retuvieron de manera ilegal a tres imdígenas, entre ellos un niño, cuatro mujeres blancas  y 4 niños mestizos.

Los hechos ocurrieron en el asentamiento indígena en el municipio de Arauca, departamento del mismo nombre.

Según la denuncia, los defensores de derechos humanos y el periodista adelantaban un acompañamiento a las comunidades de ese lugar, las cuales fueron bombardeadas por el Ejército el 24 de septiembre anterior.

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domingo, septiembre 21, 2014

Campesinos del Catatumbo declaran Zona de Reserva Campesina por vías de hecho
Por Ascamcat

Una vez terminada la gran movilización pacifica por las calles de Tibu, donde también se le rindió homenaje a los cuatro campesinos asesinados en Ocaña por la fuerza publica, durante el paro del-

catatumbo en el 2013 los labriegos concentrados en la avenida principal, escucharon atentamente la lectura de la declaratoria de zona de reserva campesina (zrc) del catatumbo de labios de Elizabeth Pabon, una de las mas reconocida ludereza de la región.

La declaratoria fue recibida con gran complacencia y emoción por los participantes que una voz vitorearon la determinación e invitaron al pueblo tibuyano a que los respaldaran pues esta de esta manera le arrebataran el territorio a los terratenientes y a las empresas mineroenergericas.

Al final del documento se expresa: "Hoy anunciamos al mundo que el Catatumbo es y será para siempre en irrevocablemente, libre e independiente de cualquier dominación o potencia nacional o extranjera y no es, ni será jamas el patrimonio de ninguna familia o persona, en consecuencia, nos declaramos en zona de reserva campesina del Catatumbo"

Dias previos al evento, fueron instaladas dos vayas dando la bienvenida a la zona de reserva campesina del catatumbo, una en el municipio del Zulia vía a Tibu y otra sobre la vía La Gabarra.

Esta decision fue tomada por la asociación Campesina del Catatumbo Ascamcat, ante la negativa del gobierno nacional de cumplir con lo estipulado en la Ley 160 de 1994 que legitima las ZRC, así como de lo acordado con el campesinado en la Mesa de Interlocución y Acuerdo, luego de casi un año de discusiones.

Se desarrollaron 6 audiencias populares en Cartagenita (Convencion), en San Pablo (Teorama), El Tarra, La Gabarra (Tibu), San Calixto y en el corregimiento de San Jose de El Tarra (Hacari), con la participación de 2000 delegados de 300 veredas y sectores de la región del Catatumbo.

El area que se manera autónoma declararon como ZRC, comprende 246 veredas de siete municipios y se extiende en un area de 251.231 hectáreas y no traspasa las 188.479 hectáreas que proponen al pueblo bari y a otros procesos campesinos como de la region, como Territorio Intercultural del Catatumbo.

Así las cosas, la ZRC del Catatumbo fue declarada en el polígono de los municipios de Tibu, El Tarra, Teorama, Convención, San Calixto, Hacari y El Carmen que no tienen traslapes con las pretensiones de ampliación de resguardos indígenas del pueblo Bari. Fotos: Ascamcat

jueves, septiembre 18, 2014

Terrorismo de Estado
Asaltaron y robaron información a defensores de derechos humanos
Por: Camilo Raigozo. Notimundo

El pasado 16 de septiembre a las 6:30 de la tarde, cuando los defensores de derechos humanos Adriana Pastrana y Alberto Yepes, de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Cceeu, abandonaron las instalaciones de la ONG en el barrio La Soledad, para dirigirse a un evento sobre víctimas de desaparición forzada fueron asaltados por dos sujetos.

“Dos asaltantes uniformados con chaquetas impermeables de color azul oscuro, quienes se movilizaban en dos motos, los abordaron y dirigiéndose al coordinador del Observatorio,

"Alberto Yepes, tras requisarlo minuciosamente, le arrebataron la maleta en que llevaba su computador y les exigieron la entrega sus teléfonos celulares, partiendo luego velozmente con la amenaza de disparar si volteaban a mirarlos”, expresa el documento.

Esta es la segunda vez que integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de la Cceeu son víctimas de robo de equipos de información.

Alberto Yepes ha venido participando en diversos debates, audiencias públicas, foros y medios de comunicación, sobre casos de asesinatos a sangre fría cometidos por militares y otros agentes del Estado.

Igualmente participó en la reciente audiencia realizada en el Congreso de la República sobre la ampliación del fuero penal militar que busca cubrir con impunidad los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos por militares y policías, especialmente de alto rango.

Yepes también participó en la preparación del debate sobre paramilitarismo realizado en el Senado, así como en la audiencia de la Comisión Segunda de la Cámara sobre el fuero penal militar.

El nombre del Coordinador del Observatorio, Alberto Yepes, está incluido en la lista de 91 personas amenazadas por paramilitares autodenominados “águilas negras”, la cual circuló los pasado 8 y 9 de septiembre.

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lunes, septiembre 15, 2014

París, Francia
Organizaciones europeas y colombianas se adelantó con éxito campaña por la libertad de los presos políticos
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El pasado fin de semana, hizo presencia la campaña por la libertad de las y los prisioneros políticos de Colombia en la fiesta de la humanidad en Paris, Francia. Informaron los organizadores.

Con la participación del Movimiento Social y político Marcha Patriótica, el Partido Comunista Colombiano, Radio Cafe Stereo, la fundación Solidaridad Jurídica y la organización belga Intal, se dio paso nuevamente a la denuncia y la solidaridad con las y los prisioneros políticos colombianos.

Con el lema "Si al proceso constituyente, étnico, popular, amplio y soberano" también se continua con la campaña de apoyo al proceso de paz en La Habana, Cuba y de la asamblea nacional constituyente como fase principal de refrendación de los acuerdos realizados.

Hubo música, artesanías, debates y mucha solidaridad. Foto de la fuente.

¡Vamos por nuestros derechos!
IV Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina
Tibú, Catatumbo, 18-21 Septiembre de 2014
Por: Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez

La Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Ansorc, es un movimiento social campesino que congrega 54 organizaciones promotoras de Zonas de Reserva Campesina en Colombia,-

es un espacio de articulación y coordinación de organizaciones campesinas comprometidas con la defensa de los derechos humanos, la conservación ambiental, la defensa de la tierra y del territorio campesino.

Desde la Ansorc, creemos que las ZRC permiten, mediante la presencia institucional y el desarrollo de las políticas públicas del campesinado, el ordenamiento territorial, social, ambiental, económico y productivo de territorios campesinos.

Pese a las restricciones de política impuestas a las ZRC, esta figura ha demostrado ser una alternativa viable y eficaz en la estabilización de comunidades, el fortalecimiento de la economía campesina, la planificación concertada del desarrollo rural, el acceso a la tierra y la protección ambiental.

Desde la reactivación de las ZRC en el país (2010) con el inicio del gobierno de Juan Manuel Santos y en el marco de concertación con el Incoder, la Anzorc ha realizado tres encuentros nacionales de ZRC; éstos han fortalecido las propuestas de las organizaciones agrarias, la interlocución con la institucionalidad, la cooperación internacional y la academia.

Asimismo se ha exigido el cumplimiento de la Ley 160 de 1994 y se ha aportado a la visibilidad en la sociedad en general, de la importancia del sector rural para la vida del país.

El 2014 es un año decisivo y de importantes avances en la lucha agraria y popular por la democracia, el derecho al acceso a la tierra, la protección del territorio, el medio ambiente, la economía campesina, los derechos del campesinado y el avance hacia la paz con justicia social.

Diversos sucesos ocurridos el 2013 marcaron un hito para la lucha social y popular en Colombia; el paro agrario protagonizado en la región del Catatumbo con una duración de 53 días, marcó un precedente en la movilización social, popular y campesina, contando con un importante apoyo de población urbana en distintas ciudades del país.

El Paro Nacional Agrario determinó la necesidad de unificar esfuerzos de los distintos sectores de la ruralidad colombiana, concretándose en la conformación del espacio de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular. Este escenario de unidad, ha sido definitivo para las jornadas de movilización que se desarrollaron durante el presente año; y para la interlocución con el gobierno nacional.

En esta perspectiva, los movimientos sociales agrarios y populares, tenemos como aspiración seguir los procesos de interlocución con el gobierno nacional, pero sin dejar de lado la movilización permanente que conlleve satisfactoriamente a dar solución a las causas estructurales que dieron origen-

al conflicto social y armado, y a brindar las garantías necesarias para el ejercicio pleno de la democracia y la paz con justicia social; lo que nos impone la necesidad de fortalecer agendas interculturales que alimenten escenarios políticos de unidad.

En este sentido como todos los años desde el 2010, La Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc, celebrará del 18 al 21 de septiembre del 2014, en Tibú, Norte de Santander su IV Encuentro Nacional de ZRC, enmarcado en un periodo decisivo político para el país,-

un año para exigirle al gobierno el cumplimiento de los acuerdos y la ley 160 en materia de ZRC, justo a un año de la presentación de nuestra propuesta programática y el sistema nacional de ZRC, enviada a la mesa de negociación que se adelanta en la Habana, Cuba, entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC.

¡Somos ZRC, somos una iniciativa agraria de paz!

jueves, septiembre 11, 2014

San José de Apartadó, Antioquia
Denuncian asesinato de campesino y otros atropellos de militares y paramilitares
Por: Camilo Raigozo. Notimundo

El Comité de Derechos Humanos de San José de Apartadó denunció que el pasado 3 de septiembre fue asesinado el campesino Juan Cardona en la vereda Arenas Bajas.

Así mismo afirmó que desde el 25 de agosto anterior se han recrudecido las llamadas amenazantes y extorsivas contra varios líderes del Comité de Derechos Humanos de San José Apartadó.

Detrás de las amenazas se encuentran paramilitares autodenominados “autodefensas gaitanistas", quienes les ofrecen a los líderes cominitarios respetar sus vidas y las de sus familiares a cambio de gruesas sumas de dinero.

“La manera en que suceden las amenazas y extorsiones sistemáticas, dan cuenta de una estructura paramilitar compleja que opera desde el municipio de Apartadó y desde otras cabeceras municipales.

“Así por ejemplo, en días recientes fue amenazada una mujer líder de una de las veredas aledañas al Corregimiento. En esta ocasión le exigieron 20 millones de pesos", expresa el documento.

La líder se encontraba en el casco urbano de Apartadó y luego de recibir la llamada logró ponerse en contacto con miembros de la Comunidad de Paz de San José, quienes asumieron el acompañamiento humanitario y su protección.

Cuando se encontraba en las instalaciones de la organización para la defensa de los DDHH, recibió otra llamada en la que le advirtieron que no importaba el sitio que se encontrara pues ellos la estaban monitoreando todo el tiempo y que nada la salvaría.

Además existe una sistemática situación en que personas de civil, sin identificar, están haciendo inteligencia y preguntando por los movimientos de los líderes comunales, lo que pone en peligro la vida y la integridad de éstos.

Al mismo tiempo otras organizaciones para la defensa de los DDHH del municipio desplegaron personas para la verificación de la situación y al llegar al terminal de transportes, encontraron que por allí merodeaban varios miembros de inteligencia militar adscritos a la Brigada 17, en compañía de reconocidos paramilitares y “desmovilizados” de otros grupos que ahora hacen parte de la inteligencia castrese.

No es la primera vez que los agentes de inteligencia militar hacen presencia en los puestos de transporte público acompañados de paramilitares y colaboradores para atemorizar y ejercer tratos degradantes en contra de los pobladores que toman parte en la defensa del territorio y de los DDHH.

Po ejemplo, el 11 de mayo pasado a las 8:30 la mañana, mientras se iniciaba el segundo día de la jornada de trabajo en el marco de la realización de la Constituyente Regional del Urabá, fueron sorprendidos dentro de las instalaciones del coliseo Antonio Roldan Betancur del municipio de Apartadó, Franco Orlando Portilla Martínez, sargento segundo y Julio Cesar Sierra Ortiz, soldado profesional, quienes estaban armados y son miembros activos de la Brigada 17 del Ejército que opera en el municipio de Apartado, Antioquia, hecho que aún no ha sido investigado y sigue en la completa impunidad.

Igualmente el pasado 25 de agosto los criminales le enviaron un mensaje amenazante al celular del defensor de DDHH Arley Cartagena, miembro del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de San José de Apartadó,

“Denunciamos así mismo que Arley ha sido objeto de señalamientos públicos por parte de los altos mandos militares de la Brigada 17, quienes aprovechando los micrófonos de la emisora local han señalado a este campesino como el responsable de las denuncias que nuestro comité ha elevado por el mal comportamiento de esta unidad militar", expresa la denuncia.

Según afirma el documento, las investigaciones hechas por el Comité para los Derechos Humanos dan cuenta de un plan para asesinar a Arley Cartagena. 

Así han manifestado colaboradoresde la inteligencia militar en estado de embriaguez en lugares públicos del casco urbano de Apartadó.

Las unidades de inteligencia de la Brigada tienen pleno conocimiento de esta situación -afirma el documento- y han tomado parte en reuniones en las que se ha puesto precio a la muerte del defensor de derechos humanos.

martes, septiembre 09, 2014

Terrorismo de Estado
Acciones criminales del Inpec contra prisioneros en la cárcel de La Dorada, Caldas
Por: Camilo Raigozo. Notimundo

La Fundación Lazos de Dignidad denunció que el pasado 8 de septiembre a las 9:30 de la mañana, varios guardias ingresaron al pabellón 7 cuando los prisioneros realizaban labores de aseo en calma.

Los guardias informaron que se llevaría a cabo una requisa, la cual no se realizó, pero buscaron a los presos Boris Medina Payán y Duvián Ramírez a quienes agredieron con gas pimienta, patadas, puños y bolillo.

Los agresores fueron los dragoniantes Morales, Arcia, Sierra y Celis, quienes manifestaron sus acciones cobardes en presencia del teniente Uyola, el cabo González y el sargento José Olivarez, cómplices de los bandidos.

Luego de la golpiza, el dragoniante Celis, conocido por los prisioneros como “el torturador”, se dirigió al prisionero Daniel Guevara y le manifestó que él sería el próximo ya que conocía que se queja mucho ante las ONG.

Desde ese mismo día hasta la fecha, los prisioneros  Medina y Ramírez permanecen incomunicados en celdas de castigo.

El 3 de julio de 2014, la Fundación Lazos de Dignidad solicitó intervención de la coordinadora del Grupo de Derecos Humanos del Inpec, Ivonne Lagos Díaz, para que se investigara penal y disciplinariamente por la tortura y otras agresiones en contra del prisionero Boris Medina Payán, para quien también se pidió remisión inmediata a valoración médico legal, puesto que el 27 de junio de 2014, miembros de la guardia, en cabeza del dragoniante José Muñoz, insultaron, amenazaron e intimidaron a Medina.

Después los dragoniantes Muñoz, Arango, Valderrama y Robayo, el inspector Murcia y alrededor de 15 guardias, forzaron a Medina Payán a desnudarse y luego le rociaron gas pimienta en los genitales, le propinaron una fuerte golpiza y los sometieron a 6 días de aislamiento en celdas de castigo.

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Puerto Rico, Meta
Denuncian la desaparición de un campesino y su hijo, así como la libre actuación de paramilitares
Por: Camilo Raigozo. Notimundo

En la noche del pasado 28 de agosto, de la vereda La Sultana, municipio de Puerto Rico, Meta, desaparecieron, el labriego Robinzon Quintero Mahecha y su hijo Edwin Andrés Quintero Castro, de cuatro años de edad.

La denuncia fue hecha por la Fundación para los Derechos Humanos del Oriente y Centro Colombiano, Dhoc, quien junto alas comunidades señalan  a los paramilitares como autores del hecho, con la complicidad de la Fuerza Pública.

“En el municipio de Puerto Rico, en los últimos días se ha hecho visible la presencia de grupos paramilitares, quienes de forma descarada extorsionan a los campesinos con altas sumas de dinero por el hecho de poseer cultivos y algunas propiedades", dice el documento.

Las veredas más afectadas por las acciones criminales de los paramilitares son entre otras, San Vicente Bajo, Tierra Grata, La Lindosa, El Daríen, La Argentina y La Venada. Aunque esta zona está copada por tropas del Ejército los 'paras' actúan libremente.

Dhoc manifestó que las acciones criminales de los paramilitares han sido denunciadas en múltiples ocasiones ante las autoridades civiles y militares, locales, departamentales y nacionales, sin obtener ninguna respuesta. Las comunidades campesinas vuelven a estar solas frente a la perversa estrategia de paramilitarismo.

“Responsabilizamos al Ejército Nacional, a la Policía Nacional y las autoridades locales, de los hechos que estos grupos al margen de la ley puedan perpetrar en contra de la comunidad de este municipio", advierten los denunciantes.

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sábado, septiembre 06, 2014

Terrorismo de Estado
El Ejército intentó asesinar a un joven en Puerto Rico, Meta
Por: Camilo Raigozo. Notimumdo

El pasado 30 de agosto, cuando el joven José Antonio Fandiño Sánchez transitaba en su motocicleta en inmediaciones de Puerto Toledo, jurisdicción de Puerto Rico, Meta, fue atacado por el Ejército.

Según denuncia la Fundación para los Derechos Humanos del Oriente, Dhoc, miembros de la Brigada Móvil 4 del Ejército dispararon contra la humanidad de Fandiño Sanchez causándole dos heridas de bala, cuando se movilizaba en su moto por la vereda El Jordán.

Los agentes represores del régimen, no solo trataron de acabar con la vida del campesino, sino que una vez herido lo acusaron de ser guerrillero y trataron de obligarlo a firmar su “desmovilización" a lo cual el labriego no accedió.

La nueva víctima del terrorismo estatal fue trasladada al hospital de Villavicencio donde los galenos le preserbaron la vida. No obstante, durante todo el tiempo las tropas presionaron al joven para que se desmovilizara.

Al fallar el nuevo “falso positivo" y no lograr su cometido de obtener la “desmovilización" de la víctima, los uniformados no tuvieron más remedio que dejar al labriego en libertad, luego de haber infringido gravemente el Derecho Internacional Humanitario.

José Antonio Fandiño Sánchez denunció ante la Fiscalía
a los agresores por el delito de lesiones personales en persona protegida, a pesar de que fue claramente un intento de homicidio y una flagrante infracción al Principio de Distinción del DIH.

Actualmente cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca ampliar el fuero penal militar, impulsado por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el cual es una coartada para garantizar impunidad a crímenes y violaciones a los derechos humanos por parte de militares y policías, especialmente de alto rango.

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martes, septiembre 02, 2014

Abogado Reianldo Villalba,
defensor de derechos humanos.
Fuero penal militar
“El ministro Pinzón lo que quiere es que se garantice la impunidad sobre los graves crímenes de violación a los derechos humanos”
Por Camilo Raigozo. Notimundo

Así lo afirmó el abogado defensor de derechos humanos y miembro del Colectivo Alvear Restrepo, Reinaldo Villalba, en diálogo con Notimundo.

“Ese proyecto lo que pretende es que las graves violaciones a los derechos humanos sean conocidas en adelante por la justicia penal militar”, expresó Villalba.

Igualmente dijo que delitos como el homicidio y los mal llamados falsos positivos pasarían a la justicia penal militar. “Hay un literal que dice que todos los delitos contra la población civil, serían también de la competencia de la justicia penal militar”, advirtió.

Del mismo modo ocurriría con los delitos de espionaje o “chuzadas” cometidos por el Ejército y la Policía, como en el caso de Andrómeda.  Así mismo ocurriría con  todas las conductas que tienen que ver con graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

“Si el Congreso aprueba este proyecto, sencillamente estaría poniendo la firma para que los graves crímenes queden en la impunidad, dado que la justicia penal militar no es un tribunal ni imparcial, ni independiente y en cambio sí es una fuente primerísima de impunidad”, expuso el defensor.

A renglón seguido afirmó que “Es verdad indiscutible que en la justicia penal militar no hay ningún chance de que se produzcan decisiones ajustados a la justicia y en cambio sí se estimula, por la impunidad, la repetición de los crímenes”.

En el mismo sentido adujo que en el caso de que el Congreso llegase a aprobar el proyecto sencillamente se estaría abriendo la puerta para que la Corte Penal Internacional y otros tribunales externos  intervengan en Colombia.

Sobre el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, expresó que lo primero que hay que tener en cuenta es que fue él quien presentó este proyecto al Congreso de la República.

“El ministro Pinzón lo que quiere es que se garantice la impunidad sobre los graves crímenes de violación a los derechos humanos y no le está haciendo un favor a la fuerza pública, porque lo que está haciendo es acelerando la posibilidad de que instancias internacionales de justicia se ocupen de casos que la justicia colombiana está dejando en la impunidad”, aseveró Reinaldo Villalba.


 
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