jueves, noviembre 20, 2014

Parauribismo
Paramilitares reunieron forzadamente a todos los pobladores y los amenazaron
Por Camilo Raigozo. Notimundo

Los hechos ocurrieron en la mañana de este miércoles 19 de noviembre en los corregimientos de La Rica y Juan José, municipio de Puerto Libertador, Córdoba, mientras la fuerza pública miraba para otro lado.

Paramilitares fuertemente armados autodenominados “autodefensas gaitanistas” obligaron a la población de estos corregimientos a reunirse con el fin de amenazarlos, amedrentarlos y de sembrar el terror en la zona.

Los criminales acentuaron las amenazas contra el líder campesino Arnobis Zapata Martínez por ser quien preside la asociación de campesinos que resisten en su territorio contra las tropelías del régimen y su demencial estrategia militar-paramilitar.

Según la denuncia de la Asociación de Campesinos del Sur de Bolívar, Ascsucor, el dirigente campesino se encuentra en zona rural del corregimiento de Juan José sin ninguna protección por parte del Estado.

Zapata Martínez es defensor de los derechos humanos, presidente de Ascsucor y responsable de la Comisión de Organización y Control del Plan para el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica Departamental Córdoba.

Desde el mismo momento en que se fundó la asociación campesina Zapata ha sido objeto de una persecución constante por parte de las autoridades policiales, militares y paramilitares, quienes no escatiman esfuerzo para señalarlo, estigmatizarlo y amenazarlo.

Todas las acciones criminales contra la población y contra Arnobis Zapata han sido denunciadas ante las autoridades competentes sin que haya habido ninguna acción para impedir los atropellos y muy posiblemente para impedir el asesinato o la desaparición de los dirigentes campesinos.

martes, noviembre 18, 2014

Diálogos de paz
Un intento de rescate a sangre y fuego del general Alzate puede ser fatal para la vida del mismo y para los diálogos de paz
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) contempla en sus normas que en un conflicto armado interno como el que padece Colombia, el bando que intente rescatar a sangre y fuego a sus combatientes prisioneros en poder del enemigo es el responsable de lo que les pueda ocurrir a estos.

El pasado 16 de noviembre unidades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, FARC EP, capturaron como prisioneros al general del Ejército Rubén Darío Alzate Mora, a un suboficial y a una abogada de las fuerzas militares en el corregimiento Las Mercedes, distante 30 minutos de Quibdó, Chocó.

En un comunicado expedido este martes 18 de noviembre por Estado Mayor del Bloque Iván Ríos de las FARC-EP, confirmó ante el país y el mundo que efectivamente el general Alzate Mora y sus dos acompañantes se encuentran en su poder en calidad de prisioneros por efectos del conflicto armado.

En el comunicado las FARC EP expresan que conforme a lo dispuesto en el DIH, respetarán la vida, la dignidad y todos los derechos que poseen los prisioneros ordenados por el derecho de la guerra.

Sin embargo, de manera irresponsable el presidente Santos, su ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y la cúpula militar, admitieron que han desplegado un gran operativo por aire, tierra  y agua, para dar con el paradero de Alzate y los otros dos prisioneros.

Estos operativos aventureros de rescate a sangre y fuego pueden resultar fatales tanto para la vida del general Alzate Mora y la de sus dos acompañantes, como para el proceso de paz, que es precisamente lo que esperan los enemigos de la mesa de diálogos de La Habana, entre estos el uribismo y una parte de las fuerzas militares.

Sin duda un desenlace mortal en el operativo de rescate serviría como gran pretexto para que los guerreristas enemigos  de la reconciliación de los colombianos presionaran aún más la ruptura de los diálogos.


Conflicto social y armado
Las FARC EP confirman que el general Alzate Mora y quienes lo acompañaban son sus prisioneros
Pr Camilo Raigozo. Notimundo

En un comunicado del Bloque Iván Ríos de las FARC EP, esta insurgencia pone en conocimiento del país y el mundo que el brigadier genearl del Ejército, Rubén Darío Alzate Mora, fue hecho prisionero por sus unidades que patrullan el río Atrato. 

El documento advierte que el grupo insurgente garantizará la vida, la integridad y demás derechos de los prisioneros en su poder, siempre y cuando el Gobierno no intente un rescate a sangre y fuego.

A continuación el comunicado en su integridad: 

Comunicado Bloque Iván Ríos


El día 16 de noviembre, a eso de las 15:00 horas, unidades guerrilleras pertenecientes al Bloque Iván Ríos de las FARC-EP, en ejercicio de sus tareas de seguridad, interceptaron, en uno de los retenes móviles que mantienen a orillas del río Atrato, el bote en que se trasladaba el señor Brigadier General del Ejército Nacional, en servicio activo, Rubén Darío Alzate Mora, comandante de la denominada Fuerza de Tarea Conjunta Titán que opera en esta zona del país.

En compañía del general Alzate viajaban el cabo segundo del Ejército Jorge Contreras Rodríguez y la señora Gloria Urrego, abogada al servicio de la mencionada unidad militar. Una vez identificados plenamente, pese a vestir ropas civiles, los tres fueron capturados por nuestras unidades, en razón a que se trata de personal militar enemigo, que se mueve en ejercicio de sus funciones, en área de operaciones de guerra.

Más si se tiene en cuenta la responsabilidad que ocupa el general Alzate en el Ejército Nacional, como cabeza de una Fuerza de Tarea Conjunta, estructura diseñada por los mandos militares del Pentágono para la guerra frontal contra el pueblo de Colombia y su insurgencia armada. Son grandes las cuentas pendientes del general Alzate con la justicia popular. Seguramente su caso amerita un detenido examen en el que habrá que balancear muchas cosas.

Todos los días, en distintos lugares del país o el exterior, el Presidente Santos reitera la orden de arreciar con todo el poder del Estado contra las FARC-EP. Y eso pese a las conversaciones de paz que se adelantan en La Habana. Su ministro de defensa bufa una y otra vez sobre lo cerca que están de caer las cabezas de los mandos guerrilleros, asegurando que quienes salen a dialogar en la Mesa de Conversaciones lo hacen para huir de la muerte inminente.

Buscamos la paz porque hay un conflicto armado, reconocido legal y políticamente por el actual gobierno. La soberbia de la oligarquía la lleva a pensar que incluso en medio del proceso de paz, posee el derecho de matar y despedazar colombianos, de aterrorizarlos y aplastarlos, sin que estos tengan el menor derecho a responder a sus violencias. Sin cese bilateral de fuego, las que el Presidente llama reglas del juego, no pueden operar solo para las fuerzas del Estado.

Respetamos la vida e integridad física y moral de nuestros prisioneros y estamos plenamente dispuestos a garantizarlo hasta donde nos sea permitido por la ira estatal. Las cárceles del país están hacinadas de prisioneras y prisioneros políticos y de guerra. La solución a los grandes males que padece nuestra patria tiene que ser la del diálogo, siempre hemos estado dispuestos a ello. Sin imposiciones, respetando la condición política y personal de los adversarios.

No está de más advertir que estamos subordinados a las decisiones que adopten las instancias superiores de las FARC-EP.

Estado Mayor del Bloque Iván Ríos de las FARC-EP

Montañas de Colombia, 17 de noviembre de 2014

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lunes, noviembre 17, 2014

Foto: El Espectador
Diálogos de paz
Santos no es serio en los diálogos de La Habana
Por Camilo Raigozo. Notimundo

Según información de la prensa, este domingo habría caído prisionero en manos de las FARC EP el general Rubén Darío Alzate, comandante de la Fuerza de Tarea Titán del Ejército, en el olvidado departamemto del Chocó.

Al momento del cierre de esta nota las FARC EP no se habían atribuido el hecho, en el que también habrían perdido la libertad en acciones inherentes al conflicto un suboficial y una abogada asesora castrense quienes acompañaban al general.

El presidente Santos, el ministro de Defensa, la cúpula militar, los medios de comunicación del régimen y los enemigos de la paz, salieron inmediatamente a mentirle al país aduciendo de que había sido un secuestro, lo cual es falso, según las normas del Derecho Internacional Humanitario. Esto en el caso de que en veredad hayan sido las FARC EP.

Lo que estipula el DIH para el caso del conflicto armado interno, en el caso colombiano, es que a los combatientes de los ejércitos en contienda que pierden su libertad en poder del enemigo por acciones propias de la guerra no tienen el estatus de secuestrados, sino de prisioneros.

Sin embargo todo el establecimiento miente para tratar de ganar la guerra a punta de falacias.

A pesar de que el Presidente se ha negado de manera arrogante a pactar un cese bilateral del fuego, pese a la insistencia de las FARC EP, para evitar que hechos como el anterior ocurran y se pierdan más vidas de soldados, policías, guerrilleros y civiles, ahora pone lo anterior como pretexto para suspender los diálogos, lo cuál es falta de seriedad y de respeto para con los colombianos, principalmente para con las víctimas del conflicto.

Cabe anotar que es muy extraño que el general hubiera roto todos los protocolos de seguridad y se moviera vestido de civil y sin la escolta adecuada en una zona en la que hacen presencia ejércitos insurgentes y criminales paramilitares, además de la fuerte militarización del régimen para facilitarle el trabajo de despojo a los megaproyectos y a las transnacionales.

Respecto a lo anterior muchos sospechan que puede tratarse de una coartada de los enemigos de la paz para acabar con los diálogos de La Habana.

La inteligencia del Ejército le dijo a los medios que “este plagio se habría fraguado con anterioridad, ya que la información de un guerrillero integrante de las redes de apoyo de las Farc, habría sido clave para confirmar el desplazamiento del alto oficial a esa zona.

“Asimismo, planearon con anterioridad su vestimenta, ya que según lo confirmó el propio Ministro de Defensa, los subversivos estaban de civil al momento de la retención”.

Lo anterior es poco creíble ya que la que primero muere en la guerra es la verdad y el ministro Pinzón y la cúpula militar son muy dados a mentirle al país sobre la realidad del conflicto, empezando por las normas y definiciones del DIH, al insistir en llamar “secuestrado” a quien no lo es.

Además por las características del enfrentamiento armado y a la luz del DIH el general era blanco legítimo con o sin uniforme porque como combatiente se encontraba en zona de conflicto.

Así mismo las fuentes afirmaron que el Presidente, el ministro de Defensa y la cúpula militar, de manera irresponsable, dieron órdenes perentorias a sus tropas para hallar al general, lo cual pone en alto riesgo su vida al intentar un rescate a sangre y fuego.

Esto los hace responsables por lo que les pueda pasar a los prisioneros, si es que estos están en poder de la guerrilla

viernes, noviembre 14, 2014

Diálogos de paz
Guerreristas atacan al proceso de paz aprovechando desenlaces propios del conflicto
Por Camilo Raigozo. Notimundo

Hay que aclararle a la caterva uribista, a los medios de desinformación afines al guerrerismo y a los enemigos de la paz en general, que el Derecho Internacional Humanitario es claro en definir que los combatientes de uno u otro bando hechos prisioneros por el enemigo de ninguna manera pueden ser catalogados como secuestrados.

Según la definición que el Derecho Internacional Humanitario da para un conflicto armado interno, como es el caso de Colombia, es que los prisioneros, ya sean soldados o guerrilleros, es el de combatientes que perdieron su libertad por acciones del conflicto.

En ningún caso son secuestrados como esgrime Uribe, sus secuaces y los medios desinformativos de la oligarquía para atacar el proceso de paz de La Habana.

La caterva uribista exigiendo
más litros de sangre.
Foto Internet
El gobierno de Santos, presionado por las élites guerreristas, condicionó que los diálogos de paz se lleven a cabo en medio del conflicto.

Por lo tanto los soldados, policías y guerrilleros muertos, heridos o prisioneros, producto de la ardorosidad de los combates, son víctimas del régimen y de los guierreristas que se han negado a parar la barbarie pactando un cese bilateral del fuego.

La actitud de Uribe y sus seguidores al pedir la suspensión de los diálogos de paz de La Habana por el hecho de que dos soldados cayeron prisioneros en manos de las FARC EP en medio de combates en Arauca, es la expresión más cínica y descarada que individuo alguno pueda tener.

Quieren la continuidad de la guerra por los jugosos dividendos económicos y políticos que les representa y porque están seguros que no son sus hijos los que mueren o quedan seriamente heridos en los combates.

El pueblo colombiano que es realmente el que continúa pagado con lágrimas, sudor y sangre, la barbaridad de la guerra que las élites mantienen contra la mayoría de los colombianos, debe respaldar con firmeza la mesa de diálogos y exigir que se declare inmediatamente el cese bilateral del fuego para salvar las vidas de soldados, policías, guerrilleros y civiles. Lo demás es hipocresía barata.


Terrorismo de Estado
El Ejército intentó asesinar a campesino en Puerto Rico, Meta
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El pasado 12 de noviembre en la vereda  La Esperanza, municipio de Puerto Rico, Meta, en el sitio conocido como Taguara, efectivos de la Brigada Móvil 4,  dispararon contra  el campesino José Norbey González, de 32 años.

La nueva víctima de los terroristas estatales es casado, padre de una niña y habita en la vereda  Caño Danta, del mismo municipio, informó La fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia.

El labriego se movilizaba del sitio de trabajo ubicado en la vereda El Chacón en Caño Cabra, hacia su finca en la vereda Caño Danta, cuando fue baleado por soldados, quienes sin ningún tipo de advertencia, procedieron a dispararle dejándolo gravemente herido.

Lo mismo ocurrió el pasado 30 de agosto cuando tropas del Ejército dispararon contra el campesino José Antonio Fandiño Sánchez, dejándolo al borde de la muerte.

jueves, noviembre 13, 2014

Catatumbo, Norte de Santander
Constituyente Regional del Catatumbo

La Región del Catatumbo es una región rica en recursos naturales y de gran importancia geoestratégica, su historia ha estado marcada por el conflicto social, político y armado, conflicto que tiene sus raíces en la lucha por la tierra y el territorio,-

es una región que ha presentado un histórico abandono estatal, que no cuenta con los más elementales servicios públicos, ni posibilidades de acceso a salud, educación, fuentes de trabajo, situaciones que permitieron que los cultivos de coca fueran la única fuente de ingresos en la región.

Ha sido una de las regiones que ha vivido y sufrido las dinámicas de la violencia (desplazamiento, desapariciones, masacres, torturas, detenciones, etc.), por cuenta de la incursión de los grupos paramilitares, de las FFMM y el conflicto armado que se vive hace 40 años.

A pesar de este contexto de violencia socio política y de abandono del Estado, las comunidades de la región, campesinos, víctimas y otros sectores, llevan años trabajando en la organización de sus comunidades y la exigencia de sus derechos, muestra de esta conciencia y dignidad campesina fue el paro campesino del 2013, protesta que duro 53 días y que logro que el Gobierno Nacional reactivara la Mesa de Interlocución y Acuerdo MIA, para atender las demandas de los campesinos y de otros sectores.

Durante el último año, otros sectores sociales y comunidades se han reunido dentro del marco de las Constituyentes para construir mandatos populares como una expresión del Poder Constituyente en la región, entre los que se encuentran:

1. Mandato de los Mineros Artesanales de carbón del Catatumbo, 2. el Mandato para la Sustitución Social, Gradual, estructural, ambiental y Concertada de los ingresos derivados del uso ilícito de la coca, y

3. la declaración de la Zona  de Reserva Campesina del Catatumbo de Hecho, el ejercicio constituyente  de construcción de territorios interculturales que permitan avanzar en la convivencia con los hermanos Bari y otros procesos campesinos entre otros,  lo que muestra un real proceso constituyente en la región.

De igual manera las comunidades y algunos sectores han venido reflexionando sobre la participación política de los sectores populares que siempre han sido marginados, excluidos o perseguidos y de nuestro papel en la construcción de la paz con justicia social para nuestro territorio.

Por lo tanto convocamos a todos los sectores y organizaciones sociales, políticas, medios de comunicación, comunidades religiosas, gremios e institucionalidad de los municipios de Ocaña, La Playa, Abrego,-

Hacari, Carmen, Convención, San Calixto , Teorama, El Tarra, Tibú y Sardinata a  participar en la Constituyente Regional del Catatumbo: "Construimos Mandatos para la Paz y el Territorio", que se ha propuesto como objetivos los siguientes:

Construir un Mandato Popular para la región del Catatumbo sobre mecanismos participación política, con el fin de recoger las propuestas e iniciativas para generar poder popular desde las comunidades y sectores sociales.

Socializar, ratificar y validar los diferentes Mandatos Populares que se han venido  construyendo en la región:

Mandato Cocalero, Pliego  de la MIA regional, Mandatos para la  construcción de los  Territorios Interculturales, Mandatos de Pequeños Mineros del Carbón, Mandato de la Zona de Reserva Campesina, Demandas de los Sectores Urbanos, Pliegos de Peticiones de las Víctimas, Constituyente en Ocaña y Demandas de los Transportadores.

Plantear acciones concretas del poder constituyente en la región para potencializar las demandas de los distintos sectores sociales. Elaborar Mandatos sobre la propuesta de paz con justicia social en el Catatumbo.


Con marcha y audiencia exigen suspensión de construcciones en el humedal La Conejera
Por Equipo de comunicación.

El sábado 8 de noviembre en la localidad de Suba, se llevó a cabo una marcha del silencio en defensa del humedal la Conejera, organizada por la comunidad que lleva más de un mes protestando al frente de la obra de construcción “Reserva Fontanar”.

Con apoyo de organizaciones sociales y ambientales de todo Bogotá, el silencio se convirtió en la principal herramienta para expresar el inconformismo de la comunidad frente a la construcción, ya que causará serios impactos ambientales y sociales en el sector, disminuyendo considerablemente la biodiversidad del ecosistema y poniendo en riesgo de inundación a las personas que vivirán en la zona.

Máscaras, trajes  y pancartas adornaron las calles de Suba, para exigir por medio del silencio la suspensión inmediata de la obra, ya que la emisión de las licencias de urbanismo que sustentan el proyecto presentan serias inconsistencias, en torno a la reunión de vecinos que se tenía que hacer previamente, permisos alterados y conceptos sin estudios previos.

Esta actividad fue complementada con la realización de una Audiencia Pública Ambiental, donde fueron citadas las entidades encargadas del tema (Alcaldía Local de Suba, Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaria de Ambiente,-

Secretaria de Planeación, Jardín Botánico de Bogotá, Instituto de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER y Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá - EAB), aunque lamentablemente algunas entidades no asistieron y otras obstinadamente siguen manifestando que todo está en regla y que la obra no causara mayor afectación al ecosistema,-

el resultado final de la audiencia es la conformación de una mesa técnica entre la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Concejo de Bogotá y representantes de la comunidad, para estudiar detenidamente el proyecto y finalmente dar una respuesta clara y concreta frente a la obra,-

espacio donde esperamos se logre la suspensión de la construcción, reintegrando estos terrenos al humedal y la quebrada el Curí, respetando su Ronda Hidráulica y Zona de Manejo y Preservación Ambiental, Zmpa.


Parauribismo
Alias ‘bloque capital’ será el candidato del uribismo a la Alcaldía de Bogotá
Por Camilo Raigozo. Notimundo

Francisco Santos, alias “bloque capital”, será el candidato de la pandilla conocida como Centro Democrático, a la Alcaldía de Bogotá por determinación de esa temible agrupación.

El pintoresco candidato ha sido señalado por varios cabecillas paramilitares de haberles pedido la creación de un grupo de criminales que se denominaría “bloque capital”.

Igualmente, “pacho”, como lo suelen llamar sus copartidarios, propuso que a los estudiantes que protestaran y exigieran sus derechos deberían ser electrocutados.

Con este candidato que representa a la ultraderecha guerrerista, a la crema y nata de la rancia oligarquía bogotana y a otros grupos neofascistas, oscuros y violentos,  se cierne sobre los capitalinos un verdadero peligro.


martes, noviembre 11, 2014

Marcha Patriótica
En medio de asesinatos, desapariciones y amenazas, Marcha Patriótica irá a elecciones
Por Camilo Raigozo. Notimundo

En rueda de prensa ofrecida este 11 de noviembre, la exparlamentaria y dirigente del movimiento político Marcha Patriótica, Piedad Córdoba, explicó los planes y proyecciones del conglomerado frente al contexto político que vive el país.

Después de que el movimiento político estuvo varias veces a punto de disolverse debido a los asesinatos, desapariciones y encarcelamientos de sus miembros y cuadros dirigentes, el pasado 8 y 9 de noviembre el movimiento tomó la decisión de participar en las contiendas electorales del próximo año.

Dependiendo las circunstancias Marcha Patriótica presentará candidatos propios o hará alianzas con otras fuerzas políticas que coincidan en sus programas políticos, económicos y sociales, y además en el apoyo rotundo al proceso de paz de La Habana y en la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

“La decisión de participar en las elecciones del 2015 se tomó después de muchísimas consultas locales, territoriales y también con fuerzas políticas afines, en las que se plasmaron las líneas generales y puntuales a seguir”, expresó Córdoba.

Así mismo contó que en el Consejo Patriótico Nacional, Copan, se creó un comité electoral y otro de ética que vigile no solamente las calidades, condiciones y la transparencia de quienes vayan a ser parte de las listas de candidatos, sino también de las alianzas y aproximaciones que se hagan con otras colectividades políticas.

Igualmente le exigió al gobierno dar las garantías necesarias a Marcha Patriótica para que en todas las regiones del país sus dirigentes, militantes y simpatizantes, puedan ejercer libremente el derecho a hacer proselitismo político sin ser asesinados, desaparecidos, encarcelados, desplazados, amenazados o macartizados.

La exenadora recordó que en dos años de existencia del movimiento político ya le han asesinado o desaparecido al menos a 70  de sus miembros y otros centenares han sido amenazados y estigmatizados.

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, altos mandos militares, la extrema derecha y medios de comunicación han sido partícipes de las estigmatizaciones y falsos señalamientos contra Marcha Patriótica.

“Haremos todo lo posible para que participen los y las jóvenes del país, las mujeres, los afrodescendientes, los indígenas, los sectores populares atrapados en los centros urbanos y sobre todo motivar desde la política la participación de la gente para que hagamos de las elecciones del 2015 una verdadera fiesta de la democracia donde realmente tengamos las posibilidades y garantías de participar”, dijo la exsenadora.

Plan para asesinar al dirigente de las FARC EP Pastor Alape y a los activistas por la paz Piedad Córdoba y Carlos Lozano

Piedad Córdoba denunció ante el país y el mundo que hay un plan de la extrema derecha colombiana para asesinar al comandante de las FARC EP Pastor Alape, delegado de esa insurgencia en la mesa de diálogos de La Habana.

El mismo plan contempla asesinarla a ella y al director del semanario Voz, Carlos Lozano, con el fin de hacer fracasar el proceso de paz que adelantan el Cuba el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC EP.

“Queremos dejar muy en claro nuestra denuncia ante el mundo de que se quiere llevar a cabo un plan macabro que cegaría la vida de cualquiera de los que participamos en estos procesos que contribuyen a la paz.

“No tenemos miedo porque estamos absolutamente convencidos de que este es el camino correcto, es el camino de la paz que necesita Colombia y que por lo tanto seguiremos generando debate que conduzca a la consolidación de la democracia y a la paz con justicia social”, dijo finalmente Piedad Córdoba antes de la ronda de preguntas de los periodistas.

Video de la rueda de prensa:


jueves, octubre 30, 2014

Terrorismo de Estado
Ratifican condena contra terroristas del Ejército por asesinato a sangre fría
Por Camilo Raigozo. Notimundo

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena a 33 años de “cárcel” contra los terroristas del Ejército, Orlando Amaris del Real y Roosvelth Armando Nocovr Estupiñán, sargento y cabo, respectivamente, por el asesinato a sangre fría de un campesino.

El crimen fue perpetrado en la noche del 19 de enero de 2008 en la vereda La Po, municipio de Segovia, Antioquia, cuando criminales del régimen pertenecientes al Ejército Nacional rodearon la casa del labriego Humberto Antonio Zapata Ruiz.

Una vez sitiada la vivienda los uniformados abrieron fuego contra esta en cuyo interior se encontraban el labriego junto a su compañera y sus dos niños.

Ante la acción demencial de los agentes represores del régimen, Zapata abandonó la vivienda en pantaloneta, para evitar que toda su familia fuera acribillada dentro de la casa a manos de los “héroes de la patria”.

Horas después su cuerpo fue encontrado con varias heridas producidas por arma de fuego, de las cuales al menos dos fueron tiros de gracia disparados a menos de metro y medio de distancia, según informó el alto tribunal.

Actualmente en el Congreso de la República a petición del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, se tramita un proyecto de ley para ampliar el fuero penal militar, que no es otra cosa que una cortada para dejar en la impunidad los crímenes cometidos por militares y policías, especialmente de alto rango.

Igualmente, el presunto cabecilla paramilitar Álvaro Uribe Vélez y su bancada, pretenden que los crímenes de las Fuerzas Militares, mal llamados falsos positivos, sean revisados o que pasen a la “justicia” penal militar, con el fin de garantizar la impunidad de los mismos.

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Terrorismo de Estado
Falso positivo judicial contra lideresa y defensora de derechos humanos en Rioblanco, Tolima
Por Camilo Raigozo. Notimundo

A las 11 de la mañana de este 29 de octubre en el municipio de Rioblanco, Tolima, agentes del CTI de la Fiscalía y personal del Ejército, detuvieron a la lideresa social y defensora de los derechos humanos Adonay Rincón Oviedo, acusada falsamente del delito de rebelión.

Los agentes represores del régimen aprehendieron a la nueva víctima de los montajes judiciales en su sitio de trabajo, la Casa de la Justicia, informó la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima, Astracatol.

Según la fuente Rincón Oviedo es cabeza de hogar, madre de tres hijos y sus principales actividades giraban alrededor de la organización de las comunidades y la defensa de los derechos humanos de las mismas.

La nueva víctima del terrorismo de Estado fue llevada a la base militar en el mismo municipio y luego trasladada en un helicóptero militar a la Bogotá, donde se desconocía su destino final.

Las comunidades y la organización campesina le exigieron al régimen dejar en libertad inmediatamente a la defensora y poner fin a los llamados falsos positivos judiciales contra los líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos.

San José de Apartadó
Comunidades le exigen respeto al coronel Germán Rojas y a sus subalternos
Por Camilo Raigozo. Notimundo
  
El Comité de Derechos Humanos de San José de Apartadó, denunció los señalamientos, estigmatizaciones, injurias y calumnias contra los campesinos, hechas de manera irresponsable por el coronel Germán Rojas y el teniente Javier Rojas de la Brigada 17 del Ejército, a través de los medios de comunicación locales, cómplices de los oficiales.

Según el documento los dos uniformados lanzaron toda clase de improperios contra los campesinos, deslegitimando el derecho constitucional a la protesta pacífica en defensa de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario que a diario les son violentados por estos señores de la guerra.

El enojo de los agentes represores del régimen se originó a raíz de que el pasado 26 de octubre centenares de campesinos realizaron una protesta pacífica en contra de una jornada cívico-militar, planificada por el mando castrense.

“Estas jornadas cívico-militares van en contravía de los principios de distinción y de protección del DIH y violan prohibiciones internacionales, como las recomendaciones al Estado colombiano del 11 de junio de 2010 hechas  por el Comité Internacional de los Derechos de los niños, al encontrar que las operaciones cívico-militares violan el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados”, expresa la denuncia.

Igualmente esta perversa estrategia militar violenta además el artículo 41 de la ley 1098 del 2006  (Código de Infancia y Adolescencia).

El coronel y el teniente hicieron señalamientos temerarios a través de los medios, contra el líder campesino Arley Cartagena y contra los participantes de la protesta, afirmado sin ninguna prueba, muy al estilo Uribe, que dicha marcha se trató de una protesta por la muerte de un miembro de la guerrilla.

“Eso lo convierte en un orador cobardemente aferrado a su mitomanía compulsiva, actitud completamente reprochable desde la democracia y desde los valores morales que se deben inculcar en la institución y que no ayudan a construir el país en paz por el cual todos luchamos día a día”, expresó indignada la comunidad.

El coronel también se refirió despectivamente contra los manifestantes señalándolos de ser un grupo de desadaptados y que la mayoría de los participantes estaban contra su voluntad.

“La comunidad espera encontrar algún día militares que reúnan los valores de la democracia, del respeto por los derechos humanos, del respeto por el Derecho Internacional Humanitario y no militares que intimidan y son un peligro para las personas que buscan caminos para la paz y la democracia”, afirma la denuncia.

Otras denuncias de los labriegos contra los militares son el enamoramiento por parte de los soldados a las niñas del colegio El Mariano; la militarización de las zonas civiles en las que juegan los niños y las niñas; la ocupación de viviendas y áreas civiles en enfrentamientos con la guerrilla en los que pone a los pobladores como escudos humanos; la connivencia con los paramilitares, los bombardeos indiscriminados y el confinamiento al que someten a los campesinos, entre otras.


domingo, octubre 26, 2014

Prosperidad para pocos
Santos le incumple a la Cumbre Agraria
Por: Comisión Política

El pasado 3 de octubre el presidente Santos instaló la mesa única de negociación con la Cumbre Agraria, el presidente señaló en ese momento que “estoy seguro de que, a través de la Mesa que hoy instalamos, se van a lograr avances importantes –los que han estado represados por demasiado tiempo– para nuestro campo y sus habitantes.

Hoy los invito, con todo el entusiasmo, a que nos acompañen –no solo al Gobierno sino a todos los colombianos– en la inmensa tarea de la construcción de la paz y el posconflicto”. 

Sin embargo la actuación del gobierno frente a sus compromisos con la Cumbre Agraria indica que las palabras de Santos eran más retórica que realidad y que la paz gubernamental dista mucho de los planteamientos estructurales de las organizaciones, campesinas, indígenas y afrocolombianas.

Según el decreto 870 por el cual se regula un espacio de interlocución y  participación con las organizaciones de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular que se denomina mesa única nacional,-

el gobierno nacional adquirió el compromiso de reanudar las mesas regionales y sectoriales de interlocución y acuerdo con organizaciones campesinas, afros e indígenas que hacen parte de la Cumbre Agraria.

Los voceros de la Cumbre Agraria concertaron con el gobierno una agenda de reinicio de las mesas en el Catatumbo, el Cauca, Antioquia, Sur de Bolívar, centro y sur del Cesar y Arauca. El gobierno posteriormente hizo una propuesta de realizar una sola sesión de trabajo en lo que queda del año.

Esta propuesta gubernamental es un claro incumplimiento a los compromisos adquiridos con estas mesas después de los paros campesinos en esas regiones y con la Cumbre Agraria según consta en el decreto.

Igual preocupación nos merece el incremento exponencial de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en contra de los líderes y lideresas de los procesos pertenecientes a la Cumbre Agraria, Campesina Étnica y Popular-

a lo largo y ancho del territorio colombiano,  toda vez  que el decreto 870 de 2014  crea la Mesa Única de Negociación y la Subcomisión de Garantías y Derechos Humanos;-

a la cual le compete concertar y materializar medidas políticas y materiales efectivas que garanticen la existencia y la libre actividad de nuestras organizaciones que se encuentran en la lucha por la defensa de los territorios.

Manifestamos que el Gobierno frenó una vez más el cumplimiento de los acuerdos pactados desconociendo el ejercicio de concertación de más tres meses; principalmente en lo  relacionado con el reglamento e instalación de dicha Subcomisión.   

La negligencia y actitud irresponsable del gobierno en cabeza de los ministros de Agricultura e Interior, Iragorri y Cristo, indica la intención del gobierno de no cumplir con las mesas regionales y evidencia la intención del gobierno de incumplirle a la Cumbre Agraria.

Por lo tanto la plenaria de la Cumbre Agraria orientó a sus organizaciones para dar a conocer el incumplimiento gubernamental, para tomar las decisiones pertinentes y planificar las acciones de movilización tendientes a que se honren los acuerdos.

Llamamos a la comisión de garantes para que de carácter urgente actúen en la vía de solucionar la crisis que plantea el incumplimiento del gobierno.


Ciudadanía se moviliza en defensa del humedal La Conejera
Por: Comisión de comunicación

Este sábado 25 de octubre un grupo de ambientalistas y ciudadanos comprometidos con el cuidado de la vida, nos dimos cita frente a la Alcaldía Local de Suba para realizar un plantón y una movilización en defensa del humedal la Conejera, rechazando el proyecto de construcción-

“Reserva Fontanar” que se piensa desarrollar encima del ecosistema, exigiendo a la Secretaria de Planeación y la Alcaldía la suspensión de las licencias de construcción y urbanismo emitidas por las curadurías N° 2 y 3, ya que no se emitieron con los requerimientos legalmente necesarios.

Con una fiesta de colores, cantos y bailes, se llevó a cabo la movilización hasta el campamento permanente que lleva más de 20 días instalado frente al proyecto de construcción, informándole a la comunidad los impactos ambientales-

e invitándola a hacer parte de otras movilizaciones y la audiencia pública ambiental, donde esperamos que las instituciones públicas encargadas del tema, por fin tomen la decisión de suspender la obra. Fotos Comisión.


jueves, octubre 23, 2014

San José de Apartadó
Campesinos rechazan jornadas cívico-militares y denuncian abusos del Ejército
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El  Comité de Derechos Humanos de esta localidad en representación de las comunidades de esa región del país rechazó categóricamente la estrategia del régimen y su aparato militar de implementar las jornadas cívicomilitares en las que se infringe claramente el Derecho Internacional Humanitario, DIH, al poner en alto riesgo a la población civil.

Según la denuncia, se tiene conocimiento sobre la intención de la Brigada 17 de realizar una jornada cívico-militar que va de la mano de la Unidad de Víctimas de la región.

“Exigimos categóricamente el cumplimiento de las funciones del Estado en la que subscribe compromisos con las cartas internacionales como garante de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, ya que estas jornadas van en contravía de la prohibición por parte del Comité Internacional de los Derechos de los niños y porque además violan la ley 1098 del 2006, del Código de Infancia y Adolescencia”, advierte el documento.

Bajo esta perversa estrategia los militares intentan suplantar las funciones correspondientes únicamente a instituciones civiles como dicta la Constitución Nacional y las leyes.

“Hacemos un llamado a las instituciones del Estado para que vigilen los protocolos del manejo, recolección y destinación de la información que los habitantes de las comunidades suministran a Unidad de Víctimas, pues en la recolección de estas declaraciones ha sido notoria la presencia de miembros de inteligencia de la Fuerza Pública”, objetan las comunidades.

En septiembre anterior el sargento Franco Portilla, “victimario del Ejército”, hizo parte del grupo de funcionarios de la Unidad de Víctimas y recibió declaraciones de carácter privado de campesinos sobre abusos de la Fuerza Pública.

Este sujeto fue denunciado por las comunidades ante la Procuraduría sin que hasta el momento se haya hecho nada contra la conducta delincuencial de la inteligencia militar.

“Hacemos un llamado de urgencia a que se prohíban estas actividades, a que no se siga poniendo en peligro a las personas protegidas y a que se le ponga freno a muchas otras arbitrariedades,  como la militarización de la vida social civil, la escuelas, las aceras y zonas deportivas, en las cuales los niños y jóvenes son expuestos al constante peligro por la ocupación de la Fuerza Pública”, expresa la nota.

El documento recuerda que se han presentado enfrentamientos entre la insurgencia y el Ejército en los que han quedado en evidencia las violaciones al DIH y los peligros a los que son avocados los civiles.

Es el caso del pasado 6 de septiembre cuando en un enfrentamiento con la guerrilla el Ejército se parapetó violentamente en la iglesia y las viviendas  poniendo en peligro a los pobladores.

La denuncia afirma también que estas acciones son constantes y que incluso hay veredas en las que el Ejército acampa en las zonas civiles protegidas, someten a la población a interrogatorios ilegales y hacen señalamientos infundados como si tuvieran las funciones judiciales del Estado.

El pasado 10 de octubre en la vereda La Cristalina, la Fuerza Pública les prohibió a los campesinos realizar labores agrícolas en las fincas, el pastoreo de animales y los amenazó con atenerse a las consecuencias si no obedecían las órdenes.

En esa incursión los uniformados retuvieron  ilegalmente al labriego Jhon Eider Flórez, a quién sometieron a manipulaciones y presiones para que se autoincriminara como desmovilizado.

Flórez fue dejado en libertad el 15 de octubre “porque no encontraron artimañas suficientes para vincularlo al falso proceso de desmovilización”.

Terrorismo de Estado
Impiden ingreso a defensor de derechos humanos a La Picota por llevar el semanario Voz
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El abogado defensor de derechos humanos Uldarico Florez Peña denunció que funcionarios del Inpec no le permitieron la entrada a la cárcel La Picota este 23 de octubre, por llevar entre sus documentos ejemplares del semanario Voz y El Silencio No es una Alternativa.

Los internos de La Picota habían acordado con el director de ese centro penitenciario el pasado 22 de octubre, que al día siguiente se garantizaría el ingreso a dicho penal de los abogados, defensores y congresistas, entre ellos el senador Iván Cepeda, a una reunión para hallar salidas a la grave crisis humanitaria carcelaria.

Sin embargo cuando Flores Peña pasó por el escaner la funcionaria del Inpec le impidió el paso con el argumento de que dentro de la documentación que llevaba para la reunión se encontraba el semanario Voz, donde hay un amplio artículo sobre los detenidos políticos y el sistema carcelario, y El silencio No es una alternativa.

Protesta de la población reclusa en Colombia

Desde el pasado 20 de octubre los prisioneros colombianos iniciaron una huelga nacional para exigirle al régimen, entre otros, los siguientes puntos:

Declarar la emergencia social y humanitaria del sector penitenciario en Colombia, así como la conformación de una comisión de alto nivel que atienda con urgencia los reclamos de los presos.

Apoyar el proyecto de ley que cursa en el Congreso sobre la rebaja de penas de hasta un 20% para todos los presos del país; mejorar las condiciones infrahumanas como el hacinamiento, la atención a la salud, aplicación de los subrogados penales, regionalización de los presos, acercamiento procesal y familiar, así como la no extradición de colombianos y la repatriación de los presos en cárceles extranjeras.


domingo, octubre 19, 2014

Presos del país entran en desobediencia civil por la crisis humanitaria que atraviesan las cárceles
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El Movimiento Nacional Carcelario, MNC, informó que desde hoy 20 de octubre de 2014 la población reclusa del país entra en huelga y desobediencia civil y parálisis de todas las actividades.

Según el MNC la protesta se presenta por la grave crisis que afrontan los presos a través del sistema penitenciario y carcelario, generada por la política criminal, injusta y excluyente.

“Esta política promueve la deshumanización al interior de las cárceles y por consiguiente incrementa el hacinamiento y la no atención en salud, la mala alimentación, instalaciones no aptas para seres humanos, poco personal para atender la demanda de los presos, demora en los trámites jurídicos y administrativos y la vulneración otros derechos mínimos fundamentales”, explica el MNC.

A renglón seguido dice que “Teniendo en cuenta lo anterior, desde el  Movimiento Nacional Carcelario hace  un llamado a la desobediencia nacional de los presos  de todo el país como alternativa posible de exigirle al gobierno nacional y demás ramas del poder una urgente solución a la problemática aquí citada”.

Los presos de Colombia exigen: la instalación de una meza nacional de concertación como espacio de diálogos del MNC, sociedad y gobierno para tratar la problemática penitenciaria carcelaria y judicial de los presos colombianos.

Declarar la emergencia social y humanitaria y solucionar inmediatamente la grave la crisis, así como rechazar la creación de más cupos carcelarios.

Igualmente exigen la aprobación del proyecto de ley 082, mediante el cual se rebajan las penas un  20 por ciento a todos los presos del país, sin que este quede supeditado al proceso de paz hoy llevado en la Habana, Cuba.

Visita de 8 horas para todos los establecimientos de alta seguridad; acercamiento familiar y procesal para todos los presos y dignificación de nuestras visitas; solución real, definitiva e inmediata a la grave situación de salud que padecen todos los presos del país.

Y finalmente abolir la extradición y repatriar a los colombianos presos en cárceles extranjeras.

Igualmente se supo que este lunes, defensores de derechos humanos, familiares de presos, estudiantes y otras organizaciones sociales harán un plantón en la cárcel La Picota en apoyo a los presos de Colombia.


Terrorismo de Estado
Pescas milagrosas del Ejército en Transmilenio para reclutar jóvenes pobres para la guerra
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El Ejército anda buscando desesperadamente miles de jóvenes pobres para meterlos en la guerra que mantienen la oligarquía nacional y extranjera, las mafias, los terratenientes, los industriales y las multinacionales, entre otros, contra el pueblo colombiano.

La gráfica de Notimundo muestra a dos militares ubicados estratégicamente en el sistema de transporte capitalino a la altura de la estación de la calle 80 con carrera 68, haciendo pescas milagrosas de jóvenes de estratos populares para obligarlos a prestarle el servicio militar a la oligarquía y demás clases dominantes.

En esta ocasión el aparato militar no utilizó camiones para realizar las llamadas batidas y secuestrar a centenares de muchachos, que después aparecen reclutados contra su voluntad en diferentes regiones del país sin que sus familiares tengan conocimiento, sino que apostados los reclutadores en el sistema de transporte masivo efectúa numerosas pescas milagrosas.

Cada año al menos 80 mil jóvenes pobres son obligados por el régimen a prestarle el “servicio militar a la patria”, que no es otra cosa que servirle a la oligarquía para reprimir al pueblo y protegerle sus privilegios y riquezas, así como los intereses de las transnacionales.

Según la Dirección Nacional de Reclutamiento del Ejército, de los 466.377 jóvenes reclutados entre enero de 2008 y diciembre de 2012, 377.765 pertenecían a los estratos uno y dos, la mayoría en extrema pobreza. Es decir el 81% de los reclutamientos forzosos eran jóvenes excluidos y de  escasos recursos.

Según datos del Concejo distrital emanados de un reciente debate de control político sobre reclutamiento en Bogotá, el 98% de las personas reclutadas se presenta en las localidades más pobres de la ciudad como Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Kennedy, Suba y la mayoría de jóvenes pertenecen a los estratos 0, 1, 2 y 3.

Así mismo los concejales advirtieron que entre el 2012 y el 2014 han sido reclutados 349 jóvenes de manera ilegal, violando 11 tipos distintos de normas que la Sentencia 728 de 2009 de la Corte Constitucional estableció, así como la Sentencia T-018/12 de la misma Corte.



 
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