lunes, julio 28, 2014

Prisioneros próximos a extraditar denuncias la vulneración a sus derechos y envían un mensaje a la mesa de La Habana
Por Camilo Raigozo. Notimundo

Prisioneros que próximamente serán extraditados por el régimen colombiano hacia Estados Unidos denunciaron mediante un documento conocido por Notimundo las numerosas violaciones a sus derechos humanos fundamentales por parte del Esado.

Igualmente les envían un mensaje a los delegados de las FARC EP en la mesa de diálogos de La Habana, con el fin de que sus quejas y sugerencias sean tenidas en cuenta.

A continuación transcribimos en su integridad la misiva de los prisioneros:

Respetables señores
Representantes de la FARC EP
Mesa de negociación del “PROCESO DE PAZ”
Habana, Cuba

Primeramente reciban un respetuoso y cordial saludo.

Nosotros los internos en vías de extradición ubicados en la penitenciaría ERON-Picota  de la ciudad de Bogotá, acudimos a este medio para hacer manifiestas nuestras inquietudes en cuanto al trámite general y tratamiento que se nos infringe en todo nuestro proceso de extradición.

Además aprovechar para manifestar nuestro total respaldo a este gran paso dentro de la búsqueda de una igualdad social en Colombia, sin la utilización de las armas y gastos económicos, sociales y humanos, que han afectado décadas a nuestro sufrido pueblo.

Para argumentar lo antes referenciado expondremos a continuación algunos hechos y ejemplos de cómo se negocian las vidas de colombianos con las grandes potencias, utilizando una cortina de humo llamada “extradición”.

Puntos de consideración:

1-           Violación de la presunción de inocencia.
2-           Trato, desigualdad por parte del INPEC.
3-           Violación de derechos fundamentales por parte de los estados requirentes
4-           Montaje indiscriminado de procesos y total indefensión contra los mismos
5-           Persecución política argumentando narcoterrorismo

6-           Interpretación arbitraria de normas legislativas y leyes para dar conceptos favorables a extradiciones.

7-           Incumplimiento de condenas proferidas por nuestras cortes al extraditar personas que llegan a acuerdos con los estados requirentes que les proporcionan inmunidad violentando la soberanía colombiana.

Por todo lo anteriormente expuesto y por muchas otras situaciones, nos sería interminable esta misiva; pero a groso modo les trataremos de informar nuestra difícil situación actual y a la que están expuestos muchos otros colombianos que en cualquier momento pueden ser víctimas de estas atrocidades.

Primeramente es irreal el hecho de que los muy estigmatizados “extraditables” sean grandes “capos” con grandes fortunas, ya que de los aproximadamente 180 internos en nuestra condición el 95% somos personas de escasos recursos, muchos de los cuales somos víctimas de montajes orquestados en los Estados Unidos de Norteamérica para justificar capturas de responsables de cargamentos incautados, mientras los verdaderos dueños son protegidos por su corrupto sistema de “justicia”.

Desde el principio del proceso de extradición,  o sea nuestra captura, se nos violenta la presunción de inocencia, ya que somos tratados con más restricciones que los internos de alta seguridad de cualquier centro penitenciario del país, por ejemplo:

en el centro donde estamos únicamente nosotros trasladamos a visita de abogados, visitas familiares, atención médica (casi nunca) y demás, con restricciones “esposas en las manos”.

Nuestras celdas se mantienen cerradas durante el tiempo que estamos en áreas comunes exponiéndonos a bajas temperaturas sin tener donde reposar, a diferencia de todos los demás patios del ERON, donde por acuerdo con los internos de alta seguridad sus puertas permanecen abiertas; el tiempo de visita íntima donde se nos reduce a 15 minutos y en los demás patios no se lleva control horario, etc.

Cuando se extradita a una persona que mueve los medios de comunicación, en la noticia el día se pronuncian muchos jerarcas argumentando tanto que X número de extraditables serán enviados a cumplir sus condenas en EEUU, casi siempre un promedio de entre 12 a 25  son enviados todos los meses e inmediatamente más de ese número son capturados, pero nunca se da información veraz sobre la gran cantidad de víctimas de montaje de procesos en EEUU y mucho menos se comenta que estas personas gozan de presunción de inocencia.

Como “gran noticia” el gobierno se pronuncia indicando las garantías que se le solicitarán al Estado requirente, donde deben protegerse y ampararse los derechos fundamentales del solicitado en extradición pero nunca se da seguimiento a que se cumplan las garantías solicitadas y mucho menos se solicita que se garanticen todos nuestros-

derechos fundamentales, porque si bien es cierto se piden que se nos respete nuestro derecho constitucional de mantener contacto con nuestra familia, se nos desvincula de ella al enviarnos tan lejos sin tener los medios necesarios para que no le sean vulnerados los derechos a nuestros hijos, de tener una familia y a no ser separados de ella.

Además la Corte Constitucional se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre que la visita íntima o conyugal es un derecho fundamental ya que va ligado completamente a otros derechos constitucionales tales como la vida digna y la salud,-

y al ser enviados a estados donde no se nos brinda la mínima posibilidad de contar con ese derecho, el mismo se está vulnerando; por lo que la solución salomónica sería confiar en nuestras cortes y sistema de justicia proponiendo la no extradición para nacionales.

Y para que no se crea que esto significara impunidad, que el Estado requirente envíe nuestros expedientes (procesos), para que se nos brinden todas las garantías y seamos juzgados en Colombia y en caso de ser condenados cumplimos una condena en condiciones dignas dentro de un proceso de resocialización del penado, piedra angular en la que se cimente un sistema penitenciario moderno.

Por ejemplo traigo a colación el caso de Álvaro Cortes Moreno TD: 63719 de ERON, compañero que fue extraditado al Perú hace algunos meses, donde a pesar de su avanzada edad y pésimo estado de salud, se extradito y se le solicitaron las garantías al Perú donde debía permitírsele la comunicación periódica con su familia,-

pero en contraposición lo internaron en una cárcel donde no tiene acceso al teléfono y haciendo uso de medio externo logro informarle esto a su esposa que también es de avanzada edad y tiene una enfermedad terminal ¿Qué hace Colombia para que se cumplan las garantías exigidas?, nada.

Por la nefasta estigmatización que nos ha montado las autoridades, excusan sus violaciones a nuestros derechos como sistemas de seguridad, extremos para “capos”, esto lo podemos vislumbrar con la negativa recurrente a nuestras remisiones de salud, donde estando en condiciones de urgencias médicas, exámenes y demás, se pierden porque supuestamente el-

Ministerio de relaciones o cualquier otro jerarca, debe firmar una autorización que dura varios días, sin importar que por esto peligre la vida del interno, que como el mismo gobierno se ha pronunciado, su estatus no es de sindicado, ni sentenciado sino de guardado, porque al no haber sido juzgado debe respetársele la presunción de inocencia y el trato nunca debería de ser el actual.

Dentro de lo relacionado y para aclarar parte de lo que somos víctimas, tomaré como referencia el “entrampamiento”, procedimiento que no  se tipifica dentro de nuestra legislación, pero, consiste en que después de capturada una persona llega a un acuerdo con la DEA, fiscalías de EEUU y con la cooperación de autoridades locales para incitar al delito a otras personas y luego de que se concreta la entrega o negociado del producto, se venden estos positivos para que sirvan de descuento a otra capturas y al mismo que fue utilizado.

Dentro de las garantías supuestamente debe cumplirse con el debido proceso, el que únicamente es maquillado con el hecho de que se nos asignará un abogado en caso de no tener los medios y que seremos juzgados por un tribunal competente en un juicio justo pero la realidad es otra,-

debido a que se ofrecen descuentos por declaraciones a personas condenadas o que pueden llegar a acuerdos para descuentos en sus procesos, lo que vuelve esto en un comercio de mentiras fáciles de montar por el que tiene el control absoluto de los procesos y le ofrece a los inocentes dos caminos,-

el primero, aceptar una condena mínima al hacerse confeso de algo que no hizo o tratar de comprobar su inocencia luchando contra el mayor poder de corrupción judicial del planeta, porque así el imperio norteamericano evita las demandas multimillonarias que podrían plantearse al absolver de los cargos a los inocentes sindicados y además calma la opinión pública presentando cifras exorbitantes de falsos positivos.

Señores “para muestra de un botón” como un gobierno envía a sus compatriotas a un Estado ante la muda comunidad mundial mantuvo “secuestrados” a más de 100 personas, torturadas por más de 12 años sin ni siquiera tener acceso a un abogado y sin siquiera tener una prueba contra ellos, solamente utilizar el título de “terroristas” contra lo que no pueden explicar, a esto es lo que nos exponen nuestros gobernantes.

Ahora tratando de ser imparciales observemos las estadísticas y preguntemos cuantos norteamericanos han sido enviados a nuestro país por delitos o deudas pendientes en Colombia o porque no existe tratado bilateral de extradición con los EEUU y sí, con México, Panamá, etc., donde en esos tratados no se puede extraditar a nacionales; y si bien el tiempo ha transcurrido desde que se pensó que no habían cárceles en Colombia para los “capos” y el sistema penitenciario colombiano ha evolucionado y ya no es necesario seguir vendiéndole vidas colombianas a los EEUU.

Además muchos de nosotros somos solicitaos por el delito de conspiración el cual no está dentro de nuestro ordenamiento y la ley es taxativa al especificar que para ser extraditado debo ser pedido por un delito tipificado como tal en ambas naciones, para lo cual nuestras autoridades interpretan de forma arbitraria y equiparan la “conspiración” con “concierto para delinquir” a sabiendas que son en fondo y forma diferentes.

Es fácil observar como siempre las “interpretaciones” para emitir conceptos favorables a las peticiones son dadas o amañadas a favor de las grandes potencias, caso reciente, el caso del homicidio del señor agente de la DEA por parte de unos taxistas, que después de invitar a los magistrados a los EEUU y mantener reuniones con ellos se emitió el “amañado” concepto.

Otro caso digno de análisis es el de la persecución de algunas personas por tener familiares dentro de las FARC EP, al montarle procesos por narcoterrorismo, como es el caso del señor Eduardo Cabrera C.C. 6681622 hermano del señor Fabián Ramírez actualmente sentado en la mesa de negociación, quien después de 13 años de persecución política de los cuales lleva 8 en la cárcel, es llamado en extradición por un delito de narcoterrorismo.

También es bueno observar que se deben garantizar los acuerdos obtenidos, porque en contraposición de la información que se emite por varios medios a los guerrilleros que si se desmovilizan obtendrán un sinnúmero de garantías, podemos exponer el caso del señor Diego Alfonso Navarrete C.C. 17265409 quien después de 19 años de guerrillero por cuestiones de salud-

decide desmovilizarse después de 3 años de cumplir a cabalidad todo lo estipulado dentro del proceso de desmovilización es pedido en extradición por los EEUU por varios delitos como el secuestro de los 3 norteamericanos rescatados en la operación jaque, a sabiendas que únicamente cumplía órdenes como militante custodiando a los prisioneros de guerra del conflicto.

Por ultimo sería sano llegar a un profundo análisis no solo del nefasto caso de “tuso sierra” que debe tener otro objetivo político al ventilarlo a la opinión pública, porque esto nunca ha sido un secreto.

Cientos de personas de ese perfil después de llegar a acuerdos con EEUU entregando dinero y prestándose para sus montajes, son protegidos, para que no tengan que pagar sus condenas en el Estado colombiano.

Entonces si la misma ley 906 establece que se debe primero cumplir la condena en Colombia y luego ser extraditado, por qué se siguen extraditando personas que deben altas condenas por diversos delitos.

A sabiendas de que su meta es la igualdad social y que muchos de nosotros, aunque  hayamos cometido delitos, los mismos son producto de la desigualdad social, les solicitamos que se analice la posibilidad de ser tenidos en cuenta en el punto referente a las víctimas que estamos seguros, ustedes argumentaran sin ningún tipo de parcialidad.

Como cierre de esta humilde petición quisiera solicitarles humildemente que en caso de analizarse la probabilidad de la no extradición para nacionales se tuviera consideración de plantear la repatriación para los ya enviados victimas también de lo aquí referenciado.

Johnny Alberto Glenn Calvo
TD 78446 Picota ERON Patio 12 extraditables
CC 1658342 San José – Costa Rica


martes, julio 22, 2014

Terrorismo de Estado
Militares empadronan y suplantan a la policía judicial y de tránsito
Por Camilo Raigozo. Notimundo

Luego de que varios campesinos denunciaran, ante la fundación de derechos humanos, Dhoc, que militares pertenecientes al Batallón de Ingenieros Albán bajo el mando del sargento Diego, quienes se encuentren sobre la vía que comunica a Mesetas con Uribe, Meta, en el sitio llamado La Y, instalan un retén militar en donde piden documentos de identidad a los transeúntes y se los retienen.

Después  de quedarse abusivamente con los documentos de las personas que por allí transitan, las empadronan y todos los datos los anotan en un libro, sin tener claro con que fines perversos.

Así mismo suplantan a la Policía de Tránsito al obligar a los conductores a entrtegar la documentación de los vehículos y personales, denunció el defensor de derechos humanos José Samuel Rojas.

El pasado 20 de julio a las 3:30 de la tarde, una comisión de derechos humanos de la fundación DHOC llegó hasta el lugar y registró los abusos con una cámara.

Según la fuente estos hechos serán denunciados ante la Procuraduría  y otros órganos de control para que se sancione disciplinariamente a los uniformados involucrados. Fotos: Fundación Dhoc.

sábado, julio 19, 2014

Vivienda del atentado
Terrorismo de Estado
El Ejército o paramilitares siembran terror en Mesetas, Meta
Por Camilo Raigozo. Notimundo

Tres sujetos fuertemente armados que se identificaron como miembros del Ejército Nacional llegaron hasta la vivienda del labriego Yasmany Navas, a las 10 y media de la noche del pasado 15 de julio, en la vereda San Miguel, municipio de Mesetas, Meta.

Los criminales golpearon la puerta a patadas, agredieron verbalmente a los moradores y amenazaron con arrojar una granada al interior de la casa hasta que Navas salió de ella.

Cuando el labriego salió fue encañonado por los agresores delante de su esposa y de sus hijos menores de edad, quienes lloraban y suplicaban que no los mataran, denunció el defensor de derechos humanos José Samuel Rojas.

Por fortuna los vecinos de dieron cuenta del atentado y se acercaron al sitio de los hechos obligando a los atacantes a identificarse. Estos contestaron que eran miembros del Ejército Nacional y que habían sido los mismos que el 8 de julio anterior los habían retenido en La  Uribe.

Jardines de Peña, Mesetas,
Meta
Ante la presión de la comunidad que en su mayoría se había hecho presente en el lugar los criminales emprendieron la huida dejando un casco y dos guantes de cirugía, que están siendo analizados por las autoridades.

Los campesinos de la región, altamente militarizada,  denunciaron los hechos y la presencia de sujetos fuertemente armados que llegan a las fincas en camionetas, motos y a pie.

Los pobladores señalan que los sicarios son presuntamente militares adscritos al Batallón 29 del Ejército que opera en la jurisdicción de Mesetas y La Uribe.

Según Samuel Rojas se está analizando un material fotográfico para tratar de colaborar con las autoridades y encontrar a los responsables del desplazamiento forzado de campesinos, amenazas, tentativa de homicidio, terrorismo y traumas sicológicos en adultos y niños.

Varios pobladores indicaron que los delincuentes estuvieron como a las 9 de la noche y por espacio de 40 minutos en un sitio llamado La Y. Una vez cometido el atentado entraron horas después tranquilamente a La Uribe por el oriente donde hay un control de la Policía Nacional.

Los campesinos se encuentran preocupados por que los militares realizan censos, empadronamientos y registran los nombres de los transeúntes en un libro con fines desconocidos.

En los últimos 15 días se han presentado tres casos similares y las familias afectadas piden que se les garantice la vida y que el Estado les de medidas cautelares y de protección.

Las comunidades responsabilizan directamente al Ejército y a la Policía de lo que les pueda ocurrir a los moradores de la zona. Fotos: fuente.


viernes, julio 18, 2014

Foto Internet
Terrorismo de Estado
Denuncian feroz hostigamiento del Ejército contra dirigentes campesinos de La Uribe, Meta
Por Camilo Raigozo. Notimundo

La Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia, Dhoc, denunció que desde mayo anterior tropas de la Brigada Móvil 10 vienen intimidando, estigmatizando y amenazando a los pobladores, especialmente a los dirigentes.

Una de las víctimas de los atropellos de los uniformados es el líder campesino de La Uribe, Inocencio Hurtado Palomino, a quien señalan en la emisora del Ejército de ser auxiliador de la Guerrilla.

Además lo amenazan que si no se entrega voluntariamente lo harán pagar una condena de al menos 22 años de cárcel.

La población de La Uribe, quien conoce de la trayectoria al servicio de la comunidad del destacado líder teme que los militares cumplan con las amenazas usando los conocidos falsos positivos judiciales.

Igualmente los pobladores están temerosos de que Hurtado Palomino sea asesinado o desaparecido bajo la siniestra estrategia militar-paramilitar, como ha ocurrido en ocasiones anteriores con otros dirigentes.

Los militares también la han emprendido contra los dirigentes campesinos Guillermo González Fajardo y Rosembert Grajales Vergara, a quienes persiguen, hostigan, estigmatizan y  amenazan como en el caso de Hurtado.

Las comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos responsabilizan directamente al Ejército de lo que les pueda ocurrir a estos dirigentes y a otros pobladores de la región.


Terrorismo de Estado
El Ejército y la Policía infringen la ley reclutando forzadamente jóvenes humildes para la guerra que no es de ellos 
Por Camilo Raigozo. Notimundo.

Este 18 de julio de 2014 en la estación de San Mateo de Transmilenio, localidad de Soacha, varios militares y policías fueron grabados infringiendo las normas constitucionales y las leyes tratando de reclutar forzadamente a jóvenes humildes para involucrarlos en una guerra que les es ajena.

De manera abusiva y con fuerza excesiva el Ejército trató de reclutar a un joven que se dirigía a su trabajo. Al negarse al ilegal procedimiento fue maltratado e insultado.

El video muestra como uno de los militares le retiene de manera ilegal el documento de identidad a la víctima. Por la reclamación de respeto a sus derechos uno de los policías le gritó al joven: hijueputa.

El Ministerio de Defensa, el generalato y los guerreristas, están reclutando afanosamente jóvenes de estratos populares para meterlos en una guerra que no les pertenece para que les defiendan hasta con sus vidas los privilegios y las riquezas a la oligarquía nacional y extranjera.

Los anteriores desconocen por conveniencia la Sentencia C-728 de 2009 de la Corte Constitucional que obliga a las unidades castrenses de reclutamiento a:

Respetar el derecho a la objeción de conciencia frente a la prestación del servicio militar obligatorio

Respetar las libertades de conciencia, cultos y religión.

Reconocer constitucionalmente los derechos del objetor de conciencia frente al servicio militar obligatorio, aunque no exista una legislación que reglamente la objeción de conciencia en estos casos.

Respetar el derecho que le asiste a los objetores de conciencia para que su petición sea tramitada de forma imparcial y neutral, de acuerdo con las reglas del debido proceso.

Así mismo las llamadas batidas de reclutamiento forzado realizadas por el Ejército quedaron prohibidas y quienes desconozcan los dictámenes constitucionales y legales incurrirán en varios delitos como secuestro, retención arbitraria, entre otros.


La senadora Gloria Inés Ramírez se solidariza con el pueblo palestino
Por Camilo Raigozo. Notimundo

La senadora de la República Gloria Inés Ramírez, quien participa en el Foro Regional de Víctimas en la ciudad de Barranquilla, junto con otras personalidades y asistentes al foro, se solidarizaron con el pueblo palestino.

Palestina, más exactamente la Franja de Gaza, está siendo víctima de un feroz ataque militar por parte del régimen criminal israelí, en el que han sido asesinados al menos 230 civiles, el 80 por ciento mujeres y niños, de acuerdo con una información emitida ayer por la Organización para la Liberación de Palestina, OLP.

Ramírez y sus acompañantes le exigieron al gobierno de Israel poner fin al genocidio contra el pueblo palestino. De igual manera clamaron a los gobiernos de las demás naciones para que insten a los criminales a parar el desangre y a tomar medidas para sancionar a los agresores.

El foro de víctimas se da en el marco de darles participación en la mesa de diálogos de La Habana a las personas y familias que han sufrido en carne propia los rigores de la guerra impuesta por la oligarquía y las mafias al pueblo colombiano.

En el foro, que comenzó ayer y termina hoy, toman parte las víctimas de la costa Caribe, región duramente azotada por la estrategia militar-paramilitar del régimen que dejó centenares de miles de personas asesinadas, desaparecidas y desplazadas.

jueves, julio 17, 2014

Terrorismo de Estado
Denuncian retención ilegal del Ejército a campesino en Mesetas, Meta
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El Ejército Nacional retuvo de manera ilegal a un labriego en el municipio de Mesetas, Meta, según información del defensor de derechos humanos José Samuel Rojas.

Igualmente las comunidades y las ONG de derechos humanos denuncian que las tropas del régimen insultan, estigmatizan y agreden verbal y físicamente a los pobladores.

Lafuente afirmó que los uniformados pertenecientes a la Brigada Móvil 10 amenazaron a los defensores de derechos humanos y a la comunidad en general.

Esta unidad militar ha sido acusada de múltiples asesinatos a sangre fría de campesinos inocentes, más conocidos como “falsos positivos” y de complicidad con grupos paramilitares. Fotos de la fuente.

Terrorismo de Estado
Cayó falso positivo judicial contra el director de Anncol Joaquín Pérez Becerra
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad del periodista de la agencia Anncol, Joaquín Pérez Becerra, quién fue víctima del terrorismo del régimen colombiano.

Contra Pérez Becerra se había armado un falso positivo judicial con el que se le acusó falsamente de pertenecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, FARC EP.

El alto Tribunal revocó la condena a ocho años de cárcel que había proferido un  juez especializado de Bogotá contra Joaquín Pérez Becerra, ya que no se encontraron pruebas que demostraran la responsabilidad de la víctima del delito que se le acusaba.

El perseguido político del régimen criminal que mantiene el poder en Colombia tendrá que recobrar su libertad en las próximas horas. Se encuentra recluido desde abril de 2011 en la cárcel La Picota de Bogotá.

Al igual que Pérez, al menos 9.500 colombianos se encuentran privados de la libertad en las cárceles del país, víctimas de persecución política por parte del régimen terrorista que gobierna en Colombia.

miércoles, julio 16, 2014

La Uribe, Meta
Militares hostigan, empadronan y abusan de los campesinos
Por Camilo Raigozo. Notimundo

Militares del Batallón 29 de la Séptima División del Ejército Nacional detuvieron de manera ilegal a más de 20 campesinos que se movilizaban en tres vehículos de servicio público, denunció el defensor de derechos humanos José Samuel Rojas.

Según el defensor los militares suplantan la labor de la Policía, única entidad que tiene las facultades constitucionales para ejercer este tipo de control.

Los agentes represores del régimen someten a los campesinos a empadronamientos, censos y otras prácticas ilegales, como la retención de los documentos.

Igualmente y de manera sospechosa a medida que retienen los documentos van registrando los nombres y demás datos de los labriegos en un libro.

Según la fuente esta práctica ilegal la padecen los pobladores de La Uribe todos los días sin que los entes de control tomen cartas en el asunto.

La ONG de derechos humanos Fundación Dhoc, llegó al sitio donde los militares cometían los abusos y evitó que estos continuaran.

Así mismo denunció los atropellos castrenses ante la Personería de La Uribe, la Alcaldía y demás autoridades competentes para que se investiguen los casos y se sancione a los responsables. Fotos: Samuel Rojas.


jueves, julio 10, 2014

Los prisioneros políticos y de guerra son víctimas del Estado
Por: Wldarico Flórez-prña*

A los prisioneros políticos y de guerra, no solamente se le viola el derecho de defensa y debido proceso y al conocimiento de sus derechos.

También sus derechos consagrados en los marcos legales nacionales e internacionales. Los abogados defensores de DDHH, hemos podido comprobar en nuestro ejercicio que estas violaciones e infracciones son sistemáticas por parte del Estado Colombiano a través de instituciones como el Inpec, La Fiscalía General de la Nación, El Ministerio de Justicia entre otros.

Desconocen estos derechos como la vida, la prescripción de la pena de muerte, prohibición de las torturas y de la desaparición forzada, derecho a la intimidad, inviolabilidad de la correspondencia, libre desarrollo de la personalidad, libertad de conciencia, de opinión, de petición, de habeas corpus, prisión perpetua. (Constitución Política de Colombia del 91)

Queremos con este documento poner en conocimiento de las partes en los diálogos de la Habana, en este punto cuarto de las víctimas, precisamente como  un sector de la población colombiana que hoy se encuentra privada de la libertad y es una víctima que ha sido invisibilizada por la sociedad y el mismo Estado Colombiano.

Sabemos, sin embargo que el material que presentamos  es insuficiente, sino se enriquece con los aportes de los propios PPYG. No obstante es un paso inicial  en el camino que esperamos todos los colombianos para transitar hacia la Paz con justicia social y respeto a los DDHH en especial a la Dignidad de los Prisioneros.

La observancia de los DDHH para los PPYG, debe ser una importante conquista en los diálogos de la Habana, dado que su desconocimiento sistemático y reiterado  y menosprecio  han originado gravísimas violaciones e infracciones a los Convenios y tratados originando actos de barbarie ultrajes para la conciencia de la humanidad.

Son víctimas los prisioneros políticos y de guerra (PPYG), (Ley 1448/11) por parte del Estado por el trato inhumano y el respeto  debido a la dignidad inherente al ser humano, por el menoscabo de sus derechos humanos vigentes  en virtud de las leyes, convenios, reglamentos o costumbres.

Por ejemplo las valiosas normas rectoras de la Ley Penal Colombiana, (Ley 906 de 2004), como la dignidad humana, igualdad, las normas rectoras y fuerza normativa , que deben prevalecer sobre las demás; NO se aplican a los PPYG, para citar solo un caso como el de Simon Trinidad donde se le violo el Artículo 18 de la norma citada.

En el caso de las mujeres su condición especial de embarazo, madres lactantes, los niños y los jóvenes, las personas de edad, los enfermos y los impedidos son discriminados y su violación de derechos es más preocupante.

Es tan grave la situación de los PPYG, que son torturados y sometidos a penas crueles inhumanas y degradantes, las investigaciones disciplinarias por estas denuncias son archivadas por autos inhibitorios.

Los prisioneros políticos y de guerra, son mezclados con presos del paramilitarismo, colocando en grave riesgo su vida e integridad física, son ubicados también los sindicados y condenados en un mismo establecimiento carcelario y no están separados como es debido.

Los órdenes de captura y los derechos no son tramitadas legalmente en muchas circunstancias obedecen más a falsos positivos judiciales, a montajes, a falsos testigos y a todo una red de falsos testigos y pruebas por parte del ente investigador. Violando la cadena de custodia de elementos probatorios claves para la defensa y el debido proceso.

En muchos casos a los PPYG, se les asigna  de una manera “eficaz” un defensor público, que dado su cúmulo de trabajo, lo primero que le sugiere a su defendido es que acepte cargos, con lo cual se viola el derecho a una defensa técnica efectiva y profesional,-

según lo dispone el CPP en sus artículos 118 a 125 en especial los del articulo 124 sobre los derechos y facultades  que los tratados internacionales  relativos a los DDHH, que forman parte del bloque de constitucionalidad, la constitución política, y la ley reconocen a favor de los PPYG.

Pero más grave es que cuando el PPYG tiene su defensor se le restringe al abogado las visitas, entrevistas,  comunicación y confiabilidad y se le confunde con su defendido, criminalizando la defensa.

Las visitas por parte de los familiares y correspondencia son violadas sistemáticamente, las distancias a que son llevados no son razonables como una forma más de castigo y violación del derecho a la unidad familiar y procesal.

Los exámenes médicos de ingreso son irregulares y el derecho a la salud se ha convertido en un verdadero calvario y carrusel de la muerte, pues ya son muchos los casos donde los PPYG mueren por falta de atención médica.

Lo cierto es que la inobservancia  de los DDHH, parece más una política pública, por parte del Estado, tanto así que las altas cortes reiteradamente han hecho serios pronunciamientos para que ese “estado de cosas inconstitucionales” (Sentencia  T-153/98), no se repitan, más aun los organismos internacionales también han llamado la atención al estado Colombiano por estas gravísimas violaciones a los DDHH.

En conclusión aquí se ha violado el más mínimo de los derechos como es el de la presunción de inocencia y los derechos  definidos  en el  PIDCP. En el caso de los Prisioneros de Guerra, se les desconoce este estatus(Prisionero de Guerra), establecido en el iusbellum, el derecho de Ginebra, consuetudinario, el DIH y el derecho internacional de los DH,-

aquí las infracciones por parte del Estado colombiano, no solamente son violadas, sino que desconoce tal normatividad, con lo cual pone en grave riesgo  a los prisioneros de guerra, como víctimas no solamente al violarles el Derecho interno, sino los convenios y protocolos internacionales que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad.

Por eso los PPYG,  solicitan ser escuchados para que haya verdad, justicia, reparación, no repetición y cesen definitivamente las violaciones a los DDHH por parte del Estado en las cárceles y penitenciarias del País.

* Presidente Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza


lunes, julio 07, 2014

La Macarena, Meta
Alcalde amenaza con desalojar por la fuerza a 27 familias desplazadas
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El alcalde y el inspector de policía de La Macarena, Herminson Cárdenas Montealegre y Edgar Ojeda Bona, respectivamente, les comunicaron a 27 familias en condición de desplazamiento forzado que serán desalojadas por la fuerza de un predio en el que levantaron sus ranchos.

Las 76 personas, entre las que hay 52 menores de edad, cuatro mujeres embarazadas y varios adultos mayores, el pasado 27 de junio tomaron por vías de hecho un pedazo de terreno a orillas del caño Morrocoy para levantar sus cambuches , denunció el defensor de derechos humanos José Samuel Rojas Mora.

Según la denuncia, el pasado 28 de junio el alcalde Herminson Cárdenas Montealegre, acompañado de varios funcionarios de su despacho, el inspector de policía, un teniente y varios agentes de policía, llegaron hasta el sitio en el que se encuentran las humildes familias y procedió a estigmatizarlas y a amenazarlas con que si no se iban a las buenas, se iban a las malas.

Rojas Mora interpuso una acción de Tutela en favor de las 27 familias para protegerles sus derechos fundamentales ante las amenazas del alcalde y del inspector, logrando de esa manera que la jueza, mediante una medida provisional frenara por el momento el desalojo violento prometido por el alcalde.

Rojas Mora también denunció a Notimundo que el alcalde Cárdenas Montealegre está cobrando hasta dos millones de pesos para adjudicar las viviendas gratis prometidas por el presidente Santos, las cuales ni siquiera se han empezado a construir.

Igualmente afirmó la fuente que hay unas 300 familias en condiciones de vulnerabilidad que aspiran a conseguir las viviendas gratis ofrecidas por el gobierno. Fotos: Samuel Rojas.


domingo, julio 06, 2014

Catatumbo, Norte de Santander
Movimiento de víctimas se solidariza con los pobladores damnificados del conflicto en la región
Por Movimiento Nacional de Víctimas Capítulo Norte de Santander

Ante la grave crisis humanitaria y de derechos humanos que actualmente afronta la región del Catatumbo, debido a los permanentes bombardeos y ametrallamientos indiscriminados, que desde hace aproximadamente tres meses, se vienen dando en la zona, producto del incremento de acciones militares por parte del Ejército Nacional,-

contra de los grupos armados ilegales, ELN, EPL Y FARC, sembrando temor y zozobra entre la población civil y generando el desplazamiento forzado de las comunidades campesinas en los Municipios de Hacarí, San Calixto y El Tarra.

El Movice Capítulo Norte de Santander, expresa su solidaridad y hace un llamado al gobierno Nacional, para que cesen inmediatamente los hostigamientos contra el campesinado y se proteja su vida e integridad, garantizándoles los Derechos Constitucionales consignados en la Carta Magna.

Durante más de medio siglo, las comunidades campesinas de la región del Catatumbo, han debido soportar de manera sistemática, la barbarie de la guerra en su territorio, sufriendo incluso la pérdida sus seres queridos, que siendo inocentes, han sido víctimas de crímenes atroces que aún permanecen en la impunidad y a la espera de verdad, justicia y reparación. 

Hoy, una vez más, se han visto obligados a conformar un Campamento de Refugio Humanitario, a fin de salvaguardar sus vidas, garantizar su permanencia en el territorio y evitar convertirse un una estadística más de pobreza y desplazamiento en el país.

  
Haciéndole honor a los planes del actual gobierno, de alcanzar una paz estable y duradera para el pueblo colombiano, es menester y de suma urgencia, que el Presidente Juan Manuel Santos Calderón, siendo consecuente con su discurso, asuma una posición más acorde a esas promesas de paz, y así.

La que fue su bandera electoral, pase de ser sólo una estrategia de campaña y se convierta, en una realidad palpable para quienes históricamente, ha sufrido los horrores del conflicto interno en Colombia. 

No es posible alcanzar la paz, mientras la mayoría del pueblo colombiano se debate entre la injusticia, el abandono estatal y la guerra, no se puede tener un país en paz, mientras las balas cobran la vida de miles de inocentes y la tierras es saqueada, destruida y cubierta de sangre, dolor y muerte por la codicia uno pocos. 

Es necesario que el gobierno nacional, empiece a trabajar por la justicia social, evidenciando acciones reales de paz y no de guerra.

Presidente Santos: los campesinos del Catatumbo depositaron su confianza en usted y le dieron su respaldo en las urnas, con la esperanza de poder tener una vida digna y en paz en su territorio, es hora de retribuirles su apoyo. 

Es el momento de cumplir con sus promesas campaña, pero también, es el momento de otorgarles el derecho a la tierra y al sueño de un nuevo país, bajo la premisa de que la tierra es para quien la trabaja. 

La Zona de Reserva Campesina del Catatumbo, no es el capricho de una organización, sino el mandato y el sueño de un pueblo pacifista, honesto y trabajador y una propuesta ajustada a la Ley.   

Por ello, como defensores de derechos humanos y constructores de paz, reiteramos nuestro apoyo al campesinado norte santandereano y a la Asociación Campesina del Catatumbo, que durante 10 años y en medio de la violencia, ha trabajado incansablemente por el bienestar de la región y por la dignidad del pueblo catatumbero. 

También, le hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional y a las Organizaciones Sociales y Defensoras de Derechos Humanos, para se solidaricen con la comunidad del Catatumbo y sumen esfuerzos en la búsqueda de una solución inmediata, que redunde en brindarle paz y tranquilidad a esta abatida región del país y sus habitantes.

Así mismo, les convocamos a acompañar la Comisión Humanitaria hacia la vereda La Estación, en el Corregimiento de Mesitas, del municipio de Hacarí, a realizarse del 17 al 19 de julio del presente año, y contribuir de esta forma, en la defensa y protección de los derechos de los campesinos y campesinas del Catatumbo.


viernes, julio 04, 2014

Barrancabermeja, Santander
Víctimas inconformes con la metodología para el Foro Regional de Víctimas
Por Asorvimm

Reciban un cordial saludo de la Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado del Magdalena Medio, Asorvimm.

Ante la inminencia de la realización del Foro Regional de Víctimas del 10 y 11 de julio de 2014, como parte de los acuerdos en la mesa de diálogos de la Habana para avanzar en la discusión del quinto punto de la agenda, consideramos necesario manifestarle nuestro descontento por la forma como se ha organizado esta actividad en la ciudad de Barrancabermeja.

Siendo Asorvimm la organización de víctimas más grande y antigua del Magdalena Medio, en la que nos agremiamos más de 1.900 víctimas de diferentes hechos violentos en toda la región y que ha trabajado arduamente por la efectividad de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y la garantía de no repetición,-

no solo de nuestros asociados, sino de todas las víctima de la violencia del Magdalena Medio y dado el reconocimiento nacional e internacional de nuestra organización, consideramos que tenemos toda la legitimidad para sentar nuestra posición sobre la manera como se pretende limitar nuestra participación en el Foro Regional de Víctimas y de paso en el proceso de negociación con el Estado y los grupos insurgentes.

Ha sido una lucha ardua la que hemos tenido que librar las víctimas del conflicto armado para que los victimarios, incluyendo al Estado colombiano, nos reconozcan y aun hoy, luego de más de cinco décadas de guerra y casi una de haberse creado el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado,-

del que Asorvimm es su expresión en esta región, no hemos logrado más que unas cuantas leyes y decretos que no responden a las verdaderas necesidades de las víctimas y que en nada garantizan la no repetición de los hechos violentos.

Hemos sido enfáticos en la necesidad de que en cualquier proceso de negociación con los grupos armados debe tenerse en cuenta a las víctimas pues somos el sector de la población que ha pagado el precio más alto en el conflicto y por ello somos lo más legitimados para hacer propuestas de paz, sin embargo vemos con gran preocupación como cuando se discute en la Habana el Quinto Punto de la Agenda, referente a las víctimas, en lugar de darnos la palabra nos cierran los espacios.

Afirmamos estos basados en el hecho de que se realizará un Foro en Barrancabermeja con las víctimas del conflicto y a pesar de que Asorvimm es una de las organizaciones de víctimas con más trayectoria y reconocimiento en la región, no se nos convocó para la planeación del foro.  Surge entonces la pregunta

¿si no se nos tiene en cuenta para la planeación de una simple actividad, será que nuestra voz si será escuchada en el proceso de paz? Y más grave aún, de firmarse la paz ¿esta si será estable si se llega a acuerdos desconociendo a las víctimas del conflicto?

No entendemos cómo es que no se nos convoca para que participemos en la preparación del foro y ni siquiera se nos da información clara de cuáles serán los criterios de participación, tan graves es el desconocimiento a las víctimas del Magdalena Medio agremiadas en Asorvimm, que a pocos día de realizarse el foro aún no se ha garantizado nuestra presencia y nuestra intervención en la actividad. Foto: Vanguardia.


Dortmund, Alemania
Comunistas y organizaciones sociales de Europa se solidarizaron con los prisioneros políticos colombianos
Por Intal Belgica.

Con la presencia de varias organizaciones sociales y de partidos comunistas del mundo se celebró el pasado fin de semana en Dortmund Alemania, el evento político cultural UZ-Pressefest organizado por el Partido Comunista Alemán, DKP.

En el mismo hicimos presencia las delegaciones colombianas del Partido Comunista Colombiano, el movimiento social Marcha Patriótica, y la organización de solidaridad Belga INTAL quienes junto la organización colombiana Solidaridad Jurídica y en el marco de la campaña Europea de Solidaridad con las  y los prisioneros políticos, denunciaron la grave crisis carcelaria y la existencia de más de 9500 prisioneros políticos en Colombia y la necesidad de visibilizarlos en esta coyuntura del proceso de paz en nuestro país.

Las artesanías fabricadas por las y los prisioneros políticos colombianos fueron mostradas a los asistentes quienes adquirieron estas manualidades realizadas tras los muros con el mismo amor y dignidad con que estos compañeros luchan en tierras colombianas. Fotos: Intal.

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