jueves, septiembre 18, 2014

Terrorismo de Estado
Asaltaron y robaron información a defensores de derechos humanos
Por: Camilo Raigozo. Notimundo

El pasado 16 de septiembre a las 6:30 de la tarde, cuando los defensores de derechos humanos Adriana Pastrana y Alberto Yepes, de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Cceeu, abandonaron las instalaciones de la ONG en el barrio La Soledad, para dirigirse a un evento sobre víctimas de desaparición forzada fueron asaltados por dos sujetos.

“Dos asaltantes uniformados con chaquetas impermeables de color azul oscuro, quienes se movilizaban en dos motos, los abordaron y dirigiéndose al coordinador del Observatorio,

"Alberto Yepes, tras requisarlo minuciosamente, le arrebataron la maleta en que llevaba su computador y les exigieron la entrega sus teléfonos celulares, partiendo luego velozmente con la amenaza de disparar si volteaban a mirarlos”, expresa el documento.

Esta es la segunda vez que integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de la Cceeu son víctimas de robo de equipos de información.

Alberto Yepes ha venido participando en diversos debates, audiencias públicas, foros y medios de comunicación, sobre casos de asesinatos a sangre fría cometidos por militares y otros agentes del Estado.

Igualmente participó en la reciente audiencia realizada en el Congreso de la República sobre la ampliación del fuero penal militar que busca cubrir con impunidad los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos por militares y policías, especialmente de alto rango.

Yepes también participó en la preparación del debate sobre paramilitarismo realizado en el Senado, así como en la audiencia de la Comisión Segunda de la Cámara sobre el fuero penal militar.

El nombre del Coordinador del Observatorio, Alberto Yepes, está incluido en la lista de 91 personas amenazadas por paramilitares autodenominados “águilas negras”, la cual circuló los pasado 8 y 9 de septiembre.

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lunes, septiembre 15, 2014

París, Francia
Organizaciones europeas y colombianas se adelantó con éxito campaña por la libertad de los presos políticos
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El pasado fin de semana, hizo presencia la campaña por la libertad de las y los prisioneros políticos de Colombia en la fiesta de la humanidad en Paris, Francia. Informaron los organizadores.

Con la participación del Movimiento Social y político Marcha Patriótica, el Partido Comunista Colombiano, Radio Cafe Stereo, la fundación Solidaridad Jurídica y la organización belga Intal, se dio paso nuevamente a la denuncia y la solidaridad con las y los prisioneros políticos colombianos.

Con el lema "Si al proceso constituyente, étnico, popular, amplio y soberano" también se continua con la campaña de apoyo al proceso de paz en La Habana, Cuba y de la asamblea nacional constituyente como fase principal de refrendación de los acuerdos realizados.

Hubo música, artesanías, debates y mucha solidaridad. Foto de la fuente.

¡Vamos por nuestros derechos!
IV Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina
Tibú, Catatumbo, 18-21 Septiembre de 2014
Por: Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez

La Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Ansorc, es un movimiento social campesino que congrega 54 organizaciones promotoras de Zonas de Reserva Campesina en Colombia,-

es un espacio de articulación y coordinación de organizaciones campesinas comprometidas con la defensa de los derechos humanos, la conservación ambiental, la defensa de la tierra y del territorio campesino.

Desde la Ansorc, creemos que las ZRC permiten, mediante la presencia institucional y el desarrollo de las políticas públicas del campesinado, el ordenamiento territorial, social, ambiental, económico y productivo de territorios campesinos.

Pese a las restricciones de política impuestas a las ZRC, esta figura ha demostrado ser una alternativa viable y eficaz en la estabilización de comunidades, el fortalecimiento de la economía campesina, la planificación concertada del desarrollo rural, el acceso a la tierra y la protección ambiental.

Desde la reactivación de las ZRC en el país (2010) con el inicio del gobierno de Juan Manuel Santos y en el marco de concertación con el Incoder, la Anzorc ha realizado tres encuentros nacionales de ZRC; éstos han fortalecido las propuestas de las organizaciones agrarias, la interlocución con la institucionalidad, la cooperación internacional y la academia.

Asimismo se ha exigido el cumplimiento de la Ley 160 de 1994 y se ha aportado a la visibilidad en la sociedad en general, de la importancia del sector rural para la vida del país.

El 2014 es un año decisivo y de importantes avances en la lucha agraria y popular por la democracia, el derecho al acceso a la tierra, la protección del territorio, el medio ambiente, la economía campesina, los derechos del campesinado y el avance hacia la paz con justicia social.

Diversos sucesos ocurridos el 2013 marcaron un hito para la lucha social y popular en Colombia; el paro agrario protagonizado en la región del Catatumbo con una duración de 53 días, marcó un precedente en la movilización social, popular y campesina, contando con un importante apoyo de población urbana en distintas ciudades del país.

El Paro Nacional Agrario determinó la necesidad de unificar esfuerzos de los distintos sectores de la ruralidad colombiana, concretándose en la conformación del espacio de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular. Este escenario de unidad, ha sido definitivo para las jornadas de movilización que se desarrollaron durante el presente año; y para la interlocución con el gobierno nacional.

En esta perspectiva, los movimientos sociales agrarios y populares, tenemos como aspiración seguir los procesos de interlocución con el gobierno nacional, pero sin dejar de lado la movilización permanente que conlleve satisfactoriamente a dar solución a las causas estructurales que dieron origen-

al conflicto social y armado, y a brindar las garantías necesarias para el ejercicio pleno de la democracia y la paz con justicia social; lo que nos impone la necesidad de fortalecer agendas interculturales que alimenten escenarios políticos de unidad.

En este sentido como todos los años desde el 2010, La Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc, celebrará del 18 al 21 de septiembre del 2014, en Tibú, Norte de Santander su IV Encuentro Nacional de ZRC, enmarcado en un periodo decisivo político para el país,-

un año para exigirle al gobierno el cumplimiento de los acuerdos y la ley 160 en materia de ZRC, justo a un año de la presentación de nuestra propuesta programática y el sistema nacional de ZRC, enviada a la mesa de negociación que se adelanta en la Habana, Cuba, entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC.

¡Somos ZRC, somos una iniciativa agraria de paz!

jueves, septiembre 11, 2014

San José de Apartadó, Antioquia
Denuncian asesinato de campesino y otros atropellos de militares y paramilitares
Por: Camilo Raigozo. Notimundo

El Comité de Derechos Humanos de San José de Apartadó denunció que el pasado 3 de septiembre fue asesinado el campesino Juan Cardona en la vereda Arenas Bajas.

Así mismo afirmó que desde el 25 de agosto anterior se han recrudecido las llamadas amenazantes y extorsivas contra varios líderes del Comité de Derechos Humanos de San José Apartadó.

Detrás de las amenazas se encuentran paramilitares autodenominados “autodefensas gaitanistas", quienes les ofrecen a los líderes cominitarios respetar sus vidas y las de sus familiares a cambio de gruesas sumas de dinero.

“La manera en que suceden las amenazas y extorsiones sistemáticas, dan cuenta de una estructura paramilitar compleja que opera desde el municipio de Apartadó y desde otras cabeceras municipales.

“Así por ejemplo, en días recientes fue amenazada una mujer líder de una de las veredas aledañas al Corregimiento. En esta ocasión le exigieron 20 millones de pesos", expresa el documento.

La líder se encontraba en el casco urbano de Apartadó y luego de recibir la llamada logró ponerse en contacto con miembros de la Comunidad de Paz de San José, quienes asumieron el acompañamiento humanitario y su protección.

Cuando se encontraba en las instalaciones de la organización para la defensa de los DDHH, recibió otra llamada en la que le advirtieron que no importaba el sitio que se encontrara pues ellos la estaban monitoreando todo el tiempo y que nada la salvaría.

Además existe una sistemática situación en que personas de civil, sin identificar, están haciendo inteligencia y preguntando por los movimientos de los líderes comunales, lo que pone en peligro la vida y la integridad de éstos.

Al mismo tiempo otras organizaciones para la defensa de los DDHH del municipio desplegaron personas para la verificación de la situación y al llegar al terminal de transportes, encontraron que por allí merodeaban varios miembros de inteligencia militar adscritos a la Brigada 17, en compañía de reconocidos paramilitares y “desmovilizados” de otros grupos que ahora hacen parte de la inteligencia castrese.

No es la primera vez que los agentes de inteligencia militar hacen presencia en los puestos de transporte público acompañados de paramilitares y colaboradores para atemorizar y ejercer tratos degradantes en contra de los pobladores que toman parte en la defensa del territorio y de los DDHH.

Po ejemplo, el 11 de mayo pasado a las 8:30 la mañana, mientras se iniciaba el segundo día de la jornada de trabajo en el marco de la realización de la Constituyente Regional del Urabá, fueron sorprendidos dentro de las instalaciones del coliseo Antonio Roldan Betancur del municipio de Apartadó, Franco Orlando Portilla Martínez, sargento segundo y Julio Cesar Sierra Ortiz, soldado profesional, quienes estaban armados y son miembros activos de la Brigada 17 del Ejército que opera en el municipio de Apartado, Antioquia, hecho que aún no ha sido investigado y sigue en la completa impunidad.

Igualmente el pasado 25 de agosto los criminales le enviaron un mensaje amenazante al celular del defensor de DDHH Arley Cartagena, miembro del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de San José de Apartadó,

“Denunciamos así mismo que Arley ha sido objeto de señalamientos públicos por parte de los altos mandos militares de la Brigada 17, quienes aprovechando los micrófonos de la emisora local han señalado a este campesino como el responsable de las denuncias que nuestro comité ha elevado por el mal comportamiento de esta unidad militar", expresa la denuncia.

Según afirma el documento, las investigaciones hechas por el Comité para los Derechos Humanos dan cuenta de un plan para asesinar a Arley Cartagena. 

Así han manifestado colaboradoresde la inteligencia militar en estado de embriaguez en lugares públicos del casco urbano de Apartadó.

Las unidades de inteligencia de la Brigada tienen pleno conocimiento de esta situación -afirma el documento- y han tomado parte en reuniones en las que se ha puesto precio a la muerte del defensor de derechos humanos.

martes, septiembre 09, 2014

Terrorismo de Estado
Acciones criminales del Inpec contra prisioneros en la cárcel de La Dorada, Caldas
Por: Camilo Raigozo. Notimundo

La Fundación Lazos de Dignidad denunció que el pasado 8 de septiembre a las 9:30 de la mañana, varios guardias ingresaron al pabellón 7 cuando los prisioneros realizaban labores de aseo en calma.

Los guardias informaron que se llevaría a cabo una requisa, la cual no se realizó, pero buscaron a los presos Boris Medina Payán y Duvián Ramírez a quienes agredieron con gas pimienta, patadas, puños y bolillo.

Los agresores fueron los dragoniantes Morales, Arcia, Sierra y Celis, quienes manifestaron sus acciones cobardes en presencia del teniente Uyola, el cabo González y el sargento José Olivarez, cómplices de los bandidos.

Luego de la golpiza, el dragoniante Celis, conocido por los prisioneros como “el torturador”, se dirigió al prisionero Daniel Guevara y le manifestó que él sería el próximo ya que conocía que se queja mucho ante las ONG.

Desde ese mismo día hasta la fecha, los prisioneros  Medina y Ramírez permanecen incomunicados en celdas de castigo.

El 3 de julio de 2014, la Fundación Lazos de Dignidad solicitó intervención de la coordinadora del Grupo de Derecos Humanos del Inpec, Ivonne Lagos Díaz, para que se investigara penal y disciplinariamente por la tortura y otras agresiones en contra del prisionero Boris Medina Payán, para quien también se pidió remisión inmediata a valoración médico legal, puesto que el 27 de junio de 2014, miembros de la guardia, en cabeza del dragoniante José Muñoz, insultaron, amenazaron e intimidaron a Medina.

Después los dragoniantes Muñoz, Arango, Valderrama y Robayo, el inspector Murcia y alrededor de 15 guardias, forzaron a Medina Payán a desnudarse y luego le rociaron gas pimienta en los genitales, le propinaron una fuerte golpiza y los sometieron a 6 días de aislamiento en celdas de castigo.

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Puerto Rico, Meta
Denuncian la desaparición de un campesino y su hijo, así como la libre actuación de paramilitares
Por: Camilo Raigozo. Notimundo

En la noche del pasado 28 de agosto, de la vereda La Sultana, municipio de Puerto Rico, Meta, desaparecieron, el labriego Robinzon Quintero Mahecha y su hijo Edwin Andrés Quintero Castro, de cuatro años de edad.

La denuncia fue hecha por la Fundación para los Derechos Humanos del Oriente y Centro Colombiano, Dhoc, quien junto alas comunidades señalan  a los paramilitares como autores del hecho, con la complicidad de la Fuerza Pública.

“En el municipio de Puerto Rico, en los últimos días se ha hecho visible la presencia de grupos paramilitares, quienes de forma descarada extorsionan a los campesinos con altas sumas de dinero por el hecho de poseer cultivos y algunas propiedades", dice el documento.

Las veredas más afectadas por las acciones criminales de los paramilitares son entre otras, San Vicente Bajo, Tierra Grata, La Lindosa, El Daríen, La Argentina y La Venada. Aunque esta zona está copada por tropas del Ejército los 'paras' actúan libremente.

Dhoc manifestó que las acciones criminales de los paramilitares han sido denunciadas en múltiples ocasiones ante las autoridades civiles y militares, locales, departamentales y nacionales, sin obtener ninguna respuesta. Las comunidades campesinas vuelven a estar solas frente a la perversa estrategia de paramilitarismo.

“Responsabilizamos al Ejército Nacional, a la Policía Nacional y las autoridades locales, de los hechos que estos grupos al margen de la ley puedan perpetrar en contra de la comunidad de este municipio", advierten los denunciantes.

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sábado, septiembre 06, 2014

Terrorismo de Estado
El Ejército intentó asesinar a un joven en Puerto Rico, Meta
Por: Camilo Raigozo. Notimumdo

El pasado 30 de agosto, cuando el joven José Antonio Fandiño Sánchez transitaba en su motocicleta en inmediaciones de Puerto Toledo, jurisdicción de Puerto Rico, Meta, fue atacado por el Ejército.

Según denuncia la Fundación para los Derechos Humanos del Oriente, Dhoc, miembros de la Brigada Móvil 4 del Ejército dispararon contra la humanidad de Fandiño Sanchez causándole dos heridas de bala, cuando se movilizaba en su moto por la vereda El Jordán.

Los agentes represores del régimen, no solo trataron de acabar con la vida del campesino, sino que una vez herido lo acusaron de ser guerrillero y trataron de obligarlo a firmar su “desmovilización" a lo cual el labriego no accedió.

La nueva víctima del terrorismo estatal fue trasladada al hospital de Villavicencio donde los galenos le preserbaron la vida. No obstante, durante todo el tiempo las tropas presionaron al joven para que se desmovilizara.

Al fallar el nuevo “falso positivo" y no lograr su cometido de obtener la “desmovilización" de la víctima, los uniformados no tuvieron más remedio que dejar al labriego en libertad, luego de haber infringido gravemente el Derecho Internacional Humanitario.

José Antonio Fandiño Sánchez denunció ante la Fiscalía
a los agresores por el delito de lesiones personales en persona protegida, a pesar de que fue claramente un intento de homicidio y una flagrante infracción al Principio de Distinción del DIH.

Actualmente cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca ampliar el fuero penal militar, impulsado por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el cual es una coartada para garantizar impunidad a crímenes y violaciones a los derechos humanos por parte de militares y policías, especialmente de alto rango.

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martes, septiembre 02, 2014

Abogado Reianldo Villalba,
defensor de derechos humanos.
Fuero penal militar
“El ministro Pinzón lo que quiere es que se garantice la impunidad sobre los graves crímenes de violación a los derechos humanos”
Por Camilo Raigozo. Notimundo

Así lo afirmó el abogado defensor de derechos humanos y miembro del Colectivo Alvear Restrepo, Reinaldo Villalba, en diálogo con Notimundo.

“Ese proyecto lo que pretende es que las graves violaciones a los derechos humanos sean conocidas en adelante por la justicia penal militar”, expresó Villalba.

Igualmente dijo que delitos como el homicidio y los mal llamados falsos positivos pasarían a la justicia penal militar. “Hay un literal que dice que todos los delitos contra la población civil, serían también de la competencia de la justicia penal militar”, advirtió.

Del mismo modo ocurriría con los delitos de espionaje o “chuzadas” cometidos por el Ejército y la Policía, como en el caso de Andrómeda.  Así mismo ocurriría con  todas las conductas que tienen que ver con graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

“Si el Congreso aprueba este proyecto, sencillamente estaría poniendo la firma para que los graves crímenes queden en la impunidad, dado que la justicia penal militar no es un tribunal ni imparcial, ni independiente y en cambio sí es una fuente primerísima de impunidad”, expuso el defensor.

A renglón seguido afirmó que “Es verdad indiscutible que en la justicia penal militar no hay ningún chance de que se produzcan decisiones ajustados a la justicia y en cambio sí se estimula, por la impunidad, la repetición de los crímenes”.

En el mismo sentido adujo que en el caso de que el Congreso llegase a aprobar el proyecto sencillamente se estaría abriendo la puerta para que la Corte Penal Internacional y otros tribunales externos  intervengan en Colombia.

Sobre el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, expresó que lo primero que hay que tener en cuenta es que fue él quien presentó este proyecto al Congreso de la República.

“El ministro Pinzón lo que quiere es que se garantice la impunidad sobre los graves crímenes de violación a los derechos humanos y no le está haciendo un favor a la fuerza pública, porque lo que está haciendo es acelerando la posibilidad de que instancias internacionales de justicia se ocupen de casos que la justicia colombiana está dejando en la impunidad”, aseveró Reinaldo Villalba.

lunes, septiembre 01, 2014

Organización internacional de DDHH insta al presidente Santos a poner freno al abuso de la Fuerza Pública en Urabá
Por Camilo Raigozo. Notimundo

La organización internacional de derechos humanos, Rete Italiana di Solidarietà con le Comunità di Pace Colombiane, envió una dura carta al presidente Juan Manuel Santos instándolo a que ponga freno a los abusos del Ejército, Policía y paramilitares contra las comunidades de San José de Apartadó.

La ONG le solicita al primer mandatario tomar medidas urgentes contra el  coronel Germán Rojas Díaz, comandante de la Brigada 17 del Ejército, por persecución  contra la Comunidad de Paz y sus estrategias de intimidación contra la población civil con la justificación de la lucha contra la insurgencia.

Las tropas bajo el mando de Rojas Díaz son acusadas de disparar indiscriminadamente en medio de la población civil y de usar medios de comunicación para estigmatizar a los pobladores y a la Comunidad de Paz.

A continuación transcribimos apartes de la carta:                                                                   

Señor
Juan Manuel Santos Calderón
Presidente
República de Colombia

Vicepresidencia, Ministro de la Defensa, Ministro del Interior, Ministro de Justicia y del derecho, Fiscal General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Departamento de Policia Urabá, comando de la Brigada XVII.

Asunto: Solicitud de investigación y medidas para poner freno a las persecuciones reiteradas  por parte de las Fuerzas Armadas estatales contra los pobladores de la zona.

Respetado Presidente:

Nos dirigimos directamente a Usted y al gobierno que lidera vista la situación de extrema gravedad que viven un considerable número de campesinos y campesinas en San José de Apartadó y veredas del entorno:

montajes judiciales promovidos por la Brigada XVII y falta de independencia del sistema judicial con respecto a los militares; amplia campaña de estigmatización contra la Comunidad de Paz por parte del Coronel Germán Rojas Díaz, y  violación del derecho internacional humanitario por parte del Ejército colombiano, sobre todo del principio de distinción entre población civil no combatiente y combatientes.

Usted sabe que nosotros/as – integrantes de la Rete Italiana di Solidarietà Colombia Vive! -  tenemos plena confianza en la opción noviolenta de la Comunidad de Paz y creemos en sus constancias porque, hasta el momento, todas sus denuncias siempre se han confirmado. 

Sin embargo, no solo contamos con la versión de la Comunidad, también nos basamos en las informaciones de los acompañantes internacionales que viven permanentemente en San Josesito y otras veredas, como medida de protección internacional, y del cuerpo noviolento de paz de la  Comunidad Papa Giovanni XXIII, PBI y  FOR.

Ahora bien, en cuanto a los montajes judiciales evidenciamos la reciente captura de la campesina Luz Denis Valle Valderrama, pobladora de San José de Apartadó y madre de 5 hijos, a quien detuvieron agentes de la Fiscalía el 6 de agosto, un día antes del acto de posesión de su segundo periodo como Presidente del País.

De la Fiscalía respondieron a nuestra acción urgente el 8 de agosto, y nos confirmaron la detención de la campesina dando cuenta también de su ubicación.

Cuando recibimos la constancia de la Comunidad  temimos que fuera otra desaparición forzada como la que ocurrió hace ya un año con el Joven Buenaventura Hoyos, el cual fue liberado después de 10 meses de cautiverio sin que hasta el momento ningún órgano estatal haya dado alguna explicación.

Según la  Comunidad de Paz, la detención de Luz Denis  no es más que otro montaje judicial por parte de la Brigada XVII con la manipulación de sujetos reinsertados quienes, con la presión de los militares que los alojan y los utilizan, sirven de falsos testigos para señalar pobladores de la zona como colaboradores de la guerrilla.

En efecto, en la comunicación de la Fiscalía informan que a Luz Denis se le culpa por el delito de “administración de recursos relacionados con actividades terroristas” art. 345 del CPP.

Dicha acusación coincide con una denuncia de la Comunidad, en la que señalan que  a inicios de agosto el desmovilizado Luis Ángel Ceballos, alias Caballo, quien se aloja en el Comando de la Brigada XVII, elaboró una lista para judicializar y acusar a pobladores de la zona de colaborar con la guerrilla. 

Así mismo,  la Comunidad de Paz nos informa que el procedimiento de detención de esta madre de cinco niños y campesina fue completamente irregular, puesto que se le negó  el derecho a llamar a un abogado y se le trasladó inmediatamente a  Medellín sin permitírsele comunicarse con su  familia e informar de su paradero.

También, nos inquieta señor presidente que una vez detenida la persona se proceda con la legalización de la captura, tal y como se anota en la comunicación recibida por parte de la Fiscalía de Medellín: “Acto seguido fue trasladada a la ciudad de Medellín ese mismo día, para efectos de realizar las labores de judicialización y legalización e [sic] captura.

A la fecha, se encuentra bajo medida intramural una vez se celebró para el día 07/08/2014 la audiencia de legalización de captura, formulación de imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento, determinada por un juez de conocimiento en esa ciudad”. ¿Sabría usted explicarnos a que se refieren cuando indican lo anterior?

La Comunidad de Paz, a través de los derechos de petición dirigidos a su persona en calidad de Presidente de Colombia y máximo comandante de las Fuerzas Armadas, remitidas  por el sacerdote jesuita y director de la base de datos de violencia política del CINEP,-

padre Javier Giraldo le ha expuesto con lujo de detalles y mucha documentación las cuestionantes acciones del  coronel Germán Rojas Díaz mientras se desempeñó como Comandante del Batallón Voltígeros de la Brigada XVII y en general,  las estrategias que se utilizan en el Urabá a través de las cuales se tiende a involucrar a la sociedad civil con la insurgencia cuando reivindican su derecho a no participar en la guerra.

Es de su conocimiento que los montajes judiciales y el relacionar al campesinado de la zona con los insurgentes es una  práctica muy utilizada por los jefes militares del Ejército como estrategia de control. Recordará Usted, respetado mandatario,  que este modus operandi fue el que se utilizó para desprestigiar a Luis Eduardo Guerra,-

líder de la Comunidad masacrado el 21 de febrero del 2005 por agentes de las Fuerzas Armadas en colaboración con los paramilitares del Bloque Héroes de Tolová; y para negar los hechos en el mismo Congreso colombiano, al que se llevaron los reinsertados a declarar en contra de la Comunidad de Paz.  

Lo que más nos preocupa es  la falta de independencia del sistema judicial, especialmente de la Fiscalía, con respecto al poder de este tipo de militares.

Reiteramos que muchas de las detenciones y procesos contra campesinos y campesinas de la zona son iniciados por la Fiscalía de la región bajo las acusaciones de los militares, teniendo como única prueba los testimonios de reinsertados, cuya voluntad está sometida al arbitrio de éstos. 

Por eso comprendemos la posición de la Comunidad en su ruptura con el sistema judicial colombiano, sabe usted también que para que se establezca la confianza en el mismo, este tipo de prácticas y controles de las fuerzas militares sobre el sistema judicial no puede ser.

Realmente señor Presidente, esta situación evidencia la negación de los derechos ciudadanos y la deficiencia del Estado de Derecho. 

Por eso le rogamos que interceda directamente ante el Coronel Germán Rojas Díaz para que lo convenza de desistir de sus estrategias de intimidación e involucración de la población civil en un conflicto que para nada les pertenece.

Y más directamente, le solicitamos que tome las medidas oportunas, vista y comprobada su animadversión por la Comunidad de Paz de SJA expresada en las prácticas ya referidas y muy identificadas por las organizaciones que acompañamos a las comunidades que sufren en medio del conflicto armado.

Es de conocimiento internacional que las víctimas reales del conflicto son los campesinos y campesinas que, por desgracia en su país, han sido históricamente discriminados y maltratados por un amplio sector de la población y concretamente por parte de los altos vértices militares.

Como prueba de la campaña de estigmatización de este comandante contra la Comunidad adjuntamos el artículo publicado por el Heraldo de Urabá en el que éste Comandante hace seria afirmaciones en contra de la Comunidad y en el que se evidencia su sesgo contra la misma (http://www.elheraldodeuraba.com/index.php/regional/1-turbo-busca-acuerdo-con-santos-para-la-prosperidad-de-la-region).

Quisiéramos que el comandante nos demostrara cómo se ha menguado la credibilidad internacional de la Comunidad, porque ahora más que nunca las organizaciones internacionales estamos entendiendo claramente la dinámica que se ha utilizado para debilitar  la opción de los campesinos y campesinas de no ser involucrados en la guerra.

Precisamente este tipo de acciones son las que nosotros denunciamos porque son estas campañas las que estigmatizan a los campesinos y campesinas que quieren una Colombia donde no sean las balas las que gobiernen.

Como lo explica claramente la comunidad de Paz en su comunicación del 13 de agosto del año en curso y ante lo cual estamos totalmente de acuerdo:

Desde las experiencias directas de nuestras tragedias, que absolutamente nadie las puede falsificar o disfrazar ante nosotros mismos que las sufrimos, conocemos de primera mano la mentira que se difunde en las emisoras radiales, los periódicos y los canales televisivos  locales, regionales y nacionales, cuando se refieren a nosotros.

Conocemos de primera mano las mentiras que redactan en la Brigada XVII y que le hacen firmar a los aterrorizados detenidos, chantajeados por torturas y sobornos, obligándolos a firmarlas y a ratificarlas en juzgados y tribunales para castigar con años de prisión a quienes rechazan las estrategias de sometimiento a sus intereses.

Conocemos de primera mano las mentiras descomunales de militares y policías para ocultar la responsabilidad de sus crímenes contra la población inocente.

Conocemos de primera mano las mentiras de los funcionarios administrativos y de los directorios políticos que buscan estigmatizar a quienes repudian sus campañas y manejos inmorales del poder.” (Leer constancia completa en: http://cdpsanjose.org/?q=node/325).

En nuestros archivos reposan respuestas del Ministerio de la Defensa y del Ejército, también de la Fiscalía en las que fundamentamos nuestras reflexiones. 

El caso emblemático, pero no el único, al cual ya nos referimos en líneas superiores,  fue la  masacre del 21 de febrero del 2005  y las respuestas que nos suministraron los órganos estatales ante la denuncia.

Por ello, quienes llevamos años acompañando la opción de la Comunidad de Paz, los montajes judiciales a civiles con testimonios falsos de desmovilizados y la atribución de asesinatos y crímenes realizados por los mismos efectivos de las fuerzas del orden a la guerrilla, los identificamos como parte de las estrategias de guerra de las fuerzas militares,-

por desgracia contra los civiles. Incluimos también los falsos positivos, los cuales a propósito, se han reactivado en la zona, como en el caso de la campesina Yerly Magaly Muñoz, menor de 18 años y madre de un niño de tan solo 1 año, víctima de un combate y presentada como guerrillera dada de baja por el ejército.

Por ello, en relación a este hecho que además de cruel es  inmoral;  le rogamos limpiar la memoria de esta joven madre y restituirle la honra propia declarando públicamente que no se trata de una guerrillera dada de baja en combate, sino de una madre y mujer campesina víctima de esta guerra que sigue ensangrentando a Colombia, a pesar de los diálogos de paz en La Habana.

Así mismo, le  reiteramos, por enésima vez, que las Fuerzas Militares del Estado de su país infringen el derecho internacional humanitario cuando instalan sus campamentos en terrenos de propiedad privada y cuando irrumpen en las fincas de los habitantes de las veredas, destruyendo plantaciones de pancoger.

De acuerdo con el comunicado de prensa enviado por el cuerpo de paz de la Comunidad Papa Juan XXIII que acompaña a la Comunidad para su protección desde los principios de la noviolencia, el pasado 22 de agosto durante un combate entre el Ejército colombiano-

(Brigada Móvil XI) y guerrilleros de las FARC en la vereda Bellavista, jurisdicción de San José de Apartadó, el Ejército Nacional disparó indiscriminadamente y a altura de hombre sobre diversas viviendas de habitantes de la zona.

Excelentísimo Presidente, de acuerdo con el mismo comunicado de los acompañantes italianos, los militares no atienden las súplicas de los pobladores de las veredas para que no los pongan como escudos humanos en los combates que libran contra la subversión.

En todas nuestras comunicaciones a los organismos internacionales hemos expresado nuestra preocupación por la falta de respeto y los abusos de poder de los efectivos militares contra los civiles y sobre todo por la dinámica establecida por parte de las tropas-

que se despliegan en las veredas de San José de Apartadó, o sea la de utilizar las viviendas y propiedades privadas de los campesinos con fines militares, violando el derecho internacional humanitario y su principio de no involucrar a la  población civil en la guerra. 

Nos resulta muy difícil  imaginar cómo se puede vivir en una zona en la que las Fuerzas del Estado constantemente están haciendo uso arbitrario de su poder, siempre con la justificación de la lucha contra la insurgencia. 

Señor presidente, Usted como máximo comandante de las Fuerzas Armadas colombianas es mucho lo que puede hacer para poner límite a los excesos militares y sobre todo para llamar al orden al Coronel Germán Rojas Díaz, puesto que desde su llegada se han incrementado las estrategias típicas de guerra sucia contra la población civil registradas, también, en otros años.

Agradecemos su amable atención,
Andrea Proietti
Presidente Rete Colombia Vive! A nombre de los miembros de la Red y de su  Consejo Nacional:
Abogado Francesco Tartini (Treviso), Giuseppe Coscione (Genova) y Simona Fraudatario (Roma).

Los defensores de derechos
humanos Reinaldo Villalba
y Kirsty Brimelow QC.
Comité británico intercede ante la CSJ por el caso del defensor de derechos humanos David Ravelo
Por Camilo Raigozo. Notimundo

En rueda de prensa ofrecida este 1 de septiembre, la abogada del Reino Unido, Kirsty Brimelow, presidenta del Comité de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales, explicó los alcances de la figura jurídica denominada Amicus Curie, radicada el pasado 20 de agosto en la Corte Suprema de Justicia por el caso del defensor de derechos humanos David Ravelo.

Amicus curiae (amigos de la Corte) es un instrumento jurídico mediante el cual se pone  en consideración de la Corte Suprema de Justicia, argumentos orientados por los instrumentos internacionales de derechos humanos para que se garanticen el Estado de Derecho y el debido proceso de David Ravelo.

El defensor de derechos hu
manos David Ravelo Crespo
Sin ser una imposición al alto tribunal, se busca que la Corte Suprema de Justicia considere admitir la demanda de casación penal que se encuentra en curso y estudie de fondo el proceso de David Ravelo, defensor de derechos humanos condenado a 18 años de cárcel por un delito que nunca cometió.

El abogado defensor de derechos humanos del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo Reinaldo Villalba, expresó que contra Ravelo se han presentado innumerables violaciones al debido proceso.

Empezando porque el fiscal 22 de la Unidad Antiterrorismo, William Gildardo Pacheco Granados, quien dirigió la investigación y acusó a Ravelo ante los jueces, es un criminal acusado de la desaparición forzada de al menos un joven en la ciudad de Armenia, cuando se desempeñaba como oficial de la Policía.

Por la desaparición forzada del joven Guillermo Hurtado Parra, Pacheco Granados fue destituido de la Policía, sancionado e inhabilitado por la Procuraduría para ejercer cargos públicos. Sin embargo el delincuente no ha sido condenado y en cambio actúa como fiscal.

Reinaldo Villalba le dijo a Notimundo que ante la demanda del Colectivo Alvear Restrepo la Fiscalía abrió investigación contra el fiscal William Gildardo Pacheco Granados y lo llamó a rendir indagatoria.

“David Ravelo Crespo, economista, fundador de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credhos, en Barrancabermeja, ha sido objeto de señalamiento, estigmatización y persecución en su calidad de defensor de derechos humanos, por parte de agentes del Estado y grupos paramilitares, quienes impulsaron una campaña de desprestigio en su contra desde los años 90, cuando era integrante del movimiento político Unión Patriótica, UP”, aseveró Villalba.

Ravelo fue víctima de montajes judiciales en 1993, cuando fue judicializado, detenido y absuelto. Actualmente se encuentra privado de la libertad en la cárcel La Picota desde el año 2010, siendo inocente.

“El reconocido paramilitar Mario Jaimes Mejía, alias ‘el panadero’, condenado por la masacre de Barrancabermeja ocurrida en mayo de 1998, en versiones libres de Justicia y Paz involucró a David Ravelo en el homicidio de David Núñez Cala.

“Este y otros paramilitares que actúan como testigos en contra de David Ravelo son los mismos condenados y confesos autores de las masacres de Barrancabermeja denunciadas por el defensor de derechos humanos, y a quienes David Ravelo había señalado como responsables de las mismas”, explicó Reinaldo Villalba.

jueves, agosto 28, 2014

Terrorismo de Estado
Condenados seis terroristas del Ejército por asesinatos a sangre fría
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga condenó a seis miembros del Ejército a pagar 40 años de cárcel por el asesinato a sangre fría de dos jóvenes.

Los crímenes fueron perpetrados el 8 de febrero de 2005 en zona rural del municipio de Lebrija, Santander cuando los bandidos del régimen secuestraron a Didier Lasso Delgado y Yimy Alexander Ortiz Tabera y los desaparecieron.

Las víctimas fueron asesinadas y presentadas como guerrilleros de las FARC EP muertos en combates. El juez también compulsó copias para que otros presuntos delincuentes en la línea de mando sean investigados.

Actualmente el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, la cúpula militar en complicidad con congresistas inescrupulosos impulsan un proyecto de ley para ampliar el fuero penal militar, con el fin de garantizar impunidad para criminales de la Fuerza Pública.

miércoles, agosto 27, 2014

Cesar Jerez, Carmenza Gó
mez y Elizabeth Pabón. 
Catatumbo, Norte de Santander
Realizarán el IV encuentro de Zonas de Reserva Campesina en Tibú
Por Camilo Raigozo. Notimundo

En rueda de prensa este 27 de agosto de 2014, los voceros campesinos Elizabeth Pabón, Carmenza Gómez y César Jerez, dieron a conocer los detalles del Cuarto Encuentro de Zonas de Reserva Campesina.

El encuentro se realizará del 18 al 21 de septiembre próximo en el municipio de Tibú y se espera la participación de al menos 7.000 campesinos delegados de todas las regiones del país donde se construyen Zonas de Reserva Campesina.

Según Elizabeth Pabón, fueron invitados varios ministerios y otros entes del Estado de orden nacional, la gobernación del departamento y las alcaldías municipales de Norte de Santander.

Igualmente asistirá la Comisión de Garantes de las negociaciones entre los campesinos del Catatumbo y el gobierno nacional.

Así mismo fueron invitados de forma muy especial representantes de la etnia indígena Motilón Barí, quienes harán público los acuerdos existentes para la delimitación de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo y los resguardos indígenas.

El dirigente campesino César Jerez dijo por su parte que quienes más se oponen a las zonas de reserva campesina son el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Agricultura, la SAC, Fedegan, terratenientes palmeros y los megaproyectos mineroenergéticos y agrícolas. Sin embargo todos fueron invitados.

Jerez también explicó los diferentes temas que se van a tratar en el encuentro, entre los que se destacan:

Relaciones interculturales en las Zonas de Reserva Campesina
Zonas de Reserva Campesina y cultivos de coca, amapola y marihuana
Zonas de Reserva campesina, derechos campesinos y legislación
Zonas de Reserva Campesina, agronegocios y proyectos mineroenergéticos

Zonas de Reserva Campesina: iniciativa agraria de paz
Mujer de las Zonas de Reserva Campesina
Zonas de Reserva Campesina y áreas protegidas
Zonas de Reserva Campesina: economías regionales

La organización del evento está a cargo de los 53 procesos agrupados en la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc, el cual tiene entre sus objetivos debatir las propuestas para desarrollar un agro al servicio de la paz con justicia social.

Jerez invitó a los medios de comunicación de la oligarquía y a los medios alternativos a hacer el cubrimiento del evento de forma objetiva y veraz, por cuanto los primeros tienden a estigmatizar, tergiversar y manipular la información sobre la realidad, poniendo en riesgo la vida y la integridad de los dirigentes y de los campesinos.


martes, agosto 26, 2014

Parauribismo
Congresistas piden que los involucrados por el hacker sean investigados

El representante del Polo Democrático, Alirio Uribe, le dijo a Blue Radio que las declaraciones del hacker del uribismo Andrés Sepúlveda son muy graves y ameritan una investigación a los siniestros personajes del Centro Democrático.

"El fiscal general debería adelantar y vincular de manera directa a las personas que está mencionando Andrés Sepúlveda, el propio expresidente Álvaro Uribe, a María Fernanda Cabal, como quien era la que definía las personas que iban a ser interceptadas, a Luis Fernando Hoyos y a Óscar Iván Zuluaga", dijo Uribe.

En el mismo sentido se pronunció la representante del Partido Verde Ángela María Robledo quién además criticó al excandidato uribista Oscar Iván Zuluaga por haber involucrado a su hijo David Zuluaga en presuntos actos delictivos.

"Muy delicado también lo de su hijo, que uno involucre a su hijo en esas prácticas tan sucias cuando dice que ha sido un padre impecable", señaló Robledo.


 
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