viernes, julio 10, 2009

Asmedas Antioquia hace público su respaldo sin ningún reparo al derecho al aborto en ciertas circunstancias
Por Brújula Comunicaciones

La Organización Women´s Link Worldwide celebra que la Asociación Médica Sindical colombiana -Asmedas – Seccional Antioquia, haya publicado su respaldo y compromiso con el cumplimiento de la Sentencia C-355 de 2006 que reconoce el derecho al aborto en Colombia bajo tres circunstancias.

La junta directiva de Asmedas Antioquia manifiesta que “como organización gremial de los médicos es un deber moral, ético y político pronunciarse sobre los temas trascendentales para la salud de la población colombiana, por ello manifiesta públicamente su respaldo, sin ningún reparo, a la Sentencia C-355/06 de la Corte Constitucional de la República de Colombia que despenaliza en tres circunstancias el aborto en el país”.

Y añade “Al considerar los derechos fundamentales de las mujeres, el fallo del alto tribunal representa un gran avance en el libre desarrollo de personalidad, de la salud pública, de la salud física y mental; por lo tanto nos acogemos a las decisiones legales de él emanadas y a las consecuencias jurídicas de su aplicación” .

La Junta Directiva de Asmedas Antioquia concluye así su comunicación “este tema amerita un permanente análisis y un sano debate que permita avanzar en el cumplimiento del mandato constitucional de la carta de 1991 en la construcción de un verdadero Estado Social de Derecho”.

Sobre este pronunciamiento Mónica Roa directora de programas de Women´s Link Worldwide afirmó que “es admirable el compromiso de Asmedas con la salud y la dignidad de las mujeres.

Instamos a las instituciones de salud y a otros grupos de médicos para que de la misma manera respeten el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos bajo las circunstancias despenalizadas y dispongan todos los mecanismos técnicos y científicos que garanticen tal derecho.”

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miércoles, julio 08, 2009

Ardua lucha contra la tortura y la impunidad
Campaña nacional e internacional para visibilizar esta forma de crimen de lesa humanidad emprendieron varias organizaciones defensoras de los derechos humanos
Por Camilo Raigozo


Los mismos soldados son sometidos a torturas por sus superiores. Foto Semana
.
El pasado 25 de junio, en el marco del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, la Coalición Colombiana de Lucha contra la Tortura, integrada por nueve organizaciones defensoras de los derechos humanos en Colombia, lanzó la campaña:

Firme contra la tortura, porque en Colombia la Tortura existe, la cual busca promover la firma y ratificación sin reservas ni restricciones el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, por parte del Estado colombiano, como medida para prevenir y castigar este crimen.

El mismo día la Coalición también realizó el foro, Visibilizando el crimen de tortura en Colombia, cuyo objetivo es demostrar la comisión persistente de este crimen de lesa humanidad, su aplicación sistemática generalizada en el país y la situación de impunidad en la que se mantiene.

En dicha jornada participaron al menos 200 personas, entre ellas, Eric Sottas, secretario general de la Organización Mundial Contra la Tortura, Omct, quien advirtió la importancia que tiene la prohibición absoluta de cualquier método de tortura.

“Hay que colocar en la opinión pública y las instancias internacionales un compromiso de promoción constante para que cese cualquier expresión de este delito”, dijo entre otras cosas Sottas.

Igualmente, resaltó la importancia de la aplicación de mecanismos judiciales, convencionales y no convencionales que apunten a establecer la responsabilidad de los Estados en la comisión de esos crímenes.

“Eso no excluye la presión que actualmente se está generando por parte de la Corte Penal Internacional a través de la Fiscalía, que busca ya no la responsabilidad de los Estados sino la de los individuos”, apuntó el secretario de la Omct.

Crimen generalizado y sistemático

Entre enero de 2003 y junio de 2008, fueron víctimas de tortura por lo menos 1.194 personas en diferentes regiones del país, según estadísticas presentadas por la Coalición Colombiana Contra la Tortura.

El estudio afirma que las víctimas pertenecen a diversos sectores de la población, “lo que evidencia el uso generalizado y sistemático de esta práctica, que es utilizada como un método de coerción social y política para conseguir, mediante el miedo y el terror generalizado, conductas individuales y masivas de autocensura, aislamiento, pasividad y resignación”, dice el informe presentado por la Coalición.

No obstante –cita la fuente- la comprobación de los hechos, éstos se mantienen en la impunidad, las víctimas son invisibilizadas y generalmente el crimen de tortura es ocultado por otros delitos como asesinatos o desapariciones forzadas, lo que impide que se tomen medidas para prevenirlo, sancionarlo y se pueda brindar una atención integral a las víctimas.

Simultáneamente se conoció un informe de Amnistía Internacional, en que la ONG destacó que más de 100 países -entre ellos Colombia- siguen recurriendo a prácticas de tortura y malos tratos.

“Con demasiada frecuencia, las víctimas siguen indefensas porque sufren un sistema de justicia que no exige rendición de cuentas a los responsables, y no cuentan con acceso inmediato a representación letrada.

En muchas ocasiones, los fiscales no emprenden investigaciones, las víctimas tienen miedo a ser objeto de represalia si denuncian, y las penas que se imponen a los agentes declarados culpables son muy leves. El resultado es que en muchos lugares se ha perpetuado una cultura de impunidad”, señaló Amnistía Internacional.

La Coalición Colombiana Contra la Tortura, emprendió una campaña de visibilización que encierra un conjunto de acciones públicas, políticas y culturales, que contribuyan al reconocimiento de la práctica de la tortura como un crimen de lesa humanidad que debe ser prevenido, investigado y sancionado por el Estado colombiano, y rechazado por la sociedad en su conjunto.

Presidente Uribe estaría impedido para postular candidatos a fiscal
Le piden a la Corte Suprema de Justicia devolver la terna con candidatos a fiscales propuesta por Uribe. También exigen imparcialidad e independencia en elección del próximo fiscal
Por Comisión Colombiana de Juristas

Organizaciones sociales presentaron hoy un derecho de petición ante la Corte Suprema de Justicia donde: “se solicita respetuosamente que devuelva al Presidente de la República la terna de candidatos para la elección de Fiscal General de la Nación.

Esto, con el fin de que el interés particular y concreto del Presidente en esta elección no interfiera en la designación de candidatos de una manera imparcial y se garantice así la independencia de la próxima o el próximo Fiscal General”.
Dentro de las razones que sustentan el impedimento se encuentran:

Las revelaciones de paramilitares que incriminan al presidente Álvaro Uribe y que aún no han sido esclarecidas por la Justicia,

Las relaciones del Presidente con los congresistas investigados por la parapolítica, la mayoría pertenecientes a “partidos uribistas”.

Las investigaciones relacionadas con la comisión del delito de cohecho para la aprobación de la reelección presidencial.

Las investigaciones adelantadas por las actividades ilegales de espionaje e inteligencia realizadas por el DAS, que coinciden con el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, y que corresponde al próximo Fiscal General investigar.

Estos argumentos también fueron planteados por las organizaciones sociales en un derecho de petición que fue presentado al Presidente, en el que le solicitaban declararse impedido para nominar a los candidatos a Fiscal General.

El derecho de petición lo suscriben:

Gustavo Gallón Giraldo, Comisión Colombiana de Juristas, Iván Cepeda Castro, Fundación Manuel Cepeda, Jahel Quiroga Carrillo, Corporación Reiniciar, Alejandra Barrios Cabrera, Misión de Observación Electoral – MOE, Marina Gallego Zapata, Ruta Pacifica de las Mujeres, Gloria Inés Flórez Schneider, Organización Minga, Olga Amparo Sánchez, Casa de la Mujer, Claudia María Mejía Duque, Corporación Sisma Mujer, Cesar Jaime Gómez Jiménez.


Pedro Santana, Viva la Ciudadanía, Danilo Rueda, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Jorge Rojas Rodríguez, Codhes, Agustín Jiménez Cuello, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, María Salas Romero, Cinep, Reinaldo Villalba, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Antonio Madariaga Reales, Alianza de organizaciones sociales y afines, Luciano Sanín Vásquez, Escuela Nacional Sindical.

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Ejército asesinó a un campesino e hirió a otro en Arauca
Por Comité Permanenete por la Defensa de los Derechos Humanos

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos denunció, que el domingo 21 de junio a las 8:30 a.m aproximadamente en la finca los clavelitos vereda la Chiguira municipio de Arauquita, fue asesinado por una patrulla del ejército nacional el señor Willian Alexander Santos Santos de 23 años identificado con la cedula de ciudadanía No 1.094.366.563 y herido el campesino Jose Del Carmen Jimenez Garay de 53 años.

Los lamentables y repudiables hechos se presentaron cuando los señores Jose Del Carmen Jimenez Garay y Willian Alexander Santos Santos le pasaban revista a un cultivo de arroz, cultivos que comúnmente son afectados por las aves, los campesinos fueron sorprendidos por una ráfaga de fusil que sin mediar palabras disparo una patrulla del ejército que se encontraba por el sector impactando por la espalda con dos tiros de fusil la humanidad de Willian Alexarnder Santos,

quien murió instantáneamente, el señor Jose Del Carmen recibió una leve herida en el hombro derecho, una vez ocurridos los hechos la patrulla del ejército se acerco donde cayeron los campesinos y un soldado exclamo preocupado ¡la embarramos, William respire!, a los pocos minutos fueron trasladados en un helicóptero a las instalaciones de la 18 brigada del ejército con sede en Arauca capital.

Situaciones de esta naturaleza se presentan con frecuencia por la presión a que están sometidas las tropas del ejército por la “seguridad democrática” que los hace ver a todo campesino un potencial guerrillero, conduciéndolos a cometer estos irreparables errores.


Recordemos que en años anteriores situaciones similares se han presentado en las veredas el Paraíso, los Colonos, Vocas de Juju y el complejo Caño Limón - municipio de Arauquita, entre otros.

Exigimos de las autoridades competentes una exhaustiva investigación para que los responsables materiales e intelectuales de esta tragedia que una vez más enluta a una humilde familia campesina sean castigados ejemplarmente.


A la familia de Willian Alexander le expresamos los sinceros sentimientos de solidaridad y condolencias, comprometiéndonos a realizar un estricto seguimiento al caso para que se haga pronta y eficaz justicia.

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martes, julio 07, 2009

Catatumbo en Marcha
Comunidades de Venezuela y Colombia se integran
La inexistencia de inversión social, la voracidad de las multinacionales y la militarización-paramilitarización del Catatumbo por parte del régimen uribista está generando una grave crisis humanitaria que no se puede seguir soslayando
Por Camilo Raigozo


El pasado 27 de junio, en el Concejo Comunal de Ana María Campo, municipio José María Semprum, estado de Zulia, de la República Bolivariana de Venezuela, se inició la realización de la Primera Mesa de Integración del Pueblo Fronterizo, Catatumbo en Marcha.

El evento organizado por las comunidades de los dos lados de la frontera, con el objetivo de analizar y buscar soluciones a la crisis humanitaria, al grave estado de postración en que se encuentran los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, así como del medio ambiente y la seguridad en la frontera.

Del lado colombiano asistieron al certamen en la otra orilla del Río de Oro, representantes de las veredas Caño Escondido, La Unión, Caño Tomás, Caño Martillo, Caño Mariela, El Suspiro y la comunidad Motilón Bari, declaradas en Campamento de Refugio Humanitario desde el pasado 29 de abril.

Del lado venezolano asistieron, entre otras, representaciones de las comunidades de los Concejos Comunales de Zapadana, San Carlos, La trinidad,Caño Grande, Caño Lindo, las Palmas, Simón Bolívar, Los Robles y las comunidades indígenas de El Calvario.

Para el desarrollo del trabajo, la asistencia se dividió en tres grupos, cuyos temas a tratar fueron, derechos humanos y crisis humanitaria, medio ambiente y seguridad fronteriza, respectivamente.

Cuidar el proceso revolucionario

“Esta Mesa tiene por objetivo, entre otras cosas, alertar a nuestro pueblo venezolano, sobre lo que le puede pasar sí descuidamos nuestro proceso revolucionario, liderado por el comandante Hugo Chávez Frías, basándonos para ello en la amarga experiencia que han padecido nuestros hermanos colombianos, víctimas de numerosas masacres, ejecuciones extrajudiciales,

desplazamientos, fumigaciones y siempre expuestos a la voracidad de los grandes capitales nacionales y extranjeros”, le dijo en algunos apartes a VOZ el concejal venezolano Luís Urbina, en referencia a la estratégica paramilitarización de que viene siendo objeto el estado de Zulia, cuya gobernación está en manos de la rancia oposición venezolana.

Por su parte, el líder de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, Pablo Antonio Téllez, recordó que la estrategia paramilitar del régimen colombiano, en los últimos 10 años ha asesinado a al menos 11. 250 personas, ha desplazado a otras 110.000, ha realizado más de 600 desapariciones y ejecutado extrajudicialmente a por lo menos 400 líderes agrarios en la región del Catatumbo, Norte de Santander.

“El problema del Catatumbo no es la coca, el problema son las inmensas riquezas naturales que aquí existen y que están en la mira de la voracidad de las multinacionales, las cuales cuentan con la complicidad del gobierno colombiano, dispuesto a feriarlas a consta del sufrimiento de nuestras comunidades”, le dijo Téllez a este medio y agregó que, ”la crisis del Catatumbo es generada y dirigida desde el gobierno central con el fin de despojar al campesinado de sus tierras para entregárselas a los capitales internacionales ”.

Bombardeos, fumigaciones y represión

“A las miles de necesidades sociales que tenemos en el Catatumbo colombiano, el gobierno responde con bombardeos, fumigaciones indiscriminadas y militarización-paramilitarización, cuyos resultados son entre otros las ejecuciones extrajudiciales mal llamadas falsos positivos, capturas masivas arbitrarias de campesinos, asesinatos selectivos, desapariciones, control de alimentos y medicinas, terror y el desplazamiento forzado, entre otras aberraciones del régimen”, dijo Olga Lucía Quintero, ponente en la Mesa de Seguridad.

“Ante tanta ignominia y olvido por parte del gobierno, el pueblo catatumbero ha tenido que recurrir a la siembra de cultivos ilícitos para poder subsistir con sus familias”, agregó Nidia Figueroa en la misma Mesa.

Mientras tanto, en las Mesa correspondiente al medio ambiente, Juan Carlos Quintero advirtió que todo el veneno del glifosato regado en las cuencas hídricas de este lado de la frontera colombiana, son transportados por las aguas de los ríos que van a desembocar en el Golfo de Maracaibo en la hermana República Bolivariana de Venezuela, arrasando con los ecosistemas, la fauna y la flora de la región entre los dos países. “Prueba de ello es la desaparición paulatina de la riqueza pesquera de los ríos y del Golfo de Maracaibo”, dijo Quintero.

“El petróleo, el carbón, el agua, la madera y otras múltiples riquezas naturales del Catatumbo, están ya en el inventario de las multinacionales. Es nuestro deber defender esas riquezas para que no le sean arrebatadas a los colombianos, quienes son sus únicos propietarios”, agregó Quintero.

Al cierre de esta edición, no se sabía el resultado de la visita de un equipo compuesto por miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela prevista para el pasado viernes 3 de julio al Concejo Comunal Ana María Campo, lugar donde se dio inicio con éxito a la Primera Mesa de Integración del Pueblo Fronterizo.
Fotos: Yeimy Patricia Alonso. Notimundo

sábado, julio 04, 2009

Caso Lucía Morett
“A quien debe sancionarse es a los autores intelectuales y a los ejecutores materiales de la barbarie”
Por padres y abogado

Hoy trascendió en los medios de comunicación que el gobierno de Colombia realizó una solicitud a la Interpol para que ésta emita una orden de captura internacional en contra de Lucía Morett Álvarez por "concierto para delinquir con fines terroristas" y "financiación del terrorismo". Dicha orden de captura ya fue liberada a sus 186 países integrantes.

Se trata de una violación más a los derechos humanos de la estudiante de la Unam y la continuación de la persecución política de la que ha sido víctima, luego de resultar gravemente herida en los bombardeos que realizó Colombia en Ecuador el 1 de marzo de 2008, mismos que fueron condenados por diversas instancias del sistema interamericano por tratarse de flagrantes violaciones al orden jurídico internacional.

Lucía desconocía hasta hoy que existiera este proceso judicial en su contra, por lo que nuevamente se le ha destrozado el derecho a contar con una defensa adecuada, prerrogativa reconocida en diversos instrumentos internacionales, tales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

Remitirla a sus verdugos, a quienes la torturaron y a quienes asesinaron a cuatro jóvenes mexicanos en la ilegal acción militar es a todas luces aberrante y contraria a la justicia. A quien debe sancionarse es a los autores intelectuales y a los ejecutores materiales de la barbarie.

Lucía además de víctima tiene el papel de testigo, ya sea ante tribunales nacionales o internacionales del terrible atentado que se perpetró en agravio del pueblo ecuatoriano.

Nos pronunciamos por el respeto irrestricto a los derechos humanos de Lucía Morett, por el cese definitivo de la injusta persecución de la que es objeto y de los amañados procesos jurídicos iniciados para castigar a las víctimas y procurar impunidad a los criminales.

El gobierno mexicano debe poner un alto a estas agresiones y demandar la justicia plena para los connacionales víctimas de los delitos de lesa humanidad cometidos con la masacre de Sucumbíos y cuyo responsable confeso es el presidente Álvaro Uribe Vélez.

Jorge Morett y María de Jesús ÁLvarez
Padres de Lucía Morett

Lic. Hugo Rosas de León
Abogado de Lucía Morett

viernes, julio 03, 2009

Parauribismo/
Periodistas en la mira de los paramilitatres
Por Asociación Colombiana de Periodistas

2 de febrero 2009: Las Águilas Negras amenazan a 14 periodistas, sindicalistas y transportadores.

2 de Abril 2009 : Una llamada amenazante de muerte al editor de investigaciones , José Granados de El Heraldo, por las denuncias de corrupción en la CRA.

6 de Mayo 2009: La periodista Lucy Flores, de las noticias de Telecaribe recibe un sufragio y es declarada objetivo militar.

30 de Mayo 2009: Las Águilas Negras amenazan a 25 personas más, entre ellas periodistas y sindicalistas, la personera distrital, Lourdes Insignares,el secretario de interior Alfredo Palencia, un magistrado, un juez y el defensor de DD.HH, Humberto Torres. Fuente El Heraldo del día 3-7-2009

1 de Julio 2009: Atentado criminal contra el colega periodista del periódico La Libertad,Luis Adolfo Camacho Montaño.

A continuación el Comunicado de Prensa que expidió la Asociación Colombiana de Periodistas en relación a este hecho:

La Junta Directiva de la ACP Asociación Colombiana de Prensa reunida extraordinariamente aprobó ayer una proposición de solidaridad con el compañero Luis Adolfo Camacho Montaño y rechaza el atentado criminal de que fue objeto.

La ACP Seccional Atlántico, considerando:

1) Que el día miércoles 1 de Julio, a eso de las 9:20 p.m., cuando se disponía trasladarse hacia su residencia el colega: Luís Adolfo Camacho Montaño, luego de cumplir con su jornada laboral en el Diario La Libertad fue interceptado y agredido por pistoleros en la puerta principal del medio de comunicación como también el vigilante de turno.

2) Que en este mismo lugar los pistoleros lanzaron improperios y amenazas en su contra, quienes no contentos con su actitud dolosa, procedieron a despojarlo de su celular, una cadena y una esclava, no sin antes advertirle que poseían una lista de periodistas contra quienes atentarían.

3) Que la situación ha tomado proporciones de gravedad, si se tiene en cuenta que otros colegas de diversos medios de comunicación han sido objeto de intimidaciones a través de panfletos, como sucedió a José Granados del Diario El Heraldo, Lucy Flores del Noticiero Las Noticias de Telecaribe, entre otros.

Mediante este comportamiento delictuoso los autores intelectuales han pretendido que dichos periodistas puedan cumplir con su deber de formar sobre las presuntas irregularidades encontradas en diversas entidades oficiales y privadas.

Todos los colegas deben tener libre acceso y sin restricciones en todas las áreas de las entidades del Estado, con el ánimo de contar de la mejor manera posible la complicada historia de Barranquilla y el Atlántico.

A raíz de esos graves sucesos, resuelve:

1) Expresar nuestra Solidaridad con el compañero Luís Adolfo Camacho Montaño y con todos aquellos colegas periodistas que han sido objeto de intimidaciones.

2) Rechazar y condenar este tipo de atropellos y atentados intimidatorios vengan de donde provengan.

3) Exigir de los organismos de seguridad protección a la vida de los periodistas amenazados y una investigación que permita la captura de los responsables.

Rafael Fernando Sierra Jaime Fernán Blanco Núñez
Presidente Fiscal

Asociación Colombiana de Periodistas
Personería Jurídica 00291 de 1962, Nit 800.200.956.6 DIAN
Directiva Nacional- Seccional Atlántico-
Calle 45 Nro.43-121 Of.5C Piso 5 Edificio Cordillera- Barranquilla- República de Colombia.


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Muerte de preso político alerta sobre situación carcelaria
Por Asamblea por la Paz

La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz condena la muerte del preso político Otoniel Calderón Valle, detenido en la cárcel de Palogordo, municipio de Girón, departamento de Santander, quien falleció la semana anterior, a causa de negligencia en la asistencia médica para la enfermedad que padecía.

Es necesario que las autoridades investiguen y sancionen los hechos que rodearon esta muerte, y otros lamentables ocurridos en este centro penitenciario, como las muertes de más internos y la intoxicación masiva en mayo anterior, denunciada por los presos políticos.

Según datos del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, en Colombia hay 7200 hombres y mujeres, privados de la libertad por razones políticas. 1500 de ellos y ellas pertenecientes a organizaciones armadas y 5700 civiles opositores.

Además de padecer, en muchos casos, condiciones indignas de detención, que ponen en grave riesgo sus derechos fundamentales, muchos de ellos viven un trato discriminatorio que obstaculiza sus derechos a la verdad y a la justicia.


La Asamblea une su voz de protesta a las organizaciones de presas y presos políticos y a la de aquellas que trabajan por sus derechos para exigir medidas, desde el Estado colombiano, que garanticen condiciones dignas de reclusión, protección y garantías procesales.

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miércoles, julio 01, 2009

Parauribismo/
Asesinado familiar de víctima del caso “19 comerciantes”
Por Comisión Colombiana de Juristas

La Comisión Colombiana de Juristas condenó el asesinato del joven John Carlos Rodríguez Quintero, sobrino de Gerson Javier Rodríguez Quintero víctima reconocida en el caso de la desaparición forzada de “19 comerciantes”, fallado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 5 de julio de 2004.

El pasado viernes 25 de junio de 2009 a las 9 pm, en la ciudad de Ocaña, Norte de Santander, hombres armados dispararon contra el joven John Carlos Rodríguez Quintero cerca a su residencia, causándole la muerte de manera inmediata.

El 14 de junio de 2009, John Carlos fue fotografiado por una patrulla de la policía cuando se encontraba en un establecimiento público. Estos hechos fueron puestos en conocimiento de altas autoridades de la Policía Nacional ese mismo día.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos el 6 de febrero de 2007, había decretado en favor de todos y cada uno de los miembros de la familia Rodríguez Quintero, medidas provisionales para que el Estado colombiano protegiera la vida y la integridad personal de esta familia, y adoptara todas las medidas urgentes y necesarias para evitar un daño irreparable.

Este asesinato se suma a los hechos de violencia de los que ha sido víctima esta familia desde el año 2007 y que se incrementaron de manera alarmante durante este año como lo demuestra el atentado ocurrido en la ciudad de Ocaña el día 19 de mayo de 2009 a las 5:40 am, cuando dos sujetos lanzaron una granada de fragmentación al interior de la residencia y local comercial propiedad de Yimmy Rodríguez Quintero, tío de John Carlos y hermano del desaparecido Gerson Rodríguez Quintero.

Dada la situación de extrema gravedad, la Comisión Colombiana de Juristas solicitó al Estado colombiano convocar una reunión de emergencia para valorar las medidas de protección dadas a la familia Rodríguez Quintero.

Esta se realizó el 22 de mayo de 2009 en la Cancillería con la presencia de las entidades involucradas en el cumplimiento de esta medida. En este espacio John Carlos y Yimmy Rodríguez Quintero denunciaron las agresiones y hostigamientos de los que venían siendo víctimas en la ciudad de Ocaña por parte de la Policía Nacional y paramilitares de la región, ante lo cual se solicitó al Estado colombiano la protección inmediata y efectiva de sus vidas e integridad personal y la de sus familias.

La muerte de John Carlos Rodríguez Quintero configura un daño irreparable y demuestra la ausencia efectiva de protección y prevención por parte de las instituciones del Estado colombiano, quienes conocían de antemano la situación de extrema gravedad y riesgo de esta familia.

La Comisión Colombiana de Juristas rechaza y denuncia estos hechos y solicita del Gobierno Nacional dar pleno cumplimiento a las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana y en consecuencia brindar las garantías necesarias especialmente para la protección de la vida e integridad personal de la familia Rodríguez Quintero.

Igualmente, pide a la Fiscalía General de la Nación que adelante inmediatamente las investigaciones necesarias y pertinentes para individualizar a los responsables del homicidio de John Carlos Rodríguez Quintero.


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miércoles, junio 24, 2009

La Coalición Colombiana Contra la Tortura
Foro: “Visibilizando el crimen de tortura en Colombia”

El próximo jueves 25 de junio de 2009 en el marco del día internacional en apoyo a las víctimas de la tortura, la Coalición Colombiana Contra la Tortura - Ccct realizará el foro “Visibilizando el crimen de tortura en Colombia”, cuyo objetivo es evidenciar este crimen de lesa humanidad, su uso generalizado en el país y la situación de impunidad en la que se mantiene.

En esta jornada participará el Sr. Eric Sottas, Secretario General de la Organización Mundial Contra la Tortura (Omct), y se hará el lanzamiento de la campaña “Firme contra la tortura.

Porque en Colombia la tortura sí existe”, que promueve la firma y ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, por parte del Estado colombiano, como medida para prevenir y sancionar este crimen.

Según datos de la Coalición Colombiana Contra la Tortura, en Colombia, entre enero de 2003 y junio de 2008, fueron víctimas de tortura por lo menos 1.194 personas en distintas zonas del país, afectando a diversos sectores poblacionales, lo que evidencia el uso generalizado y sistemático de esta práctica, que es utilizada como un método de coerción social y política para conseguir, mediante el miedo y el terror generalizado, conductas individuales y masivas de autocensura, aislamiento, pasividad y resignación.

A pesar de la comprobada existencia de los hechos, éstos se mantienen en la impunidad, las víctimas son invisibilizadas y generalmente el crimen de tortura queda oculto en otros delitos como asesinatos o desapariciones forzadas, lo que impide que se tomen medidas para prevenirlo y sancionarlo y se brinde una atención integral a las víctimas, que permita su rehabilitación y recuperación integral.

Frente a la multiplicidad de impactos que a nivel individual, familiar y social causan las prácticas de tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes, la Coalición Colombiana Contra la Tortura – Ccct, decidió emprender un conjunto de acciones públicas, políticas y culturales, que contribuyan en el reconocimiento de este tipo de prácticas como un crimen de lesa humanidad que debe ser prevenido, investigado y sancionado por el Estado colombiano, y rechazado por la sociedad en su conjunto.

Para mayor información comunicarse a través del correo
coalicioncolombiana@contralatortura.com o a los teléfono (1) 3474713 – 3473773.

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