sábado, mayo 28, 2016

Diálogos de paz
Al menos el 61% de los colombianos refrendaría positivamente los acuerdos de paz con las FARC EP
Por: Camilo Raigozo

Los resultados de una encuesta realizada por Cifras y Conceptos, conocidos hace tres días, indican que al menos el 61 por ciento de los colombianos refrendaría positivamente los acuerdos para la paz entre el gobierno y las FARC EP.

Los resultados son algo sorprendentes dado la manipulación de los medios más influyentes y la renuencia de estos a apoyar decididamente la paz con la que todos los colombianos salen beneficiados.

Sin embargo cómo resultado de la manipulación mediática, supuestamente el 88 por ciento de los encuestados se opone a que la insurgencia tenga directamente curules en el Congreso.

Tanto a los medios como a los encuestados se les olvida que el Estado tiene una deuda con ese ejército insurgente y debe restablecerle al menos 14 curules en el Congreso que le fueron arrebatados a la Unión Patriótica a sangre y fuego.

Ante el genocidio político contra la UP el Estado no solo debe pedirles perdón a la insurgencia y al pueblo colombiano, sino que moralmente y éticamente está en la obligación de resarcirles sus derechos conculcados, entre ellos, devolverles las curules en el Congreso, en las asambleas, en los concejos, así como también las alcaldías y otras conquistas de elección popular que les fueron arrebatadas criminalmente.

Así pues, el otorgamiento directo de curules en el Congreso de la República a personas excombatientes de la insurgencia reintegradas a la vida civil no son un regalo del Estado, no son dádivas generosas de la sociedad, sino que son el resarcimiento a los derechos violados por medio del genocidio político sistemático.

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viernes, mayo 27, 2016

Representantes de las orga
nizaciones que conforman
la Cumbre Agraria en el
lanzamiento de la Minga
Nacional. Rueda de prensa
Foto: Camilo Raigozo.
Minga Nacional
“¡Volvemos a las calles y a las carreteras!”
Por Camilo Raigozo

En rueda de prensa efectuada en la mañana de este 27 de mayo en las instalaciones de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, el movimiento social Cumbre Agraria dio a conocer las razones y los pormenores de lo que será la Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular.

El inicio de la minga será a las cero horas del próximo 30 de mayo y se extenderá en campos y ciudades de todo el país. Todas las actividades previstas a realizarse dentro del marco de la Minga se harán de forma pacífica.

La Cumbre Agraria es una convergencia de al menos 24 organizaciones sociales de base que abarcan los sectores Campesino, indígena, afrodescendiente, sindical, político, ambiental y minero, entre otros.

Son múltiples las causas que motivaron la decisión de llevar a cabo este tipo de protesta social, tales como el incumplimiento por parte del gobierno, de los acuerdos pactados desde los paros agrarios y minga indígena de 2013 y 2014, así como las jornadas de indignación de 2015 y los pliegos de exigencia presentados tras las movilizaciones del 24 de enero y 17 de marzo de 2016.

Paro agrario del Catatumbo
“Evidenciamos una falta de voluntad del presidente Juan Manuel Santos para dar cumplimiento a los acuerdos y de sentarse a dialogar con las organizaciones de Cumbre Agraria”, dijo ante la prensa Luis Fernando Arias, presidente de la ONIC.

Así mismo motivan esta movilización la amenaza de desplazamiento masivo de campesinos por los megaproyectos agrícolas, mineros e hidroenergéticos, entre otros, de las transnacionales y del gran capital. “Los campesinos somos una especie en vías de extinción”, dijo al respecto el dirigente del Coordinador Nacional Agrario, Robert Daza.

La minga también tiene como objetivo manifestar la oposición de la mayoría de los colombianos a los Tratados de Libre Comercio; al Plan Nacional de Desarrollo; a la venta los recursos estratégicos de la nación; a la venta de las empresas públicas; a la venta de los bienes energéticos; a los daños medioambientales; al deterioro del agua; al acaparamiento de tierras; al latifundio y a las políticas extractivistas, entre otros.

Paro agrario del Catatumbo
Al mismo tiempo que la Minga Nacional apoya los diálogos de paz con las FARC EP y el ELN, fustiga el resurgimiento de la estrategia paramilitar de la extrema derecha. “Estas fuerzas oscuras han asesinado a más de 70 campesinos, desplazado a centenares de familias y tienen amenazadas a otras miles”, aseveró Robert Daza.

Finalmente la Cumbre Agraria convocó “al conjunto del pueblo colombiano a hacer parte de la Gran Minga Nacional 'Sembrando Esperanza, Cosechando País' y participe en las movilizaciones pacíficas, en los eventos culturales y demás acciones previstas, para expresar su inconformidad con el actual modelo económico y de desarrollo, que no corresponde con los sueños del pueblo por alcanzar la paz con justicia social y ambiental”.

miércoles, mayo 25, 2016

Parauribismo
“Digan la mierda que quieran de mí, me da igual”: Salud Hernández
Revelan correos de políticos, magistrados y periodistas con el criminal Carlos Castaño

El periódico Un Pasquín reveló el cruce de comunicaciones del ex magistrado Rodrigo Escobar Gil, la periodista Salud Hernández y el embajador Jorge Visbal, con el exjefe paramilitar Carlos Castaño.

Según la publicación en su edición número 57, a finales de enero del 2003 Carlos Castaño envió un correo a Salud Hernández diciendo: "Apreciada Salud. Reciba mi saludo con afecto. Le ruego suavizar mi respuesta a la pregunta sobre cómo financiar las autodefensas abandonando el narcotráfico".

De acuerdo con el periódico, la periodista Salud Hernández le respondió: "Estimado comandante, comprendo su precisión y así lo haré".

De igual forma, Un Pasquín hizo un recuento de los testimonios según los cuales el DAS entregó información privilegiada a la periodista española sobre "indagaciones ilegales" a la Corte Suprema.

Un Pasquín publicó la respuesta de Salud Hernández a la revelación: "Yo no voy a decir ahora, ni nunca, ni a ti ni a los tribunales, ni a nadie, quiénes son mis fuentes... me importa un pimiento lo que digan... tengo la suerte inmensa de que me voy a Madrid y durante 15 días no me entero. Así que digan la mierda que quieran de mí. Me da igual".

Según el periódico, dirigido por el caricaturista Vladdo, el embajador de Colombia en Perú, Jorge Visbal Martelo; el exsubdirector del DAS José Miguel Narváez; la excongresista Rocío Arias; el expresidente de la Corte Constitucional Rodrigo Escobar Gil; los periodistas Astrid Legarda, Luis Jaime Acosta, Ernesto Yamhure y Harriet Hidalgo, así como varios alcaldes de Urabá, intercambiaron correos con Carlos Castaño.

Según la publicación, el exmagistrado de la Corte Constitucional Rodrigo Escobar Gil solicitó a Castaño apoyo para la liberación de su novia, Soraya Daza Fernández, secuestrada en junio del 2002 por las AUC.

También aparecen correos en los que Castaño y ‘Don Berna’ ratifican apoyo a la candidatura de Rocío Arias al Congreso y un mensaje en el que la periodista Harriet Yolanda Hidalgo, de La Noche de RCN, le envía un poema personal a Carlos Castaño.

Policía y Ejército se comunicaban con Castaño

Según reveló Un Pasquín, desde la Policía se filtraron documentos exclusivos que terminaron en manos de Carlos Castaño. “Varios de ellos incluso con logo de la Policía, otros con información secreta de operaciones realizadas o por realizar, otros con fotografías, nombres, cargos y especialidades de 13 miembros de la institución, así como información de inteligencia, con nombres, códigos y claves de los encargados de llevar a cabo diferentes operativos encubiertos para penetrar o infiltrar a los grupos paramilitares”, afirma la publicación.

De igual forma el CTI encontró documentos con los nombres de los comandantes de las 24 brigadas a nivel nacional, así como algunas comunicaciones entre miembros de esa institución y Carlos Castaño, afirma Un Pasquín.

La información está contenida en archivos de una memoria USB del máximo líder paramilitar que se encuentra en cadena de custodia en la Fiscalía General de la Nación desde hace tres años cuando fue entregada por Hebert Veloza, alias HH.

Tomado de: http://www.semana.com/nacion/articulo/un-pasquin-revela-correos-politicos-magistrados-periodistas-carlos-castano/246436-3

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lunes, mayo 23, 2016

Periodista Gonzalo
Guillén. Foto: Kienyke
Terrorismo mediático
Pronto caerá banda de periodistas corruptos, según investigación
Por Camilo Raigozo

Así lo afirmó el periodista Gonzalo Guillén en una nota publicada el pasado 9 de mayo por Hispanopost.com, en la que destaca que el periodismo en Colombia, al igual que la justicia, es corrupto. Guillén no identifica los nombres de los periodistas involucrados ni los medios a los que pertenecen.

“Por estos días he estado investigando un caso de corrupción periodística colombiana que, de acuerdo con mis fuentes, pronto nos permitirá ver en la cárcel y en los estrados penales a una gavilla de periodistas que actúa con mayor astucia y éxito que la mejor de las bandas de asaltantes de bancos”, afirmó Guillen.

A continuación apartes de la nota titulada “Periodismo corrupto”:


Son pocos los medios que denuncian la corrupción
"Periodismo corrupto"
Por Gonzalo Guillén
09 mayo de 2016

Siempre que el Estado colombiano emprende un proceso de paz con algún grupo armado me dedico a sostener que ojalá llegue rápido a buen término para que a continuación el país descubra que su principal maldición no es la guerra, por mucho horror y desolación que cause, sino la corrupción. La guerra misma es una de las fuentes de mayor corrupción, dicho sea de paso: mientras más arrecia, más ricos se retiran los generales y los ministros de Defensa a hacer negocios y jugar golf.

Todas las entidades y las actividades del Estado en Colombia están profundamente infectadas por la corrupción, de tal manera que sus principales responsabilidades, como la salud y la educación, cada vez muestran más atraso y pobreza mientras, al mismo tiempo, crecen los presupuestos de inversión y funcionamiento.

Como la justicia está igualmente corrompida, la última instancia que suele existir para poner en el escarnio público a los corruptos es el periodismo, pero también se ha corrompido en alta proporción.

La sociedad colombiana cada día posee menos posibilidades de conocer el tamaño de la llaga gigantesca que se come sus bienes públicos y sus rentas debido a que el periodismo no solamente ha dejado de vigilar a los corruptos sino que se ha asociado a ellos.

No alcanza a completar los dedos de una mano el número de medios que, de alguna manera, mantienen actitud vigilante y valor civil frente al estado corrupto que todos deberían vigilar y denunciar. Para comenzar, no pocos son propiedad de los propios corruptos.

“Un periodista tiene que estar harto, enfadado con la situación y reaccionar. No pueden ser tan pasivos”, sentenció con toda razón Gay Talese durante una visita en España que habría sido de mucho provecho en Colombia.

Como si fuera una piña, hay que dividir el espinoso tema en dos partes iguales: una de ellas son los medios de comunicación y la otra los periodistas.

Los medios son empresas cuyo principal fin es el lucro y no solamente el suyo sino el de los grupos económicos a los que pertenecen muchos de ellos. Es triste oír a directores, editores o jefes de redacción responderle a periodistas que intentan cumplir con su deber profesional y su responsabilidad social llevando noticias e investigaciones explosivas sobre corrupción pública o privada: “Aquí no vamos a hacerle el juego a eso”, suele ser, por regla general, la respuesta de los jefes.

La otra parte del tema son los periodistas. Sobre ellos pesan la autocensura, las amenazas y la insolidaridad. Les resulta mucho más cómodo y rentable volverse corruptos y cubrirse con una careta de valentía e independencia.

Por estos días he estado investigando un caso de corrupción periodística colombiana que, de acuerdo con mis fuentes, pronto nos permitirá ver en la cárcel y en los estrados penales a una gavilla de periodistas que actúa con mayor astucia y éxito que la mejor de las bandas de asaltantes de bancos.

En su mayor parte, están especializados en el cubrimiento de noticias judiciales, el área en la que hoy se debaten en Colombia casi todas las actividades de la vida nacional: desde la política, la justicia y las artes plásticas, hasta la banca, la minería, la medicina, la música, la arquitectura, la aviación, el comercio exterior y la prostitución, pasando por la educación, la investigación científica, la pedofilia y, por supuesto, el periodismo.

Los periodistas que están por caer, a lo largo de los años se organizaron de tal manera que, prevalidos del poder que les concede el ejercicio de su profesión, ubicaron a sus amigos, cónyuges y amantes en prominentes cargos judiciales para hurtar y traficar en el mercado negro con información privilegiada.

Esto, por una parte. Por otra, están dedicados a actuar en masa con el objeto de satanizar o santificar a delincuentes y abogados corruptos, de manera que vician el criterio de los jueces y de la sociedad con informaciones podridas. Privilegian en sus entrevistas a los delincuentes que les pagan para que divulguen sus versiones y silencian a las víctimas de ellos, por lo común amedrentadas, humildes e indefensas.

Uno de los principales miembros de esta banda de periodistas (prominente editor judicial de televisión) recientemente envió a uno de sus secuaces (editor judicial de una cadena de radio) a recibir un pago de cien millones de pesos colombianos que la mafia les entregó, en efectivo, acomodados entre una caja de zapatos. Pagos de estos ha habido muchos, según se ha sabido ya.

Aquel periodista estableció la tarifa de 30 millones de pesos colombianos por divulgar una noticia fraudulenta de un minuto y medio de duración en la emisión de mayor audiencia (prime time) y 20 millones en las demás emisiones. Por tarifas más altas, un fraude vestido de noticia de primera plana puede extenderse simultáneamente a otras cadenas de radio y televisión, periódicos y páginas de internet.

Solamente esto explica ahora porqué cada uno de los miembros de la gavilla poseen flotillas de autos BMW y Mercedes Benz, principalmente, así como apartamentos de más de un millón de dólares, fincas de recreo, casas de playa, apartamentos en Miami, fuertes inversiones en la Bolsa de Valores de Nueva York y exitosas compañías dedicadas al negocio de la construcción inmobiliaria. Todo esto con sueldos mensuales de periodistas que en ningún caso superan el equivalente a US$ 5 mil.

La información judicial que ya se ha sido reunida indica que uno de estos periodistas estuvo detrás del atentado criminal a bala que sufrió un reputado y honorable colega investigador.

Siempre nos ha llamado la atención a otros periodistas que aquellos, distinguidos por su incultura, su limitado vocabulario cundido de vocablos en caló (lenguaje del hampa) y graduados en universidades de garaje, sean los de mejor vivir y mayor fortuna. Cometen errores de ortografía hablando pero poseen autos que un periodista honorable, prestigioso y bien formado solamente podría adquirir con el fruto de décadas de trabajo.

La justicia ha intentado con inmensa timidez ponerle el cascabel a este gato y se ha encontrado con inflamadas manifestaciones gremiales de rechazo a lo que se quiere presentar como un atropello a la libertad de prensa y expresión. En respuesta, hace una semana la Fiscalía General optó por celebrar un foro en el que expertos fueron invitados a explicar cuándo sí y cuándo no la justicia puede tomarse el atrevimiento de requerir a un periodista.

La banda de reporteros judiciales que se halla a las puertas de la cárcel no es una excepción y quizá no sea más que un grupo menor de facinerosos.

La corrupción que está comiéndose las entrañas del periodismo colombiano acaba de alcanzar un alto punto de desfachatez en el caso de los “Panamá papers”, el escándalo global que ha permitido descubrir a millares de funcionarios y hombres públicos del mundo que, para evadir impuestos, esconden multimillonarias fortunas en sociedades y fiducias sentadas en paraísos fiscales.

Hasta donde se sabe, se acercan a 900 los colombianos prominentes inscritos en esas redes de corrupción que para los medios de este país no resultaron ser noticia digna de difundir con vigor y de darle seguimiento para llegar hasta el fondo. Los registros se limitaron a decir de manera escueta que entre los cientos de evasores colombianos solamente estaba un cuñado del odiado ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro, a pesar de que este no tenía ninguna vela en ese entierro.

Lo que no se ha dicho todavía, ni se va a publicar, es que dueños de medios y encumbrados periodistas dedicados diariamente a dar cátedra sobre moral y ética, figuran en los dichosos papeles de Panamá. Ellos mismos se dieron golpes de pecho en sus emisiones de noticias e hicieron votos para que el gobierno de Panamá le ayude al de Colombia a destapar tanta corrupción.

Por supuesto que la administración nacional de impuestos tampoco ha tomado nota ni se esforzará, presumo, por obtener la información con la que lograría imponer tantas multas por evasión que el país podría salir de la ruina. Los grandes espacios de debate y los análisis “de fondo” se limitan a tocar el tema con suavidad para advertir que, en principio, es perfectamente legal poseer una sociedad en Panamá. Lo cual es cierto. Lo que no dicen es que a nadie se le ocurriría llevarse su capital a paraísos fiscales para algo que no sea evadir impuestos.

Mientras el periodismo colombiano encubra, no vea y tampoco denuncie su propia podredumbre, la gran víctima seguirá siendo la sociedad incauta que toma por cierto lo que le “informan” y, obviamente, ignora lo que le ocultan.

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martes, mayo 17, 2016

Diálogos de paz
A pesar de los insultos de Uribe las FARC EP insisten en tenderle la mano de la paz
Por: Camilo Raigozo. Notimundo

Luego de conocer la respuesta agresiva, insultante y falaz por parte del presunto cabecilla paramilitar Álvaro Uribe, a su invitación a dialogar serenamente, el máximo comandante de las FARC EP, ‘Timoleón Jiménez’, le envió una segunda carta pública reiterándole la invitación a deponer su rencor y su sed de sangre por el bien de la patria. Lea aquí la respuesta de Uribe.

“Entiendo que a manera de respuesta, el Doctor Álvaro Uribe compendia el conjunto de sus más reiteradas manifestaciones de inconformidad con el proceso de La Habana, por conocidas no menos interesantes. Pero igualmente incisivas y sesgadas”, le insiste ‘Timochenco’ a Uribe.

A continuación el texto integro de la segunda misiva de las FARC EP a Uribe:


Ave María, Doctor Uribe, conversemos
Por Timoleón Jiménez

También conocimos por los medios un comunicado que lleva la firma del Doctor Álvaro Uribe Vélez, y que bajo su encabezado trae como referencia un texto que dice, Carta del médico Rodrigo Londoño(Timoleón Jiménez), cabecilla de las FARC. Pese a que el Presidente Uribe debe saber bien que aquello de médico, referido a mí, no es más que otra tanta de las invenciones del servicio de inteligencia militar, interpreto que intenta responderme, con su ya conocido estilo personal.

Le gente dice dirigirse a Pedro para hablarle a Juan, así que sin falsos orgullos reconozco que el Presidente Uribe se dirige a mí y debo abonarle que por primera vez no leo en sus palabras ningún adjetivo insultante de carácter personal. Algo avanzamos, sin duda. Entiendo que a manera de respuesta, el Doctor Álvaro Uribe compendia el conjunto de sus más reiteradas manifestaciones de inconformidad con el proceso de La Habana, por conocidas no menos interesantes.

Pero igualmente incisivas y sesgadas. No basta, aunque contradigamos un viejo refrán de oscuros orígenes, repetir cien veces algo que no es cierto para convertirlo en verdad. De ello una inmensa mayoría de colombianos se convence cada día más. La exigencia de una previa concentración supervisada, muy probablemente hubiera hecho imposible lo que hoy avanza de manera inexorable. Nunca fuimos una fuerza derrotada, Usted mejor que nadie lo sabe.

Si algo hemos aprendido durante todos estos años de conversaciones con el gobierno nacional, y de interlocución con centenares de personalidades y gentes sencillas de todo el mundo, es que cuando se va a dialogar para consensuar una salida civilizada, resulta imposible imponer las propias aspiraciones. No se trata de renunciar a ideas y principios, pero sí de apelar a la sabiduría de hacer mutuas concesiones en aras de alcanzar el objetivo más valioso, la paz.

La guerra carecería de sentido si su objetivo no fuera la derrota final del adversario, imponerle por la fuerza de las armas la propia voluntad. Eso nos ha llevado a 52 años continuos de cruenta confrontación que nos resultaron insuficientes para vencer al Estado colombiano. Tampoco el Estado pudo reducirnos, pese al apoyo financiero y militar de los Estados Unidos y a la más cerrera voluntad de victoria exhibida por sucesivos gobiernos, particularmente el suyo.

Entonces la vía de las conversaciones para acordar una paz sin vencedores ni vencidos, ya no puede ser la del todo o nada. Hay que escuchar las razones de la contraparte, hacer gala del talento suficiente para comprender que así no se comparta lo expuesto por el interlocutor, es necesario encontrar puntos de acuerdo con él. Lo contrario significa la guerra, y el reconocimiento de su crueldad e inutilidad es lo que nos ha conducido a buscar la paz mediante el diálogo.

Nosotros fuimos constreñidos a aceptar que las conversaciones se produjeran sin cese de fuegos, so pena de que no hubiera mesa de diálogos. Y sabíamos bien que el objetivo del Estado era obligarnos con bombas y metralla a aceptar un sometimiento. La desventaja era doble para nosotros, poníamos los muertos, cualquier acción militar nos sería restregada en la cara, mientras que las autoridades y la gran prensa se regodearían con cada matanza de guerrilleros.

Aún así, fuimos a la Mesa, porque sabíamos que en Colombia habitaba ya el rechazo masivo a la guerra, porque comprendíamos que para el pueblo colombiano no había un bien más supremo que la paz. Usted sabe bien que de entrada el gobierno arrojó el cadáver del Camarada Alfonso Cano a nuestros pies. Ojalá algún día Usted comprendiera la fuerza moral que implica seguir conversando cuando a uno le hacen eso, cuando lo provocan de modo tan bajo.

¿Había una forma más seria de generar credibilidad y confianza en nuestra vocación por la paz? Estamos más que seguros de que así lo entendió la mayoría de la gente en nuestro país y el exterior. Usted, Doctor Uribe, se enfureció muchas veces tras visitar las instalaciones sanitarias de la fuerza pública en medio de la confrontación, lo aterraba el número de bajas del Ejército. Vaya hoy, y repita que las FARC seguimos mintiéndole al país con nuestro cese el fuego unilateral.

Doctor Uribe, para que la ciudadanía en Colombia pueda inferir que las FARC somos ajenas a cualquier delito cometido, necesitamos también de su sensatez, que Usted y los de su movimiento político acepten con cordura realidades incontrastables. Una década atrás, cuando se acercaba el fin de su primer período en la Presidencia, las condiciones de criminalidad, terror paramilitar, falsos positivos y demás eran exponencialmente superiores a lo que vive hoy el país.

Vale la pena empezar por revisar el vocabulario y hacerlo acorde con las cifras reales al respecto. En mi modesto parecer, los colombianos están cansados de sus palabras tan subidas de peso y tono, pánico ciudadano, control territorial terrorista, incremento de la criminalidad, capacidad criminal, tiranía, chantaje, impunidad. No quisiera parecer grosero, cuando pretendo llamarlo al diálogo, pero si nos vamos a eso, qué tal Colombia diez años atrás.

Doctor Uribe, el acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz ha sido aplaudido hasta por la Corte Penal Internacional. Es cierto que resulta imposible dejar satisfecho absolutamente a todo el mundo, pero cuando el gobierno de los Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el gobierno suizo e incontables estudiosos se pronuncian satisfactoriamente al respecto, no crea Usted que la astucia de las FARC es capaz de engañar a tanto iluso.

Concita permanentemente Usted la inconformidad de las Fuerzas Armadas, echando mano a argumentos que si los examinamos con detenimiento no resisten el mayor análisis. Yo sé que lo que voy a decirle puede parecerle una herejía, pero todo el mundo civilizado reconoce hoy que los encargados de hacer cumplir la Constitución y las leyes, los derechos consagrados por estas, son quienes mayor responsabilidad tienen cuando pasan sobre su deber para violarlas.

En eso consiste un Estado de derecho, entiendo. La legitimidad de cualquier Estado o gobierno deriva del respeto a la legalidad por parte de sus autoridades. Cuando la sal se corrompe no hay nada que hacer. Indudablemente, un importante sector de los mandos militares y policiales se hayan comprometidos en graves violaciones a la ley. Pues bien, la Jurisdicción Especial para la Paz les reserva un trato indulgente a cambio de la verdad sobre lo ocurrido.

¿Por qué razón hay que temerle tanto a la verdad, doctor Uribe? Nosotros vamos a poner la cara y a responder. Y sabemos que si faltamos a la verdad nos esperan hasta 20 años en prisión. Un criterio equivalente se aplicará para las fuerzas armadas oficiales, con quienes incluso se podría ser más estricto por su posición legal. Irlanda del Norte, Suráfrica y otros procesos de reconciliación nos enseñan que la paz es un bien superior por el que valen todos los sacrificios.

Los muertos y los atropellos nos duelen a todos. Nos anima el propósito de ponerles definitivamente fin en nuestra patria. Pero seamos objetivos, no busquemos tan solo la paja en el ojo ajeno. Por eso le insistimos, Presidente. No pensemos sólo en la empresa privada, el interés público cuenta más, sin arrollarla por ello. Con la paz ganamos todos, con ella no habrá perdedores. Ave María, doctor Uribe, conversemos, Usted tiene un puesto en el nuevo país.

Timoleón Jiménez
Comandante Estado Mayor Central de las FARC-EP
La Habana, 16 de mayo de 2016.

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Diálogos de paz
Uribe pateó la mano extendida por las FARC EP con insultos y falacias
Por: Camilo Raigozo. Notimundo

El pasado 14 de mayo, el máximo comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, FARC EP, ‘Timoleón Jiménez’, le envió una carta pública al presunto cabecilla paramilitar Álvaro Uribe, alias “Sanguijuela”, en la que lo invitó a dialogar y a que participara en los diálogos de paz de La Habana. Lea aquí la carta de 'Timochenko' a Uribe.

Sin embargo la bajeza, la cobardía y la sed de sangre de Uribe y su pandilla, en la está incluido el proparamilitar y actual procurador Alejandro Ordoñez, no solamente le impidieron aceptar la cordial invitación del grupo insurgente, sino que la rechazó mediante improperios y falacias.

“Haber adelantado el diálogo sin cese de actividades crimínales, verificable a través de la concentración supervisada, ha contribuido al aumento de la criminalidad y a la desconfianza en el proceso, ya que, sin esa concentración, se negó a la ciudadanía el derecho de inferir que Farc, con buena fe en la paz, era ajena a cualquier delito cometido”, dice un aparte de la contestación de Uribe.

A continuación la transcripción integral de la respuesta de alias “Sanguijuela” al comandante “Timochenko”:


Los medios de comunicación han informado sobre una carta que me ha dirigido el médico Rodrigo Londoño (Timoleón Jiménez), cabecilla de FARC.

Mis compañeros del Centro Democrático y mi persona, desde 2012, hemos expresado nuestras preocupaciones sobre las condiciones en que se han desarrollado los diálogos de La Habana y los contenidos de los acuerdos.

Haber adelantado el diálogo sin cese de actividades crimínales, verificable a través de la concentración supervisada, ha contribuido al aumento de la criminalidad y a la desconfianza en el proceso, ya que, sin esa concentración, se negó a la ciudadanía el derecho de inferir que Farc, con buena fe en la paz, era ajena a cualquier delito cometido. La exigencia seguramente habría demorado la iniciación del diálogo, pero este habría generado más credibilidad.

A ese aumento de la criminalidad también ha aportado el anuncio de impunidad total, plasmado en el acuerdo de justicia, que ha animado la expansión de los grupos delictivos y el incremento de delitos. Han crecido la extorsión; el control territorial terrorista sobre el pánico de ciudadanos que carecen de confianza en las autoridades; y, el narco tráfico que en los últimos 3 años ha ascendido de 43000 hectáreas de cultivos ilícitos a 159000. En números aproximados, Farc ha pasado de 6800 integrantes a más de 17000; el ELN recuperó la capacidad criminal, sus uniformes sirven a integrantes de Farc y la tiranía de Venezuela lo utiliza para chantajear al Gobierno de Colombia; y, las bandas criminales son cinco veces más grandes.

Si con el solo anuncio la impunidad se ha generado más crimen, qué podremos esperar cuando ya se haya implementado!

Vale recordar que el Gobierno ha aceptado al narco tráfico como conexo con el delito político, por ende sin cárcel ni extradición pero con elegibilidad política. Y en cuanto a las conductas que se aceptarían como atrocidades, el Gobierno dice que no hay impunidad porque los responsables serían investigados, juzgados y les impondrían sentencia. Sin embargo, la aceptación temprana de responsabilidad evitaría la cárcel.

En los anteriores términos el acuerdo genera ejemplo para que haya más violencia y no garantiza estabilidad. La impunidad es partera de nuevas violencias y dificulta el perdón sincero.

Desde la aproximación del Derecho Internacional son evidentes los riesgos de inestabilidad del acuerdo, no porque los guerrilleros de base no vayan a la cárcel, lo cual se acepta, pero si por falta de una reclusión carcelaria a los cabecillas, así sea relativamente corta. Se tipificaría la falta de castigo adecuado, sin que ese requisito lo pueda suplir la restricción de movilidad y de residencia, temas en los cuales la Farc ha contradicho al Gobierno, y presentan una ambigüedad generadora de dificultades posteriores.

La reclusión carcelaria, como parte del castigo adecuado, surge de la Corte Penal Internacional y también de la Convención Americana de Derechos Humanos. No obstante que nuestra democracia, atacada por el narco terrorismo, no es comparable con conflictos entre civiles en armas y dictaduras del continente, debe tenerse en cuenta que las leyes de punto final han sido derogadas, están cuestionadas en sus países o son inaplicadas. En Colombia se avanza hacia una ley de punto final con el disfraz de condena retórica, sin cárcel, a los responsables de atrocidades.

Desde el Derecho Interno la insostenibilidad del texto de La Habana se hace más evidente con el abuso del Gobierno de pretender llevarlo a normas inmodificables de la Constitución por la vía de los convenios de Ginebra, que no son para legalizar al terrorismo sino para humanizar conflictos, inicialmente internacionales.

A lo anterior se suma la elegibilidad política sin importar la atrocidad del delito, en contravía de la prohibición que es tendencia de la democracia, que no se desvirtúa por la discusión judicial en España para permitir que un integrante de ETA sea elegido después de estar varios años en la cárcel.

No es cierto que se proteja a las víctimas. El Gobierno ha permitido que Farc no aporte un peso para repararlas. Además, la impunidad total niega la reparación superior que es el derecho a la no repetición de la violencia.

Invocar el derecho restaurativo en favor de las víctimas para justificar la falta de cárcel a los responsables de atrocidades es injusto y peligroso: sin castigo carcelario, punitivo, se impide la disuasión del criminal que es objetivo del derecho restaurativo.

Nuestras Fuerzas Armadas de la Democracia han sido igualadas con el terrorismo. El acuerdo de justicia pone de igual a igual a los comandantes institucionales con los cabecillas de Farc, cuando la misión de los primeros es la protección de la ley y del ciudadano, y la de Farc es el delito, así lo encubran con la pretensión del derecho a la rebelión.

Sometidos civiles y militares a los jueces escogidos con intervención de Farc, para evitar el riesgo de ir a la cárcel muchos preferirán reconocer un delito incluso no cometido. Hemos insistido en la propuesta de una solución independiente para las Fuerzas Armadas, con alivio judicial y sin impunidad.

Imposible entender que el Gobierno trate a un grupo como actor político y tolere que continúe con el reclutamiento de menores y de jóvenes.

Hemos expresado nuestra preocupación por los riesgos para la economía privada que se derivan del texto de La Habana. Creemos que la pobreza de Colombia no es por culpa de la empresa privada sino por falta de más empresa privada con todas las posibilidades de inclusión. A diferencia de Chávez que inicialmente ocultó su castrismo, Farc presenta el fracasado Socialismo del Siglo XXI como cartabón doctrinario para excusar sus delitos. Las prácticas del Gobierno, restrictivas a la empresa privada, perfilan agravarse con la implementación del texto de La Habana.

Nuestras preocupaciones y alternativas están por escrito, ninguna audiencia han tenido en el Gobierno ni en las mayorías parlamentarias. El Gobierno nos conmina a adherir a La Habana para lo cual no ahorra formas de intimidación.

Recientemente las examinamos en detalle con Kofy Annan, Ex Secretario de Naciones Unidas, quien nos anunció transmitirlas a la Farc. Las hemos hablado en detalle con el doctor Álvaro Leyva, con el señor Aronson, delegado de los Estados Unidos, quienes también pueden ser portadores ante Farc, así no las compartan.

Que el Gobierno imponga los textos de La Habana, fuerce su incorporación a la Constitución y al Ordenamiento Jurídico, valido de simulada juridicidad con notoria ilegalidad y desdén por la democracia, causa incertidumbre política y la posibilidad que cambios en el futuro los deroguen.

La paz no está en discusión, están en discusión su eficacia, su sostenibilidad y el riesgo para nuestra democracia,

Álvaro Uribe Vélez
Montería, Mayo de 2016

domingo, mayo 15, 2016

Diálogos de paz
Con grandeza y generosidad las FARC EP le vuelven a tender la mano de la paz a Uribe
Por: Camilo Raigozo. Notimundo

En una carta abierta el máximo comandante de las FARC EP, 'Timoleón Jiménez', con actitud de grandeza y generosidad, vuelve a tenderle la mano de la paz al presunto cabecilla paramilitar y senador Álvaro Uribe, quien lidera un grupo belicista que se alimenta de la guerra y se opone a la paz entre los colombianos.

"¡Ya nunca más violencia y miedo en nuestra tierra, doctor Uribe Vélez! Por caridad, ¡no más viudas y huérfanos adoloridos!", le pide 'Timoleón Jiménez'. Sin embargo conociendo la bajeza y el espíritu cobarde y pendenciero de Uribe, se prevé una respuesta insultante y agresiva.  

A continuación el texto íntegro de la misiva:


Doctor Uribe, conversemos tranquilamente
Por: Timoleón Jiménez

En 2010, a pocos meses de iniciado el período presidencial de Juan Manuel Santos, tuvimos conocimiento en las FARC del interés del nuevo gobierno por abrir conversaciones de paz con nosotros.

Eso quiere decir que desde los primeros contactos secretos que posibilitaron el encuentro exploratorio, han transcurrido poco menos de seis años. Durante ese trecho ha germinado la esperanza y ya palpita muy cerca la firma de un Acuerdo Final de Paz.

Ha sido un tiempo largo dedicado a la reflexión, a la revisión de conductas, a la aproximación de temas, al estudio, al conocimiento de verdades, al intercambio con las víctimas.

Hemos examinado temas de gran interés con prestantes personalidades nacionales y extranjeras, políticos, filósofos, hombres de Estado, jerarcas de la Iglesia Católica y de otras confesiones, juristas, funcionarios de la Corte Penal Internacional, científicos y excombatientes rebeldes de todos los continentes.

Hemos intercambiado con ex militares nacionales y extranjeros, con oficiales en servicio de la patria, miembros de la Policía Nacional, empresarios del campo y la ciudad, representantes de innumerables organizaciones sociales y políticas, congresistas, directores de medios, funcionarios de la ONU y otras entidades internacionales, regionales y locales.

Hablamos con enviados especiales de los Estados Unidos, la Unión Europea y el Congreso Nacional Africano.

Antiguos jefes de Estado y de gobierno también se han reunido con nosotros. Hemos aprendido de todos y cada uno de nuestros interlocutores, al tiempo que todos han escuchado y recibido nuestras experiencias con bondad y comprensión.

Muchos nos han dado a conocer sus preocupaciones y reservas. Pero en su conjunto ninguno ha dejado de animarnos a perseverar en la búsqueda de la paz por las vías del diálogo y la reconciliación.

Todos nos han repetido la lección, con odios no se llega a ninguna parte. Tenemos muy claro que la pasión y la polarización son malas consejeras, que nadie es dueño de la verdad absoluta, que la paz es una construcción colectiva.

Todos los hombres y mujeres de Colombia debemos aportar a su concreción. La paz no solo debe ser mirada desde la propia experiencia, también es necesario proyectarla con vista a las futuras generaciones, al país mejor del mañana.

En La Habana se acordó un mecanismo especial de justicia, ante el cual todos los vinculados directa o indirectamente al conflicto deberán responder por sus actos. Eso nos incluye a nosotros.A la luz del derecho de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Estatuto de Roma.

Nos hemos acogido a los principios y estatutos de Naciones Unidas, a los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos. No hemos evadido nada.

Es por eso que después de todas las tragedias sangrientas ocurridas en Colombia, tras sufrir en carne propia la muerte de propios y extraños, sentimos el derecho de pedir en nombre de la civilización, en nombre de las incontables víctimas, ¡ya no más muerte y horror para la patria!

¡No más guerra, en nombre de nuestros hijos y de los hijos de todos! ¡Ya nunca más violencia y miedo en nuestra tierra, doctor Uribe Vélez! Por caridad, ¡no más viudas y huérfanos adoloridos!

A todos aquellos que por diversas razones se sienten dejados a un lado por los diálogos de La Habana, a usted mismo, doctor Uribe, los invitamos del modo más comedido a deponer prevenciones.

No es justo concluir con tanto desparpajo que los acuerdos alcanzados sin su presencia constituyen una traición a la patria, ni cabe continuar alimentando en la mente de parte importante de la población colombiana el rencor y los ánimos de venganza.

Los ocho años de su gobierno, doctor Uribe Vélez, hubieran podido ser de paz, pero se fueron en la más intensa confrontación de la historia nacional. Cuánta muerte, desolación y miserias ocurrieron por cuenta de ella.

No debe olvidarse que pese a eso no se nos pudo vencer. Y si no se nos derrotó en la guerra que enlutó a Colombia, emerge entonces la opción de la paz, que no es otra cosa que la derrota de la injusticia, la desigualdad y la violencia política.

La paz no apunta contra nadie, contra ningún partido o movimiento político, contra ningún trabajador colombiano, sea este de derecha o izquierda.

Que arroje la primera piedra aquel que habiendo tenido responsabilidades de Estado en el pasado, pueda clamar que no tiene nada que ver con lo sucedido, o que las cosas ocurrieron sin que él se percatara. Presidente Uribe, estamos dispuestos a conversar tranquilamente con Usted sobre el futuro de nuestra nación.

En La Habana, o en lugar de Colombia que usted prefiera, contando desde luego con las garantías de seguridad suficientes para nuestro traslado y estadía en suelo patrio.

Discutamos sobre su llamado a la resistencia nacional contra la paz, producido sin haber escuchado a quienes tanto combatió por tierra, mar y aire sin vencerlos. Nosotros provenimos de la resistencia a la violencia, a la injusticia y la impunidad. Precisemos entonces el significado del término.

Cuánta sangre, cuántas lágrimas, cuánta desolación le han dejado a nuestro país llamados semejantes a los que Usted viene haciendo. Es cierto que siempre se sabe cómo comienzan las cosas, pero nadie es suficientemente sabio para saber cómo van a terminar.

Es fácil azuzar la violencia desde cómodas habitaciones en los barrios altos de la ciudad, cuando los muertos caen en los campos y son hijos ajenos de gentes anónimas.

La resistencia iniciada por Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas y cuarenta y ocho campesinos en Marquetalia comienza a quedar atrás por quienes aceptamos convertirnos en constructores de paz y reconciliación.

Lo acordado hasta hoy en La Habana, más lo que se irá anunciado en plazos próximos, conseguirá por fin hacer sonreír a Colombia, sin olvidar su pasado y sus víctimas. La calidad de acuerdo especial configura ni más ni menos que el cimiento del Nunca Más.

Lo queremos a Usted sentado a la Mesa de la Reconstrucción y Reconciliación Nacional. No a la mesa del capricho personal o las exigencias carentes de generosidad.

Continuemos la marcha a partir de lo alcanzado que ya aplauden las naciones de todos los continentes, que responde al derecho de gentes, a tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad de la República, que aplauden mandatarios de todo el mundo y hasta el Papa Francisco.

Proponemos al país entero un acuerdo político para reordenar entre todos la nación colombiana. Nadie quedaría por fuera, queremos que Usted sea partícipe de él, doctor Uribe, conversemos.

Fue Usted un formidable adversario que nunca nos dio cuartel, pero como ve, seguimos aquí, en la brega, trabajando incansables por la nueva Colombia. Venga esa mano, le extendemos la nuestra con un ramo de olivo. La paz sí que merece dejar atrás orgullos. Resuélvase.

Timoleón Jiménez
Comandante del Estado Mayor Central de las FARC-EP
La Habana, 14 de mayo de 2016.

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jueves, mayo 05, 2016

Momentos en que los
militares detuvieron
el vehículo. Foto:
Camilo Raigozo.
Terrorismo de Estado
El Ejército hostigó a delegación internacional que asistía a un seminario de Fensuagro
Por: Camilo Raigozo. Notimundo

El pasado 22 de abril a las 10 y media de la noche, en inmediaciones de la vereda Puerto Brasil, municipio de Viotá, Cundinamarca, la buseta en la que se transportaban 16 personas, siete de ellas provenientes de Nicaragua, Cuba, Chile, Paraguay, Venezuela, Argentina y Estados Unidos, fue interceptada por militares.

Las personas se dirigían a participar en el seminario Agroecología, Cambio Climático y Movimiento Campesino, el cual se llevaría a cabo el 23 y 24 de abril en las instalaciones del Centro de Formación Campesina Raúl Valbuena ubicado en la vereda mencionada.
   
Dana Avila es empadronada por el Ejército. Foto:
Camilo Raigozo.
Los uniformados obligaron a la detención del vehículo y procedieron a intimidar y empadronar de manera ilegal a Dana Avila, responsable de conducir al grupo de personas hasta el sitio donde al día siguiente empezaba el seminario.    

Los militares adujeron que estaba prohibido el tránsito de vehículos a esa hora de la noche debido al toque de queda decretado por las autoridades locales debido a la inseguridad de la zona.

Sin embargo Alexandra Barbosa, funcionaria de Fensuagro y una de las organizadoras del seminario, aseguró que ella había avisado con antelación a las autoridades militares y civiles sobre el evento. Además aclaró que el toque de queda era solo para el tránsito de motocicletas.

miércoles, abril 27, 2016

Lanzamiento IALA 
María Cano. Foto: 
Camilo Raigozo.
Nació oficialmente el IALA María Cano
Por: Camilo Raigozo. Fensuagro

Con el lanzamiento oficial el pasado 25 de abril nació para el mundo el Instituto Agroecológico Latinoamericano María Cano, IALAMC, que beneficiará al campo colombiano, principalmente a los jóvenes campesinos que quieran especializarse en tecnología agroecológica.

Lanzamieno
IALA María Cano.
Mesa directiva. Interviene
Víctor Flóres. Facultad
de Agronomía UNAL.
Foto Camilo Raigozo.
La gestación del instituto se dio gracias a los esfuerzos de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas – La Vía Campesina, CLOC-LVC y a otras instituciones solidarias nacionales e internacionales.

Lanzamiento IALA
María Cano. Interviene
Eberto Díaz.
Foto Camilo Raigozo.
El evento se realizó en el auditorio de la facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Nacional en Bogotá con la participación de CLOC-LVC, profesores , estudiantes, egresados, dirigentes campesinos, directivos de las universidades de Cundinamarca y Nacional de Colombia, un representante de la FAO y Fensuagro.

Lanzmiento IALA
María Cano. Interviene
Nury Martínez. Foto:
Camilo Raigozo.
La agroecología es un nuevo modelo de producción agropecuaria basado en la supresión del uso de agroquímicos, venenos y demás tóxicos que se vienen empleando hasta hoy, los cuales son nocivos para la salud humana, las aguas, los ecosistemas, la fauna, la flora y las tierras en general, así como aceleran el calentamiento del planeta.

Lanzamiento IALA
María Cano. Vista
parcial de la asistencia.
Foto Camilo Raigozo.
Además el IALAMC tiene como objetivo formar hombres y mujeres del campo con pensamiento crítico, con los conocimientos necesarios para trabajar por la soberanía alimentaria, la protección del medio ambiente, la solidaridad, la igualdad, el internacionalismo y el respeto por la naturaleza, entre otros valores.

Lanzamiento IALA
María Cano. Faus
to Torrez de Nica
ragua. Foto:
Camilo Raigozo.
Con este alumbramiento el proyecto IALA Maria Cano arrancó definitivamente y a partir de la segunda quincena de julio próximo se iniciarán las clases con los primeros 50 estudiantes. Funcionará de manera simultánea con el Centro Nacional de Capacitación y Formación Campesina Raúl Valbuena, en las instalaciones de Fensuagro ubicadas en la zona rural del municipio de Viotá, Cundinamarca.

Cabe resaltar que gracias al trabajo de CLOC-LVC, de la cual forma parte Fensuagro, la agroecología se viene implementando con éxito en 65 países alrededor del mundo.

Lanzamiento IALA
Maía Cano. Vista
parcial de la asisten
cia. Foto: Camilo
Raigozo.
El IALAMC se suma al Paulo Freire en Venezuela, al Guaraní en Paraguay, al ELAA y el Amazónico en Brasil, al IALA Mujeres Chile, a la Escuela Campesina Francisco Morazán de Nicaragua, a la Asociación Nacional de pequeños Agricultores de Cuba, a la Escuela Nacional de Agroecología de Ecuador y a la Universidad Campesina, Unicam, en Argentina.

Centro de Capacitació
Campesina Raúl Val
buena, Viotá, Cundi
namarca. Foto: Camilo
Raigozo.
Previo al lanzamiento y dentro del mismo marco, se llevó a cabo con éxito el Semanario de Agroecología, Cambio Climático y Movimientos Sociales, en la Escuela Campesina Raúl Valbuena, en la sede de Fensuagro en Viotá, Cundinamarca, los días 23 y 24 de abril.

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martes, abril 26, 2016

De izq. a der, Olga Domene,
de Venezuela; Adilen Roque
de Cuba; Viviana Cotrileo, de
Clile; Eduardo Benítez, de Pa
raguay; Peter Resset, de EU.,
 Margarita Gómez, de Argentina
y Fausto Torrez, de Nicaragua.
Foto: Camilo Raigozo.
Lanzamiento del IALA María Cano
Seminario de Agroecología, Cambio Climático y Movimiento Campesino
Por: Camilo Raigozo. Fensuagro

Dentro del mismo contexto y previo al lanzamiento oficial del Instituto Agroecológico Latinoamericano María Cano, ALAMC, el cual se realizó el pasado 25 de abril en el auditorio de la facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Nacional en Bogotá, se llevó a cabo el seminario Agroecología, Cambio Climático y Movimiento Campesino.

Este tuvo lugar en las instalaciones del Centro de Formación Campesina Raúl Valbuena de Fensuagro, en Viotá, Cundinamarca, durante el 23 y 24 de abril y participaron 31 personas, siete de ellos ponentes internacionales de Argentina, Estados Unidos, Chile, Cuba, Nicaragua, Venezuela y Paraguay.

Fausto Torrez de Nicaragua.
Foto, Camilo Raigozo.
Fausto Torrez de la Asociación de Trabajadores del Campo de Nicaragua y representante de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, fue el primero en hacer su exposición, la cual trató sobre la historia y desarrollo de la CLOC a nivel mundial.

Les contó a los asistentes las metodologías y las experiencias particulares que se han dado en algunos de los 65 países donde CLOC Vía Campesina hacen presencia y se desarrollan institutos o universidades agroecológicas. Igualmente expuso sobre las experiencias de los institutos y universidades que han implementado la agroecología como materia de enseñanza en Nicaragua.

Viviana Cotrileo de Chile.
Foto Camilo Raigozo.
El segundo turno fue para Viviana Cotrileo de Chile, quien les enseñó a los asistentes las experiencias vividas por el Instituto de Agroecología de las Mujeres del Campo en Chile, IALA Chile, liderado por la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile, Anamuri.

El IALA Chile promueve la recuperación y el fortalecimiento del tejido social campesino e indígena, principalmente desde la perspectiva de las mujeres, para construir la soberanía alimentaria y garantizar los derechos de estas comunidades.

Peter Rosset, EU.
Foto Camilo Raigozo.
Le siguió en el turno el estadounidense, Peter Rosset, representante de CLOC y Vía Campesina, quién habló sobre los temas de las relaciones en los diferentes países entre las instituciones estatales y los movimientos sociales y la actual coyuntura internacional en materia de la agroecología.

Rosset abordó experiencias de las organizaciones campesinas en algunos países de América, Africa y Asia, como Cuba, Brasil, Venezuela, India, Mali, Zimbabue y otros. De igual manera explicó la diferencia que existe entre la agroecología campesina y los agronegocios propios del capitalismo, que tienen al planeta al borde de la catástrofe y a las especies, incluida la humana, en peligro de desaparecer.

Eduardo Benítez,  de Para
guay. Foto Camilo Raigozo. 
Por su parte Eduardo Benítez del IALA Guaraní de Paraguay resaltó las luchas organizativas que vienen dando los campesinos, principalmente de los jóvenes, enfrentados al acaparamiento de tierras por parte de latifundistas y empresas extranjeras. Dijo que en su país se está avanzando en la consolidación de la producción agroecológica familiar para el autoconsumo y el sostenimiento.

Margarita Gómez, de Argenti
na. Foto Camilo Raigozo.
Margarita Gómez de Argentina contó, entre muchas cosas, que en su país hay varias escuelas agroecológicas de proyección nacional, con más de 150 jóvenes egresados. “En el gobierno de Cristina tuvimos un gran avance en convenios de cooperación y alianzas con universidades, así como articulación con otras organizaciones sociales”, dijo. Agregó que con el gobierno de Macri la situación ha sido diferente, pero que la lucha de los jóvenes y los campesinos seguirá adelante.

Dana Avila y Fabián Pachón.
Foto Camilo Raigozo.
Dana Avila y Fabián Pachón, egresado del IALA Paulo Freire de Venezuela, inaugurado por el expresidente Hugo Chávez, socializaron la experiencia de esta institución en la hermana república, donde se implemento la filosofía de Paulo Freire y de Simón Rodríguez, profesor del libertador Simón Bolívar.

Olga Domene, de Vene
zuela. Foto Camilo Raigozo.
Olga Domene de la Universidad Bolivariana de Venezuela compartió con la audiencia los temas sobre la construcción de la agroecología desde la academia. Dijo que aunque el proceso en su país era muy joven y había dificultades de retroceso, no se le podía calificar de fracaso. “Estamos aprendiendo de los errores y seguimos avanzando”, expresó Domene, entre muchos aspectos.

Adilen Roque de Cuba.
Foto Camilo Raigozo.
Finalmente el turno fue para Adilen Roque de la Asociación Nacional de Pequeños Agricultores de Cuba, quién compartió las experiencias de los campesinos de Cuba en la implementación de la agroecología.

Roque pormenorizó la metodología implementada en la isla para materializar el nuevo modelo de producción agropecuaria y los excelentes resultados que ha arrojado para el pueblo cubano. Destacó la estrategia “de campesino a campesino y de comunidad a comunidad”, para el desarrollo seguro de la agroecología.

Eberto Díaz.
Foto Camilo Ragozo
Para cerrar el seminario Nury Martínez y el presidente de Fensuagro Eberto Díaz agradecieron a los asistentes, especialmente a los delegados internacionales, por haber venido a compartir solidariamente sus experiencias y conocimientos.

"Es que no se trata de formar solamente técnicos. De lo que se trata es de formar mujeres y hombres nuevos, con la vocación y la capacidad de cambiar el mundo para beneficio de todos los seres humanos", dijo entre otras cosas Díaz. Agregó que " De campesino a campesino debe ser una estrategia metodológica para construir la paz".

Los asistentes al seminario
salieron a conocer la finca.
Foro Camilo Raigozo.
Al final de las dos jornadas el grupo salió a conocer las 16 hectáreas de tierra que los futuros estudiantes del IALA María Cano utilizarán para el aprendizaje, la experimentación y la puesta en práctica de los saberes adquiridos.

El Ejército hostigó a asistentes
a seminario de Fensuagro.
Foto Camilo Raigozo.
IALA María Cano
El Ejército hostigó a delegación internacional que asistía a un seminario de Fensuagro
Por: Camilo Raigozo. Fensuagro

El pasado 22 de abril a las 10 y media de la noche, en inmediaciones de la vereda Puerto Brasil, municipio de Viotá, Cundinamarca, la buseta en la que se transportaban 16 personas, siete de ellas provenientes de Nicaragua, Cuba, Chile, Paraguay, Venezuela, Argentina y Estados Unidos, fue interceptada por militares.

Las personas se dirigían a participar en el seminario Agroecología, Cambio Climático y Movimiento Campesino, el cual se llevaría a cabo el 23 y 24 de abril en las instalaciones del Centro de Formación Campesina Raúl Valbuena ubicado en la vereda mencionada.

Dana Avila es empadronada
por el Ejército. Foto: Camilo
Raigozo.
Los uniformados obligaron a la detención del vehículo y procedieron a intimidar y empadronar de manera ilegal a Dana Avila, responsable de conducir al grupo de personas hasta el sitio donde al día siguiente empezaba el seminario.

Los militares adujeron que estaba prohibido el tránsito de vehículos a esa hora de la noche debido al toque de queda decretado por las autoridades locales debido a la inseguridad de la zona.

Sin embargo Alexandra Barbosa, funcionaria de Fensuagro y una de las organizadoras del seminario, aseguró que ella había avisado con antelación a las autoridades militares y civiles sobre el evento. Además aclaró que el toque de queda era solo para el tránsito de motocicletas.

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domingo, abril 17, 2016

Abogado español Enri
que Santiago, asesor 

jurídico de las FARC.
Diálogos de paz
“Si no se reconoce que existe el paramilitarismo en Colombia es difícil firmar la paz”
Por: Silvia Arjona Martín. Diagonal.com

El asesor jurídico de la Delegación de las FARC-EP en los Diálogos de Paz de Colombia y abogado español, Enrique Santiago, asegura que todavía faltan matices cruciales para la paz definitiva en Colombia aunque cree que, si la firma llega en el primer semestre de 2016, lo convertiría en el segundo proceso de paz más rápido del mundo.

Enhebra, hilvana, borda, corta, cose, dibuja. El tapiz ya casi está pero aún quedan flecos pendientes.

Como si de una obra textil delicada y frágil se tratase, quienes trabajan en los Diálogos de Paz de Colombia en La Habana parecen artesanos y artesanas que avanzan con minuciosidad y cautela.

Y no es para menos cuando la Paz está en juego tras más de 50 años de conflicto social y armado ocasionando millones de víctimas de desplazamiento forzado, asesinatos, desapariciones forzosas, violencia sexual y afectaciones psicológicas, entre otras consecuencias.

El pasado 23 de marzo no se pudo firmar el Acuerdo Final entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) por eso mismo, a pesar de haber previsto la fecha durante meses.

Trabajar en consenso a lo macro teniendo en cuenta el contexto social y político de Colombia y los intereses de cada parte hacen muy complejo tejer unas conversaciones donde hasta la decisión de poner o no una coma en cualquiera de los acuerdos puede ser crucial.

Diagonal entrevista al asesor jurídico de las FARC en La Habana, Enrique Santiago, en un hueco de su apretada agenda por Bogotá, e indaga en los detalles de lo que falta por acordarse entre las partes.

Su optimismo y convicción de que la firma final es definitiva y pronta, no desdibuja lo delicado del proceso y de que ponerse una fecha puede enturbiar este momento histórico que otorgue de una vez al pueblo colombiano la paz con justicia social que se merece.

¿Qué particularidades tiene este proceso de paz con respecto a otros que se han realizado en el mundo?

De momento es el segundo más rápido. Los procesos de paz son bastante complejos y lo que no puedes es considerar la variable tiempo para alcanzar la paz. Es absolutamente absurdo y más en un conflicto de 52 años como es éste.

El proceso de El Salvador duró como nueve años, el de Guatemala como 12, el de Irlanda del Norte como 14, el de Angola 15… Estamos hablando de unos plazos que no son en absoluto excesivos, de hecho éste podría ser el segundo proceso que se ha cerrado en menos tiempo si se firma en el primer semestre de 2016 tras el de Nepal, que duró tres años y poquito.

Pero sin duda alguna, la diferencia sustancial y particular es haber situado a las víctimas en el centro de las conversaciones. Todo lo relativo a derechos humanos y víctimas es muchísimo más detallado que en cualquier otro proceso de paz.

Habitualmente, en los procesos de paz los asuntos de justicia, de víctimas, de derechos humanos son asuntos muy delicados que, como implica responsabilidades de las partes, causan fricciones y se suelen solventar como declaraciones de intenciones y compromisos de futuro una vez suscrita la paz.

De los dos últimos procesos de paz que se han cerrado con acuerdo, el Acuerdo de Argel, alcanzado en Malí para acabar con una rebelión secesionista de la región Azawad, se aprobó un acuerdo muy detallado en temas militares, administrativo, de autonomía.

Es un acuerdo de más de cien páginas, aproximadamente, y de justicia, derechos humanos y víctima hay solo una. Además, habla de que una vez se consolide la paz se estudiará un mecanismo, como una comisión de la verdad, y se analizará qué hacer con los crímenes internacionales que se han cometido.

El Acuerdo Bangsamoro, de Mindanao (Filipinas), el penúltimo proceso de paz que se cerró en el año 2014, es un acuerdo muy detallado sobre cuestiones marítimas diferenciadas, de autonomía administrativa, incluso un poder judicial diferenciado; pero de víctimas, derechos humanos, causación de victimizaciones del conflicto armado hay exactamente 12 líneas en el acuerdo. Y en la misma tónica, cuando se consolide la paz se verá qué mecanismos se ponen en marcha para acabar con la impunidad.

En Colombia, todo lo que se ha alcanzado en materia de justicia o el compromiso previo de poner a las víctimas en el centro del acuerdo y de que el proceso de paz no fuera un cúmulo de impunidades, no ha respondido a una exigencia real de la Corte Penal Internacional, sí del Derecho Internacional y de la voluntad de las partes exclusivamente.

Y eso es porque, afortunadamente en Colombia, hay una sociedad civil desarrollada y estructurada y en concreto hay una red muy importante de organizaciones de derechos humanos y de víctimas. Colombia es el segundo país de América Latina, después de Argentina, con esa estructura de la sociedad civil en defensa de los derechos humanos tan consolidada. Yo creo que ésas son las características fundamentales de este proceso.

¿Qué flecos faltan en el Acuerdo de Paz para que no se firmase el pasado 23 de marzo como se propuso?

Ahora mismo se están discutiendo dos puntos de la agenda: el tres, "Fin del conflicto"; y el seis, "Implementación, Refrendación y Verificación". 

Falta además un aspecto importante del punto 5, que es el de Víctimas, dado que cuando se cerró no se alcanzó acuerdo y ambas partes se comprometieron a abordarlo en el punto tercero para facilitar que en diciembre se presentara el Acuerdo de Víctimas a la sociedad colombiana y al mundo.

Lo que falta no es menor, es todo lo relativo a las Garantías de No Repetición, algo muy importante dentro de esa visión de poner a las víctimas en el centro del acuerdo, lo que se ha llamado el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. 

En ningún proceso de paz se había abordado con detalle ni se había creado un Sistema Integral y es un asunto muy estratégico para las partes porque de eso depende la consolidación de la paz y la finalización de la victimización.

¿Qué deben abordar esas garantías de no repetición en particular, siendo estas conversaciones ya una propia garantía en sí misma?

Pues el cambio de la doctrina militar y de seguridad, que el papel de las Fuerzas Militares se limite a lo que establece la Constitución colombiana que es salvaguardar las fronteras y la soberanía nacional, y no asuntos de orden público interno porque, incluso, constitucionalmente no pueden hacerlo si no hay una declaración de Estado de sitio.

El paso de la policía a un ministerio civil porque no hay ningún país del mundo donde la policía dependa del Ministerio de Defensa y no del Ministerio del Interior. 

Todo el problema relativo a la depuración de la fuerza pública, personas responsables tanto de violaciones de derechos humanos como de colaboraciones con el paramilitarismo, o incluso con organizaciones corruptas. Todo el problema de la ley de ascenso de las Fuerzas Militares, el acceso a los archivos, a la información… Todo esto no son cuestiones menores.

Todo ello se está discutiendo junto con dos puntos muy críticos del punto 3 (Fin del Conflicto) que hacen referencia al combate y al desmantelamiento efectivo del paramilitarismo.

El 3.7 se denomina Esclarecimiento del Fenómeno del Paramilitarismo; y el 3.4 es el combate a las organizaciones que han atentado o agredido a defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, es decir, el paramilitarismo.

Pero este asunto es muy delicado porque el Gobierno, desde que empezaron las conversaciones y a fecha de hoy, siguen manteniendo que el paramilitarismo no existe, que lo que hay son bandas criminales (Bacrim).

Eso hizo que la discusión del punto de víctimas fuera muy complicada incluso porque no había acuerdo a la hora de denominar esa realidad. En el Acuerdo de Justicia se consigue introducir la creación de una Unidad Especial de Investigación y Acusación del Paramilitarismo, que debería funcionar como una fiscalía especializada, como un organismo que combata el paramilitarismo directamente desde el punto de vista judicial y de seguridad.

Y en La Habana, la Comisión de Garantías de Seguridad está discutiendo las políticas de desmantelamiento del paramilitarismo y las políticas de protección, no solamente a los guerrilleros una vez hayan hecho la dejación de armas y se hayan incorporado a la vida civil, sino también a las organizaciones sociales, de derechos humanos, a las fuerzas políticas, etc.

Si el Gobierno no reconoce el paramilitarismo, ¿cómo está avanzando este punto para combatirlo?

Eso es algo que al Gobierno le está costando mucho, de hecho, se han intercambiado ya 29 borradores, lo que llama la atención porque son demasiados. El Gobierno es siempre muy reacio, encuentra una excusa para no concretar los contenidos de ese acuerdo. Y evidentemente, todo lo que va quedando por acordar está muy interrelacionado.

No es posible cerrar el punto clave, formal, de terminación del conflicto, que es el cese bilateral y definitivo más la dejación de armas y la reincorporación a la vida civil, si no se cierra lo de garantías de seguridad. Pero es muy complicado cerrar lo de garantías de seguridad si no se ha cerrado lo de garantía de no repetición. Está todo íntimamente ligado.

¿En cuanto a las cuestiones técnicas del acuerdo, qué queda por trabajar?

De nivel técnico quedan muchas cuestiones. Por ejemplo, concretar los mecanismos para elegir a los comisionados de la verdad, a los jueces de la jurisdicción, a los fiscales de la jurisdicción… Queda pendiente también de cerrar un acuerdo sobre la conformación de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Hay que aclarar el acuerdo sobre quién va a dirigir eso, qué personas se van a integrar.

Está pendiente también cerrar un acuerdo que, desde mi punto de vista, el Gobierno está dilatando demasiado, como es la salida de los menores que hay en los campamentos de la insurgencia.
En febrero del año pasado las FARC se comprometieron a desvincular a todos los menores de 15 años que hubiera en los campamentos y, posteriormente, se comprometieron a cesar el reclutamiento de menores de 18 años facilitando también la desvinculación.

El problema es que el Gobierno está dificultando mucho llegar a un acuerdo porque, bajo mi punto de vista, está intentando generar una situación ante la opinión pública para que las FARC aparezcan como violadores de los derechos humanos de forma permanente y habitual.

El gran punto que queda por concretarse es todo lo relacionado al Cese al Fuego Bilateral y Definitivo, Dejación de Armas y Reincorporación a la Vida Civil. Los dos primeros se trabajaron en una comisión técnica compuesta por generales, comandantes y guerrilleros. Cuando llevaban ocho meses de trabajo, presentaron una propuesta a la mesa y sorprendentemente el Gobierno la rechazó.

Si bien es cierto la excusa metodológica de que los acuerdos no se alcanzan en las comisiones sino que se deben alcanzar en la mesa, también es cierto que lo lógico, hablando de metodologías, es que si hay una comisión de trabajo que lleva funcionando ocho meses las partes vayan revisando los avances que se van haciendo a los puntos parciales, por lo menos la delegación de las FARC así lo ha ido haciendo.

Porque la Comisión no llega a unas conclusiones de la noche a la mañana, es un trabajo muy minucioso, muy delicado, de encaje de muchas cosas, y es sorprendente que el Gobierno haya esperado a que concluyera el trabajo de la Comisión para rechazarlo, sobre todo cuando el Gobierno tenía mucho interés en haber alcanzado el Acuerdo Final en marzo.

¿Y qué lectura tiene ante esto?

Aquí se ha repetido el escenario que ya ocurrió en septiembre, cuando se firmó el Acuerdo de Justicia derivado de la Comisión Jurídica, que incluso después de firmarlo por el presidente Santos y el comandante de las FARC Timochenko (Timoleón Jiménez), el Gobierno se desdice y obliga a su renegociación, por lo que no se firma definitivamente hasta diciembre.

La impresión es que el Gobierno no acepta ningún acuerdo que no haya sido construido en la Mesa de Conversaciones, sino que haya sido construido por personas que intervienen en comisiones de trabajo de la Mesa de Conversaciones.

¿Cómo se está trabajando la implementación para el cumplimiento de los acuerdos una vez se realice la firma final?

La implementación es otro asunto polémico, porque viene existiendo unilateralidad por parte del Gobierno. El itinerario de implementación jurídica de los acuerdos diseñado unilateralmente por el Gobierno carece de lógica porque no contempla la incorporación expresa al ordenamiento jurídico de Acuerdo Final, con lo cual es muy difícil implementarlo.

El diseño que ha aprobado unilateralmente el Gobierno es un plebiscito que no tiene ningún efecto jurídico, porque el resultado favorable del plebiscito no implica que el acuerdo de paz entre a formar parte del ordenamiento jurídico. Asimismo, la forma elegida de las tres posibles vías que hay en la Constitución colombiana (el referéndum, la consulta y el plebiscito) probablemente sea la menos adecuada.

Y es que el plebiscito legalmente es la votación ciudadana para la aprobación o rechazo para una decisión presidencial que no requiere desarrollo legislativo, y un Acuerdo de Paz no es una decisión presidencial, es fruto de un trabajo en una mesa de conversaciones. Además de que un Acuerdo de Paz lo que sí requiere es mucho desarrollo legislativo.

La segunda fase del diseño de implementación que ha aprobado el Gobierno es la creación de una Comisión Legislativa, "el Congresito", que estaría encargado de expedir leyes de desarrollo del Acuerdo;-

de ese mismo acuerdo que en el diseño legislativo del Gobierno en ningún momento se ha incorporado al ordenamiento jurídico, con lo cual, como esa Comisión queda habilitada para trabajar una vez acabado el proceso y no haya mesa de conversaciones, al final eso significa que el Gobierno –éste y los que vengan después– puede interpretar como ellos consideren los contenidos del Acuerdo de Paz a la hora de expedir leyes de desarrollo sin ningún tipo de control, lo cual puede provocar desvirtuar los acuerdos.

Y el tercer mecanismo que considera es la delegación de facultades extraordinarias al Presidente y a determinadas instituciones del Estado para que también puedan hacer el desarrollo legislativo.

Frente a esto, ¿qué propone la delegación de las FARC?

La delegación de las FARC propone incorporar el acuerdo al ordenamiento jurídico y ello puede hacerse por dos vías, ya que son técnicas que no son sencillas, mecanismos jurídicos que no siempre se han utilizado en procesos de paz anteriores pero que dan máxima garantía de seguridad jurídica.

Una primera fase es la incorporación al ordenamiento jurídico interno con un acto del legislativo colombiano. La propuesta es que el Acuerdo Final se firme como un Acuerdo Especial, figura jurídica contemplada en la Convención de Ginebra.

Esto tiene un efecto jurídico e inmediato que provoca la incorporación de todos los contenidos del Acuerdo al ordenamiento jurídico interno y la incorporación al bloque de constitucionalidad de aquellos contenidos que tienen que ver con los derechos fundamentales.

También es posible la incorporación al ordenamiento jurídico del Acuerdo Final, firmado como Acuerdo Especial, a través de un Acto legislativo, que es la vía de reforma constitucional que existe en Colombia.

Cualquiera de las anteriores técnicas legislativas deben llevarse a la práctica con una tramitación similar a la prevista en la Constitución colombiana para los tratados internacionales, lo cual tiene varia ventajas.

La primera, la esencial, es que en la discusión parlamentaria de un Tratado Internacional no se pueden introducir enmiendas. O se aprueba o se rechaza el tratado, o se asume íntegramente o no se asume.

Lo que no se puede es alterar un tratado que está firmado por un montón de Estados. Porque sería inaceptable que un Acuerdo de Paz se varíe durante una discusión parlamentaria, porque entonces el resultado final no sería el acordado en la Mesa de Conversaciones.

Además, debe existir un segundo mecanismo para mayor seguridad jurídica, que es la transformación del acuerdo en una norma de derecho internacional una vez incorporado al ordenamiento jurídico interno. Esto evitaría que un posterior gobierno colombiano pretendiera modificar el Acuerdo de Paz.

La propuesta es efectuar una Declaración Unilateral del Estado, que es una forma de declaración del Derecho Internacional por el cual el Estado formula voluntariamente una declaración de compromiso ante la Comunidad Internacional o ante otro Estado o ante un organismo como Naciones Unidas.

Lo que se propone es que esa declaración unilateral vaya acompañada de una solicitud al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que se incorpore el Acuerdo Final a una resolución del Consejo de Seguridad.

¿Y qué pasa con la refrendación, el punto que tanta polémica está causando entre las partes por buscar el mecanismo apropiado para que el pueblo colombiano participe en la implementación de los acuerdos?

Ahí hay una discusión interesante porque también el Gobierno ha decidido unilateralmente que se realice un plebiscito pero hay muchos mecanismos de refrendación, desde una constituyente hasta una consulta, hasta la aprobación del acuerdo por los representantes de la soberanía nacional, las cámaras.

Otra cosa es qué materias son susceptibles de refrendación y cuáles no. Por ejemplo, el Derecho a la Vida no es susceptible de refrendación, los derechos fundamentales como la dignidad de la persona tampoco, es decir, no se puede someter la vigencia de un derecho humano a la voluntad popular, son normas de derecho imperativo del sistema jurídico internacional.

Entonces, ¿la paz no es necesaria someterla a refrendo?

La paz es un valor supremo, sin la paz no se puede garantizar ningún derecho humano, con lo cual dentro de la categoría de derechos fundamentales no susceptibles de someterse a refrendación, sin duda alguna, el que está en la cúspide es el derecho a la paz.

Pero, ¿cuál es el efecto? Sometamos la paz a una consulta, ¿y qué ocurre si el resultado es negativo? ¿Acaso el mecanimo de verificación internacional va a devolver las armas a las FARC para que se vuelven a la montaña a estar otros 20 años en guerra? Evidentemente no, es una situación absurda.

Lo que ha ocurrido en otros procesos cuyos acuerdos se han sometido a refrendación y se ha rechazado el Acuerdo de Paz, como por ejemplo Guatemala, el resultado evidentemente no ha sido volver a la guerra. Con lo cual, desde mi punto de vista, la refrendación de la paz no es equivalente al voto ciudadano sí o no del Acuerdo de la Paz.

¿La realización de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que plantea las FARC y quiere gran parte de la sociedad colombiana una vez se firme la paz, es una condición o una consecuencia de los acuerdos?

No es ni una condición ni un mecanismo de implementación. Creo que ha habido cierta confusión ante esto o no se ha explicado bien. Las FARC no piden que la implementación de los acuerdos se haga a través de una Constituyente, lo que pide es que la implementación se haga de la forma más rápida, eficaz y que dé más seguridad jurídica, y eso no es una Constituyente.

Una Constituyente puede ser limitada, que fue la técnica utilizada en Sudáfrica para acabar con el apartheid y el conflicto. Una Constituyente puede tener como resultado que cuestiones acordadas en unas conversaciones sean después derogadas o no sean incorporadas a la Constitución. Por eso haya que limitarla y abordarla previo acuerdo de unos contenidos pétreos, no modificables.

La propuesta de las FARC en una Constituyente responde a la necesidad de conformar un amplio acuerdo nacional para que el nuevo país que surgirá después de la firma de la paz y cese del conflicto, y ojalá que se llegue a un acuerdo con el ELN, sea resultado del proceso de paz.

Los acuerdos alcanzados implican multitud de reformas institucionales y cierran además un periodo histórico en Colombia, que hace necesaria una nueva institucionalidad, un nuevo país, y ese nuevo contrato social solamente se puede reflejar con una Constituyente; que deje atrás para siempre problemas estructurales que ha tenido la sociedad colombiana que han hecho de la violencia una formación de hacer política. Esa es la función de la Constituyente, modificar toda la institucionalidad que ha permitido que la violencia sea una forma de hacer política.

¿Qué lecturas y propuestas plantea las FARC para acabar con el paramilitarismo?

Las FARC comenzó el proceso de negociaciones diciendo que no iba a haber dejación de armas hasta que no desapareciera el paramilitarismo. Pero lo cierto es que aun en el supuesto de que el Estado estuviera dispuesto a combatir el paramilitarismo, se trata de una realidad tan estructural en Colombia que no se va a desmantelar ni en un mes, ni en un año ni en dos, eso es evidente.

Las FARC lo que pide es que se acuerden políticas serias y reformas estructurales eficaces para que acabe el paramilitarismo, es decir, que se acredite el compromiso y la voluntad del Estado de terminar con esto.

Las reivindicaciones de las FARC son, primero, la puesta en marcha de lo que ya está acordado, la Unidad de Investigación de Desmantelamiento del Paramilitarismo, el punto 74 del Acuerdo de Justicia. ¿Y eso qué significa? Pues un acuerdo sobre las competencias y formas de funcionamiento: quién va a dirigirla, con qué recursos se va a contar, cómo se va a elegir a las personas que la integran, qué garantías se van a dar de inamovilidad de sus responsables, dónde se va a ubicar funcionalmente, va a depender de la fiscalía o no, en qué jurisdicciones va a actuar, qué competencias de tipo policía judicial, va a tener, etc.

Las FARC han hecho la propuesta después de consultar a multitud de operadores jurídicos que han venido trabajando en el desmantelamiento del paramilitarismo y que han coincidido en las evidentes deficiencias de la institucionalidad colombiana para combatir el paramilitarismo.

Otra cuestión importante para las FARC es la creación de una Comisión Nacional de Garantías conformada por el Estado pero también por las organizaciones de Derechos Humanos y víctimas y por expertos que hagan un seguimiento estricto de las políticas contra el paramilitarismo. 

No van a dirigir las políticas anti paramilitarismo, eso lo tiene que hacer las administraciones públicas a las cuales les corresponde (poder judicial, policía, ejército…), pero lo que se pretende es una Comisión que haga un seguimiento permanente al respecto, proponga actuaciones y que pueda hacer públicas las valoraciones y deficiencias que vean en la lucha contra el paramilitarismo.

Se propone también la puesta en marcha de una serie de planes piloto en los lugares donde existe el paramilitarismo más agresivo. También, mecanismos de seguridad que protejan en el terreno a los guerrilleros reincorporados a la vida civil, a la sociedad civil y a las organizaciones de derechos humanos, sobre todo en aquellas regiones donde haya una dejación de armas de las FARC, ya que esas regiones van a ser un objetivo para los paramilitares.

Por último, se propone una reforma del funcionamiento de los Cuerpos de Seguridad, incluida la creación de nuevos mecanismos policiales de combate al paramilitarismo en las zonas rurales, donde tienen la presencia uniformada y armada.

Precisamente en las zonas rurales de Colombia existen incertidumbres y dudas de que este acuerdo pueda otorgarles la paz debido, en parte, a que los grupos paramilitares continúan violando sus derechos y la violencia se ha incrementado en algunas regiones.

Pues no me extraña porque lo que es palpable es la falta de voluntad del Estado para combatir el paramilitarismo. Eso se ha visto claramente con el paro armado que ha habido ahora en el Chocó donde no se ha visto al ejército ni a la policía. 

Se ve también en general con los resultados de la jurisdicción de Justicia y Paz: en 10 años de actuación son únicamente 35 sentencias las emitidas, 140 personas condenadas y 2.000 personas que han cumplido el máximo de ocho años de cárcel previsto en la ley sin haber sido nunca condenadas en juicio, por lo que serán excarceladas, a pesar de haber habido 30.000 paramilitares desmovilizados. 

No se sabe dónde han ido a parar más de 20.000 paramilitares supuestamente desmovilizados que no están controlados por el sistema de la ley 975, la ley de desmovilización de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia).

Lo que no me extraña es que la gente sea escéptica, eso es normal. Y el escepticismo sólo desaparecerá si somos capaces de poner en marcha políticas que realmente acaben con el paramilitarismo. Ese escepticismo no acabará hasta que no se vean resultados.

La misma apreciación que tiene la sociedad colombiana sobre la dejación en materias de persecución del paramilitarismo, es lo que se aprecia en muchos momentos en la mesa al abordar estos debates: una dejación del Gobierno de su obligación de cerrar los acuerdos sobre desmantelamiento del paramilitarismo.

¿Cómo se plantea las garantías de seguridad, entonces, si está siendo tan difícil trabajar el tema del fin del paramilitarismo?

Sobre el punto de garantías de seguridad se han intercambiado 29 borradores, lo cual es desproporcionado.

Esta dilación es un factor que puede enturbiar la firma del Acuerdo final, más incluso que el debate sobre los lugares de ubicación de los guerrilleros para la dejación de armas.

Para las FARC firmar el Acuerdo de Paz sin que esté cerrado un acuerdo para el desmantelamiento del paramilitarismo es como ponerle el pecho a una inevitable muerte. Importantes sectores de la sociedad colombiana no entenderían que no se cerrara un acuerdo eficaz, claro y ambicioso para acabar con el paramilitarismo, por lo que si las FARC no son muy exigentes en esto pueden tener un problema serio de credibilidad social.

¿De qué manera será la dejación de armas?

La dejación de armas va a ser bilateral. Las FARC lo hará a través de un mecanismo de verificación de dejación de armas con un mecanismo internacional, y a su vez, el Gobierno hará el seguimiento y conocerá el proceso a través de ese mecanismo internacional.

Lo que se sabe es que la dejación de armas será en fases, no están definidas cuántas fases pero no tienen por qué ser muchas. La dejación de armas se iniciara no más tarde de 60 días desde la firma del Acuerdo Final. 

Las FARC han manifestado en el último ciclo de la mesa de conversaciones que no tienen por qué trascurrir 60 días para empezar ese proceso, pueden ser menos. Su voluntad es iniciar la dejación de armas tan pronto se firme el Acuerdo Final.

La dejación tiene que ir acompañada, como ha ocurrido en todos los procesos de paz, de la entrada en vigor de la amnistía, porque el guerrillero que hace la dejación de armas sale de la zona de concentración y debe quedar libre, así esté sometido a la futura acción del sistema de justicia para la paz, al igual que cualquier otro ciudadano colombiano que no tenga que hacer dejación de armas para que le alcance la amnistía, como los condenados por protesta social, ley de seguridad ciudadana o defensa de los derechos humanos. 

Debe existir una presunción de amnistía para todas las personas a las que les alcance la ley de amnistía, al menos hasta que se acredite por la Jurisdicción Especial para Paz que son responsables de delitos no amnistiables.

Y las zonas campamentarias para la dejación de armas no pueden ser cárceles. Sólo faltaba que hubiera un régimen más duro de limitación de derechos para la dejación de armas que el que se ha aprobado en el sistema de justicia para aquellos que reconozcan responsabilidades de forma voluntaria y rápida, y además al libre albedrío y decisión del Gobierno, sin intervención de un juez. Eso no puede ser.

Las armas nunca van a ser entregadas al estado colombiano, se destruirán, desaparecerán como armas mediante unos procesos que serán verificados y certificados por los mecanismos de verificación de Naciones Unidas.

¿Cómo valora el papel que está teniendo Estados Unidos en este proceso?

Estados Unidos, desde el inicio de 2015 está teniendo un papel activo, constructivo y amigable. Quizás quiso tener un papel más activo a partir del año pasado porque llegó a la conclusión de que la paz era irreversible, al principio del proceso no hubo un gran compromiso, quizás por la incertidumbre sobre si iban a concluir las conversaciones positivamente o no.

Creo el apoyo de Estados Unidos es un espaldarazo al proceso de paz; es decir, el proceso viene siendo serio, enfocado, está teniendo resultados y la paz parece muy al alcance de la mano.

Obviamente Estados Unidos, como no podría ser de otra forma, cualquier presencia que tenga en política internacional es para salvaguardar sus intereses. En este caso, parece en esta administración ha llegado a la conclusión de que sus intereses pasan por garantizar la paz en Colombia.

En la práctica, el papel que han hecho es positivo. Es un papel respetuoso, incluso en momentos delicados han ayudado a superar crisis, bloqueos, parálisis. A fecha de hoy, creo que la Administración del presidente Obama sí está comprometida con el proceso de paz. 

¿Qué pasará con futuras administraciones? Pues ésa es la gran incógnita. Por eso creo que es muy recomendable cerrar el Acuerdo de Paz durante la actual administración de Obama, de forma que se garantice que Estados Unidos va a hacer las aportaciones en lo concreto del proceso de paz.

En los diálogos de La Habana es la primera vez que se introduce una Subcomisión de Género integrada por mujeres de ambas partes firmantes, ¿cómo valora el papel que están teniendo las mujeres en la construcción de la paz para y en Colombia?

No sólo en el proceso sino también en el post-acuerdo van a ser transcendentales. La característica de todos los acuerdos de paz que se han firmado en el mundo en los últimos años es que, respecto a lo acordado en materia de desarrollo económico y social, no se cumple nada. 

Eso es lo habitual y además sin matices: no se cumple nada. Se cumple lo que tiene que ver con la reincorporación a la vida civil de los antiguos combatientes y los mecanismos de justicia, de exención y de exigencia de responsabilidades.

Estoy convencido de que, como ha pasado en todas las sociedades después de un conflicto armado, el peso fundamental de la puesta en marcha de los acuerdos y de la exigencia y vigilancia al Estado para su cumplimiento tiene que residir en las mujeres. 

Las mujeres son las grandes constructoras de paz y son las que tienen más habilidades, sensibilidad, técnica y conciencia para superar los enfrentamientos armados y para construir una sociedad en de paz.


Con lo cual, yo creo que el papel de las mujeres es fundamental para que se implementen cuestiones muy importantes que se han acordado en La Habana y que supondrían acabar con problemas estructurales y con la inequidad que hay en Colombia.

La Subcomisión de Género es un grupo de trabajo compuesto por mujeres de ambas partes que han velado durante todas las discusiones por intentar acercar esas discusiones a las mujeres y, además, para que el contenido de los acuerdos respete la igualdad de género, la perspectiva de género y la defensa de los menores, niños y niñas.

De hecho, las mujeres víctimas que acudieron a sesiones y audiencia en La Habana, algunas con testimonios espeluznantes y con un esfuerzo psicológico tremendo, mantuvieron un discurso no sólo de paz sino también de reconciliación. Incluso los momentos de mayor acercamiento entre víctimas y victimarios, en general, se produjeron allí en esas audiencias, protagonizados por mujeres.

El pasado 30 de marzo el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció junto con el Gobierno el inicio de los acuerdos de paz en una rueda de prensa en Caracas, ¿qué le parece que se inicien ahora estas conversaciones?

Eso es muy importante, lo que siempre se ha defendido es que obviamente son dos mesas pero es un solo proceso de paz. Sin el ELN la paz estaría incompleta.

A mi juicio, ojalá el anuncio hubiera sido antes, es decir, que el ELN se hubiera incorporado a conversaciones a la mesa, por ejemplo, sobre el punto de víctimas o sobre la construcción de mecanismos de justicia. 

Ahora es prácticamente imposible que convivan dos modelos de justicia para resolver el conflicto, por lo que habría sido bueno que el ELN hubiera podido participar en esos debates. Y se intentó pero no pudo ser.


Ahora lo que hace falta es que la muy ambiciosa agenda del ELN se aborde de la forma más coordinada con este proceso. Obviamente este proceso va a acabar antes que el del ELN pero, en mi opinión, el ELN debería tomar las medidas para que llegaran al proceso de la Constituyente y creo que sería una tragedia si el ELN desaprovechara esa ocasión histórica.

Les deseo muchos éxitos y tengo el absoluto convencimiento de que no era posible alcanzar una paz en Colombia sin el ELN.

Por último, ¿para cuándo la firma definitiva del Acuerdo de Paz?

Desde mi punto de vista, el Acuerdo Final es irreversible. Creo que puede alcanzarse en este primer semestre del año, que el proceso de dejación de armas podría estar concluido este año, y que el inicio de la reincorporación a la vida civil podrá producirse también durante este año.

Tomado de: www.diagonal.com

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