Notimundo pg. 2

2012-01-28T09:18:00.000-05:00

Instauran acción de cumplimiento contra el presidente Juan Manuel Santos

Por Oficina de prensa Representante a la Cámara Aura Luz Pinilla

Por no cumplir la solicitud de convocar al Consejo Nacional de Paz, la Representante Pinilla instauró ante el Tribunal Superior de Cundinamarca una acción de cumplimiento dirigida al Presidente Juan Manuel Santos.

La Congresista por Bogotá, quien forma parte de la Comisión Accidental de Paz de la Cámara de Representantes, solicitó, desde el pasado mes de Agosto, información sobre lo sucedido con la convocatoria de dicho Consejo sin recibir respuesta satisfactoria;-

razón por la cual, en el mes de Diciembre, optó por solicitar directamente al Presidente dicho llamamiento, recibiendo de nuevo una evasiva como contestación.

Estos hechos se constituyen, según la congresista, en una cadena de acciones dilatorias y una clara renuencia del mandatario en atender la solicitud.

El Consejo Nacional de Paz, creado por la Ley 434 de 1998, es un actor clave junto con los Consejos Territoriales de Paz y las autoridades de la República, en el desarrollo de la política de Paz en Colombia.

Es presidido por el Presidente y lo conforman distintas autoridades de las ramas Ejecutiva, Legislativa y los Órganos de Control; al tiempo que representantes de sectores económicos, sociales y políticos, quienes deben reunirse cada dos meses, según lo estipula la Ley.

Según Alba Luz Pinilla “El país necesita avanzar en una política de paz que abra un espacio al diálogo y la negociación.

Los hechos recientes, de orden público, han mostrado la urgente necesidad de que la sociedad colombiana en todos sus sectores piense seriamente en este tema y qué mejor que aprovechar un espacio como el Consejo Nacional de Paz”.

La Representante no se explica la renuencia del Presidente a responder sus solicitudes, “No entendemos cómo este gobierno, por un lado, manda mensajes de reconciliación,-

reparación y abre la posibilidad de una eventual negociación, y por otro, se niega a dar voz y a activar un espacio tan importante como es este Consejo, incumpliendo de paso la Ley”.

2012-01-26T21:19:00.002-05:00

Denuncian graves infracciones al DIH y abusos de la Fuerza Pública en Cauca y Nariño

Por Camilo Raigozo. Con información de Reddhfic*

El pasado 20 de enero, en el corregimiento de Llorente, municipio de Tumaco, Nariño, a las nueve de la mañana se presentaron enfrentamientos armados en medio de una zona poblada, entre integrantes de la Brigada Móvil 19 del Ejército, al mando del sargento Corredor e integrantes de las FARC.

La ONG defensora de los derechos humanos denuncia que en el fragor de los combates, los militares de la Brigada Móvil 19, algunos de ellos sin insignias de distinción, utilizaron como trincheras las instalaciones de la Institución Educativa Mugui, la caseta comunal y las viviendas de campesinos de la zona.

Ante el alto riesgo de los combates los pobladores trataron de concentrarse en la escuela, pero los integrantes del Ejército no les permitieron y los sacaron, dice la denuncia.

Adicionalmente les pidieron a los pobladores que salieran del lugar y les dijeron que esta acción la hacían por seguridad.

En un retén que el Ejército instaló en una de las vías principales, campesinos que huían del lugar de los enfrentamientos para salvaguardar sus vidas fueron sometidos a señalamientos, requisas, revisión minuciosa de documentos y fotografiados.

Cuando los enfrentamientos terminaron varias familias campesinas trataron de volver a sus hogares, pero el Ejército les impidió el paso, razón por la cual se desplazaron forzadamente concentrándose en un predio de José Maya.

Al día siguiente, las tropas del ejército les dieron a los pobladores que se habían reunido previamente, 30 minutos para que recogieran la ropa y se fueran. Ante los reclamos de los comuneros los uniformados les permitieron volver.

Cuando los habitantes retornaron a sus predios se percataron de que los militares habían ingresado arbitrariamente en sus hogares, revolcado los enseres y habían robado algunas pertenencias.

A Emilio Mosquera, tesorero de la junta de acción comunal de la vereda Mugui, los militares, además de violentarle el domicilio, le revolcaron la casa y se le robaron un millón 200 mil pesos, parte de los cuales pertenecían a la junta de acción comunal.

A otro poblador, el cual no fue identificado en la denuncia de la ONG, los militares le robaron una navaja, dos lociones y una cadena de oro y plata.

Ante los abusos cerca de 450 personas permanecen concentrados en las instalaciones de la Institución Educativa Mugui, en espera de una comisión de verificación que aparentemente se realizara el próximo lunes 30 de enero de 2012.

En el municipio de Argelia, Cauca

El 7 de enero de 2012, en el ccorregimiento El Mango, a la una de la tarde, en momentos en que el mototaxista José Aníbal Muñoz, llegaba a su casa fue rodeado por cinco agentes de la policía, quienes lo obligaron a ir a la estación.

Cuando Díaz Muñoz preguntó la razón de su detención, el teniente de la policía le dijo que él era el que mandaba allí y que por lo tanto hacía lo que le daba la gana.

Luego le dijo, “traiga al abogado, al personero a a quien le de la hijueputa gana, pero yo soy el que mando aquí”.

Es de señalar que en la estación de Policía a José Aníbal Díaz Muñoz, lo fotografiaron, le cogieron la cedula y luego de una hora le dijeron que se fuera a la casa.

El 9 de enero de 2012, en el corregimiento El Mango, a la una de la tarde, en momentos en que David Alcaras transitaba por las calles, varios agentes de policía lo detuvieron arbitrariamente y lo llevaron a la estación, le quitaron los celulares, le hicieron firmar un papel en blanco y le tomaron huellas digitales. Posteriormente lo dejaron en libertad.

*Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes

2012-01-25T23:51:00.001-05:00

Piedad Córdoba no descarta ser candidata a la Presidencia

Por Efe/ Caracol Radio/ Notimundo

La exsenadora colombiana Piedad Córdoba no descarta aspirar a la Presidencia de su país, según comentó en una entrevista a la televisión cubana emitida ayer donde también confió en que pronto se logre la liberación de todos los prisioneros de la guerrilla.

Córdoba se mostró convencida de poder en un futuro tener "la posibilidad de hacer política dentro de la vida jurídica de su país" y, "aunque a alguno le suene muy jacto, tal vez con la posibilidad de llegar a ser presidenta de Colombia", dijo la excongresista en esa entrevista -cuya fecha no se precisó- realizada en La Habana y transmitida por el programa "Mesa Redonda".

"Estoy más convencida que nunca que lo puedo hacer, más convencida de que tengo las capacidades, las posibilidades de que en mi corazón cabe un país al que amo profundamente, por el que sueño profundamente, al que le deseo además lo mejor", añadió.

En cualquier caso consideró que la presidencia de Colombia no "es una meta, sino un instrumento" para lograr la paz en su país.

Durante la entrevista, Piedad Córdoba habló de su reciente visita a Cuba (en el programa tampoco se concretó en qué momento se ha producido ese viaje) y explicó que obedece a la realización de capítulos del programa "Causa Justa" que ella conduce para la cadena Telesur.

"No me he entrevistado con nadie del Gobierno", apuntó la exsenadora, quien indicó que ha estado visitando escuelas de arte, hospitales y conversando con artistas de la isla.

Por otra parte, aseguró que no ha renunciado a seguir trabajando por nuevas liberaciones en Colombia, cree que "muy próximamente se va a lograr la liberación de todo el mundo" y abogó por el diálogo y respeto para lograrlo.

Consideró que ese diálogo tiene que ser conducido por el país, el Gobierno y por su presidente, "pero esto no es un obstáculo para que el pueblo participe en la construcción del país que quiere".

"No son ni las insurgencias ni el presidente los únicos que pueden hablar, personas como yo y muchas otras tenemos todo el derecho a construirlo y eso lo vamos a hacer", añadió.

Córdoba fue legisladora durante 20 años y en 2010 fue inhabilitada por la Procuraduría, víctima de una feroz persecución por parte del Gobierno, debido a su activismo en la defensa de los derechos humanos y en la consecución de la paz para Colombia.

2012-01-25T21:14:00.001-05:00

Seguridad narcocrática/

Asegurado miembro del Ejército por asesinatos a sangre fría de indigentes
Por Camilo Raigozo. Notimundo

Por petición de la Fiscalía, el Juzgado 30 Penal Municipal de Cali, con funciones de control de garantías, profirió medida de aseguramiento intramuro en contra del miembro de las fuerzas militares, Alfonso Javier Erazo Rosero, como presunto responsable de los asesinatos a sangre fría de tres indigentes.

Según pudo establecer el ente investigador los crímenes fueron perpetrados en la vereda Claretes, zona rural de Popayán, Cauca, el 25 de agosto de 2007, cuando tropas del Batallón José Hilario López asesinaron a tres indigentes que luego presentaron como “guerrilleros dados de baja en combate".

De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía los criminales contactaron a los indigentes: Eder Obando Mestizo, Luis Carlos López Hurtado y Carlos Alberto Satizábal Porras, en Cali, donde les suministraron dinero, ropa, y les ofrecieron trabajo en Popayán.

Miembros del CTI capturaron al militar Erazo Rosero (de quién la Fiscalía no informó el rango), luego de que un juez de control de garantías librara la respectiva orden por solicitud de la Fiscalía.

En la audiencia de imputación el fiscal del caso le endilgó cargos por el delito de homicidio en persona protegida y solicitó la imposición de medida de aseguramiento.

El juez determinó que el presunto criminal cumpla la medida “privativa de la libertad” en la Tercera Brigada del Ejército con sede en Cali (Valle del Cauca), guarnición en la que otros cinco militares están “privados de la libertad” por los mismos crímenes.

En la deforma a la justicia, mal llamada “reforma a la justicia”, que se tramita en el Congreso, de mayoría oficialista, se contempla ampliar el fuero militar, que no es otra cosa que otorgarle a los miembros de la fuerza pública licencia para secuestrar, desaparecer, torturar o matar, con garantía de impunidad. Foto Daniel Gómez.

2012-01-25T20:24:00.000-05:00

Que la UE pida a Colombia retirar de la reforma a la justicia la ampliación del fuero militar

Por Oidhaco*

La ampliación del fuero militar contemplada en la reforma constitucional empujada por el gobierno colombiano representa una amenaza para la lucha contra la impunidad.

La justicia ordinaria ha abierto investigaciones de más de 2.000 casos de ejecuciones extrajudiciales, algunas de ellas, archivadas por la Justicia Penal Militar.

El director de la oficina de la ONU en Colombia consideró que esta iniciativa legislativa representa un claro “retroceso histórico”. Oidhaco espera firmeza de la UE porque la lucha contra la impunidad es imperativa en Colombia

El nivel de impunidad en Colombia sigue siendo dramáticamente elevado; en muchos casos alcanza el 98%. Frente a ello el Estado colombiano debería tomar medidas contundentes. Pero allí sucede todo lo contrario.

Oidhaco ve con mucha preocupación la iniciativa legislativa promovida por el gobierno colombiano para la ampliación del fuero militar. Esta reforma propone que “en todo caso, se presume la relación con el servicio en las operaciones y procedimientos de la Fuerza Pública”.

Bajo este argumento defiende que sea la justicia penal militar la que conozca primero todas las denuncias contra la fuerza pública.

Numerosos miembros del ejército están siendo investigados por graves violaciones a los DDHH y parece existir una presión por parte de los militares para este cambio legislativo.

Las víctimas, de convertirse en ley esta propuesta del Gobierno de Santos, no encontrarán ni justicia ni reparación.

La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los DDHH - Oacnudh, ante esta propuesta legislativa, ha afirmado que su aprobación representaría un “retroceso histórico” en Colombia.

Oidhaco se suma a esta afirmación porque “la historia colombiana, así como la de América Latina, nos ha enseñado que la justicia penal militar es una herramienta para encubrir crímenes de lesa humanidad y violaciones a los DDHH”, afirma Vincent Vallies, portavoz de esta organización con sede en Bruselas.

Oidhaco subraya que este debate se realiza precisamente cuando se están desarrollando juicios desde la justicia ordinaria por más de 2.000 ejecuciones extrajudiciales contra miembros del ejército, muchos de los cuales habían sido cerrados por representantes de la justicia militar.

Efectivamente, como lo advierte Christian Salazar Volkmann, director saliente de la Oacnudh “dejar la revisión de posibles violaciones de DDH y del DIH primero en manos de una institución militar podría abrir de nuevo la puerta a toda clase de manipulaciones”.

“Es una contradicción que Santos hable de viraje en su gobierno para garantizar el respeto a los DDHH y presente este iniciativa que claramente va en contra de las víctimas de las fuerzas militares.

"La lucha contra la impunidad es un imperativo para garantizar la no repetición de los crímenes hasta ahora realizados”, destaca el portavoz de Oidhaco.

Por tanto, nuestra organización le solicita a la UE que en los próximos diálogos que tendrá con Colombia en DDHH, demuestre firmeza ante este tema.

Le solicitamos que pida a Colombia retirar de la reforma a la justicia la ampliación de fuero militar, porque este país debe respetar los estándares internacionales y adoptar medidas para asegurar que la justicia penal militar no alegue jurisdicción en casos de violaciones a los derechos humanos que involucran a miembros de las fuerzas de seguridad.

“Desde Oidhaco no hemos visto ni avances ni muestras reales de voluntad del gobierno colombiano en la lucha contra la impunidad”, afirma Vincent Vallies, portavoz de esta organización con sede en Bruselas.

*Organización Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia

2012-01-25T19:33:00.004-05:00

El alcalde mayor de Bogotá nombró al periodista Hollman Morris como nuevo director del Canal Capital

Por Camilo Raigozo

El periodista colombiano que más premios ha recibido internacionalmente y defensor de los derechos humanos, Hollman Morris, fue nombrado por el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, como nuevo director del Canal Capital.

Así lo divulgó el primer mandatario del distrito este 25 de enero vía Twitter, en un justo reconocimiento al comunicador que tanto ha hecho en favor de la defensa de los derechos humanos y de las víctimas del terrorismo de Estado.

Morris fue ferozmente perseguido por el gobierno de Uribe a través del aparato criminal en que fue convertido el DAS y tuvo que abandonar precipitadamente en varias ocasiones el país ante inminentes atentados contra su vida y la de su familia.

Sin duda alguna es un gran acierto del alcalde Petro, por ser este un avance muy importante en el camino por democratizar a los medios, la comunicación y el periodismo, bastante dependientes de la dictadura mediática de los monopolios que manipulan a la opinión pública a su antojo.

2012-01-25T15:14:00.002-05:00

Conflicto social y armado/

Familiares de retenidos manifiestan su alegría por liberación unilateral de las FARC
Por Telesur tv

Gloria Marín, esposa del subteniente Carlos José Duarte, retenido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) manifestó este miércoles su felicidad por la acción unilateral de la guerrilla de liberar a seis uniformados.

“Estamos aquí con el corazón inflamado de libertad” expresó Marín en entrevista exclusiva a teleSUR ante el anuncio del movimiento insurgente.

Marín precisó que se encontraba “en compañía de las seis familias que vamos a poder disfrutar muy pronto de esta libertad”.

La esposa de uniformado precisó que aún quedan cuatro personas en poder de las FARC, “dos de ellas son de nuestro Departamento del Meta (centro), uno de ellos”, Wilson Rojas, acompañó a Duarte en la toma de Puerto Rico.

También está en la selva el sargento primero del Ejército Luis Arturo Arcia, retenido desde marzo de 1998, y el sargento del Ejército Luis Alfredo Moreno, en manos de la guerrilla desde agosto de 1998. “Hasta que ellos no salgan nuestra libertad, nuestra felicidad no va a estar completa”, dijo Marín.

El pasado 27 de diciembre, las FARC informaron a través de un comunicado que liberarían a los subintendentes de la Policía Jorge Trujillo Solarte, Jorge Humberto Romero, y el cabo primero José Libardo Forero Carrero.

“En breve anunciaremos la identidad de los otros tres” uniformados que serán liberados, advirtieron entonces, y fue este miércoles cuando se conoció -a través de un comunicado de Iván Márquez- que el cabo Luis Beltrán, el sargento Cesar Lasso y el subteniente Carlos Duarte, completarían la lista de liberados.

Las FARC dejó claro que los seis “serán entregados (...) tan pronto como se acuerden los protocolos necesarios” para la liberación.

Colombia: Asfamipaz pide al gobierno facilitar liberaciones

2012-01-25T07:45:00.000-05:00

Seguridad narcocrática/

Agresión contra integrante del Movimiento de Víctimas en Bogotá

Por Movice

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, denuncia y rechaza la agresión de que fue víctima la activista del Movimiento de Víctimas, Blanca Nubia Díaz.

Los agresores también nombraron a la abogada Irene López Garzón de la Corporación Jurídica Yira Castro, organización miembro del Comité de Impulso del Movice.

Dicha amenaza y agresión estarían relacionadas con la denuncia que la Corporación Jurídica Yira Castro adelanta ante la Fiscalía contra los paramilitares de “Jorge 40” por el asesinato de la hija de Blanca Nubia Díaz, Irina del Carmen Villero Díaz, en el 2001.

Igualmente, la agresión se enmarca en una persecución sistemática y generalizada contra el Movimiento de Víctimas a lo largo y ancho del país.

Hechos

El 23 de enero aproximadamente a las 3:40 de la tarde, Blanca Nubia Díaz fue abordada por un carro oscuro mientras caminaba por la Calle 36 cerca de la Avenida Caracas, en Bogotá.

Una mujer se bajó del carro y le dijo que “la Doctora Irene mandó a decir que vaya con nosotros”. La señora Díaz le respondió que no conocía a Irene, y la mujer inmediatamente le contestó “súbase, cómo no la va a conocer si ella lleva su caso”.

La mujer le insistía "súbase, súbase", le agarró la chaqueta y jaló a la señora Díaz para que se subiera al carro. Blanca Nubia empezó a gritar “auxilio”, frente a lo cual la mujer se subió al carro y éste se fue.

Antecedentes

Blanca Nubia Díaz, integrante del capítulo Bogotá del Movice, ha sido revictimizada en repetidas ocasiones en represalia por su participación en el Movice y por su lucha por la verdad, justicia y reparación en el caso de su hija, Irina del Carmen Villero Díaz, asesinada por paramilitares en el 2001.

En el más reciente incidente, el 28 de julio de 2011, el nieto de Blanca Nubia Díaz fue abordado en el centro de Bogotá por dos sujetos, quienes le dijeron: "… nosotros conocemos a su mamá, y sabemos de su abuelita Blanca Nubia, que hace y con quienes anda... ”.

La abogada Irene López es miembro y directora de organización de derechos humanos Corporación Jurídica Yira Castro, que ha sufrido amenazas de muerte, hostigamientos, un allanamiento ilegal, y un ataque contra su página web a causa de su labor en defensa de los derechos humanos.

Muchas de estas agresiones se han dirigido contra Irene López, con la más reciente el 18 de enero de este año.

En esa fecha, llegaron a la propiedad de de la señora López dos personas (un hombre y una mujer) quienes se desplazaban en una camioneta de color verde, preguntando de manera insistente y en tono intimidante y amenazante por su paradero actual y los horarios en los cuales podía ser ubicada.

Ante la negativa de la ocupante de la casa por dar información, advirtieron que volverían, pues en sus datos, dicha casa era de propiedad de la abogada Irene López y debían encontrarla.

Todas las agresiones sufridas por Blanca Nubia Díaz y Irene López se encuentran hoy en día en la más absoluta impunidad, igual que los cientos de otros crímenes cometidos contra miembros del Movice.

Blanca Nubia Díaz se encuentra sin ninguna medida de protección de parte del Estado colombiano, a pesar de las repetidas solicitudes que se han radicado con las autoridades competentes; en igual situación se encuentran numerosos otros integrantes del Movice a lo largo del país.

Exigencias

Que el Estado Colombiano garantice los derechos a la vida e integridad de Blanca Nubia Díaz, Irene López Garzón y los demás integrantes del Movice y de la Corporación Jurídica Yira Castro.

Que la Fiscalía investigue de manera pronta y eficaz los hechos arriba denunciados para establecer los orígenes de las amenazas y que los responsables sean sancionados.

Que la Unidad de Protección del Ministerio del Interior dé respuesta inmediata a los oficios radicados para solicitar medidas de protección para Blanca Nubia Díaz y otros integrantes del Movice.

2012-01-24T23:22:00.000-05:00

Sabana de Torres, Santander

El Estado le niega protección a defensor de derechos humanos amenazado por paramilitares
Por Camilo Raigozo

El pasado 19 de enero de 2012, en el ministerio del Interior se llevó a cabo la reunión del CREER, donde se evaluó la situación de seguridad del dirigente campesino Cesar Augusto Tamayo, presidente de la Asociación Agraria de Santander.

A Tamayo, en su condición de defensor de derechos humanos no se le ha protegido por parte del Gobierno colombiano a pesar de que todos los hechos han sido judicializados ante las autoridades competentes.

El 7 de Agosto de 2011, a las 12:30 de la Madrugada, en la Vereda Agua Bonita, del municipio de Sabana de Torres, Santander, Tamayo fue objeto de una invasión violenta por más de 200 familias, quienes le despojaron de su parcela donde vivía con su familia.

En el grupo de invasores hay presuntamente paramilitares pertenecientes al autodenominado grupo de sicarios “águilas negras”. Dicha invasión fue denunciada ante la Fiscalía de Barrancabermeja.

El día 15 de julio de 2011, Tamayo le informó al comandante del Sexto Distrito de Policía del municipio de Sabana de Torres, capitán Oscar Rubiel Vargas Silva, sobre una posible invasión que se daría en su predio.

El capitán respondió el día 26 del mismo mes que se garantizarían los derechos a la vida y la de los bienes del campesino, pero el día de la invasión violenta estaba presente la Policía y no la evitó. Al contrario, permitió que los invasores se tomaran violentamente el predio.

El día 19 del mismo mes le llegó una amenaza del grupo paramilitar las Águilas Negras que operan en el municipio de Sabana de Torres, al correo de la Asociación Agraria de Santander, donde lo declaraban objetivo militar si continuaba reclamando el lote invadido. Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía de Barrancabermeja.

El día 24 de agosto del mismo año, dos motocicletas se acercaron hasta la residencia del líder agrario y dispararon en diez oportunidades creando caos en la residencia. Estos hechos también fueron denunciados ante la Fiscalía de Barrancabermeja.

El día 20 de diciembre de 2011, fue hurtado el computador portátil de la Asociación, en el municipio de Sabana de Torres, el cual contenía información que se presentaría a la Oficina de Restitución de Tierras, en la ciudad de Bucaramanga.

Reposaban archivos sobre casos de campesinos que han sido despojadas de sus tierras por parte de actores armados que operan en la zona de Santander, este caso fue denunciado ante la Fiscalía del Municipio de Sabana de Torres.

El 21 de octubre de 2011, la Electrificadora de Santander notifica a Tamayo, a través de documento oficial que no se le instalaría el servicio de luz a los invasores, pero el día 20 de diciembre de 2011, la empresa, por medio del Ing. Felix Oliveros, colocó el servicio de luz a los invasores.

Según el documento OSGH-0551-2011, de fecha 20 de diciembre de 2011 dirigido a la Electrificadora de Santander, se le informó que el predio no cumple con el uso de suelo para tal efecto y que además se está adelantando una querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho, instaurado por Cesar Augusto Tamayo.

Para este efecto estaba de alcalde encargado para adelantar este proceso Jaime Niño Silva, secretario general y de hacienda municipal.

Lo mismo sucedió con el afiliado Víctor García, quien también es víctima de los invasores y la Electrificadora de Santander en el despojo de su parcela la Isla, de la Vereda Agua Bonita.

Alfonso Yepes Patiño, también fue despojado de un lote por parte de invasores en el municipio de Sabana de Torres y la Electrificadora de Santander les legalizo el servicio, a pesar de que les había oficiado a la ESSA para que no les instalara la luz, todas estas denuncias se han instaurado ante autoridades competentes.

El sábado 21 de enero pasado, en horas de la noche, el portón de ingreso a la residencia de Tamayo en la vereda Agua Bonita del Municipio de Sabana de Torres, fue objeto de destrucción total, como lo pudo constatar la Policía acantonada en el Municipio de Sabana de Torres, para lo cual, con este acto se pone en riesgo la vida y la integridad del presidente de Asogras y la de la familia.

Tanto la asociación campesina, como el dirigente Cesar Augusto Tamayo, exigen que se le brinden las medidas de protección necesarias para salvaguardar la vida y la integridad de los afectados, dando cumplimiento a la Constitución y las leyes.

También exigen que la Fiscalía asuma las denuncias con carácter urgente y esclarezca todos estos hechos, lo mismo que se sepa en qué estado se encuentran las denuncias hechas por la asociación campesina cuyos resultados se desconocen.

Finalmente piden que se le devuelvan los dos únicos medios de comunicación que le fueron suspendidos, que servían como medidas de seguridad para proteger la vida de los dos campesinos.

2012-01-24T20:57:00.001-05:00

Hoy se decidirá futuro del Sistema Interamericano de DDHH

Por Comisión Colombiana de Juristas

Este miércoles 25 de enero a las 10 am se decide en sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA el futuro del Sistema Interamericano de derechos humanos.

En esta reunión de altos representantes de Gobiernos parte, que se realizará en Washington, se discutirán las recomendaciones entregadas por el grupo de trabajo creado especialmente para fortalecer el Sistema Interamericano.

Desafortunadamente algunas de las recomendaciones dadas a conocer el 13 de diciembre de 2011, de ser acogidas, debilitarían las funciones que ejerce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Adjuntamos documento de análisis de la Comisión Colombiana de Juristas a estas recomendaciones, y contamos con un experto* que puede exponer esta preocupante situación, además analizará lo que suceda mañana en el Consejo Permanente.

No podemos olvidar que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se ha convertido en el único acceso a la justicia para miles de colombianos.

*Camilo Mejía: Coordinador de Litigio ante Sistema Interamericano de la Comisión Colombiana de Juristas, Abogado con Maestría en Derecho Internacional de la Universidad de Notre Dame, Profesor de sistema interamericano de derechos humanos en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Becario en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009).

Vea a partir de las 10 am en directo el webcast de la sesión: http://www.oas.org/es/centro_noticias/webcast_agenda.asp

*Analisis de la Comisión Colombiana de Juristas

2012-01-24T20:20:00.000-05:00

ONGs de derechos humanos viajan a Panamá para solicitar la extradición de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado

Por Ccajar

Del 25 al 28 de enero del presente año, Luis Guillermo Pérez, Secretario General de la Federación Internacional de los Derechos Humanos, e integrante del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” junto con el director del programa Contravía y periodista Hollman Morris,-

viajarán a Panamá, con el principal objetivo de solicitar a las autoridades panameñas correspondientes, se revoque el asilo territorial concedido a María del Pilar Hurtado, ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

Durante la Misión entregarán a las autoridades de este país, pruebas que constan que Hurtado, no fue objeto, ni de amenazas, ni de persecución política en Colombia.

Pérez y Morris, además de solicitar la extradición de la ex directora de inteligencia, revisarán el proceso que se adelanta por la denuncia presentada ante un Juzgado Penal del Circuito, de ese país por crímenes de Lesa Humanidad.

Igualmente, instarán a los órganos de control de Panamá y a la opinión pública en general, para que reclamen al gobierno de este país, el cumplimiento y respeto a las obligaciones internacionales a las que se ha comprometido en materia de derechos humanos.

La Misión está acudiendo a una reclamación directa a las autoridades panameñas, obedeciendo el conducto regular, brindando la oportunidad que sean éstas, las que tomen la determinación solicitada.

Las víctimas estudiarán la posibilidad, de acudir a instancias internacionales, si las circunstancias así lo determinan.

2012-01-23T19:13:00.000-05:00

Bombardeos indiscriminados en Agua Linda, Lejanías, Meta

Por Sintragrim

El Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta, Sintragrim, nuevamente hace un llamado urgente ante organismos de control, investigación, al Gobierno Nacional y Comunidad Internacional por la situación que vive la población civil de la vereda de Agua Linda,-

límites con la vereda de Caño Lindo del municipio de Lejanías, zona limítrofe con el municipio de El Castillo, Meta, la cual es objeto de fuertes bombardeos y ametrallamientos que se desarrollan indiscriminadamente en zonas con presencia de población civil, especialmente niños, y también sobre bienes civiles.

Desde el día 23 de enero de 2012, entre 2: 00 a.m. y 9:00 a.m., se desarrollan sobre vuelos, ametrallamientos y bombardeos, por parte de tropas adscritas a la Séptima Brigada y el Batallón 21 Vargas.

Esta acción tiene como consecuencia impactos en las viviendas de los campesinos, así como también otros materiales desconocidos, los cuales generan terror y miedo en mujeres, niños y ancianos, quienes buscan desesperadamente proteger su vida.

De acuerdo a informaciones dadas a conocer, uno de los pobladores, hizo el siguiente angustioso llamado: “No sabemos qué hacer, si salir corriendo o quedarnos.

Si salimos corriendo se llevan los animales y las cosas de la casa y si nos quedamos nos puede costar la vida de alguno de nosotros”, agrega “tenemos miedo de que después se vengan a maltratarnos acusándonos de tener alguna relación con lo sucedido. Es lo que siempre hacen los militares por aquí”.

Solicitudes

Se garantice los derechos de la población civil y sus bienes civiles en medio del conflicto de acuerdo a las normas del Derecho Internacional Humanitario.

1. Cesar de manera inmediata los bombardeos indiscriminados en contra de la población civil.

2. Se investiguen disciplinaria y penalmente los hechos enunciados en el presente escrito.

Pedimos a las organizaciones defensoras de derechos humanos, a la sociedad civil y a la comunidad internacional que se remitan al Gobierno Colombiano para que responda a nuestra Acción Urgente por el derecho a la vida de quienes no tenemos nada que ver con la guerra.

2012-01-23T10:02:00.003-05:00

Conflicto social y armado

Las FARC entregaron a la Cruz Roja agente de policía privado de la libertad el pasado fin semana

Por Camilo Raigozo

El Comité Internacional de la Cruz Roja informó que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, FARC-EP, entregaron a un equipo de ese organismo internacional y en presencia de su familia al agente de policía Stiven Giraldo.

El agente de la Policía había perdido su libertad a manos de las FARC en enfrentamientos el pasado fin de semana en el cerro Santa Ana del municipio de El Tambo, Cauca.

El ejército insurgente entregó al agente Giraldo al CICR en la mañana de este lunes 23 de enero en la vereda La Romelia del mismo municipio.

El CICR trasladó al agente Giraldo a la ciudad de Popayán donde fue entregado a la Policía y su estado de salud fue evaluado.

Las FARC y la familia de Giraldo le habían solicitado al CICR que participara en la operación de entrega, la cual se realizó por vía terrestre. Foto Internet.

2012-01-21T20:11:00.011-05:00

Gobierno culpa a la guerrilla del robo de tierras basado en supuestos correos

¿Quién le garantiza al país que los supuestos correos electrónicos que el Gobierno dice tener son ciertos y no son otros falsos positivos propagandísticos?
Por Camilo Raigozo

Como en la guerra la verdad es la primera que se pierde, se tiene como táctica utilizar la llamada propaganda sucia o guerra sucia mediática para desacreditar a los enemigos. Esa parece ser la estrategia del presidente Santos,-

altos representantes de su administración y los influyentes medios de comunicación, al tratar de convencer al país sin presentar pruebas contundentes de que los grupos subversivos también robaron 90 mil hectáreas de tierras.

La estrategia busca en primer lugar el descrédito de sus enemigos y en segundo lugar justificar el robo por medio de motosierra y plomo por parte de la estrategia paramilitar del régimen, de más siete millones de hectáreas de tierras despojadas a campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes.

Con gran despliegue propagandístico de los influyentes medios de “comunicación”, fueron difundidas este sábado las palabras del presidente Santos al respecto del “robo” de las FARC y del ELN, desde Valledupar, donde realizó el quinto Acuerdo para la Prosperidad Democrática.

Desde allí el primer mandatario, experto en falsos positivos, reveló varios supuestos correos de las FARC y del ELN que “ponen al descubierto el inventario de tierras de los dos grupos ilegales en varias regiones del país, así como la intención de legalizar dichos predios”.

Según Santos, uno de los correos interceptado a las FARC señala que “Tirofijo”, poseía en el sur de Cundinamarca y en Santander 57 fincas valoradas en más de 1.500 millones de pesos.

Otro supuesto correo, esta vez del frente 40 de las FARC, señala que el grupo subversivo posee 36 fincas, la gran mayoría en el Meta.

Siguiendo la misma tónica, el Gobierno tiene en su poder un informe del frente Yarí que hace referencia de 76 fincas en su poder, que suman 89 mil 240 hectáreas. Al respecto dijo Santos que “Este es simplemente un pedacito de lo que encontramos del ‘Frente Yari”.

Para involucrar a otro grupo alzado en armas en el supuesto robo de tierras, el Presidente halló otro correo en el que un miembro del ELN, a quién identificó con el alias de “Mosquera”, señaló la urgencia de “legalizar” fincas, parcelas y viviendas en el sur del departamento de Bolívar.

Utilizando la misma estrategia de “encontrar” supuestos correos o supuestas interceptaciones de comunicaciones de la guerrilla, en el gobierno de Uribe, fueron perseguidos periodistas, estudiantes,-

profesores, sindicalistas, defensores de derechos humanos y políticos de la oposición, entre otras víctimas, en lo que llamaron “farcpolítica”, inventada para amainar el escándalo de la parapolítica.

La Corte Suprema de Justicia dio fin a la diabólica estrategia al argumentar que ese tipo de pruebas no eran válidos, pues como en el caso del computador de Raúl Reyes, no se pudo comprobar que existieran tales correos.

¿De dónde salen esos correos tan puntuales para cada ocasión? ¿Son ciertos o son inventados en la táctica de guerra contra la subversión? ¿Son falsos positivos propagandísticos, como los supuestos correos del supuesto computador de ‘Raúl Reyes’, desestimados por la Corte Suprema de Justicia? ¿Son otra diabólica estrategia del Estado para expulsar a los campesinos de las supuestas fincas de la guerrilla?

El director de la Unidad de Consolidación y Reconstrucción Territorial, Álvaro Balcázar, le dijo a El Tiempo, sin exhibir pruebas, que “el despojo cometido por las FARC ha sido inmenso sobre todo en el suroriente del país.

“Podemos decir con toda seguridad que en los departamentos de Meta y Caquetá hay haciendas de entre 5.000 y 42.000 hectáreas que están en manos de testaferros”.

Para dramatizar más “el robo de tierras de las FARC”, el funcionario agregó que: “Se han llevado a los niños, aunque sus padres no estén de acuerdo. Los ponen a cumplir ciertas funciones y la familia que se niega se tiene que ir.

“Cuando empezaron a acabarse los cultivos ilícitos, mucha gente quedó sin empleo y abandonó fincas que eran muy distantes y ahora las FARC están poniendo allí a personas que cumplen funciones logísticas y estratégicas. Esta es una especie de repoblamiento invisible”.

Ya El Tiempo había señalado temerariamente el pasado 19 de septiembre bajo el título “La reforma agraria de Jojoy”, que supuestamente los indígenas, afrodescendientes y campesinos asentados en varias zonas de San Vicente del Caguán y La Macarena, son testaferros de la guerrilla, lo mismo que sus organizaciones sociales.

Al respecto de esas señalizaciones de El Tiempo, la organización defensora de derechos humanos Caguán Vive, las desmintió e invitó a la comunidad nacional e internacional vigilar-

las posibles acciones que tome el Gobierno contra las organizaciones sociales, sus líderes y afiliados, luego de ser objeto de estigmatización, fuertes señalamientos y continuas persecuciones. Foto Presidencia de la República.

2012-01-20T13:58:00.003-05:00

Seguridad narcocrática/
¡Urgente! Denuncian desaparición de estudiante de la Universidad Nacional

Sonia Tovar, estudiante de derecho de la Universidad Nacional de Colombia ha desaparecido. Su familia recibió un mensaje en el que afirman haberla enviado a “mejor vida”.

La última vez que se supo de la estudiante fue el domingo 15 de enero a las 11 de la mañana, cuando se reportó y dijo que había llegado a la terminal de transportes.

Según la fuente, ella había tenido problemas con la Policía el primer semestre del año pasado, cuando varios agentes de esa institución la golpearon.

Por la agresión –afirma la fuente- ella denunció a los policías y algunos de los abusadores fueron sancionados, tras lo cual empezó a recibir amenazas de muerte y desaparición.

Según información de última hora, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía activó el dispositivovo urgente de búsqueda por 72 horas.

2012-01-20T02:33:00.003-05:00

Parauribismo/ Masacre de la Rochela

Emotiva conmemoración de masacre de Ejército y paramilitares

Por Camilo Raigozo. Notimundo

Con la presencia de unas 4.500 personas provenientes de Barrancabermeja, Medellín, Bucaramanga y Bogotá, el pasado 18 de enero se conmemoró en la vereda La Rochela, municipio de Simacota, Santander, el aniversario 23 del acto de barbarie perpetrado por la estrategia paramilitar en complicidad con el Ejército.

Al acto asistieron familiares de las personas asesinadas, quienes descubrieron un monumento erigido en homenaje a las personas sacrificadas, en el caserío de la vereda. También, como símbolo del triunfo de la vida sobre la muerte, sembraron una docena de árboles.

Monseñor Camilo Castrellón ofició una liturgia en la que criticó los hechos de violencia y pidió orar por la paz en Colombia. En referencia a lo acontecido en la región del Catatumbo y del Magdalena Medio dijo que, “es muy difícil encontrar una familia que no haya llorado a sus seres queridos o a sus amigos por causa del conflicto armado”.

Monseñor agregó, entre otras cosas que, “los victimarios tienen unos mecanismos, como el miedo y hacer que las victimas queden como invisibles, razones por las cuales las despedazan, las echan a los animales, las lanzan a los ríos o las incineran, con tal que desaparezcan”.

Isolina Duarte, madre de Arnulfo Mejía Duarte, uno de los 12 asesinados por la estrategia militar-paramilitar, dijo en medio del llanto que, “Estoy feliz de volver, aunque me da tristeza recordar ese día. Lo único que queremos es saber la verdad”.

Julián Hernández, hijo Luis Orlando Hernández, otra de las víctimas, dijo entre otras cosas que, “ya se conocen quienes son los culpables, ya se sabe cuáles son. Que todos paguen sus crímenes, porque en Colombia no puede seguir existiendo la impunidad”.

Por su parte Paola Martínez, esposa de una de las víctimas, le dijo a Notimundo que, “Nosotros los familiares no nos hemos enfocado en la parte económica, sino que queremos que haya realmente una reparación integral.

“Para nosotros, después de 23 años de impunidad, la reparación consiste en que haya verdad, justicia, que no haya olvido y que esos hechos no se vuelvan a repetir”.

Paola Martínez aseguró también a este medio que varias de las familias de las víctimas han sufrido amenazas y hostigamientos por parte de los agentes del terror estatal, quienes presionan de esa manera para que todos sus crímenes queden impunes.

Los familiares agradecieron a la ONG defensora de derechos humanos Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, por ayudarlos a defender sus derechos ante el terrorismo de Estado.

La abogada defensora de los derechos humanos, Jomary Ortegón, del Colectivo José Alvear Restrepo, dijo que las dilaciones en la investigación se dieron desde el mismo momento que se cometió la masacre por amenazas contra los funcionarios de la rama judicial.

La defensora de las víctimas expresó que desde 1990 y hasta 2007, la Fiscalía no actuó en la investigación e identificación de los responsables.

“Más que obstáculos lo que ha habido es una omisión por investigar a altos funcionarios que estaban identificados desde el comienzo de la investigación”, dijo la abogada.

Además se quejó de que “se utilizó el fuero penal militar en diferentes momentos del proceso como un obstáculo para el avance de las investigaciones. Incorporar el fuero militar en la Reforma a la Justicia es tomar una decisión contraria a las políticas del derecho Internacional Humanitario”.

La abogada recordó que según las investigaciones en la masacre aparecen involucrados los generales del Ejército: Farouk Yanine Díaz, Juan Salcedo Lora y Alfonso Vacca, como también el ex congresista, Tiberio Villarreal.

Tanto Ortegón, como los familiares de las 12 víctimas, le pidieron a la fiscal Viviane Morales que avance en las investigaciones porque hasta el momento sienten que no ha habido justicia.

Después los asistentes realizaron una marcha bajo el inclemente sol y la elevada temperatura, desde el caserío hasta la carretera central, gritando consignas por la paz y contra la connivencia militar-paramilitar. “¡Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos!”, fue una de ellas.

Allí se llevó a cabo el acto político programado, en el que las diferentes organizaciones sociales y la comunidad de La Rochela expusieron sus opiniones y puntos de vista, respecto a la masacre y la conmemoración.

Acto seguido y como epílogo del certamen, varios grupos musicales hicieron las delicias del público que los aplaudió con entusiasmo.

Finalmente, al morir la tarde del 18 de enero de 2012, muy cerca de donde 23 años atrás también murieran a manos del terrorismo de Estado 12 de sus propios funcionarios, las delegaciones abordaron los buses y salieron de regreso a sus lugares de origen.

En mayo de 2007 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en la masacre. Sin embargo sólo una persona ha sido condenada por el múltiple crimen, el paramilitar Alonso de Jesús Vaquero, alias, “Negro Vladimir”. Fotos Notimundo.

Masacre de La Rochela. Militares y 'paras' siguen sin castigo

2012-01-19T08:21:00.000-05:00

Parauribismo/
Asesinados dos indígenas en Caldas
Por Onic

La Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, denuncia y condena este acto de agresión y vulneración a la vida y los Derechos Humanos de nuestros pueblos.

La Autoridad Nacional de Gobierno Indígena se solidariza con las comunidades del Cabildo Indígena Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, en el municipio de Riosucio, Caldas, quienes hoy son-

víctimas de la violencia al ser ejecutados dos de sus comuneros, Herminson y Alexander de Jesús Morales Zamora, el pasado 15 de enero según informe de las autoridades tradicionales del resguardo.

En el mismo sentido condenamos este acto de violencia y exigimos la garantía de nuestros derechos y nuestra integridad como seres humanos, como comunidades y como pueblos representantes de diversas culturas.

La Onic denuncia ante los diferentes organismos de Justicia y de Defensa de los Derechos Humanos, ante Organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil y organismos internacionales los hechos ocurridos en nuestros territorios, en este caso del Pueblo Embera, uno de los más afectados por el conflicto armado y la situación que vive nuestro país:

Según las autoridades indígenas de este cabildo el sábado 14 de enero, fueron desaparecidos de la comunidad los comuneros Herminson y Alexander de Jesús Morales Zamora de 29 y 24 años respectivamente, quienes pertenecían a las comunidades Ubarbá y el Rebaño del mencionado reguardo.

Posteriormente el día 16 sus familiares recibieron una boleta, donde les informaban del paradero de Herminson y Alexander.

La comunidad se dirigió a la zona indicada, Cerro el Tigre, de la comunidad la Palma, donde hallaron los cuerpos sin vida en una fosa común, con varios impactos de arma de fuego.

La Onic y el Cabildo Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, denuncian ante la opinión publica estos hechos violentos contra nuestra población indígena y; la presencia de grupos armados al margen de la ley en las comunidades de este resguardo, los cuales asesinan y atemorizan a la población indígena.

Hacemos un llamado a las instituciones del Estado y al gobierno nacional para que garanticen y protejan los Derechos Humanos, la vida e integridad de la población indígena.

2012-01-13T22:36:00.000-05:00

Parauribismo/
Un asesinato cada dos días en Guapi, Cauca
Por Cococauca

Antes de la navidad, el 8 de diciembre de 2011 apareció el cuerpo de un hombre sin la cabeza flotando en las estribaciones del rio Guapi cerca al área urbana (por el sitio donde se encuentra el plantel educativo “levante en Marcha”).

El año nuevo 2012 en Guapi inició con una serie de sucesos que alertan a la población sobre la continuidad de la violencia en la región, ya que se rumora que a la localidad llegó otro personal paramilitar como refuerzos a los que están resistiendo el enfrentamiento armado por el control territorial.

El 2 de enero de 2012 fue asesinado un hombre relativamente joven de quien se desconoce su identidad. El hecho ocurrió en la carrera 1ª del barrio el Pueblito del área urbana de Guapi a las 10:30am, a quien le propinaron varios tiros y posteriormente murió.

El 4 de enero de 2012 siendo las 11:00 am fue gravemente herido José Luis Cortez en el barrio el Olímpico del área urbana de Guapi, a quien le propinaron varios tiros y en la actualidad continúa en estado crítico por fuera de localidad en un centro asistencial de mayor nivel de salud.

El señor al parecer procedente de Tumaco (Nariño), permaneció herido por más de 30 minutos en el sitio sin que alguien se atreviera a auxiliarlo hasta que llegó un sacerdote.

El mismo 4 de enero de 2012 a las 11:25 am fue asesinado otra persona en el barrio Zarabanda del área urbana de Guapi, quien fue enterrado como NN, por falta de identificación.

El 6 de enero de 2012 siendo las 3:40 pm fue asesinado Dagoberto Obregón de 24 años de edad, a quien le dispararon en el barrio Olímpico cuando conducía la moto taxi (moto triciclo) en el área urbana de Guapi.

El 12 de enero de 2012 fue asesinado un hombre no identificado en el barrio santa Mónica en el famoso sitio conocido como la “L” donde se comenta que ha sido el mayor centro de operaciones de los paramilitares del área urbana de Guapi.

El 8 de enero de 2012 en horas de la tarde, se comenta que hubo tiroteos similares a enfrentamientos armados en el barrio la Paz del área urbana de Guapi.

En ciertos barrios se rumora que existe confinamiento en especial después de las 6:00pm (18:00 horas local) por los operativos que realizan los actores del conflicto armado.

La población civil se encuentra en zozobra por los estados de violencia o intensidad de la guerra, las amenazas y confinamiento.

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2012-01-13T22:13:00.001-05:00

Parauribismo/

Amenaza de muerte contra integrantes de la ONG defensora de derechos humanos Credhos
Por Credhos

La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos Credhos, denuncia ante la comunidad nacional e internacional la nueva amenaza de muerte hecha por desconocidos armados-

que se movilizaban en motocicleta de alto cilindraje el día 13 de enero de 2012, contra la integridad de Abelardo Sánchez Serrano, miembro de la junta directiva y, los demás miembros de Credhos.

En horas de la mañana, aproximadamente hacia las 9:20 a.m. del día 13 de enero de 2012, Abelardo Sánchez Serrano, salió de la Clínica San Nicolás donde adelantaba una diligencia médica con rumbo hacia la sede de Credhos, ubicada en la Av 52 No. 25-49 del barrio Galán Gómez de Barrancabermeja, Santander.

Cuando se desplazaba por la carrera 22 en inmediaciones del barrio Torcoroma fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una moto color azul con rayas negras en el tanque y el hombre que iba como parrillero desenfundó una pistola y le apuntó en el pecho para intimidarlo y con expresiones agresivas lo conminó:

“Que dejemos de estar denigrando de la fuerza pública que ya tenemos a un hijueputa guerrillero de Credhos encarcelado y que si es necesario si hay quedarle al resto, pues lo haremos para acallarlos; y antes de irse, dijeron: que tenía setenta y dos horas para salir de la ciudad”.

Esta situación fue muy rápido, sin embargo, en medio del miedo, él compañero Abelardo Sánchez pudo observar dos personas, una quien manejaba la moto, de color trigueño con contextura corporal gruesa y vestía un pantalón jean negro con buzo blanco con rayas rojas y se cubría con un casco cerrado también negro.

El otro, el parrillero, era una persona de color más morena y más alto que el conductor de la moto, de pantalón jean azul y un buzo de color negro manga larga y de masa muscular gruesa muy similar al conductor de la moto, y entonces ellos emprendieron la huida.

Antecedentes

En el año 2008 recibimos por vía correo electrónico y correo escrito más de nueve comunicados y panfletos firmados por grupos armados ilegales que se hacen llamar:

Autodefensas Unidas de Colombia, Águilas Negras, Héroes de Castaño, de un grupo paramilitar comandado por alias ¨Don Mario¨ y las autodefensas Gaitanistas, donde se hacen amenazas directas de muerte contra todos los miembros de Credhos junto a otras organizaciones sociales,-

quienes somos estigmatizados como auxiliadores de la guerrilla y cuya justificación condenan y consideran según estos desmovilizados rearmados paramilitares que nos deben asesinar so pretexto “de que Barrancabermeja y la región del Magdalena Medio salga adelante.

Entre el 2009 y el 2011 se han producido 12 amenazas de muerte por el trabajo en defensa de la vida y las víctimas contra los miembros de Credhos por parte de los grupos paramilitares;-

entre otros hechos rechazables, el 21 de mayo de 2010, al celular No. 310 2000 494 de Abelardo le enviaron un mensaje de texto desde un código de No. 2120 en el que lo sentenciaban:

“El riesgo de ser asesinado en cualquier vía o espacio público podía ocurrir en cualquier día de junio del 2010”, acción criminal que se ha complementado con seguimientos constantes desde vehículos públicos-

sin ningún distintivo que identifique su afiliación a empresas de transporte o entidad pública de la ciudad, tal y como se constató en el mes de julio de 2010, cuya placa del vehículo que exhibía era UPI 26 de la ciudad de Montería;-

situaciones y hechos que fueron denunciados antes las autoridades competentes y sin embargo, al día de hoy no hay ningún avance y mucho menos resultados sobre estas agresiones personales y colectivas.

El día 26 de noviembre de 2011 una nueva amenaza de muerte dirigida por los paramilitares denominados “Los Rastrojos” amenazaron las organizaciones sociales y con ellas a todos los miembros de Credhos.

Esta última intimidación, que puso en riesgo de manera directa la vida del compañero Abelardo Sánchez Serrano y conmina a destierro de los miembros de Credhos en las próximas setenta y dos horas,-

se realiza veinticuatro (24) horas después de una rueda de prensa que se llevó a cabo el día 12 de enero de 2012 para divulgar la conmemoración de los 23 años de la masacre de la comisión judicial de la Rochela donde se recordó que hubo participación de los paramilitares,-

los narcotraficantes y agentes de la fuerza pública del Estado durante la ejecución de este crimen de lesa humanidad acontecido el 18 de enero de 1989 en la Vereda La Rochela.

Como trabajadores de derechos humanos creemos que estas amenazas personales y colectivas a los miembros de Credhos son una retaliación a las constantes denuncias que realizamos contra las violaciones-

a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que se vienen presentando en la región por parte de los paramilitares y los miembros de la fuerza pública en los casos de las ejecuciones extrajudiciales.

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2012-01-13T13:40:00.000-05:00

Seguridad narcocrática/

Acusados cuatro militares por secuestros, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos

Por Notimundo

Un suboficial y tres soldados profesionales pertenecientes al Batallón Córdova de Santa Marta fueron acusados por un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, como presuntos coautores de los delitos de secuestro simple agravado, tortura en persona protegida, homicidio en persona protegida, desaparición forzada y concierto para delinquir.

Según informó la Fiscalía, los múltiples crímenes fueron perpetrados entre el 23 de febrero y el primero de marzo de 2006 en la finca La Reserva, ubicada en jurisdicción de Aracataca, Magdalena, donde los terroristas fuertemente armados obligaron a los recolectores de algodón a reunirse y secuestraron inicialmente a cinco labriegos, luego a tres mujeres, y por último a un niño de seis años de edad.

Entre las víctimas están: Karen Margarita Meriño Tovar, José Domingo Palacios, Arnulfo Flórez Gamez, Herneison Lópera Torres Ramírez, Jorge Polo, y Gustavo Espinoza María.

Los terroristas el Estado presentaron a cinco de las víctimas como guerrilleros “dados de baja en combate”, mientras que las restantes víctimas continúan desaparecidas

De acuerdo a lo investigado por la Fiscalía, los presuntos criminales son Harold Enrique Cuarán, suboficial, Ernesto Ramón Murillo Fontalvo, Carlos Augusto Díaz Valdez y Giovanni Quintero, soldados profesionales, quienes se encuentran “privados de la libertad”.

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2012-01-13T12:02:00.000-05:00

Conflicto social y armado

‘Timoleón Jímenez’, máximo comandante de las FARC contesta a la carta del historiador Medófilo Medina

Doctor:

Medófilo Medina

Bogotá.

Apreciado Profesor:

Con mi saludo quisiera hacerlo partícipe de la voluntad varias veces expresada por el Camarada Alfonso Cano de dar respuesta a su carta abierta. Es obvio que las circunstancias que lo asediaban hicieron imposible la materialización de su propósito.

Si me lo permite, muerto el Comandante en combate, intentaré sin pretensión satisfacer en parte sus inquietudes, salvando el hecho de que usted le haya escrito a él en consideración a la relación personal y política que sostuvieron en un ya lejano pasado.

A veces me asalta el pensamiento de que quería usted entablar más un intercambio con el antiguo camarada que con las FARC.

Es que no es fácil relacionarse en las condiciones actuales del país con nosotros. Existe un prisma mediático establecido, que ubica de inmediato en la picota a quien ose asumir una visión distinta a la pregonada por el poder.

Eso del pensamiento único es mucho más que una consigna. Adopta consecuencias letales, trascurre por el ostracismo y el olvido, la estigmatización, el fin definitivo del empleo, la intimidación, la ruina, la cárcel, hasta llegar incluso a una muerte anodina.

Su valentía merece reconocimiento. Como académico de criterio independiente, se arriesga a pasar de la efímera gloria concedida por sus francos cuestionamientos, a la irredimible condena por haberse prestado a servirnos de incauto instrumento.

Todo dependerá de lo que los depredadores de oficio puedan obtener una vez se lancen hambrientos sobre nuestras consideraciones. Es eso en realidad lo único que les interesa, un flanco nuevo por el cual intentar desangrarnos.

El por qué de la guerra

El primer subtítulo de su carta dice: Los colombianos necesitamos entender el por qué de la guerra, lo cual nos confirma que usted no se encuentra solo y que un importante sector del pensamiento social espera sin prevenciones lo que podamos decir.

El movimiento que se firma Colombianas y Colombianos por la Paz parece haberlos decepcionado un tanto, en atención a que en su parecer terminó absorbido por las urgencias emanadas del intercambio humanitario.

Quizás no resulte conveniente la generación de ese tipo de distancias. Tal vez lo que en el camino la senadora Piedad Córdoba y otras personalidades han comprendido, es que resulta más fructífero para la paz de Colombia asumir tareas prácticas y concretas por la vida y la libertad de sus compatriotas, que enfrascarse en sesudos intercambios epistolares que generen un mar de especulaciones.

Son puntos de vista, no necesariamente contradictorios, y que bien podrían marchar de la mano en una misma dirección. Es cuestión de sumar antes que dividir.

Pero expone usted en su apoyo argumentos que son respetables. El debate abierto y público de opiniones en torno a la inevitabilidad de la guerra y las posibilidades de la paz es urgente.

Creemos que él envuelve una discusión amplia sobre las realidades económicas, sociales, políticas, culturales y hasta ambientales del momento contemporáneo mundial, latinoamericano y nacional.

Nunca le hemos temido a eso, por el contrario, nuestro alzamiento en armas obedece a que siempre se nos han cerrado las puertas para tomar parte en él.

Usted no lo sabe, tal vez porque el tipo de vida que le implica su vocación por la investigación social y la enseñanza es muy diferente al nuestro.

Pero eso que llama dificultades políticas y técnicas o los avatares de la guerra que podrían dificultar un intercambio fluido, significan en realidad que las veinticuatro horas del día hay sobrevuelos sobre nosotros ubicando la mínima señal eléctrica, de radio, teléfono o internet para molernos a bombas. Sin hacerle mención de las enormes operaciones terrestres que buscan exterminarnos.

Es una verdadera hazaña lograr hoy día comunicarnos con el resto del mundo. No solemos hablar de esto pues automáticamente nos exponemos a la furiosa jauría, siempre presta a escarnecernos por pretender aparecer como inocentes víctimas.

Tal vez ustedes logren valorar la importancia de que nuestros adversarios otorguen garantías efectivas para nuestro ejercicio político. Valdría la pena que en aras de la paz intentaran también hacer conciencia en ellos al respecto. Pero no creemos que sus misivas en ese sentido cuenten con la difusión de las que nos dirigen.

Muy probablemente los tratarían de algo muy semejante a ingenuos útiles. Precisamente este conflicto es un debate armado en el que una de las partes, representada por el Estado, emplea todo género de recursos con el propósito de impedir la expresión del pensamiento de la otra.

En el medio han estado siempre los que inclinados hacia nuestras posiciones terminan siendo víctimas de la persecución, así como quienes en aras de su tranquilidad han asumido que de lo que se trata es de decir cosas que halaguen a los poderosos, recurriendo por pulcritud al ingenio.

Qué bien le haría a la democracia y la paz que su carta contribuyera a abrir una brecha por la que el ciudadano corriente pudiera conocer la argumentación de las FARC y sopesar nuestra visión actual del país y nuestra propuesta hacia el futuro.

La generalidad de su exposición parece apostar a la idea de que conseguirlo es un asunto sencillo, ligado fundamentalmente a una cuestión de voluntad personal.

Así se desprende incluso de su ilación histórica, de acuerdo con la cual haber surgido fue justo, pero en cambio persistir hoy es infundado.

La democracia colombiana

Usted debe conocer que al interior del universo de los medios de comunicación circulan diccionarios para uso de redactores y presentadores. En ellos se define de modo categórico el listado de los términos que pueden ser usados y el sentido imperativo en el que deben emplearse.

Imperialismo y oligarquía son, por ejemplo, palabras en absoluto desuso, que deben ser puestas en su adecuado lugar de ridiculeces cuando algún trasnochado vocero de extremistas las traiga a cuento. Existe un solo léxico admitido, y con el lenguaje unas únicas realidades permitidas.

Según estas, el sistema multipartidista y de elecciones periódicas promovido desde la Casa Blanca, es el máximo ideal democrático alcanzado por la humanidad.

En nombre de él pueden invadirse y bombardearse países y pueblos enteros, desestabilizar gobiernos no afectos, o imponer por la fuerza autoridades transitorias o definitivas.

Siempre con el sano y loable propósito de dar paso a las economías de mercado, a la millonaria inversión extranjera, a la exacción descarada de recursos naturales, al enriquecimiento apresurado de una élite privilegiada.

Nuestro modo de ver las cosas es distinto. Se parece más al del asesinado Presidente Lincoln. Gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Sobra decir que el régimen colombiano se ajusta más a las previsiones difundidas por el Washington de Bush y Obama. Se humilla ante ellas.

Nosotros creemos que no son coincidentes los intereses de las clases privilegiadas con los de los millones de destinatarios de sus políticas. Creemos que los de abajo tienen su propia visión de las cosas y nos identificamos con ella.

Promovemos entonces un régimen político distinto. Que parta de una premisa fundamental, la independencia y la soberanía nacionales.

En Colombia debe gobernar un partido o movimiento que se preocupe antes que nada por la suerte de sus habitantes, por elevar el nivel de vida de los más desfavorecidos.

Para hacer realidad eso, tal vez sea necesario chocar con los intereses de diversos monopolios económicos de aquí y el exterior. Pero las decisiones políticas fundamentales, y todas las demás, deben apuntar a satisfacer el interés de la mayoría de los colombianos.

Porque la política como tal, en este país y en la mayoría de las economías de mercado, ha perdido por completo su esencia. No se llega al poder para cumplir un determinado programa. Se llega para ejecutar las directrices emanadas de los grandes poderes internacionales.

Las economías y los planes de desarrollo nacionales y locales están condenados a cumplir con el libreto del FMI, el Banco Mundial y la OMC, entre otras instituciones. Cada país y provincia tienen ya su destino fijado en una cumbre previa. Ningún gobierno puede salirse del guión establecido.

Si alguno lo pretendiere, será inmediatamente tachado de antidemocrático y quedará expuesto a peligrosas sanciones. Definitivamente eso no puede ser admitido en verdad como democracia. El ejemplo más a mano lo tenemos en Colombia.

En la más reciente campaña presidencial los candidatos que quisieron contar con una mínima posibilidad de victoria, estuvieron obligados a declarar en sus propios estilos que continuarían con la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social. Esa era la única línea que se consideraba como democrática.

Ninguna otra posibilidad contaba con la más mínima esperanza. Si recuerda usted las últimas elecciones regionales y locales, el tan promocionado ex guerrillero que terminó elegido a la alcaldía de Bogotá,-

tuvo que romper con el movimiento de izquierda del que hacía parte, declarar sin pudor su disposición a vincularse al proyecto de Unidad Nacional del Presidente y hasta identificarse con el cadáver político de Álvaro Gómez.

Sólo con tan denigrante muestra de sujeción a los dictados del gran capital podía contar con su aquiescencia y por tanto terminar electo.

Como producto de eso, y no creo que usted se niegue a reconocerlo, el ejercicio de la política en los marcos institucionales de hoy, está vaciado por completo de contenido ideológico. Es que hasta la noción de ideología fue proscrita.

Las campañas electorales se reducen a estrategias de marketing en las que cuentan son los capitales invertidos en la orgía publicitaria. Capitales que tendrán que rendir sus beneficios desde las administraciones elegidas.

Aspiraciones personalistas ligadas a los más bajos propósitos y encubiertas por floridos discursos que no dicen nada.

Ante tamaña realidad, los de abajo, el pueblo raso del que los usos corrientes prohíben hablar, no cuenta con posibilidad legal de expresar sus intereses. Se lo pretende arrastrar dentro de partidos y grupos nepotistas y corruptos, que sólo le producirán enormes decepciones.

Por eso, para hacer valer sus derechos, la gente no tiene no tiene más alternativa que apelar a las calles, a las carreteras, a los paros y asonadas para lograr ser atendida.

Es ese estrecho marco, reforzado por la violencia represiva y criminal del Estado, el que explica la resistencia popular a la represión, y la existencia y persistencia del alzamiento armado en Colombia.

Al tiempo que imprime forma objetiva al contenido de una solución política. Esta no puede entenderse sino como un replanteamiento del orden existente.

No se trata de que guerrilleros arrepentidos y previamente desacreditados en extremo, entreguen las armas, se sometan al escarnio mediático y jurídico, para luego, con la espada pendiendo de un hilo sobre sus cabezas, ingresar al mercado de la política partidista a fin de hacer coro a las mentiras oficiales.

De lo que se trata es de reconstruir las reglas de la democracia para que se debatan ideas y programas en igualdad de oportunidades.

Sin el riesgo de ser asesinados al llegar a casa. O desaparecidos y torturados por una misteriosa mano negra que ya se anuncia que existe, como aquellas fuerzas oscuras que exterminaron a la Unión Patriótica bajo la mirada impasible de la clase política colombiana.

Es justo que se abra un debate público y libre sobre estos asuntos, que se pueda hablar de estos temas sin ser arrollados de inmediato por los monopolios informativos concertados. Porque hasta de eso se trata en una solución política, de cómo poner freno a la intolerancia del unanimismo mediático.

Un escepticismo fundado en la experiencia

Profesor, créame cuando le digo que admiro su coraje. Es imprescindible en cualquier sociedad la actividad de la gente que adversa con altura. Tal vez no estemos de acuerdo con todo lo que plantea, pero reconocemos su honestidad y nos inspira respeto.

Verá, nuestro análisis de la sociedad colombiana no puede restringirse al examen de las individualidades. Usted mejor que nadie sabe que un enfoque científico, implica el reconocimiento de que los intereses de las clases inmersas en el proceso histórico, tienen mayor relevancia que la actuación de los personajes.

Varios de nuestros contradictores, desde espectros distintos, critican lo que llaman nuestra ceguera ante las positivas señales planteadas por Santos desde su llegada misma al gobierno.

Que su reconciliación con Chávez y Correa, que su concertación con las cortes, que haber incorporado a Angelino, que sus guiños a la oposición, que su disposición a los derechos humanos, que su ley de víctimas y de restitución de tierras, que su voluntad de paz.

Se empeñan en convencernos de que sumarse a Santos refuerza la lucha contra la extrema derecha fascista que representa Uribe, y enrumba el país por la senda de las reformas democráticas. Están confundidos cuando menos.

Santos no se distanció un milímetro de los intereses de las grandes corporaciones transnacionales que patrocinó la confianza inversionista de Uribe.

Lo que nos muestran sus locomotoras es la extrema radicalización de las prácticas neoliberales, la aceleración incontrolada de la deuda externa, la más desvergonzada entrega de nuestras riquezas naturales, el arrasamiento ambiental en beneficio de los monopolios, la prelación por la agroindustria exportadora en perjuicio de la economía campesina.

Las distancias políticas que separan a Uribe de Santos no son muy distintas a las que separan a Bush de Obama o a Mariano Rajoy de Zapatero.

Todo eso a la par con la profundización de la guerra, los bombardeos y la multiplicación de operaciones militares en las zonas agrarias, las capturas masivas silenciadas por la prensa en distintas regiones del país,-

el asesinato de dirigentes sindicales y populares, particularmente de reclamantes de tierras, su ley de seguridad contra la protesta ciudadana, sus programas de multiplicación carcelaria, etcétera.

Su proyecto de reforma a la justicia resultó chocando de frente con las cortes y en cambio resucitó la justicia penal militar para reforzar aún más la impunidad.

Y ya sabemos cómo, sólo mediante una gigantesca movilización estudiantil, se logró frenar su proyecto de privatización de la educación universitaria.

Quizás lo que está influyendo a distintas oenegés para salir en su defensa, son la fronda burocrática y los acuerdos de asesoría y asistencia, es decir los contratos implicados en la reglamentación de la ley de víctimas y restitución de tierras, para los cuales se hace ostentación de multimillonarios presupuestos que, seguramente, inspiran los buenos sentimientos de muchos sectores.

Por la plata baila el perro dice el viejo refrán colombiano, del cual nos sentimos sincera y radicalmente distanciados.

Usted insiste en que expresemos una opinión ampliada sobre esta ley. Para ser sincero, las expectativas que nos despierta se parecen mucho a las que nos inspiró la aprobación de la ley de justicia y paz con la que se pretendió embrollar el problema paramilitar y reparar en primera instancia a las víctimas.

Astutas maniobras para neutralizar la opinión internacional y cooptar opositores. Sus posteriores desarrollos, ampliamente conocidos, hablan por sí solos de sus falsas bondades.

Los mismos personajes que asumieron la Comisión de Reparación vuelven a aparecer encabezando esta nueva aventura, lo cual resulta de por sí bastante diciente.

Sectores serios de la izquierda, en diversas publicaciones, han señalado ya repetidamente sus reparos, a los cuales sin dudar nos sumamos. Sería muy largo explayarnos aquí.

Pero no sobra advertir que son los intereses de las multinacionales y grandes capitales locales, los que exigen una normalización o legalización de las tierras en las que adelantan o piensan adelantar sus proyectos de inversión agroindustrial.

La urgencia de reglas claras apunta a preferir el derecho de terceros ocupantes de buena fe, con los que los modestos despojados tendrán que pactar sus cuotas de participación, perdiendo para siempre la posesión de su tierra y su proyecto de vida.

El derecho de las víctimas a retornar a su lugar de origen o reubicarse en otro, se consagra sujeto extrañamente a los marcos de la política de seguridad nacional, lo cual debía resultarles preocupante.

Llama la atención que la exclusión del derecho a las víctimas del despojo anteriores a 1991, deja por fuera de plano a los campesinos desterrados en el Magdalena Medio durante la embestida paramilitar de los ochenta.

Curiosamente esa región comprende las mejores tierras del país para el cultivo de la palma. Y una mención de Perogrullo, una cosa son los términos judiciales previstos en la ley y otra los reales que consumen los largos contenciosos ante los jueces.

Con relación a los sectores extremistas del latifundio, el paramilitarismo y mismo empresariado que se oponen a la aplicación de tal ley, cabe tener presente que si no representan una mayoría significativa en el entorno de los intereses involucrados en la normalización del derecho de propiedad, terminarán aislados. No podrán impedir la realización de los urgentes requerimientos del gran capital.

Será éste el encargado de delimitar con el tiempo el verdadero alcance de la norma, y no serán los derechos de los desplazados los que terminarán imponiéndose.

A menos que ocurra un cambio radical en este país, el cual no va a provenir, estamos seguros, del que algunos juzgan buen corazón de Santos.

Si por desgracia, fueran esos sectores radicales los que cuentan con el mayor peso, nuestro país va a verse abocado a una nueva y terrible ola criminal de masacres, asesinatos y destierros, los cuales solo vendrían a demostrar que Santos no fue más que la vana ilusión de algunos, en el sentido de representar sectores sociales distintos a las mafias y el lumpen que defendió su antecesor.

Resulta así sospechosa la proclamada intención gubernamental de profundizar la guerra total contra nosotros antes que contra aquellos.

Mal puede salirse a proclamar la necesidad de respaldar al actual gobierno. Antes bien, creemos que adquiere una urgencia acuciante denunciar sus demagógicas promesas y sobre todo su actuación completamente contraria a ellas.

Un poco de historia

La extensión de los temas implicados en su carta riñe con las circunstancias y el tiempo que nos permite la confrontación. El rigor académico exigiría en realidad que los argumentos en los que cifra usted ciertas afirmaciones acerca del pasado histórico, fueran expuestos con mayor lógica y amplitud, para poder sopesarlos en su justo valor.

De alguna manera la naturaleza de su escrito lo impide, lo cual puede terminar por conducirnos a un vano enfrentamiento de supuestos inadecuadamente fundamentados. Sin embargo, me permito señalar algunos hechos que creo podrían enriquecer aun más sus apreciaciones.

Sin desmedro de la importancia que merece el estudio del paro cívico nacional de 1977, creo que el referente básico para la comprensión de los desarrollos posteriores de la historia colombiana no deja de ser el 9 de abril de 1948.

De allí surgió la certeza de que cualquier alternativa política democrática, progresista, antiimperialista y popular estaba sentenciada a muerte por los sectores económicos y políticos dominantes en nuestro país.

La convicción de que un levantamiento general de las multitudes inconformes estaba condenado al fracaso si no contaba con una dirección seria, madura, experimentada y consecuente. La legitimación del derecho del pueblo a alzarse en armas cuando la violencia oficial y privada se ensañara contra él.

También la inolvidable lección de que por más contradicciones que puedan existir al interior de las clases dominantes del país, estas terminan por unirse en un frente único y brutal cuando quiera que juzgan que el populacho se creció envalentonado a reclamar sus derechos.

La pusilánime y ofídica actitud de la dirección liberal reunida con Ospina Pérez en palacio, ocupará siempre la memoria popular cuando se trate de graficar la traición contra toda una nación enardecida.

Pero por sobre todo un aspecto de la historia nacional que usted apenas referencia para de alguna manera ponerlo en contra nuestra, la perversa intervención de los Estados Unidos.

Casi a la manera de un faro gigantesco que con su haz de luz rompe las tinieblas para conducir a buen puerto una embarcación en medio de la noche oscura, la correcta interpretación del papel desempeñado por la IX Conferencia Panamericana en el asesinato de Gaitán,-

y el señalamiento posterior contra el Partido Comunista como autor de ese hecho, ponen de manifiesto el trágico destino de nuestro país bajo la égida de la Doctrina de Seguridad Nacional adoptada tras la segunda guerra mundial por el Estado norteamericano.

La teoría del enemigo interno que se encargarían de inculcar a todas las fuerzas armadas del continente dejaría una huella infame.

Son demasiadas cosas juntas como para menospreciar la trascendencia del acontecimiento. Es claro que con él se prefigura la suerte actual de Colombia. Hasta en algunos detalles sorprendentes, como que el primer designado a la Presidencia llevaba el apellido Santos. La misma sangre azul de los que pasan y vuelven a dirigir el país.

Había también un Lleras, del mismo pedigrí del ministro del interior actual. Y así, de prisa, valdría la pena recordar que el afán del fanático falangista Laureano por una salida militar a la crisis, terminó por servir a Ospina para convencer a al liberalismo de la conveniencia de una arreglo amigable.

Un nuevo episodio de la rivalidad entre esas dos familias conservadoras tuvo lugar durante el paro del 14 de septiembre.

El llamado ospino-pastranismo, resentido contra la tenaza Álvaro-Lopista que lo excluía de la burocracia, optó por sumarse a la convocatoria de paro, aupando a la UTC a salir a la calle a sumarse a los 3 millones de arrepentidos que habían votado en el 74 por Alfonso López.

Era su pequeño desquite por el 9 de abril. Cuando la protesta social se desbordó incontenible, los godos echaron atrás, interesados apenas como estaban en puestos y contratos.

Son antecedentes que se olvidan a la hora de estimar la sinceridad de la voluntad de paz de Andrés Pastrana, hijo de Misael, cuando decidió jugarse un diálogo en el Caguán.

Eso de la intervención norteamericana se convirtió en una atrocidad mundial en los años sesenta del siglo pasado. El pavor al imaginario despliegue soviético y a otra Cuba, en medio del renacer independentista de África y Asia, sofisticó la Doctrina de Seguridad Nacional a la modalidad de la contrainsurgencia aprobada por John F. Kennedy.

De ella provendrían el escalamiento de la agresión a Vietnam, la matanza de medio millón de indonesios en nombre del anticomunismo, el golpe militar contra Juan Bosh y la intervención militar en República Dominicana, el golpe en Brasil contra el gobierno de Joao Goulart.

Y el Plan LASO que involucraría a la región agraria de Marquetalia primero, y luego a Riochiquito y otras zonas del país.

Mal puede entonces compararse la naturaleza de los conflictos agrarios en el Sumapaz o el Tequendama, en defensa de la vida y de la propiedad de la tierra contra la voracidad latifundista, con la campaña terrorista anticomunista desplegada por el imperialismo en todo el orbe y aprovechada por la oligarquía liberal conservadora para eliminar la oposición a su Frente Nacional.

Los intereses en juego eran completamente distintos. Cuando los campesinos marquetalianos se dirigieron al país y al mundo entero, pidiendo solidaridad para evitar ser agredidos como se tramaba, ofrecieron en cambio un diálogo que fue rechazado de plano y se trocó por bombas y metralla. De allí brotaría el histórico Programa Agrario que definió el carácter de su lucha.

Se trataba de una lucha de índole política, por el poder para el pueblo. Ni en ese Programa Agrario, ni en ningún documento posterior de las FARC hasta la fecha de hoy, se ha planteado jamás que como organización político militar nuestra meta sea la toma del poder tras derrotar en una guerra de posiciones al Ejército colombiano, como se repite una y otra vez por todos aquellos que insisten en señalarnos la imposibilidad de ese objetivo.

Desde nuestro nacimiento las FARC hemos concebido el acceso al poder como una cuestión de multitudes en agitación y movimiento. Así como con la táctica de la combinación de las formas de lucha definimos que no desdeñamos ninguna de las vías que las clases dominantes nos permitan u obliguen a emplear.

Desde luego que esa es otra discusión que desborda el tema de que nos ocupamos. Déjeme decirle en cambio, Profesor, que cuando se estudian fenómenos complejos, hay que tener los dos ojos abiertos, para no incurrir en el error de mirar un solo aspecto.

Si la desmovilización de las guerrillas liberales y comunistas que se sucedió en el país en el año 1953 no condujo a la paz definitiva, a quienes menos puede imputárseles la responsabilidad es a los comunistas.

Los movimientos de autodefensa del sur del Tolima se trasladaron al oriente de ese departamento, a Villarrica y sus alrededores, ilusionados con las promesas oficiales y dispuestos a convertirse en pacífico movimiento agrario.

De allá los sacarían a la brava los planes militares de la dictadura de Rojas Pinilla, en uno de los dramas humanos más terribles y conmovedores de la historia colombiana.

La guerra de Villarrica aparece en crónicas de la época, como crudo testimonio del trato que confieren los dueños del poder en Colombia a quienes confían ingenuamente en sus palabras.

De esa auténtica diáspora terminarían surgiendo las colonias agrarias del Ariari, Guayabero, Duda, perseguidas igualmente con saña en años posteriores.

El pequeño foco campesino dirigido por Jacobo Prías Alape y Manuel Marulanda Vélez, que optó por penetrar a las profundidades de la montaña y fundar la región de Marquetalia, sería atacado una década después, tachado de república independiente.

Usted reconoce no ser un experto en las FARC. Al parecer hay especialidades académicas sobre nosotros. Que sepamos, ninguno ha llegado acá nunca a entrevistarnos. Es lo menos que podría esperarse de quienes escriben libros o dictan conferencias sobre nuestra lucha.

Cosas de la ciencia social posmodernista. La desconfianza al discurso del poder no es cuestión gratuita. Ya le hablaba de Villarrica. Está también lo sucedido con Guadalupe Salcedo y otros jefes guerrilleros desmovilizados. Carlos Pizarro.

¿Usted de veras cree que tiene alguna presentación decir que el genocidio contra la Unión Patriótica hubiera sido evitado por la reacción ética de fuerzas considerables de opinión surgidas como reacción del abandono de las armas por nosotros?

El exterminio de la Unión Patriótica se halla enmarcado dentro de la estrategia del denominado conflicto de baja intensidad, una versión más avanzada de la Doctrina de Seguridad Nacional.

La UP era uno de esos partidos antidemocráticos que según el documento de Santafé debía ser neutralizado por promocionar el estatismo.

Si usted hace memoria, tal vez recuerde que no sólo se persiguió de manera implacable a la Unión Patriótica, sino que con ella perecieron también los más destacados defensores de los derechos humanos, los dirigentes sindicales, campesinos y populares más comprometidos en el conflicto con las recién aparecidas políticas neoliberales.

Más tarde no sólo se asesinó a los líderes sino que fue emprendida una diabólica operación de exterminio generalizado, desplazamientos y terror.

Usted dice bien, todo ello producto de una impúdica alianza entre sectores de las Fuerzas Armadas, mafias del narcotráfico, gamonales políticos y paramilitares. Pero soslaya que aquello se constituyó en una verdadera política de Estado, auspiciada y consentida desde el Pentágono.

Excluya los muertos de la Unión Patriótica, caídos, según usted, por obra de nuestra utópica y catastrófica decisión de sentarnos en dos sillas. ¿Cuántos suman? ¿5.000? Resultan en realidad un porcentaje mínimo en el espantoso holocausto en que las clases dominantes sometieron a nuestro país en las últimas tres décadas.

¿Fueron dique de contención de semejante avalancha de sangre las fuerzas políticas y corporativas que hubieran actuado por obra de nuestra desmovilización?

Profesor, lo que ha sufrido nuestro país durante décadas es la siniestra práctica fascista de seguridad nacional con traje de democracia. Esa no cambia porque el Presidente haya sido Valencia, Belisario (¿Recuerda el Palacio de Justicia?), Gaviria, Samper, Uribe o Santos.

Mientras los colombianos en conjunto no tomemos la decisión real de apelar a todas nuestras reservas políticas, sociales, culturales y éticas a fin de desterrar de los cánones constitucionales y legales esa perversa concepción de Estado,

que encarnan en primer término las fuerzas militares y de policía, el fin del conflicto y la paz permanecerán muy distantes. En ese contexto, la voluntad de paz adquiere visos complejos, que superan de lejos la decisión unilateral de entregar armas.

Unas precisiones necesarias

Al igual que sucede con el desconocimiento de la situación que soportan en las cárceles del país una considerable proporción de colombianos encerrados por cuenta de su pertenencia a las FARC, al lado de los cuales una porción notablemente mayor de compatriotas paga entre rejas su vocación por la lucha social y política,-

da la impresión de que para mucha gente en nuestro país los guerrilleros heridos o muertos en combate no existieran, o al menos se tratara de unos seres humanos inferiores cuya deleznable vida puede ser truncada sin que le importe a ninguno.

Pero no es así en verdad, Profesor. Dentro de las miles y miles de víctimas del fascismo en nuestro país, hay que incluir también a las valerosas mujeres y hombres que entregaron su vida o su integridad física combatiéndolo.

Y un razonamiento elemental conduce a hacerlo. Se trata de colombianas y colombianos que comprendieron la necesidad de luchar por un país mejor, y asumieron esa tarea conscientes de los enormes riesgos que les deparaba.

El alzamiento armado está reconocido como la forma más elevada de la lucha política, es decir que hace parte del aluvión de formas de actividad que persiguen el objetivo del poder para el pueblo. No es ajeno a este, y es más, no podría existir si no contara con una enorme base popular de apoyo.

Puede parecer ingenioso y hasta despertar aplausos, pero no resulta convincente trazar una frontera que separe a la guerrilla de la lucha popular, ni reclamarle de manera independiente cuáles puede contar como suyos entre los éxitos conseguidos a favor de las masas oprimidas.

Las luchas de todos los de abajo conforman un frente y sus conquistas o reflujos benefician o aplazan el acercamiento al objetivo general de redención social. Desde luego que examinar las cosas así se corresponde a la óptica de clase de los explotados.

Otras visiones, animadas muchas veces por la idea de una neutralidad inexistente, en realidad hacen parte y sirven a los intereses de los de arriba, a la burlona sonrisa de los sectores dominantes.

La lucha popular en su conjunto ha conseguido muchas cosas y la sola pregunta, cuando menos, destila cierto veneno, bien sea de naturaleza nihilista o francamente burgués.

De la lucha armada de veinte años que precedió los Acuerdos de La Uribe, se derivarían para el país efectos verdaderamente modernizantes que implicaron importantes avances.

Desde luego que unidos a los clamores y reclamos de muchos otros sectores, ya lo decía atrás. No se trata de metas acabadas, sino especies de postas para el posterior relevo que lleve las cosas más adelante.

¿A quién en Colombia le parece tolerable hoy que el Presidente de la República designe uno a uno los gobernadores y estos luego uno a uno a los alcaldes? ¿Acaso no fueron los tiros y las resonantes denuncias de las guerrillas colombianas las que pusieron en el centro del debate nacional el tema de los derechos humanos?

Después se tejería toda una leyenda en torno a la idea de la séptima papeleta que supuestamente sirvió de origen a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿No fue un clamor mil veces repetido al país por Jacobo Arenas, la necesidad de realizar una Constituyente que relevara la vieja constitución del 86?

Debe sonarles a bofetada en el rostro a los militares colombianos, y más ahora que se aprestan a que el Congreso santista les reviva su fuero militar, el que las FARC afirmemos que a punta de denuncias y tiros también,-

desempeñamos un rol determinante en la concepción restrictiva que terminó imponiéndose en nuestro país sobre esa jurisdicción especial patrocinadora de escandalosa impunidad.

Plinio Apuleyo Mendoza o José Obdulio Gaviria viven amargados, restregándoles a los demás colombianos cómo permiten que la guerrilla se cuele en todas partes. No es la guerrilla, señores trogloditas, son los avances democráticos de la lucha popular.

¿Y el estado de sitio? ¿Y el arrinconamiento del paramilitarismo fascista? ¿Será cierto de verdad que las armas en manos del pueblo no jugaron un papel considerable en ello? La lista que podría ir completándose es muy larga, Profesor.

Incluso podría convertirse en un importante tema de estudio en foros universitarios. Nuevamente el tiempo y el espacio me impiden extenderme más.

Además de que al hacerlo, de buena fe y sin intención de perjudicar a nadie, podría acrecentar el disgusto de personajes y sectores supremamente peligrosos para la salud de los heroicos compatriotas que, en distintos momentos y lugares, han levantado tan dignas banderas.

Hasta cierta etapa de la lucha armada, anterior a la generalización de la táctica estatal de combatirnos con la fórmula de secarle el agua al pez, nuestra presencia y combatividad en muchas regiones del país, dio origen a que en las alturas del Estado se enteraran de la existencia de esas gentes y la suma de adversidades que pasaban.

El afán de aislarlas de nosotros, condujo por una especie de carambola, a que así se tratara de trochas llegaran a muchos pueblos y veredas, vías por las cuales circulara un carro de línea, escuelas donde los niños pudieran educarse, puestos de salud en donde al menos una promotora les suministrara una elemental asistencia.

Hasta la consolidación actual que pregonan practicar en catorce zonas del país las fuerzas militares, ha implicado la atención de algunas de las necesidades angustiosas de la gente.

Mal haríamos nosotros en sobreestimar este aspecto sobre los desplazamientos, los encarcelamientos masivos, las persecuciones, los crímenes y el terror generalizado que impone la ocupación militar de extensas áreas, así como el repoblamiento de las mismas con gentes de su fiar.

La asistencia social de programas como Familias en Acción, que hace parte de todo lo anterior, no deja de tener el sabor amargo de que jamás habría surgido si la guerrilla no hubiera puesto antes un pie allí. Esto suena indignante, pero no deja de ser útil para dimensionar la mezquindad de los planes oficiales.

En su reciente viaje a Londres, Santos se convirtió en presa de caza de los medios por haberse atrevido a hablar de despenalizar las drogas.

En el Pleno de Estado Mayor Central del año 2000, en pleno proceso del Caguán, de manera oficial, las FARC planteamos al pueblo norteamericano, a su Congreso y al gobierno de los Estados Unidos la legalización de las drogas.

Y los campesinos de este país llevan décadas hablando del asunto en distintos espacios. Si tal eventualidad llegara a producirse un día, la historiografía oficial se encargaría de ensalzar al actual Presidente como el artífice de tan trascendental medida.

No sería la primera vez en la que las clases dominantes colombianas se apropian de viejos anhelos populares para presentarlos como suyos y negar de paso la actuación de los desposeídos en la historia.

La voluntad sincera de paz

Hablando del Caguán, lo invito Profesor a realizar un desprevenido estudio histórico de los Acuerdos que posibilitaron la zona de despeje y los diálogos cumplidos allí.

A la luz de las reglas pactadas con Pastrana, haciendo caso omiso de las malintencionadas campañas de prensa, no puede encontrarse un solo hecho de parte nuestra que signifique una violación a las mismas.

Fue el Estado quien hizo valer su tesis de dialogar en medio del conflicto, lo cual quería decir que por fuera de la zona de despeje la guerra continuaría con toda su crudeza.

La propia Defensoría del Pueblo se encargó de declarar que las supuestas pistas que mostró Pastrana en fotografía para justificar el fin de la zona, eran en realidad antiguas carreteras.

Pero la embestida mediática adquirió tal dimensión en contra nuestra, que Osama Bin Laden o Hussein resultaban ángeles comparados con nosotros.

Lo que jamás ningún analista objetivo se ha detenido a examinar, es la actitud del gobierno, que en la Mesa hablaba un lenguaje y por fuera de ella el contrario. Uno de los Acuerdos fundamentales a que llegamos se llamó la Agenda Común por el Cambio para una Nueva Colombia, la relación precisa de los temas que ocuparían la discusión en la Mesa de Diálogos:

El contenido de los acuerdos de paz, la doctrina militar, las reformas democráticas al sistema político, el modelo de desarrollo económico, el régimen tributario, el empleo y la atención social, la tierra, la política de explotación de los recursos naturales, las relaciones internacionales y el tratamiento social al problema del narcotráfico.

En tres años de conversaciones, el gobierno se dio maña para que ni siquiera uno de esos puntos fuera abordado en los diálogos.

En medio centenar de audiencias públicas a las que concurrieron más de 30.000 colombianos con sus propuestas sobre los temas específicos de las convocatorias, y en un sin número de formales Mesas Redondas con sectores de la producción y la academia, fueron debatidos temas de trascendencia para la vida y el futuro del país.

Se suponía que la Mesa de Diálogos se encargaría del examen de lo concluido en todos esos eventos. En eso consistía el proceso, de conformidad con las reglas pactadas. Ni una sola vez, absolutamente ni una, el gobierno posibilitó dar paso en el orden del día de las reuniones a ese asunto.

Contrariamente a lo que se comprometía en la Mesa, públicamente declaraba todo el tiempo que temas como el Plan Colombia, los acuerdos de ajuste con el FMI, el Plan Nacional de Desarrollo, las reformas constitucionales tipo régimen de transferencias, o legales como el nuevo código minero no hacían parte de ningún tipo de debate con la guerrilla.

O sea que borraba con el codo los compromisos firmados con Manuel Marulanda Vélez, difundidos ampliamente por la prensa nacional. Y sin embargo, nadie hablaba de ello.

Era como si no estuviera pasando. Lo que se revelaba todos los días al país era que las FARC no tenían la menor voluntad de paz, que en cada respiración estaban violando los acuerdos.

De ese modo quedaba patente la verdadera intención oficial, lo único que nos reservaba era el derecho a la rendición sin condiciones. El gobierno era consciente de que si no lo lograba, al menos ganaba el tiempo que necesitaba para readecuar a las fuerzas armadas para la guerra de exterminio.

Ningún estudioso del tema puede dejar pasar por alto el inmenso significado de lo expresado por el Comisionado de Paz de entonces, Víctor G. Ricardo, al periodista Hollman Morris, en su documental sobre el encuentro EL DIÁLOGO ES LA RUTA celebrado en Barranca en agosto pasado:

si las FARC en ese momento hubiesen sabido que el Estado no contaba con qué comprar un cartucho, no se hubiera sentado a dialogar en el Caguán.

Era el Establecimiento quien se burlaba abiertamente no sólo de nosotros sino de la comunidad nacional e internacional que acompañaba el proceso. La gran prensa desempeñaba con lujo de detalles su nefasto papel en esa conspiración contra Colombia.

De lo que se trataba en realidad era de aniquilar de una vez y para siempre la oposición a la radicalización de las políticas neoliberales impuestas por la banca trasnacional y aceptadas de buen grado por la oligarquía gobernante.

Basta con observar quiénes integraban el equipo de gobierno de Pastrana y quiénes lo integran hoy. Es el mismo grupo de tecnócratas formados y devotos por la Escuela de Chicago, cuyas realizaciones hacen hoy aguas en todo el mundo.

Es por eso que no se encuentran diferencias de fondo entre lo que se nos exigía por debajo de la mesa una década atrás y lo que se nos conmina a hacer hoy día con la famosa llave oculta de Santos. Hace diez años, además, se hallaba en esplendor el dominio abierto de los llamados halcones en el gobierno norteamericano.

La reconocida alianza entre el poderío militar de ese país y las grandes corporaciones industriales y financieras, que suele agruparse en la denominación complejo militar industrial del Pentágono, abría sus fauces guerreristas ansiosas de más negocios por cuenta de la guerra en cuanto rincón de la tierra le fuera posible.

Vale la pena indagar cómo se contabilizan aquí los centenares, los miles de millones de dólares de la ayuda norteamericana a la guerra. ¿Harán parte del superávit en la balanza de pagos?

¿Influirán en la cifra de crecimiento de la inversión extranjera? ¿Se reflejan en el avance del PIB? Lo que estudiosos muy serios sostienen es que tan grande avalancha de recursos provenientes de los impuestos pagados por los ciudadanos de los Estados Unidos, constituye en realidad un escandaloso chorro de subsidios a las grandes empresas ligadas al sector bélico.

Los dineros nunca entran a Colombia, sino que con ellos se pagan todas las armas e implementos que fabrican esos pulpos empresariales y que se trasladan aquí con el benévolo nombre de ayuda.

Ellos más que ninguno, animados por su satánica idea de guerra contra el terrorismo, presionaban la escalada del conflicto colombiano. La guerra total contra las guerrillas, en la concepción de seguridad nacional,-

serviría a la vez para golpear indistintamente al movimiento social y popular que se enfrentaba decidido a las medidas neoliberales de privatización, flexibilización laboral y libre comercio.

Todas ellas, como tenemos cada día más claro, nos condenan cada vez más al saqueo descarado de nuestros recursos naturales, a la eterna soga al cuello del crecimiento de la deuda,-

y sobre todo al recorte acelerado de los servicios públicos y derechos conquistados por los trabajadores en tiempos pasados, sin posibilidad de marchar hacia adelante.

¿No es que ya anuncian un nuevo régimen de jubilaciones que alarga aún más la edad para tener derecho a una pensión? Como ve, Profesor, eso que usted y muchos colombianos percibieron como el síndrome del Caguán,-

y que los llevó en un arrebato emocional a inclinarse hacia la extrema derecha que representaba Uribe, no pasa de ser una fábula, si se la examina de modo objetivo, ligándola a los demás aspectos de la realidad.

Señalarnos más encima con el dedo índice a nosotros como directos responsables de ella, sobre todo desde la respetable posición de intelectualidad pensante, resulta un despropósito tan bien elaborado, que haría merecedor del galardón de oro a los publicistas y propagandistas de la globalización neoliberal.

Voy a decirle algo que a mucha gente le podrá parecer inadmisible. Si el ganador de las elecciones del año 2002 en Colombia hubiera sido Horacio Serpa, hubiera sido él el encargado de desarrollar con leves diferencias de matiz el Plan Colombia, el Patriota y la consolidación.

Hubiera sido él quien firmara el TLC con los Estados Unidos y quien recorriera el mundo afanado por más acuerdos de libre comercio, del mismo modo como le señalaba con relación a quienes miran en Santos un campeón de la democracia.

Nuestros Estados se hallan condenados a desempeñar un rol subordinado en el entorno de los intereses del gran capital trasnacional.

Es por eso que retoma toda su urgencia la recuperación de la soberanía e independencia nacionales, así como la necesidad de la integración latinoamericana que nos permita enfrentar con éxito al monstruo.

Una ligera mirada al entorno

No creo que merezca debate su apreciación de lo que sucede en el entorno latinoamericano. Es justa y acertada. Apenas podría agregarle una mención. Es la que se refiere a los dos modelos de izquierda que se implementan en nuestro continente.

Uno, el del Brasil, decididamente inclinado a la asistencia social, mientras en todo lo demás se ciñe a la cartilla dictada por los poderes internacionales del capital, y el otro, el de Cuba y Venezuela, que apuntan a construir un modelo socialista acorde con sus realidades nacionales, pero completamente autónomo en materia de políticas económicas.

Usted sabe que Lula obtuvo incluso el título de personaje mundial del año en el 2010, mientras los Castro y Chávez reciben el trato de demonios en los círculos dominantes.

Fidel y Chávez son considerados los peores dictadores internacionales por las agencias de prensa norteamericanas y europeas.

En Colombia, en el entorno de las clases dominantes y los grandes medios de comunicación, el proceso revolucionario venezolano es visto con la misma saña y repudio con que lo mira la catorce veces continuas derrotada oposición de ese país.

La imperiosa necesidad económica impuso el acuerdo de Santos con Chávez, por el que el primero se comprometió a respetar lo que hacía el segundo en su país. Pero todos los colombianos sabemos lo que en realidad piensan Santos y su corte.

Todos, al unísono, se unieron al coro de felicidad por el golpe del 11 de abril de 2002. La actitud sigue siendo la misma. No nos engañemos.

Aquí tenemos un ejemplo contundente de lo que significan las políticas neoliberales que no admiten Cuba y Venezuela. Se encuentra en la Guajira y se llama el Cerrejón.

Hace casi tres décadas que se anunciaba la milagrosa redención que operaría la mina más grande de carbón a cielo abierto del mundo. La realidad dice más que las palabras. Los miles y miles de millones de dólares se fueron para otra parte.

¿Y los Wayú? ¿Y el acueducto de Riohacha? ¿Y la miseria galopante en la región? Hasta tuvimos en un comienzo una empresa minera carbonífera asociada con la transnacional. Se la tragaron también. El cuento de las locomotoras de Santos es más de lo mismo. Sería bueno indagarle sobre su inclinación por la guerra total en lugar de la paz.

El eterno sambenito

No lo culpo a usted. Nos han hecho mucho daño con eso. Resulta más cómodo estigmatizarnos así y echar bombas encima de nosotros, que dejar que hablemos y expongamos en igualdad de condiciones nuestro pensamiento y nuestra propuesta de país.

Es su ventaja competitiva, al decir de ellos. El apoyo de los medios imperiales y locales para construir cuanto quieran. La cooptación de la inteligencia. La cárcel y la tumba para quienes sostengan lo contrario.

Me ratifico sin vacilaciones en lo expresado por el Camarada Alfonso Cano en relación a nosotros y el narcotráfico. Sin ínfulas de prestidigitador. Voy a añadirle tan solo una cosa, dada su cortesía al escribirnos. Me imagino los adjetivos que me acarreará esto.

Si hay un oficio ingrato y malquerido es ser agente del fisco. Crear un impuesto que grave a los compradores de pasta de coca significa cobrarlo. Sucede que quien envía sus emisarios a buscar la mercancía, palabra de uso en su jerga, es la mafia crecida a la sombra del Establecimiento.

Se trata de personas que han adoptado una decisión en la vida, hacer la mayor cantidad de dinero, en el menor tiempo posible, al precio que sea. Para pasarla tan bien como los capitalistas esos que ven en el cine y la televisión.

A quienes también les salvan capitales en tiempos de crisis económica. Tratar con gente así no es fácil. Sus emisarios siempre tendrán el oculto propósito de burlarnos. Con esa intención inventan todo tipo de artimañas. No quedaba otro remedio que salirles al paso con algunas medidas, como fijar sitios exclusivos de venta, entre otras.

Sobre gestiones de ese tipo es que nuestros enemigos han edificado la leyenda. En realidad nosotros cobrábamos un derecho a las mafias por entrar a comerciar en las áreas de nuestra influencia.

Ese tipo de relación, que no es precisamente de buenos amigos, nos convierte en demonios. A otros, relacionados con propósitos mucho más reprochables, les va mejor en su carrera económica, política o militar.

El gobierno de los Estados Unidos sí que sabe hacerlo, como se vio en el famoso escándalo Irán-Contras. El problema con nosotros tiene motivaciones muy distintas.

La siembra y la recolección de la hoja de coca obedecen a situaciones suficientemente explicadas en este país. Lo demás es carreta, como dijo Alfonso.

Antes de despedirme de usted, quisiera expresarle mis agradecimientos. Aunque con muchas interrupciones, el esfuerzo por responder de algún modo sus agudas inquietudes, que honradamente espero no vaya a terminar de algún modo en una afrenta, me ha resultado inmensamente placentero.

En medio de nuestras diferencias, que no creo sean tantas como pudiera pensarse a primera vista, me veo obligado a reconocer en usted a un hombre francamente preocupado por la realidad y el futuro de nuestro país,-

a un colombiano hastiado de la violencia que hace enormes esfuerzos por contribuir a que se abran las puertas del diálogo y la salida civilizada al conflicto. Ese solo hecho lo hace acreedor a nuestro fraterno abrazo,

Cordialmente,

Timoleón Jiménez

Comandante Estado Mayor Central de las FARC-EP

Montañas de Colombia, diciembre de 2011.

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2012-01-12T17:52:00.000-05:00

Parauribismo/
La desaparición forzada de 43 campesinos en Publo Bello, Antioquia

Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso de la masacre de Pueblo Bello vs Colombia, 31 de enero de 2006

La búsqueda de los cuerpos de los 43 campesinos desaparecidos en 1990 ha sido la motivación principal de sus familiares para mantenerse unidos en un proceso que comenzó, ante las autoridades civiles y militares de la región, al día siguiente de la desaparición.

Debido a la impunidad y falta de justicia en Colombia, los familiares acudieron al Sistema Interamericano en busca de mecanismos efectivos que posibilitaran la verdad, la justicia y la reparación que no hallaban en el país.

Cronología del proceso ante el Sistema Interamericano

14 de enero de 1990.

Grupos liderados por Fidel Castaño, con aquiescencia de agentes del Estado desaparecieron forzadamente a 43 campesinos en el corregimiento de Pueblo Bello, municipio de Turbo en el departamento de Antioquia.

Estos hechos, que fueron presentados como un acto de justicia privada a manos de los grupos paramilitares, por su magnitud y por el temor que sembró en la población civil determinaron la consolidación del control paramilitar en esa zona del país, e ilustran las consecuencias de las omisiones y colaboración de agentes del Estado con grupos paramilitares en Colombia, así como su impunidad.

5 de mayo de 1997

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional -CEJIL- denunciaron los hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

28 de mayo de 1997

La Comisión Interamericana acumula la denuncia de la CCJ, ASFADDES y CEJIL con otras denuncias recibidas anteriormente (Señora Christa Schneider, 12 de febrero de 1990; y otros, diciembre 6 de 1990).

8 de octubre de 2003,

Durante su 118º periodo ordinario de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo recomendaciones a favor de las víctimas y sus familias.

4 de marzo de 2004

Los peticionarios presentaron un escrito en el que solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, en el supuesto de que el Estado no cumpliera con las recomendaciones formuladas en su informe, sometiera el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

23 de marzo de 2004

La Comisión somete ante la Corte la demanda contra el Estado de Colombia (7 años después de ingresar a la Comisión)

31 de enero 2006.

La Corte Interamericana profiere Sentencia en la que determina que el Estado violó los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal de las 43 personas desaparecidas; y el derecho a la integridad personal, los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de los familiares de las víctimas. Así mismo, la Corte ordena al Estado reparar a los familiares de las víctimas.

Medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana y su cumplimiento

Como se aprecia en el cuadro siguiente, de las siete medidas dispuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reparar a los familiares de las víctimas, el Estado ha cumplido dos y ha cumplido parcialmente con otra. Los familiares de los 43 campesinos desaparecidos confían en que el Estado cumpla de manera efectiva y en el menor tiempo posible con las demás disposiciones.

	Lo que ordenó la Sentencia en 2006	Cumplimiento del Estado
1	Realizar inmediatamente las debidas diligencias para activar y completar eficazmente, en un plazo razonable, la investigación para determinar la responsabilidad de la totalidad de quienes participaron en la masacre.	En proceso ante la Fiscalía General de la Nación, Unidad de Derechos Humanos y DIH
2	Adoptar inmediatamente las medidas pertinentes para buscar e identificar a las víctimas desaparecidas, así como para entregar los restos mortales a sus familiares y cubrir los gastos de entierro de aquellos, en un plazo razonable.	En proceso de búsqueda e identificación fehaciente de seis restos encontrados en 1990. En proceso de búsqueda de los 37 cuerpos de los que aún no se sabe nada.
3	Proveer un tratamiento médico o psicológico así como seguridad a los familiares de las víctimas.	No se ha cumplido
4	Realizar, en el plazo de un año, un acto público de disculpa y reconocimiento de responsabilidad.	Se realizó el 4 de marzo de 2009.
5	Construir, en el plazo de un año, un monumento apropiado y digno para recordar los hechos de la masacre de Pueblo Bello.	No se ha cumplido
6	Publicar parte de la sentencia, dentro del plazo de seis meses, por una vez, en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional.	Se realizó la publicación de la sentencia, con poca divulgación e ilegible.
7	Realizar un pago por daño material y por daño inmaterial a los familiares de los desaparecidos, y por costas y costos.	El Estado no ha cumplido con esta obligación. Ignorando los poderes conferidos por los familiares de las víctimas a sus representantes judiciales para que estos revisaran y recibieran el pago, el Gobierno efectuó un pago parcial a las víctimas a través de un banco, y liquido de forma equivocada el tipo de cambio y los intereses de mora, además puso en riesgo la vida de las víctimas, pues dio lugar a extorsiones al hacer público que en las oficinas bancarias se estaban pagando las indemnizaciones.
8	Programa habitacional de vivienda adecuada	No se ha cumplido
9	Para hacer efectiva y viable la identificación de las víctimas desaparecidas de la masacre de Pueblo Bello, la recuperación de los restos de aquéllas y la entrega a sus familiares, el Estado deberá publicar en un medio de radiodifusión, uno de televisión y uno de prensa escrita, todos ellos de cobertura nacional y regional en los departamentos de Córdoba y Urabá, un anuncio mediante el cual se solicite al público que aporte información para estos efectos y se indiquen las autoridades encargadas de estas gestiones.	No se ha cumplido

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2012-01-12T17:43:00.002-05:00

Parauribismo/

La desaparición forzada de 43 campesinos en Pueblo Bello
Por Brújula Comunicaciones

El 14 de enero de 1990 en horas de la noche, aproximadamente 60 paramilitares del grupo “Los Tangueros”, al mando de Fidel Castaño, ingresaron al corregimiento de Pueblo Bello, municipio de Turbo, en el departamento de Antioquia, y por la fuerza sacaron varios habitantes del pueblo de algunas viviendas y de la iglesia presbiteriana.

“Los Tangueros” ubicaron a las víctimas en la plaza principal y las forzaron a acostarse boca abajo, tras lo cual seleccionaron a 43 campesinos, entre ellos tres menores de edad, a quienes amordazaron y se los llevaron, sin que se les haya vuelto a ver con vida.

Antes de retirarse en dirección a San Pedro de Urabá, los paramilitares incendiaron tres viviendas y dijeron a los habitantes de Pueblo Bello:

"esto es para que respeten a 'Los Tangueros”, refiriéndose al nombre con el cual se conocía al grupo proveniente de la finca "Las Tangas", situada a orillas del Río Sinú en el Departamento de Córdoba.

Los vehículos que transportaron a los paramilitares y a los habitantes de Pueblo Bello pasaron por dos retenes custodiados por los Batallones Vélez y Cóndor, de la Brigada XVII del ejército, sin ser detenidos o cuestionados.

Los 43 campesinos fueron llevados a la finca “Santa Mónica” en el Departamento de Córdoba, donde los esperaba el entonces líder paramilitar Fidel Castaño. Señalan que allí fueron interrogados y brutalmente torturados:

“las venas de sus cuerpos punzadas, sus ojos perforados, sus oídos aserrados, sus órganos genitales mutilados. Finalmente fueron ejecutados uno a uno”.

Según se indica en la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos1 (párr 95.42, p. 54), “En la mañana del 15 de enero de 1990 varios familiares de las personas secuestradas se dirigieron a la base militar de San Pedro de Urabá con el fin de obtener información sobre el paradero de los desaparecidos.

En la base fueron recibidos por el Teniente Fabio Enrique Rincón Pulido, quien les indicó que los camiones que transportaban a las personas retenidas en Pueblo Bello no habían pasado por el retén militar y mencionó que los pobladores de Pueblo Bello “cambiaron gente por ganado”.

De acuerdo con los testimonios aportados por los familiares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el teniente Rincón se refería a un ganado, propiedad de Fidel Castaño, que había sido robado por la guerrilla en diciembre de 1989, justo en las afueras del corregimiento.

En venganza, según cuentan los familiares, Castaño habría dicho que por cada cabeza de ganado robado, se llevaría una persona.

Según consta en la Sentencia (párr. 95.44, p. 54), “Ocho días después de los hechos, hombres vestidos de militar, supuestamente provenientes de la base militar de Carepa, llegaron a Pueblo Bello en helicóptero y, con base en una lista, repartieron sobres con 50.000 pesos entre familiares de las personas desaparecidas pero muchas de ellas no los recibieron"

Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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2012-01-12T12:17:00.000-05:00

Ejército retiene arbitrariamente a dirigentes indígenas en Pradera, Valle

Por Andas Valle

El pasado sábado 7 de enero de 2012 hacia a las 12: 30 del mediodía, se presentaron intensos combates en la vereda El Líbano, que duró aproximadamente tres horas.

Hacia las 11 de la mañana se presentó la retención ilegal de los indígenas Luis Eduardo Timana García, alcalde de la vereda El Nogal, Huber Rivera, exalcalde de la misma vereda y David Bonilla, por parte del Ejercito Nacional, detención arbitraria que se prolongó hasta las 23:30.

Los comuneros se encontraban en la búsqueda de un semoviente que se había extraviado en la parte alta de la comunidad del Nogal, cuando se encontraron con personal del ejército nacional quienes los acusaron de pertenecer a la guerrilla de las FARC,-

por el solo hecho de que llevaban los radios de comunicación pertenecientes al cabildo local, los que tienen sus debidos soportes documentales y es el medio para mantener informada a la comunidad de cualquier incidente que ocurra dentro del resguardo.

Miembros del Cabildo Mayor tomaron contacto con una persona que se identificó como el comandante de la patrulla que efectuó la retención, quien manifestó que "ellos están con nosotros están bien no les pasa nada-

no se preocupe que nosotros lo protegemos y estamos esperando que el helicóptero que está sobrevolando se retire para que los detenidos puedan bajar para el caserío por que los pueden confundir y resulta peligroso"

Ante el paso del tiempo la comunidad indígena decidió subir a traer a sus integrantes, ante la falta de claridad de parte del Ejercito y las diferentes versiones de estos y la supuesta información de “que los bandidos los van atacar, y ya les vamos a devolver a sus amigos con toda las de la ley con un delegado de la casa indígena de pradera y que no se preocupen”

La comunidad contacta a la patrulla del Ejército que tenía los retenidos y logra hablar con el comandante quien se identificó como el teniente Moreno del Batallón Codazzi de Palmira-Valle, y ante reclamo de los cabildantes sobre las causas y móviles del suceso manifestó que “ellos no estaban detenidos”.

La comunidad les reclamó por el abuso de la retención, el maltrato verbal y la toma de fotografías y la toma de sus huellas dactilares argumentando que era un procedimiento de rutina.

En esos momentos llego el helicóptero artillado para llevar a los comuneros indígenas retenidos hacia el batallón en Palmira a lo que la comunidad se opuso rotundamente.

El militar amenazó con demandar al gobernador del Resguardo por no permitir el traslado de los detenidos.

Siendo la hora 7:30 pm, se elaboró un acta donde la comunidad y las autoridades Tradicionales se comprometían a llevar las personas ya mencionas a aclarar su situación al batallón Codazzi, lo cual no fue aceptado por los militares y cercaron el paso y retuvieron por más de cuatro horas a más de treinta miembros de la comunidad.

Afortunadamente el apoyo y acompañamiento de organismos y defensores de derechos humanos, permitió acordar con el coronel del batallón CodazziI la presencia en el lugar del gestor de paz del departamento Valle,-

como garantía para el esclarecimiento de la situación, lográndose verificar la identidad de los cabildantes indígenas y constatándose que no tenían ninguna antecedente penal ni orden de captura, lo que presuntamente permitía su retención.

¿Cuál era el propósito y cuales razones de la retención arbitraria de los dirigentes indígenas? ¿Por qué retienen a 30 miembros de la comunidad que reclamaban la libertad de sus dirigentes, en una zona donde son frecuentes los combates con la guerrilla?

¿Acaso fueron utilizados como escudos humanos? ¿Quién responde por el riesgo al que fue expuesta la Comunidad Indígena? ¿A caso esto hace parte de una política de intimidación para lograr el desplazamiento forzado de las Comunidades Indígenas?

Los hechos del sábado 7 de enero de 2012 tipifican una conducta irregular por parte de los miembros Batallón de Ingenieros No. 3 “Agustín Codazzi” de extrema gravedad en el marco de los acuerdos internacionales firmados por el Estado colombiano.

Este tipo de comportamiento entraña peligro inminente para los habitantes de la zona rural de Pradera y ha de ser motivo de alerta para las instituciones humanitarias del Estado colombiano y los organismos internacionales.

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2012-01-11T00:59:00.008-05:00

El presidente Santos continúa negándoles la paz a los colombianos

Con las acostumbradas exigencias unilaterales para evadir eventuales diálogos de paz con los grupos insurgentes el primer mandatario cerró nuevamente la puerta a cualquier acercamiento
Por Camilo Raigozo. Notimundo

Con aire triunfalista y arrogante el presidente Juan Manuel Santos les dijo vía Twitter a las FARC que "No queremos más retórica, el país pide hechos claros de paz. Que se olviden de un nuevo Caguán".

El Presidente prefiere seguir despilfarrando diariamente cerca de 60 mil millones de pesos de los colombianos en la absurda guerra, que hacer un gesto de estadista y de grandeza para escuchar al adversario.

Esa fue la respuesta del Presidente a un comunicado firmado por “Timoleón Jiménez”, máximo comandante de ese grupo insurgente, en el que le propone al gobierno, iniciar acercamientos de paz retomando la Agenda que se llevaba a cabo en los diálogos del Caguán.

“Jiménez” dice en el comunicado conocido el pasado lunes, entre otras cosas que “(…) nos interesa tratar en una hipotética mesa de conversaciones. De cara al país. Poner en cuestión las privatizaciones, la desregulación, la libertad absoluta de comercio e inversión, la depredación ambiental, la democracia de mercado, la doctrina militar.

“Retomar la Agenda que quedó pendiendo en El Caguán. El gobierno del que usted hizo parte, se negó a abordarla diez años atrás, condenándonos a todos a esta Troya sangrienta que sin toma de Ilión se apresta a repetirse”.

El expresidente Andrés Pastrana, quien adelantó los diálogos con las FARC en el Caguán, entre 1999 y 2002, le dijo a la cadena de televisión CNN, que la agenda que se firmó durante su Gobierno, en varios acuerdos con la guerrilla, “no fue pactada como Andrés Pastrana sino como representante del Gobierno, y no los firmó Manuel Marulanda como 'Tirofijo' sino a nombre de las FARC”.

Del mismo modo expresó que “la agenda que entonces se planeó y firmó no se puede echar por la borda, sin que ello implique un nuevo despeje”.

El presidente Santos le exige a la guerrilla como condición previa a cualquier acercamiento, la libertad de las personas civiles secuestradas y de las personas pertenecientes a la fuerza pública que perdieron su libertad en acciones inherentes al conflicto.

Así mismo el Gobierno también debería, como un gesto creíble de paz, poner en libertad a más de 7.000 prisioneros políticos encarcelados injustamente, devolver más de 16.655 personas secuestradas y desaparecidas por agentes del Estado (según informe del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, Christián Salazar, el 23 de mayo de 2011) y pedirle perdón al país por los más de 3.200 asesinatos a sangre fría cometidos por militares, conocidos como “falsos positivos”.

Igualmente el Gobierno debería, como un gesto creíble de voluntad de paz, darles una explicación a los colombianos sobre las 173.183 personas asesinadas y las 34.467 personas secuestradas y desaparecidas por paramilitares, entre junio de 2005 y diciembre de 2010, según informe de la Fiscalía.

Tanto a Santos como a la oligarquía no les interesa la paz, porque no son sus hijos los que van a la guerra a "prestarle el servicio a la patria".

Ese "privilegio" es exclusivo para los hijos de las clases menos favorecidas, quienes por un salario miserable arriesgan su vida defendiendo los grandes capitales nacionales y extranjeros.

En el conflicto social y armado que padece Colombia desde hace medio siglo, es el pueblo el que tiene que poner las lágrimas, el sudor y la sangre, para satisfacer a los guerreristas. ¿Cómo se puede esperar de estos voluntad de paz?

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2012-01-10T19:59:00.002-05:00

Seguridad narcocrática/

Condenado oficial del Ejército por asesinato de un campesino mientras que un general y un coronel serán investigados

Por Camilo Raigozo

El teniente del Ejército Marco Fabián García Céspedes, fue condenado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Paz de Ariporo, Casanare, a 22 años y un mes de prisión como responsable de los delios de asesinato de persona protegida, fraude procesal y falsedad en documento público.

Según pudo establecer la Fiscalía, el homicidio fue perpetrado ron el 17 de diciembre de 2006 en la vereda Cuneque, municipio de Támara, Casanare, donde criminales del Batallón de Contraguerrilla No. 65 de la XVI Brigada del Ejército retuvieron al agricultor quién se dirigía a hacer mercado.

Según pruebas el oficial García Céspedes señaló a la víctima, identificada como José Cayetano Mendivelso Ravelo, de ser guerrillero y de ir a comprar víveres para los subversivos.

Posteriormente el criminal obligó a la víctima a vestir un uniforme de la Policía y botas de caucho y ordenó a un soldado disparar contra el desdichado labriego.

Los temibles delincuentes en su coartada reportaron el crimen como un enfrentamiento con guerrilleros del ELN, en el que habían dado de baja a un subversivo a quién le encontraron el uniforme, las botas y un bolso con 25 cartuchos de diferente calibre.

Las investigaciones hechas por la Fiscalía demostraron las mentiras del reporte de los uniformados
y el juez ordenó compulsar copias para que se investigue la supuesta responsabilidad en el crimen del actual comandante de la V División del Ejército, brigadier general Henry William Torres Escalante, y el coronel Carlos Alirio Buitrago Bedoya.

Según el ente investigador el homicida García Céspedes está “privado de la libertad” en un centro de reclusión en Facatativá, Cundinamarca.

En la deforma a la justicia, mal llamada “reforma a la justicia”, que se tramita en el Congreso, de mayoría oficialista, se contempla ampliar el fuero militar, que no es otra cosa que otorgarle a los miembros de la fuerza pública licencia para secuestrar, desaparecer, torturar o matar, con garantía de impunidad. Foto El Espectador.

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2012-01-10T19:48:00.001-05:00

Seguridad narcocrática/

Acusados suboficial y dos soldados del Ejército Nacional por asesinato de campesinos
Por Camilo Raigozo

Un suboficial y dos soldados profesionales del Ejército Nacional fueron acusados por un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, por los presuntos asesinatos a sangre fría de dos agricultores en zona rural del municipio de Pitalito, Huila.

Los homicidios en persona protegida ocurrieron el 22 de marzo de 2006 en el corregimiento Bruselas, cuando los presuntos criminales pertenecientes al Batallón de Infantería No.27 Magdalena, dieron muerte a dos de cuatro labriegos que cayeron en su poder.

Los presuntos asesinos reportaron haber abatido a las dos víctimas en un supuesto combate, a quienes les encontraron una pistola inservibles y un revólver, hechos que fue desmentidos por la Fiscalía de acuerdo a las investigaciones.

En esta ocasión las otras dos víctimas de los “héroes de la patria”, de las centenares que se han podido conocer, fueron identificados como Saúl Ortiz Muñoz y Danilo Yepes Pineda, quienes supuestamente portaban una pistola y un revólver.

Los presuntos criminales son: el sargento Fernando Riveros Sarmiento y los soldados profesionales, César Augusto Vásquez Ordóñez y Wilson Orrego Noreña, quienes, según la Fiscalía, se encuentran “privados de la libertad”,

La información no aclaró si los presuntos delincuentes están “privados de la libertad” en Tolemaida Resort o en otro centro vacacional castrense.

En la deforma a la justicia, mal llamada "Reforma a la Justicia", que se tramita en el Congreso, de mayoría oficialista, se contempla ampliar el fuero militar, el cual no es otra cosa que dar licencia a los miembros de la Fuerza Pública, para secuestrar, desaparecer, torturar y asesinar, con garantía de impunidad. Foto El Mundo.

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2012-01-08T01:13:00.000-05:00

Parauribismo/

Los disparates de Uribe en defensa de presuntos delincuentes lo sitúan en la demencia o el cinismo sin límites
Por Camilo Raigozo

Haciendo alarde de un cinismo sin límites o de una demencia inmanejable, el expresidente Álvaro Uribe, alias “El número uno de la Casa de Nari”, afirmó en un comunicado que la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, "es objetivo de venganza de criminales que fueron combatidos por el anterior Gobierno".

En su visceral odio contra la ONG defensora de Derechos Humanos, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, expresó que "organizaciones colombianas que no han aclarado sus vínculos con la guerrilla y han engañado al Estado con falsas víctimas como los casos de Mapiripan, las Pavas y las inexistentes fosas comunes de la Macarena".

Uribe se encontraba en Panamá visitando a la presunta delincuente quién se encuentra en el vecino país prófuga de la justicia colombiana.

Según la Fiscalía, Hurtado es responsable de seguimientos ilegales a periodistas, políticos de oposición, ONG y magistrados de las altas cortes, delitos por los que tendrá que responder.

En la coartada, la ex directora del DAS ha manifestado, con gran cinismo, que en Colombia no hay garantías para su proceso.

A solicitud de la Fiscalía General de la Nación, en diciembre pasado, la Cancillería colombiana tramitó ante su par panameña la extradición de Hurtado para que responda ante la justicia por sus presuntas acciones criminales utilizando el DAS.

Pero los disparates de Uribe no pararon en la defensa de Hurtado, sino que sin ningún sonrojo, la extendió a su exsecretario General, Bernardo Moreno, acusado de participar en chuzadas e interferir en la votación de la reelección presidencial;-

su ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, condenado por malversación fondos en la coartada denominada Agro Ingreso Seguro y su ex comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, procesado por promover falsas desmovilizaciones de guerrilleros y paramilitares.

Al respecto, “El número uno de la Casa de Nari”, afirmó que "Colombia tuvo una destructora penetración de criminales en altas esferas del Estado. Un sector de la justicia fue afectado e inexplicablemente se persigue a quienes sirvieron bien a la Patria".

Las diatribas y el temor de Uribe se deben a que miembros del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo viajarán a finales de enero a Panamá para exigirle al presidente Ricardo Martinelli que reconsidere el “asilo” otorgado a María del Pilar Hurtado.

Luis Guillermo Pérez, abogado del Colectivo Alvear Restrepo, quién defiende en proceso a la exsenadora Piedad Córdoba, aseguró ante los medios que la defensa a ultranza que ha hecho el expresidente Álvaro Uribe a favor de la exdirectora del DAS, sólo explica su propia responsabilidad penal.

"Nosotros vamos pronto a Ciudad de Panamá para entregarle al presidente Martinelli, o en todo caso a algún delegado de su gobierno, las pruebas que demuestran que María del Pilar Hurtado nunca fue perseguida política en Colombia, nunca recibió amenazas de muerte, nunca pidió la protección del Estado", señaló Pérez.

El abogado defensor de los derechos humanos también advirtió de que si el gobierno panameño no revoca el asilo y extradita a Hurtado para que sea procesada y juzgada por los presuntos actos criminales que cometió, demandará al estado panameño ante la Corte Interamericano de Derechos Humanos.

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2012-01-06T16:57:00.002-05:00

Seguridad narcocrática/

Imputan cargos contra teniente coronel, capitán y cinco soldados profesionales por asesinatos a sangre fría
Por Camilo Raigozo

La Fiscalía imputó cargos por asesinato a sangre fría en persona protegida contra del teniente coronel Oscar Orlando Gómez Cifuentes, el capitán, Hair Arturo Aguilar Restrepo y cinco soldados profesionales.

Los crímenes ocurrieron el 4 de noviembre de 2007 en la finca El Gringo, sitio Las Ruinas, municipio de Cumaribo, Guaviare, donde asesinos pertenecientes al Batallón de Infantería Mecanizada 43, ultimaron a cinco personas y las presentaron como “terroristas abatidos en combate”.

Las pruebas recaudadas por la Fiscalía permitieron desmentir la ocurrencia del enfrentamiento y tras las averiguaciones de rigor se identificó a tres de las víctimas como: Albeiro Real García, Rubén Darío Pulido Medina y José Vicente Cárdenas Zuluaga.

Según el informe ofrecido por el ente investigador, los cuerpos de las otras dos víctimas fueron sustraídos del cementerio de Cumaribo. También informó que los presuntos criminales están “privados de la libertad”, sin aclarar sí en Tolemaida Resort o en otro club similar.

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2012-01-06T16:20:00.002-05:00

Seguridad narcocrática/

Confirman medida de aseguramiento contra teniente coronel por asesinatos
Por los mismos crímenes ya fueron acusados cinco soldados profesionales
Por Camilo Raigozo

Un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, confirmó en segunda instancia la medida de aseguramiento contra del teniente coronel Óscar Orlando Gómez Cifuentes, como presunto responsable de asesinato a sangre fría en persona protegida, concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento público.

Los crímenes se llevaron a cabo el 15 de diciembre de 2006 en zona rural de Cumaribo, Vichada, cuando terroristas pertenecientes al Batallón de Infantería Motorizada 43, comandados para la época por Gómez Cifuentes, ultimaron a dos civiles y los presentaron como guerrilleros abatidos.

En la coartada los homicidas reportaron que las víctimas portaban revólveres, lo cual resultó ser una falacia de acuerdo a lo investigado por la Fiscalía.

De igual forma las pruebas encontradas durante la investigación le permitieron al fiscal instructor refutar la ocurrencia del enfrentamiento armado y además estableció que las víctimas respondían a los nombres de John Jairo Rodríguez y Mauricio Álvarez Asa, particulares sin relación con grupos al margen de la ley.

Por los mismos crímenes también están vinculados al proceso cinco soldados profesionales, quienes ya fueron acusados.

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2012-01-05T21:41:00.000-05:00

Las FARC saludan a los pueblos del mundo y agradecen su solidaridad

En un comunicado fechado el 5 de enero de 2012, escrito en las montañas de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, saludan “a los pueblos del mundo” y les agradece su solidaridad. El comunicado fue publicado en la página de Internet de ese grupo insurgente.

A continuación Notimundo transcribe en su integridad dicho comunicado como un servicio a nuestros lectores:

Saludo de las FARC a los pueblos del mundo

Desde Colombia, nación que paulatinamente se yergue contra la política neoliberal del Estado, el saludo fraternal de los guerrilleros de las FARC a los pueblos del mundo, a sus organizaciones en lucha por la dignidad humana, y a los amigos que anhelan la solución política del conflicto que se desarrolla en este espacio de Bolívar y Manuel Marulanda.

Agradecemos su solidaridad con el empeño justo de un pueblo que resiste a las imposiciones de las transnacionales y de un gobierno apátrida, que ávidos de ganancias, precarizan el nivel de vida de los colombianos, arrasan la soberanía y destruyen el medio ambiente.

Esta lucha hace parte de la movilización creciente de la indignación mundial contra los desafueros y voracidad del capital financiero.

Los gobiernos de Washington y Bogotá han recurrido al uso desproporcionado de la fuerza, a la tecnología y al empleo a fondo de sus fábricas de desinformación, en un vano intento de barrer el escollo que representamos como pueblo en armas a sus ambiciones exacerbadas de saqueo de recursos, en un momento de crisis, agonía y senectud del sistema capitalista mundial. Gracias por su solidaridad con nuestra organización insurgente.

Hemos afrontado momentos difíciles, sí, como la reciente caída en combate del comandante Alfonso Cano, pero el pertrecho moral de la solidaridad de los pueblos, el aliento de sus movilizaciones, nos mantiene erguidos en una lucha justa que persigue independencia, justicia, humanidad y un nuevo orden social.

Sólo ejércitos aguerridos -decía Bolívar, el Libertador- son capaces de sobreponerse a los primeros infaustos sucesos de una campaña. Las FARC, lejos de estar conformadas por soldados bisoños o sin conciencia, reiteran y refrendan con la sangre de los caídos, su compromiso ineluctable de seguir adelante.

Cuando el capitalismo decrépito naufraga hoy en su crisis sistémica, nadie debe aflojar. Las movilizaciones de indignación contra la tiranía financiera que estremecen al mundo, deben generalizarse.

Pero para salvar la humanidad y la vida del planeta es necesaria la articulación de las luchas dispersas, la conformación de un centro coordinador, de una vanguardia colectiva, con una estrategia común que despliegue la gran bandera de la humanidad y la justicia.

Los gobiernos revolucionarios y las organizaciones políticas y sociales de los pueblos, tienen qué hacer. Cuenten con las FARC en esta lucha justa por una alternativa anti capitalista.

Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC – EP

Montañas de Colombia, enero de 2012

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2012-01-05T15:17:00.002-05:00

Seguridad narcocrática/

Fiscalía debe investigar presuntos asesinatos del Ejército en La Uribe, Meta
Por Camilo Raigozo

La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura determinó que es la Fiscalía General de la Nación quién tiene competencia para investigar a los militares que presuntamente asesinaron a dos campesinos en La Uribe, Meta.

Según las investigaciones los labriegos habrían sido asesinados y presentados por miembros del Ejército Nacional como guerrilleros de las FARC “dados de baja en combate”, a los que supuestamente incautaron un fusil AK-47, en mayo de 2009.

El magistrado Henry Villarraga, señaló en su ponencia, que no hay pruebas suficientes para determinar que las víctimas asesinadas pertenecían a grupos guerrilleros y que por el contrario los habitantes de la zona sostienen que eran trabajadores agrarios.

“El protocolo de necropsia indica que la trayectoria de las balas impactadas en el cuerpo de uno de los occisos fue de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante, lo que nos permite inferir que probablemente la víctima se encontraba en estado de indefensión,-

"teniendo en cuenta que son los mismos miembros del Ejército Nacional los que señalaron que se trataba de un terreno plano y que fueron atacados, circunstancia que resulta contradictoria”, enfatizó la providencia.

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2012-01-03T22:26:00.002-05:00

Seguridad narcocrática/

Observación internacional para esclarecer asesinatos de militares
Por Camilo Raigozo

Luz Marina Bernal, madre de Farid Leonardo Porras, joven asesinado a sangre fría por miembros del Ejército Nacional, junto a otras víctimas de la localidad de Soacha,-

conocidos como “falsos positivos”, contrató al médico forense Robert Mux, de nacionalidad estadounidense, para esclarecer la muerte de su hijo.

"Para mí como madre es importante recibir una opinión internacional, esto es un aporte no solo como madre de Farid leonardo sino para todas las víctimas de esta tragedia. Realmente habían muchas dudas, y el medico extranjero, corroboró cómo fue la muerte de mi hijo", dijo doña Luz Marina.

Por su parte el galeno americano, dijo que no cabía duda de la muerte del joven se produjo por disparos arma de largo alcance.

"Estos casos se pueden dar para que hayan diferentes interpretaciones, pero de lo que definitivamente no hay ninguna duda es que la víctima murió debido a múltiples balazos con armas de alta velocidad", dijo Bux.

De la localidad de Soacha, miembros del Ejército asesinaron al menos 19 personas para presentarlas como guerrilleros “dados de baja en combate”, más conocidos como falsos positivos”.

El relator especial de la ONU para las ejecuciones arbitrarias, Philip Alston, en informe presentado el 27 de mayo de 2010, denunció que existe “un patrón de ejecuciones extrajudiciales” y que la impunidad abarca el 98.5% de los casos.

La Fiscalía investiga actualmente, más de 3.200 casos de asesinatos a sangre fría cometidos por militares, según datos de varias ONG defensoras de derechos humanos.

Sin embargo, en la mal llamada “reforma a la justicia”, que se tramita en el Congreso, de mayoría oficialista, se contempla ampliar el fuero militar, que no es otra cosa que otorgarle a los miembros de la fuerza pública licencia para secuestrar, desaparecer, torturar o matar, con garantía de impunidad.

Foto Notimundo. Madres de Soacha en el cementerio de Ocaña

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2012-01-03T17:53:00.000-05:00

Seguridad narcocrática/

Acusan a 12 militares por asesinatos a sangre fría
Por Camilo Raigozo

Un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH profirió resolución de acusación en contra de 12 soldados profesionales como presuntos responsables del asesinato a sangre fría de dos campesinos en Montelíbano, Córdoba, informó el ente investigador.

Según pudo establecer la Fiscalía, los presuntos criminales pertenecientes a la Brigada 11 del Ejército, ultimaron a los labriegos Iván Joaquín Álvarez Martínez y Juan Carlos Romero Muñoz, el 5 de octubre de 2007 en la finca Los Zuringos, de Montelíbano.

Luego de cegarle la vida a los infelices trabajadores agrarios, los victimarios presentaron sus cuerpos como de extorsionistas dados de baja.

Los presuntos homicidas son: Robeiro Antonio Martínez Flores, Jesús Arizal Cordero, Adalberto Lozano Guzmán, Henry Serpa Neiro, Luis Uribe Sierra, Fredy Velásquez Pérez, Arturo Hoyos Jiménez, Luis Fernando Cadavid Flores, Efraín Cuadrado Díaz,-

Dairo Gaviria Jiménez, Samuel Triana Suárez y Dorancel Guerra Pacheco, quienes incurrieron, presumiblemente, en los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado con fines de homicidio.

La Fiscalía recordó que por los mismos crímenes tienen medida de aseguramiento el capitán Hernán Aguinaga Zapata y el cabo Juan Darío Barragán Rodríguez.

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2012-01-02T20:32:00.002-05:00

Seguridad narcocrática/

Acusados oficial, suboficial y tres soldados del Ejército por secuestros y asesinatos a sangre fría
Por Camilo Raigozo

La Fiscalía informó que uno de sus especialistas en de Derechos Humanos y DIH profirió resolución de acusación contra un oficial, un suboficial y tres soldados profesionales, como presuntos responsables del secuestro y asesinato a sangre fría de dos jóvenes de 15 y 16 años, en Vistahermosa, Meta.

Según el ente investigador, los crímenes ocurrieron entre el 22 y el 23 de marzo (la Fiscalía no especificó el año), cuando los presuntos criminales pertenecientes al Batallón Contraguerrillas 42, asesinaron a Yeiler Andrés Cubides Zuluaga y José David Baquero Repiso, de 15 y 16 años de edad, respectivamente.

Luego de secuestrarlos, los asesinos le cegaron la vida a los dos infantes y presentaron sus cuerpos como guerrilleros “dados de baja en combate”, en la vereda Palmeros del municipio de Vistahermosa.

Los presuntos homicidas son: Diego Fernando Giraldo Castañeda, capitán; Marco Tulio González Ferrer, sargento segundo; Pedro Pascual Villegas Nova, José David López y Diego Luis Ruíz Román, soldados profesionales.

Los acusados deberán responder por los delitos de homicidio en persona protegida y secuestro simple; además, tanto Giraldo como González fueron acusados por el punible de falsedad ideológica en documento público.

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2011-12-29T20:39:00.000-05:00

Seguridad narcocrática/

Acusados 15 militares por asesinatos a sangre fría
Por Camilo Raigozo

Un fiscal de Derechos Humanos y DIH acusó a 15 soldados profesionales como presuntos responsables del asesinato de dos civiles en Tierralta, Córdoba.

La Fiscalía pudo establecer que los presuntos criminales pertenecientes al Batallón Junín de la Brigada XI del Ejército, llevaron con engaños a las víctimas desde Montería, hasta inmediaciones de la represa Urrá donde los asesinaron.

Luego de ultimar a sangre fría a Luis Armando Peña Grandeth y Eduardo Enrique Urango Piñeres, los militares presentaron sus cuerpos el 16 de diciembre de 2007 como extorsionistas “dados de baja en combate”.

El ente investigador comprobó que los militares engañaron a las víctimas ofreciéndoles trabajo en supuesta descarga de camiones en una población cercana a la ciudad de Montería. Así mismo, el fiscal instructor comprobó que no hubo tal enfrentamiento armado.

Los presuntos victimarios son: Robeiro Martínez Flores, Adalberto Lozano Guzmán, Jesús María Arizal Cordero, Henry Serpa Neiro, Luis Antonio Uribe Sierra, Fredy Velásquez Pérez, Mariano Aguilar Causil, Javier Berrío Correa, Juvenal Carvajal Cruz, Enrique Nieto Martínez, William Ibáñez Amante, Eloy González Jaramillo, Gustavo García Hernández, Darío Gaviria Jiménez y Dorancel Guerra Pacheco.

Estos sujetos tendrán que responder en juicio como supuestos coautores de los delitos de desaparición forzada agravada, homicidio en persona protegida, concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, falsedad en documento público, y destrucción, supresión u ocultamiento de documento público.

La Fiscalía agregó que por los mismos hechos criminales también están asegurados en “centro carcelario” el teniente Julián Pimentel Gutiérrez y el cabo Juan Darío Barragán Rodríguez. Así mismo afirmó que todos los procesados están “privados de la libertad”.

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2011-12-28T22:11:00.002-05:00

‘Banqueros vs paperos’

Así tituló el corresponsal anónimo su acertado artículo enviado a Notimundo, que refiere sobre la posición de los banqueros frente al pretendido control del Estado a las abusivas tarifas del servicio bancario.

A continuación Notimundo transcribe en su integridad la interesante nota:

Banqueros vs paperos

María Mercedes Cuéllar (foto), Presidenta de Asobancaria, que es como el sindicato de los banqueros, salió a reclamar a través de Caracol Radio porque el Ministro de Hacienda y Crédito Público se-

atrevió a criticar las tarifas abusivas que los bancos cobran a sus clientes por el uso de cajeros automáticos, tarjetas débito, tarjetas crédito, transferencias, consultas de saldo, etc., etc., etc.

Dice la doctora Cuellar que no entiende por qué la gente se queja, ni por qué el Gobierno vigila más al sistema financiero que a otros negocios. Cita como ejemplo a los productores de papa.

Ella se pregunta por qué el Gobierno interfiere y vigila las tarifas de los servicios bancarios y no hace lo mismo con el precio de la papa.

Aunque la experta es ella, voy a intentar explicarle a la Presidenta de Asobancaria en dónde puede estar la diferencia.

En primer lugar, creo que el Gobierno se preocupa y está más atento por lo que hacen los banqueros simplemente porque ellos trabajan con nuestra plata, con la de ahorradores y cuenta habientes, y no con la suya. Los paperos, en cambio, trabajan con la de ellos.

En segundo lugar, porque cuando un papero se quiebra, pierde su plata. Aún no se ha sabido de gobiernos que hayan tenido que imponerle un impuesto especial a los consumidores de papas a la francesa para sacar de la quiebra a los cultivadores del tubérculo.

Cuando un banquero se quiebra, en cambio, las pérdidas las debemos asumir todos los ciudadanos así no hayamos tenido nada que ver en la quiebra. Y eso incluye a quienes ni siquiera tenían en ese entonces una simple cuenta de ahorros.

Así es: nos ponen impuestos para cubrir las pérdidas del pobre banquero, mientras este se "exilia" en Miami! Recordemos cómo, por qué y para qué se implantó en Colombia el gravamen del 4 por mil.

Creo que también debe influir el hecho de que cuando mejora la producción de papa, los paperos nos rebajan el precio del bulto, mientras cuando los banqueros aumentan sus ganancias, apenas se limitan a presumir del aumento de su riqueza por la prensa.

Ni siquiera se les ocurre darnos las gracias por dejarlos que hagan con nuestra plata lo que les da la gana.

Otra razón, se me ocurre, es que no existen listas negras de ex-comelones de papas fritas, mientras abundan las listas negras de deudores morosos del sistema financiero, cercenándole para siempre la vida a millones de ciudadanos honestos, cuyo único pecado fue haberse quebrado sin la opción de que algún 1 x mil llegue en su auxilio.

Los paperos no llaman a media noche a embutirnos una papa salada, pero los bancos llaman hasta en domingo para "convencernos" para recibir una nueva tarjeta de crédito o para recordarnos que el próximo lunes-

vence la cuota mensual del préstamo que tomamos hace cuatro años y en el cual una sola vez tuvimos la desgracia de demorarnos tres días en el pago de la cuota, razón por la cual "el sistema" nos considera ya "sujetos de alto riesgo".

Finalmente, doctora Maria Mercedes, los paperos no nos cobran por el uso del costal, el canasto o la sartén. Los banqueros, en cambio, nos cobran por las chequeras, las tarjetas, los cajeros y cuantos "servicios" nos puedan colgar.

Debe ser por eso que el Gobierno se preocupa más por las tarifas que nos impone unilateralmente y sin darnos opción la banca, que por los precios de la papa que regulan el libre mercado y la nobleza de los paperos.

Y, finalmente, debe ser por cosas tan simples como esas, las cuales supongo no se estudian en los programas de doctorado en economía, que detestamos a los banqueros, mientras adoramos a los paperos de Colombia.

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2011-12-28T20:21:00.000-05:00

Seguridad narcocrática/

Acusados suboficial y seis infantes de marina por asesinato a sangre fría de un excompañero de armas
Por Camilo Raigozo

La Fiscalía llamó a juicio a un cabo y seis infantes de marina por su presunta responsabilidad en el asesinato a sangre fría de otro exmilitar quién había desertado de esa misma institución.

El crimen tuvo lugar el 24 de diciembre de 2006 en el corregimiento Miraflores, municipio de Majagual, sucre, cuando una patrulla de la Infantería de Marina asesinó a Larry José Torres Peña, quién había desertado de esa institución tres meses antes.

Los presuntos criminales presentaron el cuerpo de Torres Peña como guerrillero del Ejército Revolucionario del Pueblo, “dado de baja en combate”.

Los presuntos homicidas son: Hader Antonio Padilla Hernández, y a los infantes Luis Alberto Acosta Morelos, Albeiro Contreras Erazo, Misael Bermúdez Sarria, Erick Contreras Delgado, John Steven Hernández y Deibis Burgos Prenz.

Los siete héroes de la patria tendrán que responder por los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada agravada, fraude procesal, falso testimonio y porte ilegal de armas de fuego.

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2011-12-27T22:31:00.002-05:00

Seguridad narcocrática/

Acusados suboficial y cinco soldados del ejército por asesinato a sangre fría de campesino
Por Camilo Raigozo

La Fiscalía informó que un suboficial y cinco soldados profesionales fueron acusados como presuntos responsables de la muerte de un labriego en otro llamado falso positivo.

El crimen fue perpetrado el 21 de septiembre de 2007, cuando tropas del Batallón de Infantería No.44, Ramón Pérez Nonato, asesinaron al campesino Damián Romaña, en zona rural del municipio de Aguazul, Casanare.

Los presuntos criminales reportaron un falso combate en el que habrían “dado de baja” al infeliz trabajador agrícola quien según el reporte castrense vestía de civil e hizo frente a los uniformados con un revólver calibre 38.

La Fiscalía pudo establecer que el mencionado combate nunca ocurrió y en cambio comprobó que la víctima era un poblador de la zona que se dedicaba a la agricultura y la pesca.

Los presuntos asesinos son: Romel Hernández Taborda, cabo primero; Julio Roberto Castro Castro, José Onelio Gutiérrez Holguín,, Rogelio Alonso Puchigay Naranjo, Uber José Sigua Gutiérrez, y Luis Alberto Montenegro Mora, soldados profesionales, acusados por el delito de homicidio en persona protegida.

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2011-12-26T23:06:00.000-05:00

Colombia debe retirar proyecto que ampliaría el fuero militar: HRW

Carta al Presidente Santos

Diciembre 12, 2011

De mi mayor consideración:

Tengo el honor de dirigirme a S.E. con el fin de expresarle nuestra profunda preocupación por el proyecto de “reforma a la justicia” que impulsa actualmente su gobierno y que ampliaría el alcance del fuero militar sobre casos de abusos cometidos por miembros de la fuerza pública colombiana.

El artículo 11 del proyecto de acto legislativo reformaría la Constitución, al disponer que todos los actos realizados por miembros activos de la fuerza pública durante operaciones se presumirán tener “relación con el servicio” y, por ende, estarán sujetos a la justicia penal militar[1].

Este artículo —que permitiría que los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública sean conocidos por el sistema de justicia militar— contraviene directamente la jurisprudencia de los más altos tribunales de justicia de Colombia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se opone además a lo establecido por otros organismos internacionales de derechos humanos relevantes.

Su aprobación revertiría gravemente los avances recientes logrados por Colombia para asegurar que se juzguen los abusos militares.

Igualmente, al prácticamente garantizar impunidad frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública, en última instancia, Colombia podría exponerse a la posibilidad de ser investigada por la Corte Penal Internacional, incluso en relación con los casos conocidos como falsos positivos.

La reforma a la justicia propuesta se contrapone a la jurisprudencia de la Corte Constitucional (CC), la Corte Suprema de Justicia (CS) y el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) de Colombia, que en reiteradas oportunidades han resuelto que el sistema de justicia militar no debería conocer casos de violaciones graves de derechos humanos.

Si bien el artículo 221 de la Constitución dispone que la justicia penal militar debería aplicarse a delitos cometidos por miembros activos de la fuerza pública que tengan “relación con el servicio”, numerosas sentencias y decisiones de la CC, la CS y el CSJ han establecido claramente que los delitos-

de lesa humanidad, las violaciones graves de derechos humanos y otras conductas “contrarias a la función constitucional de la Fuerza Pública” en ningún caso pueden tener relación con el servicio, y por lo tanto deben ser siempre investigados y juzgados por la justicia ordinaria[2].

Lo dispuesto en el proyecto de reforma a la justicia que sostiene que todos los actos cometidos durante operaciones militares se presumen relacionados con el servicio no coincide con esta jurisprudencia,-

ya que implica que se iniciarían en la justicia penal militar todas las investigaciones sobre delitos presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública durante operaciones, incluidas las violaciones flagrantes de derechos humanos.

Por ejemplo, de conformidad con el proyecto de reforma, la justicia penal militar asumiría automáticamente la competencia respecto de casos de torturas y violaciones sexuales de civiles cometidas por miembros de la fuerza pública durante dichas operaciones.

También se iniciarían automáticamente en la justicia penal militar las investigaciones sobre “falsos positivos”, es decir, aquellos casos en que miembros del Ejército asesinan a civiles para luego vestirlos-

con prendas de tipo militar y presentarlos como miembros de grupos armados ilegales muertos en combate, ya que las víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales se presentan como personas muertas durante enfrentamientos.

El proyecto de acto legislativo contradice de manera manifiesta lo dispuesto por la CC, la CS y el CSJ, que en reiteradas sentencias y decisiones han indicado que la aplicación del fuero militar debería ser una excepción claramente delimitada al principio general de competencia de la justicia ordinaria, y que en caso de duda deberá aplicarse la justicia ordinaria[3].

Tal como se estableció en la histórica sentencia dictada por la Corte Constitucional en 1997, “[c]orresponde a la justicia ordinaria conocer del proceso en caso de duda sobre la jurisdicción competente.

La relación con el servicio debe surgir claramente de las pruebas que obran dentro del proceso. Puesto que la justicia penal militar constituye la excepción a la norma ordinaria, ella será competente solamente en los casos en los que aparezca nítidamente que la excepción al principio del juez natural general debe aplicarse”[4].

La reforma también resulta contraria a los pronunciamientos y las decisiones de la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han señalado reiteradamente que las violaciones de derechos humanos no deben ser conocidas por el sistema de justicia militar, y que el alcance de la jurisdicción militar debería ser excepcional y restrictivo[5].

En un ejemplo reciente, la Corte Interamericana determinó en su sentencia de noviembre de 2009 dictada en el caso Radilla Pacheco v. México que “frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar”[6].

Del mismo modo se pronunció la Corte Interamericana en mayo de 2007 en el caso de la Masacre de la Rochela v. Colombia, al señalar que esta exclusión de la jurisdicción militar se aplica a todas las etapas de un procedimiento:

“la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos”[7]. Con respecto a la situación específica de Colombia,-

la Comisión Interamericana ha expresado que “[l]a falta de idoneidad de los tribunales penales militares colombianos como foro para examinar, juzgar y sancionar casos que involucran violaciones de los derechos humanos ya ha sido materia de pronunciamiento por parte de la Comisión”[8].

La jurisprudencia de los más altos tribunales colombianos y de la Corte Interamericana coincide con la posición de la ONU y otros organismos internacionales de derechos humanos.

El proyecto de principios sobre la administración de justicia por los tribunales militares adoptado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas establece en el principio N.° 9 que “en todo caso, la competencia de los órganos judiciales militares-

debería excluirse en favor de la de los tribunales de justicia ordinarios para instruir diligencias sobre violaciones graves de los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la tortura, y para perseguir y juzgar a los autores de esos crímenes”[9].

Esta ha sido también la opinión de los organismos europeos de derechos humanos y de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos[10]. Con respecto al delito de desaparición forzada, cabe mencionar que el artículo 9 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de-

Personas, que también ha sido ratificada por Colombia, dispone que “[l]os presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada de personas sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada Estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar”[11].

La estructura misma de la justicia penal militar impide que pueda impartirse justicia de manera independiente e imparcial en casos de violaciones de derechos humanos.

La Comisión Interamericana ha señalado en varias oportunidades que “[p]or su naturaleza y estructura, la jurisdicción penal militar no satisface los requisitos de independencia e imparcialidad establecidos en el artículo 8(1) de la Convención Americana...

El sistema de la justicia penal militar tiene varias características singulares que impiden el acceso a un recurso judicial efectivo e imparcial en esta jurisdicción... El sistema de justicia militar no forma parte del Poder Judicial del Estado Colombiano.

Esta jurisdicción es operada por las fuerzas de la seguridad pública y, en tal sentido, queda comprendida dentro del Poder Ejecutivo”[12].

Efectivamente, como lo establece el artículo 221 de la Constitución, los tribunales militares están integrados por miembros activos o retirados de la fuerza pública.

La naturaleza jerárquica de las fuerzas armadas, institución basada en una rigurosa cadena de mando, limita claramente la capacidad de militares activos o retirados de juzgar con imparcialidad a personas que anteriormente pertenecieron a la misma institución o actualmente forman parte de las mismas filas.

El record histórico de la justicia penal militar de Colombia muestra que no ha logrado que quienes cometieron violaciones de derechos humanos rindan cuentas por sus actos. Esto se evidencia, por ejemplo, en la notoria ausencia de resultados por parte de tribunales militares en la obtención de condenas contra los responsables de casos de “falsos positivos”.

Las autoridades de la justicia penal militar no sólo no han impartido justicia en estos casos, sino que además habrían cerrado causas sin llevar a cabo una investigación efectiva de los hechos denunciados.

El informe de 2010 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia advierte sobre “casos [de ejecucciones extrajudiciales]... que pudieron haber sido archivados por [la justicia penal militar] sin una adecuada actuación judicial”[13].

La Comisión Interamericana también señaló en su informe de 2010 que en Colombia “losjueces militares adoptan decisiones de archivo y terminación de procesos en casos de violaciones de derechos humanos”[14].

Excmo. Sr. Presidente: su actual Ministro de Defensa ha defendido el mencionado proyecto asegurando que los tribunales militares remitirán los casos de violaciones de derechos humanos a la justicia penal ordinaria cuando existan evidencias de que se han cometido violaciones de derechos humanos.

No obstante, por las mismas razones que no cabría confiar en que la justicia penal militar investigue y juzgue violaciones de derechos humanos, tampoco se puede esperar que remita los casos a la justicia ordinaria oportunamente para que se inicie una investigación penal adecuada.

Los jueces militares carecen de suficiente independencia e imparcialidad para determinar si un presunto delito constituye una violación de derechos humanos y remitir oportunamente el caso a las autoridades de la justicia ordinaria cuando sea necesario.

A su vez, la capacidad de los jueces militares de adoptar tales determinaciones de manera imparcial también se ve menoscabada por los antecedentes de presiones y amenazas que han sufrido algunos jueces militares que han transferido casos de abusos a la jurisdicción penal ordinaria.

Por ejemplo, en su informe de 2010, la Comisión Interamericana indicó que en Colombia se había “recibido información sobre actos de persecución contra funcionarios que cumplen con el deber de remitir las causas por violaciones de derechos humanos a la justicia ordinaria”[15].

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe de 2010 sobre Colombia, señaló también que “de acuerdo con información recibida reiteradamente, las destituciones y traslados de algunos jueces penales militares podrían estar motivados por su colaboración con la justicia ordinaria”[16].

La presión que pueden recibir los jueces al decidir si corresponde remitir una investigación a la justicia ordinaria resultó evidente en el caso del ex juez militar Alexánder Cortés, que fue destituido de su cargo luego de remitir casos de falsos positivos a la jurisdicción penal ordinaria, y posteriormente abandonó el país tras recibir amenazas de muerte.

En una entrevista concedida a la revista Semana en julio de 2010, Cortés contó que había vivido en la misma brigada militar que uno de los oficiales a quien debía investigar y dijo al respecto: “Justo al frente de mi dormitorio vivía uno de los oficiales que me tocó investigar, el cual era uno de los más comprometidos con ‘falsos positivos’, relaciones con paramilitares y narcotráfico”[17].

De hecho, las autoridades militares no han remitido oportunamente los casos de violaciones de derechos humanos a la jurisdicción ordinaria.

El Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales informó en 2010 que en Colombia “las barreras principales para el enjuiciamiento efectivo de los miembros de las fuerzas de seguridad acusados de ejecuciones extrajudiciales son los constantes conflictos jurisdiccionales entre estos dos sistemas de justicia y el hecho de que los jueces militares no remiten los casos pertinentes al sistema de justicia civil”[18].

En este mismo sentido, tanto la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como el Departamento de Estado de los Estados Unidos informaron sobre un descenso en el número de casos de ejecuciones extrajudiciales que se habían remitido de la jurisdicción militar a la justicia ordinaria en 2010[19].

(La investigación y el juzgamiento por las autoridades de la justicia ordinaria de miembros de las fuerzas armadas que presuntamente han cometido violaciones de derechos humanos ha sido un requisito del proceso de certificación sobre derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos para la entrega de ayuda militar a Colombia).

Hasta julio de 2011, más de 400 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales aún continuaban en la jurisdicción militar.

En definitiva, al ampliar el poder de los jueces militares para determinar la jurisdicción competente respecto de crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, la reforma reduciría considerablemente la probabilidad de que las autoridades de la justicia ordinaria puedan investigar y juzgar casos de violaciones de derechos humanos.

Especialmente cuando la reforma tampoco prevé controles eficaces para asegurar que los jueces militares remitan inmediatamente estos casos a la justicia ordinaria.

E incluso si los tribunales militares efectivamente remitieran los casos de violaciones de derechos humanos a las autoridades de la justicia ordinaria, tal como afirma el Ministro de Defensa que sucederá, la investigación inicial por las autoridades militares supondrá demoras innecesarias-

y la pérdida de tiempo valioso que debería ser empleado por los fiscales de la justicia ordinaria para recabar pruebas durante la etapa inicial de la investigación. Mientras tanto, los responsables continuarán en libertad.

Me imagino que S.E. seguramente tuvo en cuenta muchos de los aspectos mencionados en esta carta cuando, durante su función al frente del Ministerio de Defensa, promovió el traslado de los casos de falsos positivos a la jurisdicción ordinaria.

La remisión de causas a la justicia ordinaria advirtió a las fuerzas de seguridad que serían juzgadas por sus actos y que no continuarían gozando de la impunidad que les otorgaba la justicia penal militar. Esta iniciativa fue clave para conseguir una rotunda reducción de los casos de ejecuciones extrajudiciales denunciados desde 2008.

No obstante, estos avances son precarios, y durante 2010 y 2011 persistieron las denuncias de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a agentes del estado.

Debilitar los mecanismos de rendición de cuentas de la fuerza pública podría provocar un resurgimiento de las prácticas de ejecuciones extrajudiciales que fueron frecuentes durante la década pasada.

Nos preocupa particularmente que el artículo 11 de su proyecto de reforma a la justicia permita que miles de causas sobre violaciones de derechos humanos que ya se encuentran en la justicia ordinaria vuelvan a la justicia penal militar.

Luego de los avances conseguidos por las autoridades civiles en el juzgamiento de falsos positivos y otros abusos militares recientes, el traslado de casos a la jurisdicción militar limitaría significativamente la capacidad de Colombia de cumplir con su obligación jurídica internacional de investigar y sancionar violaciones graves de derechos humanos.

En última instancia, la devolución de miles de causas sobre abusos militares a la justicia penal militar podría socavar la independencia e imparcialidad de los procesos, y si tales procesos son incompatibles-

con una verdadera intención de juzgar a los responsables de estas atrocidades, Colombia podría exponerse a una investigación por parte de la Corte Penal Internacional, incluso en relación con los casos de falsos positivos.

Excmo. Presidente Santos, en un discurso pronunciado el mes pasado, S.E. señaló que el único modo en que la fuerza pública colombiana podrá asegurar la paz y la seguridad es “con apego al estado de derecho”.

Si bien hasta el momento consideramos muy positivo el compromiso con el estado de derecho expresado por su gobierno, la aprobación del artículo 11 del proyecto de reforma a la justicia frustraría estos principios de manera directa.

Al ampliar el alcance del fuero militar y reducir drásticamente la probabilidad de que las autoridades civiles investiguen y juzguen casos de violaciones de derechos humanos, la reforma representaría un grave retroceso frente a la obligación jurídica asumida por Colombia de garantizar rendición de cuentas y justicia para las víctimas de graves abusos.

Aprovecho la oportunidad para expresarle a S.E. los sentimientos de mi más alta consideración y estima.

José Miguel Vivanco

Human Rights Watch

CC: Dr. Germán Vargas Lleras, Ministro del Interior

CC: Dr. Juan Carlos Esguerra, Ministro de Justicia y del Derecho
CC: Dr. Juan Carlos Pinzón, Ministro de Defensa

CC: Dra. Viviane Morales, Fiscal General de la Nación

CC: Dr. Sergio Jaramillo, Alto Asesor Presidencial de Seguridad Nacional
CC: Dra. María Ángela Holguín, Ministra de Relaciones Exteriores

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2011-12-26T22:46:00.000-05:00

Asonal Judicial explica porqué se debe archivar el proyecto que reforma la administración judicial

Por Asonal

La reforma a la administración de justicia es otro engaño al pueblo

Cómo lo habíamos pronosticado, la Reforma a la Administración Judicial, propuesta por el gobierno Santista, es más osada y perversa que la del gobierno uribista.

Se le presentó al país como la solución a los problemas que aquella ha padecido y que con ello, se iría a “agilizar, descongestionar y combatir la impunidad”.

Pero de una lectura rápida del mismo, sin necesidad de profundizar demasiado, se desprende claramente que aquella no se combate la impunidad, ni se acaba la congestión, ni mucho menos vuelve rápida y eficiente a la administración judicial.

Veamos:

1) No se le brinda ni se le asigna el presupuesto adecuado a la Rama Judicial para su funcionamiento y mucho menos, para inversión en el sector Justicia, por lo que seguirá el Ejecutivo controlando el presupuesto de este “poder”, estableciendo sus prioridades y, por supuesto, negando la autonomía e independencia de la Justicia, cómo órgano de poder.

2) No acaba con el Consejo Superior de la Judicatura, pues se continúa con un órgano de gobierno o de administración, mucho más paquidérmico e ineficaz, en tanto que de este nuevo ente, harían parte los presidentes de las altas cortes,-

más el presidente de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, más un representante de cada corte, nombrados para períodos de cuatro (4) años y se le agrega un representante de jueces y magistrados,-

quienes deberán acreditar los mismos requisitos que se le exigen al Director Nacional Administrativo, esto es, tener maestría en ciencias económicas, contables o administrativas y veinte (20) años de experiencia relacionadas con dichas profesiones.

Es decir, los jueces y magistrados, se quedarían sin representación, pues quien llena dichos requisitos, si la experiencia que tenemos en ciencias sociales y/o jurídicas.

Además, harán parte de ese Consejo de Gobierno, el Ministro de Justicia y el Fiscal General de la Nación, quienes no tendrán voto, pero si poder de injerencia en la Dirección.

Ello contrasta con la propuesta que levantamos desde Asonal, de constituir un órgano de gobierno democrático, con representatividad de los diferentes estamentos que tienen que ver con la Justicia, sin injerencia del poder legislativo o ejecutivo.

Así: un representante de cada alto Tribunal (uno por la Corte Suprema, uno por la Corte Constitucional y uno por el Consejo de Estado); un representante de los magistrados jueces de Tribunales; un representante de los empleados; un representante de los abogados colegiados; un representante de la academia (universidades y facultades de derecho).

Ese nefasto y antidemocrático proyecto, mantiene y fortalece la temida y politiquera Sala Disciplinaria, la cual seguirá teniendo el mismo origen politiquero, ya que el presidente los terna y el congreso los escoge.

Pero además, con la reforma se les reviste de súper-poderes, otorgándoles poder preferente, que significa en la práctica, que la Sala disciplinaria, podrá asumir cualquier investigación directamente, perdiéndose el derecho a la doble instancia para los disciplinados:

jueces, fiscales y abogados, auxiliares y demás autoridades y/o particulares que ejerzan o cumplan funciones judiciales.

Con otro agravante peor, como es que este órgano, en el que se cristaliza y visualiza la injerencia de la politiquería en la Rama Judicial, que acaba de un solo tajo con la autonomía e independencia judicial, será el encargado de disciplinar a los magistrados de la Corte Constitucional,-

con lo cual en definitiva, se amarra a esta alta Corte y, ahí sí, se acaba con cualquier vestigio de independencia y hasta de los máximos postulados de lo que debe ser u estado Democrático de Derecho, inclusive, desde los postulados demo liberales.

Facultades al procurador para disciplinar a los empleados

Nos opondremos rotundamente a esta propuesta, pues ello es atentatorio de la autonomía e independencia judicial, en tanto que es un órgano totalmente político, inclusive, en el proyecto, se excluye a la Corte Suprema de la posibilidad de ternar candidato para tal cargo.

Otorgamiento de facultades jurisdiccionales a notarios, abogados particulares y funcionarios administrativos = Privatización de la Justicia

Modificatorio del actual artículo 116 de la C.P. Con ello se profundiza la privatización de la justicia, se deslaboraliza la relación laboral de los servidores judiciales y se crean mecanismos alternos de justicia que no consultan las necesidades de la comunidad,-

generando costos que se trasladarán a los usuarios, tal y como puede observarse en la nota periodística emitida por el canal Caracol, en su emisión del día 1 de diciembre, en donde quedó sentada la siguiente nota “ Los notarios accedieron a hacer funciones de los jueces para ayudar a descongestionar la justicia,-

con la condición de cobrar por estos servicios un “arancel justo” para remodelar sus oficinas, así lo indicó el presidente de la Unión Colegiada de Notarios, Álvaro Rojas, quien agregó “es un arancel social y justo para que el notario amplié su notaria, amplié su nómina de asistentes y abogados”.

Es por ello, que sostenemos que a más de privatizar la justicia, se convierte en un factor de riesgo, pues la justicia será para quienes puedan pagarla, dejando de ser un derecho, para convertirse en una mercancía más, negando de paso el acceso a la justicia a amplias capas de la población.

Elección por Cooptación de los Magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado y ampliación de la edad de retiro forzoso a los setenta años.

Vuelve a introducir al viejo sistema de la cooptación, por cuanto se volvería al juego electorero, a las intrigas, al retraso en la escogencia y a las componendas.

Recientemente el país ha visto como el nombramiento o escogencia de un magistrado por parte de la misma corporación se demora hasta años, además, se corre el riesgo con la figura de la Cooptación y la ampliación del periodo de que se anquilose la doctrina y la jurisprudencia y se imponga una determinada corriente ideológica, lo que no le hace bien a la democracia.

Debemos insistir en la necesidad de que a todos los cargos públicos se acceda a través del Concurso de Méritos, pues sólo así podremos desterrar ese manejo politiquero en los cargos públicos, las consejas y las intrigas.

Función de los particulares para investigar delitos querellables

Ese despojo que de la función investigativa se le hace a la fiscalía y se le traspasa a las víctimas para que estas puedan desarrollar la investigación, imputar y acusar ante los jueces, no es más que generar la des formalización de la justicia,-

posibilita que se atropellen derechos fundamentales con desconocimiento absoluto de la sistemática jurídico penal y permite que se le traslade a los particulares funciones y potestades exclusivas del Estado.

Fuero militar: impunidad para los delitos de lesa humanidad cometidos por los integrantes de la fuerza pública.

En claro desconocimientos de normas protectoras de derechos humanos y convenios y pactos suscritos por el Estado colombiano en defensa de los civiles y de personas no combatientes, se pretende ahora con la llamada reforma a la justicia,-

darles patente de corso a quienes amparados en los uniformes y armas de Estado, cometen y han realizado, delitos atroces, homicidios en personas protegidas, genocidios y desapariciones forzadas, como las comprobadas en los falsos positivos y en la retoma del palacio de justicia, es decir,-

impunidad total, para quienes no han honrado el poder que les ha dado el Estado y, por el contrario, han horadado, erosionado el sistema legal vigente, al combatir a quienes han delinquido, con acciones y métodos ilegales, que los hacen más criminales que aquellos a quienes persiguen y combaten.

No otro es el cometido de dicho “articulito”, con el que se invierte los parámetros fijados por la actual constitución y la doctrina de la Corte Constitucional al respecto, pues todo delito cometido por los militares y policías, se supone fue cometido “en ocasión y con relación al servicio”,-

lo que excluye de su investigación a la justicia ordinaria y se la trasladan a la Justicia Militar, compuesta por militares activos y en retiro, que no son autónomos ni independientes, pues los nombran los mismos comandantes, es como decir, “yo con yo”.

Despojo a la Corte Suprema de Justicia pa investigar a los congresistas

Este es indudable el fin primero y último de la nefasta reforma, pues la Corte les ha resultado incómoda y altamente peligrosa para la clase politiquera y corrupta que se anida en el Congreso de la República,-

ese fue el querer uribista para defender a sus “compinches” a sus “uribitos” de todas las pelambres, pero aquél no ocultaba sus negras y nefastas intenciones, mientras éste gobierno Santista, más sofisticado, fino y refinado, “cocinó” una reforma a la Justicia, a la que de paso,-

le achaca todos los males de este Estado incapaz, que no brinda solución efectiva y real a las necesidades de la población, e inclusive, la que trató de revestir de un toque “democrático” al invitar a las altas Cortes a su discusión, pero desde un comienzo tenía claro, que la reforma iba con o sin consenso.

Además, tenía claro que en el camino de su discusión y aprobación en el Congreso, sus bancadas, le colgarían el mico u orangután, de restarle a la Corte la posibilidad de investigar y juzgar a los parapolíticos.

Este proyecto, que con toda seguridad, a pesar del llamado de las altas Cortes para que no continúe su trámite, será aprobado en cuarto debate al término de este período legislativo que termina el 16 de diciembre y se llevará a segunda vuelta en la próximo marzo del año venidero.

Tal y como se prevé, su aprobación no sufrirá mayores traumatismos en el Congreso, en donde impera la política de la “unidad nacional” impulsada por el gobierno de Santos, por lo que sólo la unidad y movilización de trabajadores y trabajadoras logrará echarlo atrás.

Hacemos un llamado a todos los servidores judiciales, para que desarrollemos un trabajo didáctico y pedagógico con la comunidad y todas sus organizaciones sociales, sindicales y populares, para que se entienda cual es el verdadero alcance de la reforma y no se deje engañar por un gobierno populista, que al tiempo que habla de mejorar, lo que realiza es todo lo contrario, cambiar para empeorar.

Para el mes de marzo, en el marco del comienzo de la segunda vuelta, tal y como lo definió nuestra Junta Nacional Ampliada, realizaremos una gran movilización nacional en contra de la pretendida reforma, que implicará, la toma de Bogotá por el poder judicial colombiano,-

quien estará acompañado, de las organizaciones y sectores democráticos de la sociedad colombiana, que entienden que es lo que el gobierno quiere con su reforma, con la que de paso, se acaba con la poca independencia y autonomía del poder judicial colombiano.

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2011-12-26T00:09:00.001-05:00

Parauribismo/

El presidente Chávez no permitirá que la oposición de su país importe desde Colombia la estrategia paramilitar
Por Camilo Raigozo. Notimundo

La demencial estrategia de utilizar escuadrones de sicarios, denominados en Colombia paramilitares o auto defensas, para tomarse el poder del Estado a sangre y fuego, despojar a los campesinos de sus tierras y exterminar a opositores políticos, sigue siendo un anhelo de la rancia oligarquía venezolana.

Desde inicios del primer gobierno de Uribe, con la dirección de Jorge Noguera del DAS, Fernando Londoño, ministro del Interior, un sector de la fuerza pública y el bloque norte de los paramilitares, entre otros,-

en alianza con la oligarquía, algunos miembros de la cúpula militar y políticos de Venezuela, se configuró una conspiración contra el gobierno de Chávez, según testimonios de Rafael García, exjefe de informática del DAS.

Fue así como el 9 de mayo de 2004, autoridades del vecino país capturaron a 56 paramilitares colombianos, con uniformes venezolanos, corte militar, brazaletes blancos y la bandera venezolana. Los criminales estaban siendo entrenados en una finca del gusano cubano, Roberto Alonso, quien trabaja para la CIA.

Hasta esa fecha más de 130 paramilitares colombianos habían sido capturados por los organismos de seguridad venezolanos y puestos bajo custodia de la justicia militar. Igualmente había sido capturado un grupo de militares activos de Venezuela. En la vivienda de uno de estos últimos fueron encontrados 600 chalecos antibalas.

Los investigadores venezolanos, denunciaron al triángulo: Colombia, Miami, Caracas, como responsable del plan paramilitar contra Venezuela.

La macabra estrategia tiene entre sus objetivos el magnicidio del presidente Chávez, el asesinato de altas personalidades, funcionarios públicos, políticos de izquierda, periodistas, líderes sociales y la desestabilización del país, entre otras monstruosidades.

El 18 de noviembre de 2004 el demencial plan cobró la vida de Danilo Anderson, fiscal cuarto con competencia nacional en materia ambiental, quien llevaba los casos del Golpe de Estado del 11 de abril de 2002.

Los criminales asesinaron a Anderson, haciendo explotar su vehículo con una bomba de alto poder, al mejor estilo de Pablo Escobar Gaviria, primo del exasesor de Uribe, José Obdulio Gaviria, involucrado recientemente en un nuevo plan de conspiración en Venezuela.

Así mismo, en los estados fronterizos de Zulia y Táchira, la estrategia paramilitar de la oligarquía venezolana ha estado sembrando el terror entre la población, principalmente indígena y campesina, para expulsarla de sus tierras, arrasar con el tejido social y con los procesos organizativos.

Secuestros, extorsiones, amenazas, asesinatos, desapariciones, son entre otras las acciones de la estrategia paramilitar importada desde Colombia.

A principios de noviembre de 2011, paramilitares colombianos secuestraron en Caracas al beisbolista venezolano Wilson Ramos, quién fue liberado 48 horas después por las fuerzas de seguridad. En esa ocasión fueron capturados cinco miembros de las Auc.

El 24 de noviembre anterior, varios opositores al gobierno de Chávez, entre los que se encontraba el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, se reunieron en Bogotá con Álvaro Uribe Vélez y su exasesor José Obdulio Gaviria, para conspirar contra las buenas relaciones existentes entre el presidente Santos y el presidente Chávez.

“Dicen que el presidente Santos va para Venezuela el 28. Por qué no producen un manifiesto en los días anteriores al encuentro y lo publican diciendo esto:

presidente Santos estamos desconcertados. ¿Cómo le da más peso a 800 millones de dólares o a 400, que a los valores democráticos? Los valores democráticos no tienen precio”, le aconsejó Uribe a los antichavistas, según un audio del noticiero CM&.

El pasado 15 de diciembre, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) capturaron en flagrancia a cuatro paramilitares pertenecientes a "Los Rastrojos", en el estado Táchira, informó la prensa venezolana.

Simultáneamente en la misma fecha, el precandidato de la oposición de Venezuela, Leopoldo López, se reunió en Bogotá con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

De allí habría surgido un convenio mediante el cual el exmandatario criollo y algunos de sus consejeros más cercanos, prestarían asesoramiento a la oposición venezolana.

Dos días después de esa reunión, el alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Emilio Graterón, dio a conocer una visita a Venezuela de los asesores de Uribe, José Obdulio Gaviria y Alfredo Rangel, para brindarle asesoría en materia de “seguridad”.

Inmediatamente el Gobierno del presidente Chávez advirtió que no permitirá la importación del paramilitarismo y la violencia desde Colombia para desestabilizar el país. Advirtió también que quién pisara territorio venezolano para sembrar violencia le caería todo el peso de la Constitución y la ley.

"No podemos repetir la misma historia, ellos (oposición) saben que van a perder las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 7 de octubre, y están buscando que caminos verdes y atajos buscar para desestabilizar al país y no se lo vamos a permitir", dijo entre otras cosas.

Agregó que el Gobierno Nacional tampoco permitirá ningún tipo de agresión por parte de "los aliados de la oposición ni a sus amos que están regados por América Latina, los que siempre le han hecho juego al imperialismo y han aplicado políticas de represión salvaje".

En respuesta, al muy estilo uribista, José Obdulio Gaviria dijo entre otras cosas este domingo que, “Definitivamente quien no respeta la división de poderes es un tirano, y sabemos que para Chávez son bienvenidos Piedad, Iván Márquez, Granda,'Timochenko'”.

Por su parte, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, advirtió en rueda de prensa que la propuesta de López y Graterón busca "importar paramilitares y es traer la violencia de Colombia. Nosotros no nos vamos a quedar tranquilos ante ese peligro inminente".

Video de las rebelaciones de Rafael García, exjefe de informática del DAS sobre la conspiración contra Venezuela desde Colombia (desde minuto 42:04)

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2011-12-24T23:51:00.000-05:00

Parauribismo/

El Inpec trasladó de cárcel a los peligrosos criminales Mario Uribe y Guillermo Valencia Cossio
Por Camilo Raigozo

Mario Uribe Escobar, primo de Álvaro Uribe Vélez, alias “El número uno de la Casa de Nari”, fue condenado a siete años y seis meses de cárcel por complicidad con paramilitares, para el despojo de tierras y alianzas políticas.

El otro delincuente, Guillermo Valencia Cossio, es hermano del exministro del interior y de ‘Justicia’ de Uribe Vélez, Fabio Valencia Cossio, condenado a 15 años de cárcel por complicidad con paramilitares.

Los peligrosos sujetos fueron trasladados por el Inpec en total hermetismo el pasado viernes de la cárcel La Picota en Bogotá a la cárcel Yarumito en Antioquia, donde mantienen su poder económico y político. No les será difícil burlar a la justicia.

Bajo la demencial estrategia paramilitar del régimen, fueron asesinadas 173.183 personas, desaparecidas otras 34.467, cometidas 1.597 masacres y desplazadas al menos 74.990 familias, en los últimos cinco años del gobierno de Uribe, según informe de la Fiscalía de enero de 2011.

También fueron despojadas al menos siete millones de hectáreas de tierras a los campesinos. “Nosotros íbamos matando y desplazando, otros venían comprando y otros venían legalizando”, declaró el paramilitar alias “Pitirri”, principal testigo contra Uribe Escobar.

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2011-12-24T15:17:00.001-05:00

A finales de enero guerrilla dejaría libres a seis miembros de la fuerza pública: Carlos Lozano

Por Caracol Radio

El director del semanario Voz e integrante del Grupo de Colombianos por la Paz, Carlos Lozano, afirmó en Caracol Radio que si las cosas avanzan por buen camino, la guerrilla de las Farc podría dejar en libertad a seis miembros de la fuerza pública a finales del mes de enero.

Lozano expresó que ojalá la guerrilla de las Farc cumpla con un pronunciamiento reciente para que esos compatriotas que se encuentran secuestrados puedan regresar al seno de sus hogares.

Sostuvo que en ese sentido vienen trabajando los miembros de Colombianos por la Paz y en especial la exsenadora Piedad Córdoba, que nunca renuncia a la posibilidad de un diálogo de paz.

Dijo que por eso hay que valorar la declaración de unos de los jefes mas legendarios de las Farc y ‘marquetalio’, Sargento Pascuas, quien sostuvo que llegó el momento de un diálogo con el Gobierno.

Así mismo, sostuvo que hay que destacar la respuesta del presidente Juan Manuel Santos al pronunciamiento de ‘Pascuas’ y que es importante seguir explorando todos los caminos hacia la paz porque a nadie le sirve el conflicto armado en Colombia.

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2011-12-24T10:05:00.002-05:00

Mensaje de navidad de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño, Cahucopana

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2011-12-23T22:38:00.000-05:00

Torturan a prisioneros en la cárcel de Valledupar La Tramacúa

Por Fcspp

Los hechos ocurrieron el miércoles, 21 de diciembre de 2011. Los responsables de las torturas fueron algunos guardianes del Iinpec, que trabajan en la Penitenciaria de Valledupar,-

denominada como “La Tramacúa” por sus sistemáticas y continúas violaciones a los derechos de los reclusos.

Las torturas iniciaron en la torre 5 de la penitenciaría, cuando un grupo de guardianes arremetió con insultos y gases lacrimógenos contra la población reclusa.

El día de hoy, 22 de diciembre, la guardia también arrojó gases contra las personas recluidas en la torre 1; vale anotar que en esta torre el INPEC mantiene un pasillo, que ellos denominan como de seguridad, en la que mantienen aislados y encerrados por tiempo prolongado a algunos reclusos.

Según denuncian algunos internos de “La Tramacúa”, la guardia utilizó como excusa un altercado con un interno para arremeter, por medio de la tortura, como forma de castigo, contra toda la población reclusa de las torres 5 y 1.

“Es sabido, denuncia un interno que se abstiene de revelar su nombre por temor a las torturas en su contra, que la guardia de la penitenciaría de Valledupar es una guardia agreste que aun conociendo los derechos de los internos y las limitaciones de su autoridad,-

cada que pueden acometen contra los reclusos con el fin de intimidarnos, castigarnos, someternos y así intentar evitar que reclamemos nuestros derechos. Para eso la tortura y otros tratos crueles e inhumanos creen que le son útiles”. Foto El Universal.

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2011-12-23T22:00:00.000-05:00

Villagarzón, Putumayo

Las petroleras extraen cinco mil 700 millones de pesos diarios y a los pobladores solo le queda contaminación y miseria
Por Sintrapetroputumayo

El año 2011 para el municipio de Villagarzón, fue un año de mucha riqueza pero al mismo tiempo de mucha injusticia. Sintrapetroputumayo,-

en cabeza de sus dirigentes y asociados, ha venido reflexionado sobre la situación actual del municipio y es concreto el análisis amigos Villagarzonenses.

Usted vive en uno de los municipios más ricos de Colombia y el mundo y lo invitamos hacerse la siguiente pregunta.

¿Sí usted ganara al día la suma de 5.700 millones de pesos como pensaría en mejorar la calidad de vida?

Sería justo que con ese dinero usted tuviera un alto nivel en calidad de atención en salud, que usted pudiera asistir a una de las mejores universidades, que sus hijos estudien en colegios que brinden una verdadera educación integral,-

que tenga derecho a una vivienda digna, que sus niños menores de cuatro años sean atendidos a través de personal especializado en salud mental y valores, que sus ancianos tengan sitios de descanso con todos los instrumentos-

y atenciones aptos para mantenerlos activos, que usted pueda tener de manera permanente trabajo y que esa actividad se pueda reflejar en una paz laboral, donde los campesinos puedan desarrollar verdaderos sistemas productivos,-

los desplazados tengan programas que los lleve a una rápida reinserción social y que los discapacitados tengan los espacios laborales y sociales a los que tienen derecho.

Amigo que dice usted, sería posible con ese dinero llegar a tener los sueños antes dichos. Es triste comentarles que en el municipio de Villagarzón actualmente se están explotando aproximadamente 30.000 barriles diarios de petróleo-

y que el barril tiene un costo de 100 dólares, lo que implica que la producción diaria de nuestro municipio es de 5.700 millones de pesos diarios, pero que es lo que se ha visto hasta el momento. Contaminación ambiental,-

incipiente desarrollo social, encarecimiento de la vida, aumento de la drogadicción, alcoholismo, prostitución, discriminación y persecución laboral para la gente nuestro pueblo, deterioro de vías, huecos, hundimiento de grandes extensiones de suelo desolación, pobreza y miseria.

Sintrapetroputumayo desde el 19 de abril de 2010 viene exigiendo las mesas de diálogo y concertación, donde se han logrado algunos acuerdos con el gobierno nacional, departamental, municipal y las Multinacionales petroleras como Gran Tierra,-

los acuerdo se han dado en temas concretos de aspectos sociales, ambientales, laborales y de derechos humanos, los cuales están plasmados en actas firmadas que reposan en los archivos de Sintrapetroputumayo.

Pero es triste comunicar que dichos acuerdos y compromisos que se han convertido en una burla para las instituciones del estado y las empresas explotadoras de petróleo.

Sintrapetroputumayo invita al pueblo a decir basta, no más, si no hay justicia social que se vayan, sin petróleo hemos vivido, pero luego que se saquen todo el recurso, será imposible poder vivir en una región con problemas ambientales graves, gente enferma y altos niveles de desorganización social.

Invitamos a estar pendientes a la convocatoria para el cese de actividades petroleras en el municipio de Villagarzón, e invitamos al departamento del Putumayo a una asamblea permanente.

¡Sí al desarrollo planificado, no al abuso de las multinacionales y a la indiferencia del Estado!

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2011-12-23T10:42:00.000-05:00

Seguridad narcocrática/

Roban computador con información sobre restitución de tierras en Sabana de Torres, Santander
Con información de Asogras

En la noche del pasado 20 de diciembre, en la Calle 16 No. 9- 85 del barrio Carvajal, del municipio de Sabana de Torres, donde funciona la oficina satelital de la Asociación Agrícola de Santander,-

Asogras, fue hurtado un computador que contenía información relacionada con la restitución de tierras de los campesinos afilados y no afiliados, arrebatadas por paramilitares.

Los maleantes sólo se llevaron el computador, aunque había otros objetos de valor a la vista.

Hace unos meses en el mismo lugar, sujetos extraños venían haciendo seguimiento al presidente de Asogras, Cesar Augusto Tamayo, en un vehículo de color blanco de placas KGT- 560, tipo camioneta doble cabina, polarizada.

Por las constantes denuncias que ha interpuesto la organización campesina ante las diferentes autoridades ha recibido hostigamientos, seguimientos, señalamientos, persecuciones, desplazamientos, asesinatos y judicializaciones de los afiliados de Asogras, en el municipio de Sabana de Torres.

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2011-12-22T22:28:00.002-05:00

“Extradición de ‘Julián Conrado’ a Colombia no procede"

Por: Camilo Raigozo. Notimundo

Así lo afirmó la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, al referirse a la extradición del colombiano Guillermo Torres Cueter, exgerrillero de las FARC-EP, más conocido como ‘Julián Conrado’.

“El cantante de las FARC”, como se le conoce a Conrado, fue detenido por las autoridades venezolanas a finales de mayo pasado en una localidad del estado de Barinas a solicitud del gobierno colombiano.

La alta funcionaria del vecino país aclaró que, “Venezuela no aprueba extradiciones a países solicitantes que puedan condenar a la pena de muerte al ciudadano requerido”.

Sin embargo, Ortega no aclaró si es por el temor de que una vez Conrado pise territorio colombiano sea extraditado a las fauces del imperio estadounidense donde la vida y los derechos de los ciudadanos del tercer mundo valen cero a la izquierda.

Ortega explicó que aunque su despacho no tiene la última palabra en el caso de Conrado, el Ministerio Público recomienda no extraditarlo porque, "el motivo de la solicitud de extradición es distinto a los delitos por los cuales él está siendo requerido en Colombia. No nos remiten elementos de prueba", aseveró la fiscal a Vtv.

"El procedimiento de extradición es distinto al procedimiento penal, el ministerio público participa en ese proceso emitiendo opinión según sea el caso. Cuando él se aprehende nosotros recibimos inmediatamente la solicitud de extradición, pero eso lo procesan administrativamente y luego pasa al Tribunal Supremo de Justicia", añadió la alta funcionaria.

"Es muy fácil decir 'yo estoy solicitando a esta persona porque cometió tales y cuales delitos' sí, pero envíame qué establece tu legislación con respecto a esos delitos y cuáles son los elementos de prueba que lo comprometen", explicó Ortega Díaz.

Por otra parte, ante el deteriorado estado de salud del “cantante de las FARC”, quién padece un cáncer de próstata, la fiscal informó que ya había impartido órdenes para que un funcionario de su dependencia constate personalmente el estado de salud de Conrado.

Sin duda, la jauría del gobierno colombiano espera ansiosa el arribo del 'cantautor de las FARC’ para clavarle todo el peso de la venganza y la injusticia.

Ante la indignidad que ha caracterizado a los sucesivos gobiernos colombianos, sin lugar a dudas, Santos entregará otra presa al gobierno de los Estados Unidos, pues es conocido que el mandatario suramericano obedece las órdenes antes de que se las dicten.

Así lo demostró Santos en la vergonzosa posición de Colombia como miembro temporal del Consejo de Seguridad de la ONU, al negarle el apoyo al pueblo palestino para que su Estado fuera reconocido plenamente por la organización multinacional.

De la misma forma actuó Santos ante el mundo al ser uno de los primeros en reconocer el gobierno impuesto por la OTAN en Libia, antes del asesinato de Al Gadaffi.

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2011-12-22T10:35:00.000-05:00

Seguridad narcocrática/

A indagatoria 8 miembros del DAS por tortura sicológica a la periodista Claudia Julieta Duque

Por Camilo Raigozo

La Fiscalía General de la Nación vinculó procesalmente a ocho personas investigadas, vinculadas al DAS en la época de los hechos,-

por su presunta responsabilidad en el delito de tortura sicológica agravada, cuya víctima es la periodista Claudia Julieta Duque Orrego, informó el ente investigador.

De acuerdo con lo establecido por un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, funcionarios del DAS actuaron en forma secuencial y sistemática contra la vida y la tranquilidad de la comunicadora y la de su hija menor de edad.

El origen de la actuación de la Fiscalía nace de la denuncia penal instaurada por la mencionada periodista en octubre de 2004 y que se refiere a la persecución sistemática y constantes amenazas de las que era objeto por su ejercicio profesional dedicado al periodismo investigativo.

En desarrollo de las tareas investigativas se constató la conformación en el DAS de un grupo especial denominado G3, adscrito a la Dirección General de Inteligencia, que nació sin el respaldo-

de un acto administrativo y que entre 2003 y 2005 adelantó acciones criminales como: seguimientos, interceptaciones telefónicas, y amenazas en contra de personas que representaban un sector de opinión.

Los presuntos delincuentes cobijados con la medida son: José Miguel Narváez, Enrique Alberto Ariza Rivas, Gian Carlos Auque de Silvestre, Carlos Alberto Arsayuz, Hugo Daney Ortiz García, Rodolfo Medina Alemán, y Jorge Armando Rubiano Jiménez.

Así mismo, el fiscal a cargo del caso compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue la presunta participación en tales hechos del criminal confeso Jorge Aurelio Noguera Cotes, director del DAS en la época de los hechos.

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2011-12-22T10:15:00.000-05:00

Seguridad narcocrática/

Asegurados coronel y 12 militares más por torturas y asesinato a sangre fría

Por Camilo Raigozo

Un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH ordenó la detención preventiva sin beneficio de excarcelación, contra el coronel de la Infantería de Marina, Henry Mauricio Rodríguez Botero, por su presunta responsabilidad en el delito de torturas y homicidio agravado.

También fueron cobijados con la misma medida por los crímenes mencionados: Pedro José Yepes Guzmán, dragoneante, Carlos Adolfo Bermúdez Carmona, sargento viceprimero, Misael Villabona López, sargento viceprimero, Oslavi Enrique de la Cruz Torres, infante de Marina profesional,-

Guillermo Próspero Castillo Valencia, sargento primero, Nelson Gutiérrez Tejero, militar activo, Alfonso Coronel Ortiz, infante de Marina profesional, Roger Gilberto Argel Bravo, infante de Marina retirado, y De Jairo Becerra, infante de Marina profesional.

Igualmente, fueron declarados reos ausentes: Carlos Enrique Castro Herrera, Fredy Aguirre Quintero y Eder Farrayan Nieto.

Los hechos ocurrieron el 1 de junio de 1992 en el corregimiento de San Cristóbal, municipio de San Jacinto, Bolívar, cuando los presuntos criminales de la Infantería de Marina sacaron violentamente de su vivienda a Omar Zúñiga Vásquez y a su mamá y los secuestraron.

A la progenitora de Zúñiga Vásquez la dejaron el 4 de junio en jurisdicción de María La Baja, Bolívar, mientras que el cuerpo de su hijo fue encontrado cuatro días después en la base del cerro El Capiro con disparos de arma de fuego.

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2011-12-22T01:14:00.002-05:00

Seguridad narcocrática/

Condenados 15 militares por asesinato a sangre fría de 5 jóvenes
Por: Camilo Raigozo

Este 21 de diciembre, el juez sexto penal de Ibagué condenó a 15 militares al haberlos hallado culpables de asesinar a sangre fría a 5 jóvenes en el caserío El Totumo, zona rural de la capital del Tolima, el 20 de diciembre de 2006.

Los criminales, integrantes de una patrulla del Gaula del Ejército, interceptaron a los cinco amigos cuando se dirigían a un club campestre a jugar futbol y los asesinaron a sangre fría.

Luego del múltiple asesinato los delincuentes presentaron los cuerpos de las víctimas como extorsionistas “dados de baja en combate”.

El grupo de asesinos estaba conformado por el mayor José Wilson Camargo, el teniente Wiliam Eduardo López, los cabos segundos Darwin Medina Quiroga y Albeiro Buitrago Murcia.

También conformaban el grupo delictivo los soldados profesionales Carlos Augusto Acevedo Ramírez, Elder Antonio Barreto Sapa, Gregorio Carepa Conde, Silverio Camargo Camargo, José Never González, Hugo López Melo, Renet Max Devia, Mario Pirazán Vanegas, Luis Antonio Silva y Henry Rangel.

Las víctimas fueron: Rubén Fernando Sánchez Morales, Jeison Méndez Zorro, Alexánder Jaramillo Quitora, Dorancé Enciso Medina y Armel Ramírez Lozano.

En la deforma a la justicia mal llamada “reforma a la justicia”, que se tramita actualmente en el Congreso, de mayoría oficialista, se contempla ampliar el fuero militar, que no es otra cosa que otorgarle a los miembros de la fuerza pública licencia para matar, con garantía de impunidad.

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