Notimundo pg. 2

noreply@blogger.com (cra8329) — Tue, 24 Nov 2009 03:20:00 +0000

El régimen colombiano es torturador
Entre julio de 2003 y junio de 2008 fueron torturadas en Colombia al menos 899 personas de las cuales 833, el 92,6 por ciento, fueron cometidas por agentes del Estado
Por Camilo Raigozo. Voz

A Lily Johana Oviedo el Ejército no solo le asesinó al esposo, sino que la tiene sometida junto a su hija a una persecución implacable. Con valentía ella autorizó la publicación de esta foto, pero advertimos que sí algo les ocurre a estas dos colombianas el único responsable es el Ejército. Foto Camilo Raigozo.

“Soy Lily Johana Oviedo. Vengo desplazada de la ciudad de Buga, Valle del Cauca. En la madrugada del 13 de noviembre de 2005, llegaron a mi casa miembros del Batallón Agustín Codazzi, con sede en Palmira en el mismo departamento sur colombiano.

“Nos sacaron violentamente a mi esposo, a mi hija y a mí y nos torturaron de forma brutal durante al menos dos horas. Luego se llevaron a mi esposo aún con vida, mientras ignoraban las súplicas mías y de mi hija de que no le fueran a hacer nada.

“A las dos horas de haberlo secuestrado las tropas informaron que lo habían dado de baja en combate.

“Desde esos momentos, el Ejército nos ha sometido a mi hija y a mí a torturas sicológicas por los acosos, amenazas y persecuciones a que nos tiene sometidas. Nos prohibieron terminantemente que denunciáramos los hechos criminales ‘o que nos atuviéramos a las consecuencias’.

“Como me he atrevido a denunciar el caso ante organismos de derechos humanos y autoridades competentes, los militares persisten en llevar a cabo sus amenazas. Hace poco intentaron secuestrarme nuevamente pero por fortuna me salvé de milagro.

“Desde la fecha en que asesinaron a mi esposo prácticamente mi hija y yo hemos permanecido prisioneras en los sitios de vivienda, los cuales hemos tenido que cambiar frecuentemente. Una de las consecuencias es que mi hija no ha podido estudiar por el apremiante peligro que corre al salir a la calle”.

Tal vez en el momento de escribir esta nota Lily Johana y su hija hayan tenido que abandonar el país para salvar sus vidas, ayudadas por organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes le dijeron a VOZ que “su salida es inminente y pronta dado el grave peligro que corren de permanecer en el país”.

Como el anterior, existen por lo menos otros 833 casos en el que la Fuerza Pública u otros agentes del Estado son los responsables. Sobra decir que en dichos casos reina la impunidad.

El pasado 11 de noviembre la Coalición Colombiana Contra la Tortura presentó su informe anual sobre el comportamiento de este crimen de lesa humanidad en Colombia, el cual arrojó cifras escalofriantes sí se tiene en cuenta que casi en su totalidad, el 92.6 por ciento, fueron cometidos por agentes del Estado y que la impunidad raya el cien por ciento.

El informe da cuenta entre otros datos, que entre julio de 2003 y junio de 2008 fueron víctimas de tortura por lo menos 899 personas, de las cuales 229 quedaron con vida, 502 fueron asesinadas y 168 fueron víctimas de tortura psicológica. De los 296 casos en que se conoció la edad de la víctima, el 30,4 por ciento, 90, fueron niñas y niños.

De 793 casos en que se logró conocer el sexo de las víctimas, 685 fueron hombres, 86,3 por ciento y 108 fueron mujeres, 13,6 por ciento.

Así mismo el documento dice que el 50,6 por ciento de los casos fueron perpetrados directamente por agentes estatales y por omisión, tolerancia, aquiescencia o apoyo a los paramilitares, el 42 por ciento. Las guerrillas fueron halladas culpables de 49 casos, es decir el 7,4 por ciento.

La Coalición identificó los siguientes patrones incidentes en el crimen de tortura:
Primero, la tortura como medio de persecución política, en el marco de detenciones, con el propósito de obtener una confesión o información, segundo, como método de-

sometimiento de la población carcelaria, tercero, como mecanismo de discriminación por razones étnicas, de ideología política, de género, de edad o de orientación sexual, cuarto, como forma de control social y para sembrar terror en las comunidades, quinto,-

como instrumento de represión de la protesta social (uso de la fuerza en manifestaciones públicas), sexto como método de sometimiento contra las personas secuestradas y séptimo como parte de la instrucción de miembros de la fuerza pública.

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noreply@blogger.com (cra8329) — Tue, 24 Nov 2009 00:21:00 +0000

Seguridad narcocrática/
Asegurados un capitán y un soldado por "falsos positivos"
Por camilo Raigozo

Continúan apareciendo casos de ejecuciones extrajudiciales mal llamados falsos positivos cometidos por miembros del Ejército Nacional.

Según información suministrada por la Fiscalía, el 30 de mayo de 2006, en zona rural de Santa Bárbara, Antioquia, una patrulla militar reportó la “muerte en combate” de Diego Silver García Suaza, y la captura de Álvaro de Jesús Ríos Zapata, quienes supuestamente se enfrentaron al ejército.

Un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH profirió medida de aseguramiento contra el capitán Elkin Ricardo Prieto Sánchez y del soldado profesional Marino Aragón Rentería, por su presunta responsabilidad en el homicidio de García Suaza y en la tentativa de homicidio de Ríos Zapata.

Este último declaró ante la Fiscalía que él y sus compañeros fueron llevados con engaños por un soldado hasta el lugar de los hechos, y que una vez allí fueron baleados por los militares.

La Fiscalía sostiene que en ese mismo proceso y por los mismos delitos ya fueron asegurados otros militares, entre ellos un mayor.

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noreply@blogger.com (cra8329) — Mon, 23 Nov 2009 22:55:00 +0000

Por negarse a practicarle un aborto a una menor violada Supersalud impone primera sanción a EPS Coomeva
Por Brújula comunicaciones

La Superintendencia Nacional de Salud sancionó a la EPS Coomeva con una multa de 750 salarios mínimos legales vigentes, por negarse a practicar una interrupción voluntaria del embarazo -IVE- a una menor violada, argumentando objeción de conciencia.

Bogotá 23 de noviembre de 2009.- Mediante un derecho de petición radicado ante la Superintendencia Nacional de Salud, la organización Women’s Link Worldwide conoció que, a través de la Resolución No. 168 del 29 de julio de 2009, la EPS Coomeva fue sancionada con una multa equivalente a 750 salarios mínimos legales vigentes, por negarle la interrupción del aborto a una menor violada.

El caso se registró en Cúcuta, y corresponde a una adolescente de 13 años quien quedó embarazada producto de una violación y solicitó, en compañía de su madre, la interrupción del embarazo.

Aún cuando su caso se enmarcaba en los reconocidos desde 2006, la práctica le fue negada en más de 7 ocasiones por diferentes prestadores de salud. Mientras el tiempo transcurría entre hospitales y juzgados, la víctima intentó suicidarse en varias ocasiones.

La Superintendencia Nacional de Salud, dando cumplimiento a la sentencia T-209 de 2008 y del auto 279 de 2009 de la Corte Constitucional también abrió investigación administrativa contra cada una de la IPS que le negaron la práctica de la IVE a la menor vulnerando sus derechos fundamentales.

Las IPS de Cúcuta que en este momento están siendo investigadas por la Supersalud son: ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz, IPS Clínica Santa Ana S.A., IPS Clínica San José de Cúcuta, IPS Clínica Médico Quirúrgica, IPS Clínica Norte S.A., Fundación Mario Gaitán Yanguas.

Mónica Roa, directora de programas de la organización Women´s Link Worldwide se pronunció: “las mujeres colombianas deben tener presente que la Sentencia C-355/06 de la Corte Constitucional que reconoce el derecho a optar por una IVE en tres circunstancias, está vigente.

“Por lo tanto, pueden hacer uso de este derecho. De la misma manera, los médicos, prestadores de salud y jueces deben recordar que la Sentencia es explícita al decir que la objeción de conciencia es individual y no colectiva, ni institucional, ni judicial, ni de funcionarios públicos; en materia de interrupción voluntaria del embarazo, sólo pueden ejercerla los profesionales de la salud directamente involucrados en el procedimiento”.

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noreply@blogger.com (cra8329) — Mon, 23 Nov 2009 22:22:00 +0000

Parauribismo/

Paramilitares amenazan a activista de derechos humanos en Barrancabermeja

Por Camilo Raigozo

Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos, Afaddes, denunció públicamente a través de un comunicado que el pasado 18 de noviembre en horas de la tarde Luz Elsia Almanza, coordinadora de-

esta organización en el puerto petrolero recibió en su celular un mensaje de texto en el que la señalan como objetivo militar, por parte de paramilitares autodenominados “autodefensas gaitanistas”.

El pasado domingo 22 de noviembre empezó a circular el rumor en Barrancabermeja de la existencia de una supuesta “lista negra” con nombres de personas próximas a ser ejecutadas por parte de las cuadrillas paramilitares, en las cuales figura el nombre de Luz Elsia Almanza.

La seccional de Asfaddes en Barrancabermeja ha venido siendo amenazada y hostigada constantemente hasta el punto de haber tenido que cerrar sus oficinas temporalmente.

A finales de 2006 el Concejo de Coordinación Nacional tomó la decisión de reabrirlas siendo elegida por los familiares asociados Luz Elsia Almanza, cuyo compañero sentimental Ricki Nelson García fue desaparecido forzosamente el 16 de mayo de 1998.

El 17 de julio de 2008, uno de los hijos menores de edad de Almanza, quien se encontraba en la cancha de fútbol del barrio el Campin de Barrancabermeja, fue retenido a la fuerza por hombres fuertemente armados que se movilizaban en motos. “Cuídese que nosotros sabemos que hace su mamá”, le dijeron.

Según el comunicado de Asfaddes, en lo que va corrido de 2009 Luz Elsia Almanza ha sido hostigada constantemente. Su casa es vigilada y a ella la han abordado sujetos que se identifican como paramilitares que la amenazan por el trabajo que lidera en la seccional.

El pasado domingo 15 de noviembre, cuando se encontraban en Barrancabermeja Gloria Gómez, coordinadora general de Asfaddes, Cesar Muñoz y Diego Castillo, del área de comunicaciones de la-

Asociación, en compañía de personas de la organización internacional Swefor, realizando trabajos periodísticos, en la sede de la USO, fueron hostigados y vigilados por sujetos con radio de comunicación que también intentaron ingresar a las instalaciones.

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noreply@blogger.com (cra8329) — Fri, 20 Nov 2009 00:42:00 +0000

Sabotaje del DAS al Encuentro Nacional e Internacional por el Acuerdo Humanitario y la paz
La acción inmediata de los participantes al evento lograron evitar la posible desaparición forzada o de otro mal llamado falso positivo de líder campesino
Por Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes

Una multitud de 5.000 personas que marcharon en Cali el trece de noviembre pasad, rompiendo el silencio impuesto por la "seguridad democrática" que señala a quien se oponga a su fundamento guerrerista como integrante de las FARC-EP, instalaron un espacio democrático, reflexivo, multitudinario, abierto denominado “Encuentro Internacional por el Acuerdo Humanitario y la Paz”.

Este espacio, que culminó el 15 de Noviembre, coloca nuevamente sobre la mesa los deseos de los colombianos honestos, dignos y trasparentes por avanzar hacia una salida política negociada al conflicto social armado que vive Colombia.

Desafortunadamente este anhelo colectivo de mujeres y hombres colombianos, intentó ser opacado por la criminalidad de la seguridad democrática, cuando durante la realización del encuentro, tres supuestos agentes del DAS mediante engaños intentaron sustraer del evento, a un líder campesino y luego intentaron por la fuerza subirlo a un taxi.

De esa práctica totalmente ilegal, por parte de agentes del Estado, ya se conocen varias experiencias que han terminado con la desaparición forzada.

Es Insólito que el intento de desaparición forzada perpetrado por las fuerzas al servicio del estado se justifique señalando al indefenso líder, campesino y defensor del derecho internacional de los derechos humanos, de ser miliciano de las FARC-EP.

Ahora los victimarios (los agentes del DAS) quienes gozan del amparo de todo el poder concentrado en la presidencia de la República, se presentan como víctimas de una muchedumbre animada por el líder campesino agredido, como lo señala un comunicado del DAS.

El líder campesino Iván Danilo Alarcón Quiceno, socio activo de la Asociación Pro constitución Zona de Reserva Campesina del municipio de Corinto, departamento del Cauca, fiscal de la misma; es ampliamente reconocido en su comunidad como líder que trabaja por el mejoramiento de las condiciones de vida de su comunidad.

Es de anotar que la población del municipio de Corinto actualmente son objetivo del guerrerismo de la política se Seguridad Democrática, que recae sobre la población civil, manifiesta en hechos como los sucedidos el primero de agosto de 2009, denunciados en su momento por la RED de Derechos Humanos “Francisco Isaías Cifuentes”.

Cuando posterior un ametrallamiento indiscriminado en la zona rural del municipio de Corinto por parte de la fuerza aérea, el mismo campesino Iván Danilo Alarcón, junto a los campesinos Libia Noscue Culcue, Jairo Antonio Millán, Gerardo Campana y Hernando Coicue, fueron detenidos arbitrariamente por un grupo de policías pertenecientes al grupo Omega, quienes llegaron a la vivienda donde se resguardaban estas personas del ametrallamiento.

Detención que duró alrededor de hora y media con golpes y humillaciones, y en la cual los policías fotografiaron sus rostros y sus documentos de identificación.

El sabotaje por parte del DAS a las iniciativas ciudadanas de paz es una constantes en el accionar de esta institución, cuestionada históricamente por la participación de funcionarios de esta institución en el genocidio de la Unión Patriótica, por la violación sistemática de la Constitución Nacional y a partir del 2002, desde la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, por los vínculos con el paramilitarismo.

En Colombia se institucionalizó una política de delación que incluye el pago de recompensas en dólares para quienes denunciaran a supuestos alzados en armas. Política que desencadenó un sinnúmero de falsas acusaciones que llevaron a la cárcel a muchas personas inocentes que luego tuvieron que dejarse en libertad.

El DAS no ha sido ajeno a esta política, así como no ha sido ajeno a favorecer con fraude electoral el triunfo de Uribe Vélez como fue confesado por el exjefe de informática del DAS, de otra forma el mismo exjefe de informática del DAS declara que el DAS conocía los aportes realizados por algunos grupos paramilitares a la campaña de Uribe.

A esto se suman los escándalos por las conocidas “chuzadas” telefónicas y seguimientos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas y defensores de Derechos Humanos.

Esta es la institución, adscrita de la Presidencia de la República, ahora presentada como víctima del ataque de ciudadanos Colombianos. Quienes llegaron en operaciones encubiertas, dotados con armas de fuego, actuando dentro de la ilegalidad fueron los miembros del DAS.

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noreply@blogger.com (cra8329) — Wed, 18 Nov 2009 15:52:00 +0000

Por incumplimientos del Gobierno desplazados harán nuevas protestas en Bogotá
Por Hernán Durango

Las familias de desplazados por el conflicto interno que sacude a Colombia convocaron una concentración para el día jueves 19 de noviembre de 2009 a partir de las 9 de la mañana frente a las instalaciones de la Procuraduría, en la calle 16 con carrera 5, en Bogotá.

Según informó José Mayorga, integrante de la Asociación solidaria Andas el objetivo de la jornada del 19 de noviembre es llamar la atención del órgano defensor de los ciudadanos para que haga cumplir las peticiones y exigencias de esta familias vulnerables amparados en la ley 387 de 1997 y sentencias de la corte constitucional, las cuales son desatendidas flagrantemente por voceros del gobierno.

Por su parte, las familias de desplazados que recientemente desocuparon el Parque del tercer milenio anunciaron la realización de un gran marcha el próximo viernes 20 de noviembre a partir de las 8 am desde el Parque El Tunal hasta la Plaza de Bolívar.

Sus voceros denuncian incumplimiento de lo pactado con autoridades referentes a las ayudas económicas para arriendo de vivienda, mercados de alimentos y proyectos productivos.

En días pasados se tomaron el Parque Lourdes en la carrera 13 con calle 63 y fueron atropellados por el Esmad de la Policía.

Reclaman al Programa Acción Social de la presidencia de la República, Acnur y Alcaldía de Bogotá materializar los acuerdos para poner fin al drama humanitario de los desarraigados. Contactos: José Mayorga celular 3142084868.

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noreply@blogger.com (cra8329) — Tue, 17 Nov 2009 14:34:00 +0000

Fiscalía tuvo que archivar proceso contra dirigente agrario de Santander
Por Camilo Raigozo

La Fiscalía Tercera de Bucaramanga procedió a archivar el proceso que se le seguía al presidente departamental de la Asociación Agraria de Santander, Asogras, Cesar Augusto Tamayo.

Asogras informó por intermedio de un comunicado que la Fiscalía recluyó a favor del líder campesino la investigación que cursaba en su contra por el delito de falsedad en documento privado, cuya demandante era la funcionaria del Ministerio del Interior y de Justicia del Programa de Protección a personas amenazadas, Eileane Súarez Tavera.

“Con esta determinación de la Fiscalía, se demostró la persecución que existe de parte de algunos funcionarios del Ministerio del Interior y de Justicia en contra de la Asociación Agraria de Santander, quienes venimos siendo golpeados por los grupos paramilitares que operan en Santander.

“A esto se suma la persecución por parte del Estado colombiano, del cual, cada vez que se pide la protección ante este Ministerio siempre se argumenta que los resultados de los estudios de seguridad arrojan ‘ordinario’, quedando desprotegidos los compañeros que están amenazados en este momento”, dice el documento emitido por Asogras.

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noreply@blogger.com (cra8329) — Tue, 17 Nov 2009 14:04:00 +0000

Repudio a la provocación del DAS al Encuentro por el acuerdo humanitario y la paz en Cali
Por Prensa PCC

La actuación irregular de dos agentes del DAS puso en riesgo la vida, la libertad y la integridad personal de los asistentes al Encuentro Nacional e Internacional por el Acuerdo Humanitario y la Paz en Colombia realizado en Cali los días 13,14 y de 15 de Noviembre.

El incidente se presentó el sábado 14 de noviembre en momentos en que los detectives Sandra Liliana Nieto Arzayus, Alexander Benavidez Monroy y Adonio Daza Velandia, pretendían detener a Iván Danilo Alarcón Quiceno, dirigente de la Coordinación Departamental Cauca del Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano y defensor de los derechos-

humanos, participante del encuentro, hecho que fue impedido por la respuesta decidida y solidaria de las delegaciones que repelieron la provocación reteniendo a los tres sabuesos para finalmente ser entregados a un funcionario de la personería de la ciudad.

La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes” mediante denuncia nacional e internacional responsabiliza al estado colombiano, y en particular al mayor general Justo Eliseo Peña Sánchez (Tercera División del Ejército de Colombia), al brigadier general Gustavo Adolfo Ricaurte Tapia (Comando de Policía Región 4 Sur Occidente)-

y a Felipe Muñoz Gómez (director del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS) por acción y omisión de serias violaciones a los derechos humanos. Y en especial por la vida e integridad física del ciudadano colombiano Iván Danilo Alarcón Quiceno, residente en la zona de operaciones de las unidades que dirigen.

Según reporte de Camilo fagua, integrante de la delegación bogotana en el encuentro y defensor de derechos humanos este multitudinario evento conto con la participación de más de 5.000 de delegados del todo el territorio colombiano entre quienes se encontraban la-

Senadora piedad Córdoba, Gloria Cuartas, Carlos Lozano Guillén, Iván cepeda, Alfredo Molano, José Noé Ríos entre otros de la delegación nacional, Jesús Jerónimo Aguilar, militante del FMLN, Charalampus eurodiputado griego, David Herrara del MAS de Bolivia, al evento se un sin número de organizaciones sociales en Colombia y el exterior que trabajan por la construcción de la paz en el país.

El Encuentro Nacional e Internacional por el Acuerdo Humanitario y la Paz en Colombia fue organizado por el mandato estudiantil por el acuerdo Humanitario y la paz y demás personalidades de Colombianos y Colombianas por la paz, comenzó con una gran marcha por-

la carrera sexta de la capital del departamento del Valle del Cauca hasta la universidad Santiago de Cali, luego del recibimiento en las instalaciones del Colegio Politécnico Municipal las diferentes delegaciones se instalaron en el campamento.

El objetivo principal de la cita era construir diferentes iniciativas por parte del movimiento social en Colombia que lograra la realización de acuerdos humanitarios como eje inicial de la construcción de la paz con justicia social en nuestro país.

Las discusiones se desarrollaron en los diferentes ejes de trabajo arrojaron como conclusión la necesidad de recuperar la agenda-

para la construcción de la paz, la importancia política del acuerdo humanitario, la urgencia de organizar en las diferentes regiones los comités de colombianos y colombianas por la paz, el papel primordial de los medios alternativos de comunicación frente a al monopolio de los-

canales privados, además de hacer énfasis la característica que hoy tiene el conflicto social y armado, y la poca voluntad política del gobierno nacional en dar un salida a este enfrentamiento de más de 60 años.

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noreply@blogger.com (cra8329) — Mon, 16 Nov 2009 21:18:00 +0000

Parauribismo/
“Su cadáver aún está caliente”
Por Cabildo Cerro Tijeras

Hondo dolor produce estos aleves asesinatos, las lágrimas que derramamos fertilizarán esta tierra con la semilla de libertad que palpita en el corazón del humilde, y en general de todo el pueblo colombiano que a pesar de todo no ha querido reconocerse en su pasado: en sus indios, en sus mestizos, en sus mulatas.

¿Quién será el próximo asesinado?

No habíamos aún terminado de enterrar a Reinaldo Bomba cuando nos enteramos que nuestro territorio había sido manchado con sangre de otro comunero: el 13 de noviembre fue ultimado Nilson Campo y herido de gravedad Egidio Obando, en El Tanque, vereda Cerro Damián, Cabildo Cerro Tijeras, Suárez, Cauca.

Los indígenas fueron abordados por hombres encapuchados, con brazaletes negros y vistiendo prendas militares.

Los precedentes nos remiten al dos de julio y al 22 de octubre, fechas en las que el Cabildo ha sido objeto de amenazas por parte de las “Águilas Negras Nueva Generación” por oponerse a la presencia de las predadoras multinacionales en la región, todo lo cual nos lleva a elevar nuestra más enérgica protesta porque esta connivencia con fines económicos está ocasionando un genocidio.

La triada gobierno, multinacionales y autodefensas ha confabulado con propósitos siniestros: unos amparan con leyes, otros se benefician y retribuyen dichos favores y los terceros, financiados por ambos, hacen el trabajo sucio.

Recordemos que el ex gobernador del Cauca, Juan José Chaux, fue implicado en la masacre del Naya que cobró la vida a más de cien personas. No obstante las denuncias, el gobierno recompensó a su sicario intelectual nombrándolo embajador en República Dominicana.

Ríos de tinta se han escrito sobre los negocios de este personaje, como los cultivos de palma destinados para agrocombustibles a los que se oponen los nativos, razón por la cual y justamente nos vienen masacrando.

Kedhada, Smurfing, Epsa y los agrocombustibles son las corporaciones que hacen presencia en la zona.

¿Quién será el próximo? La gobernadora, el concejal, una mujer, un anciano, un guardia indígena, un estudiante, un transeúnte, un docente, él, ella…usted…yo…

Queremos advertirles a las trasnacionales, al gobierno que las ampara y a los armados que las acompañan que no desalojaremos los territorios, la paciencia se agotó y nuestra palabra se eleva inspirada en las enseñanzas de Quintín Lame, de La Gaitana, de los espíritus y mayores.

La sangre india hierve reclamando justicia y exigiendo libertad.
Cabildo Cerro Tijeras

El panfleto de los ‘paras’ enviado a las víctimas vía fax:

“El Gobierno sigue cumpliendo con los acuerdos y compromisos”

Ustedes son defensores de la guerrilla, solicitando tierra para sembrar coca para fortalecer a los indígenas y a la guerrilla que no entienden el esfuerzo del presidente de la república Álvaro Uribe.

Que con la ayuda de familias en Acion, guardabosques y la seguridad democrática, un grupo de hombres y mujeres preocupados por el acontecer del país, hemos definido que se hace necesario de nuevo emprender la lucha contra aquellos que se camuflan en las organizaciones-

sociales como la CUT, Valle, Nomadesc, Defensores de D DHH, ONG, enemigos de nuestra democracia. Esos burócratas no dejan progresar el Cauca, donde no permiten el ingreso de las multinacionales que si traen beneficio a las comunidades en Suarez, Morales y Buenos Aires.

Algunas de estas organizaciones han hecho convenios con dueños de títulos mineros solicitando el desalojo de las zonas mineras a cambio de dinero como ocurre en el corregimiento de la Toma y tenemos documento como prueba.

Hoy hemos decidido declarlos objetivo militar a esos burócratas HP, defensores de derechos humanos, Nomadesc, CUT Valle, PCN, Consejo Comunitario de la Toma, Cerro Tijeras, Licifredy, Eduar Villegas, Jose Goyes, Diego Escobar, Recheche, Meraldiño Consejal.Águilas Negras Nueva Generación.

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noreply@blogger.com (cra8329) — Sun, 15 Nov 2009 15:55:00 +0000

"Confianza Inversionista": Betto

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noreply@blogger.com (cra8329) — Sat, 14 Nov 2009 18:10:00 +0000

Parauribismo/
“Grupos ‘paras’ son franquicias de Colombia”
Expertos colombianos aseguraron que uno de los elementos que condicionan la incursión de paramilitares en Venezuela es la poca presencia policial en las fronteras de lado colombiano. Diputado López explica cómo los irregulares penetraron las policías
Por Eddy S. Riera

Circulación de “panfletos de la muerte”, amenazas y atentados contra funcionarios municipales, secuestros colectivos, asesinatos y detenciones de irregulares en centros urbanos resultan evidencias de la “real incursión” de paramilitares al país.

“Desde hace unos cinco años se viene denunciando la presencia de paramilitares, en muchos casos creyeron que sólo se trataba de una exageración. Los irregulares han hecho un trabajo de espionaje sigiloso desde inicios del 2005” , aseguró Francisco López, diputado zuliano en la Asamblea Nacional (AN).

Una de las evidencias del daño que causan los ‘paras’ en nuestro territorio, el manejo y alcance que tienen en varias regiones, según López, es la circulación, desde mediados de mayo, de los llamados “panfletos de la muerte”. Éstos han sido repartidos en Villa del Rosario, Machiques, Mara, Páez, Cabimas, Colón y otras zonas zulianas.

“La penetración urbana está muy bien organizada. Los paramilitares son una franquicia. Su estructuración y su forma de actuar son asesoradas desde Colombia, pero en su accionar hay delincuentes en su mayoría venezolanos y personas ligadas a los cuerpos policiales”.

El parlamentario recalcó que lo más grave es el apoyo que estos grupos tienen de algunos cuerpos policiales. “El apoyo operacional quedó reflejado con el caso de las amenazas contra la alcaldesa del municipio zuliano Jesús María Semprum, Lucía Mavárez —denuncia interpuesta el 7 de octubre pasado—.

Ella reveló que estos irregulares no sólo compraban tierras en el Sur de Lago y cobraban vacuna a los comerciantes y ganaderos, sino que además reveló que eran escoltados por funcionarios de la Policía Regional ”.

López agregó que hay zonas en el estado Táchira donde poblaciones enteras son dominadas por estos grupos como en Rubio y Ureña.

Denunció que hay factores nacionales que facilitan el ingreso de los irregulares al país. “Les brindan apoyo logístico, situación que se ha comprobado en zonas como Táchira. Se ha expuesto en el Consejo Legislativo de ese estado desde hace cuatro años, hasta se han entregado investigaciones de dónde se han asentado estos grupos y esperamos respuestas de los gobernantes regionales”.

El parlamentario coincide, en su opinión, con una investigación elaborada por Alejandro Reyes Posada, Francisco Thoumi Jasbón y Liliana Duica, de la Universidad del Rosario de Bogotá: “La reorganización y movilización de los ‘paracos’ se concretó con la destrucción de los grandes carteles del narcotráfico y tras las primeras extradiciones de los jefes de los grupos y sus lugartenientes”.

Los estudiosos colombianos detallan que los paramilitares, además de sembrar el terror y violencia, tienen como objetivo tratar de controlar el narcotráfico y cultivo de droga. “En esta investigación se reportan tres áreas donde claramente se han expandido los cultivos y laboratorios más allá de las fronteras colombianas y una de ellas es en la sierra de Perijá de Venezuela”.

El Gobierno venezolano monitorea la situación, en días pasados, activó la operación Sierra 21.

El trabajo de campo realizado por los representantes de la Universidad del Rosario de Colombia, presentado a finales del 2007, muestran cómo campamentos de “paras” han salido de sus departamentos territoriales y han ingresado por el occidente y y parte de los Andes venezolanos a tierras venezolanas.

“Mientras más profunda sea su incursión más difícil será erradicarlos porque se fusionan con las organizaciones venezolanas y quedamos a merced de este flagelo”, concluyó el diputado López.

“Presencia de los ‘paracos’ quebranta la soberanía”

“Las incursiones de irregulares demuestran que hemos descuidado la protección del territorio nacional y se quebranta la soberanía con la evidencia de presencia de ‘paracos’ en nuestro país”, declaró el criminólogo Fermín Mármol León.

Considera que en el país existe un problema judicial grave. “Hay una justicia injusta no hay castigo ejemplarizante, que es uno de los factores por lo que elementos extranjeros ven cómo un territorio fácil para establecerse y delinquir”.

Agregó: “Desde Paraguachón a Guasdualito, de manera libre, los irregulares se movilizan. Nuestros ganaderos y comerciantes deben pagar vacunas para no ser víctimas de desmanes como el sicariato, los secuestros y agresiones contra sus familiares. La situación debe ser atacada y atendida de inmediato antes que sea demasiado tarde y terminemos viviendo una guerra como en Colombia”, advirtió.

“Tenemos entender que hay graves problemas sociales que no han sido atendidos que originan una delincuencia agresiva y asesina que es lo que estamos viviendo”, recalcó Mármol.

“Paracos’ tienen cuatro años operando en Zulia”

El profesor y criminólogo Francisco Delgado aseguró que en la región zuliana se viene denunciando que desde hace cuatro años los paramilitares colombianos comenzaron sus operaciones en el casco central de Maracaibo, pero el Gobierno regional no reaccionó para coordinar acciones y solventar la incursión.

“Ellos han establecido comercio, han adquirido propiedades y someten a los comerciantes de la zona. Se acercan a ellos como prestamistas para luego ponerse al mando de la violencia extrema. Se ha sido negligente para atacar con un esfuerzo sostenido la situación”.

Detalló que el temor de los pobladores de Mara y Páez no les ha facilitado a las autoridades locales concretar la lucha contra los grupos que se asientan en la región. Exhortó a investigar a los compradores extranjeros que repentinamente comenzaron a comprar propiedades y comercios.

Recalcó que las medidas deben tomarse a tiempo porque una situación de conflicto entre irregulares y la total apropiación de estas fuerzas insurgentes en la zona se puede escapar de las manos de cualquier gobierno. “Se deben aplicar los mecanismos para investigar a los circuitos financieros que permiten las transacciones de estas personas para neutralizar su poder”. Foto: Francisco López.

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noreply@blogger.com (cra8329) — Fri, 13 Nov 2009 23:22:00 +0000

Universidad Pedagógica Nacional
¿Por qué marchamos?
Por estudiantes

La Auditoría realizada a la UPN en el año 2004, por la Contraloría General de la República encontró que al rector Oscar Armando Ibarra se le hacían pagos por concepto de viáticos, gastos de viaje, y además por víveres rancho y licores, servicios de restaurante como desayunos, almuerzos y refrigerios.

Estos gastos eran reportados después de los viajes que el rector hacia los fines de semana a la finca Tulipanes, en donde la UPN tiene dos casas para recreación de sus servidores, una de las cuales, fue asignada a la rectoría exclusivamente.

Lo anterior, tipifica un presunto detrimento al patrimonio en $21.2 millones, por lo
cual la Contraloría hizo el respectivo traslado a la Delegada para Investigaciones y Juicios Fiscales y a la Procuraduría General de la Nación, la cual encontró meritos para investigar y formularle pliego de cargos por presunto enriquecimiento ilícito.

La construcción de una nueva sede de la UPN en le predio Valmaría, ubicado en la calle 186 con calle 54, fue planteada desde el año 2004 como la meta mas importante de la actual administración. Este proyecto tiene un enorme inconveniente: nunca ha contado con un estudio serio de financiamiento y menos con recursos.

Por este motivo, en este momento la obra esta estancada. Lo que se ha invertido ha salido de los recursos propios de la UPN, porque el gobierno nacional, a través de los Ministerios de Educación y de Hacienda, ha dejado claro que no destinará recursos para esta obra.

A pesar de esto, la Facultad de Educación Física fue trasladada al “campamento provisional de la obra” en el año 2007, en donde funciona en precarias condiciones higiénicas, ambientales y logísticas, por lo que ha recibido varias visitas de la Secretaria de Salud, la que ha condicionando su funcionamiento a que se acojan sus recomendaciones.

La muestra mas evidente de la improvisación de este proyecto, es que solo hasta este año se va ha emprender un estudio de factibilidad financiera y que en julio fue sellada la obra por no tener licencia de construcción.

Esto se conoció por que los vecinos denunciaron que se estaba haciendo un voluminoso traslado de escombros sobrantes de la autopista norte y la Alcaldía de Suba requirió el permiso, el cual no existía, como no existe la licencia de construcción del Proyecto Valmaria. Aun así, las directivas hablan de comenzar a trasladar a la Facultad de Bellas Artes.

Desde finales del año 2007 la Comunidad Educativa de la UPN, le ha venido solicitando al rector una Audiencia Publica de Rendición de Cuentas a lo cual se ha negado con diferentes disculpas.

Pero esta petición tan bien se le ha hecho al Contralor General de la Republica, Julio Cesar Turbay Quintero con cartas respaldadas con más de 2.000 firmas y cerca de 300 derechos de petición de miembros de esta Comunidad Universitaria.

Hasta el momento también ha evadido este requerimiento, a pesar de su compromiso personal y escrito de realizarla en el curso del segundo semestre de 2008.

Finalmente, ya se liberó y se hizo público el Informe de Auditoria Integral del año 2008, hecho por la Contraloría General de la República, la cual “con base en el Concepto sobre la gestión de las áreas, procesos y actividades auditadas y la opinión sobre los estados contables no ofrece la cuenta de la UPN por la vigencia fiscal del año 2008 y la clasifica como desfavorable con salvedades.

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noreply@blogger.com (cra8329) — Fri, 13 Nov 2009 22:02:00 +0000

Consejo de Estado ratifica la destitución del general Álvaro Velandia Hurtado por la desaparición forzada de Nydia Erika Bautista
Por Comisión Colombiana de Juristas

En una decisión histórica, la Sala Plena del Consejo de Estado confirmó la Resolución de la Procuraduría General de la Nación que en 1995 ordenó destituir al general Álvaro Hernán Velandia Hurtado y tres suboficiales del Ejército por su responsabilidad en la desaparición-

forzada, tortura y ejecución sumaria de Nydia Erika Bautista de Arellana, militante del Movimiento 19 de Abril (M-19), cuando el militar se desempeñaba como Comandante de la XIII Brigada del Ejército-Batallón Charry Solano, en hechos ocurridos el 30 de agosto de 1987 en Bogotá.

Esta providencia concluye cinco años de trámite de un Recurso Extraordinario de Súplica interpuesto por el Procurador General de la Nación en el año 2004 contra la decisión de la Sección Segunda del Consejo de Estado que ese mismo año declaró la nulidad de la Resolución que ordenó destituir al oficial y que cobijó también a otros tres suboficiales vinculados a la Investigación disciplinaria.

De este modo, el alto tribunal administrativo revocó la sentencia que permitió la restitución del oficial a su rango y al servicio activo, bajo el cual continuó desempeñando funciones públicas como decano de la facultad de derecho de la Universidad Militar Nueva Granada.

Esta resolución le otorga la razón al ex Procurador Delegado para los Derechos Humanos, Dr. Hernando Valencia Villa, que en la época asumió la investigación disciplinaria de los hechos y determinó la responsabilidad del General Álvaro Hernán Velandia Hurtado por haber conocido del crimen, dado su aprobación y no haberlo impedido como se lo imponía su deber legal de Comandante de la XIII Brigada del Ejército-Batallón Charry Solano.

Este fallo sin precedentes en Colombia, confirma la decisión que ya había adoptado el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 20 de octubre de 1995, la cual el gobierno colombiano no ha cumplido y remueve los cimientos del muro de impunidad que ha rodeado el caso durante 22 años, reivindica el derecho a una justicia administrativa imparcial para las-

víctimas de desaparición forzada y el papel de los jueces que intentan hacer justicia en forma independiente sobre crímenes de lesa humanidad, y que en el caso del Dr. Hernando Valencia Villa tuvo el grave costo del exilio al verse obligado a abandonar el país con su familia tras adoptar, en su rol de juez disciplinario, la decisión de destitución, debido a las múltiples amenazas y presiones recibidas por este motivo.

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noreply@blogger.com (cra8329) — Fri, 13 Nov 2009 17:31:00 +0000

Denuncian traslado ilegal de preso político en Medellín

Por Camilo Raigozo

La Fundación Sumapaz, dedicada a la defensa de los derechos humanos denunció el pasado 9 de noviembre, la pretensión por parte de las autoridades administrativas de la cárcel Bellavista de Medellín, de querer trasladar al defensor de los derechos humanos Winston Gallego Pamplona, privado de la libertad injustamente.

Según la denuncia, el defensor de derechos humanos se encuentra en condición de sindicado por el punible de rebelión y por lo tanto la fase de juzgamiento del proceso, al cual se encuentra vinculado se debe tramitar en la ciudad de Medellín.

También afirma la fuente que en el caso de Winston Gallego no se estructura ningún tipo de causal para que sea trasladado y que dicha acción profundiza aún más su drama y el de su familia, víctimas de persecución política del régimen.

Defensores de derechos humanos conocedores del caso de Gallego, admiten que se trata de una retaliación de la administración de la cárcel por cuanto el preso político ha denunciado y visibilizado ante la opinión pública la situación carcelaria en Medellín.

Parte de las denuncias fueron dadas a conocer en un evento público en Medellín el pasado 30 de octubre, donde se evidenció en el Concejo de la ciudad, la grave situación de derechos humanos en la cárcel Bellavista.

En esa ocasión, la comunidad conoció sobre los tratos crueles e inhumanos a los que son sometido los detenidos por parte del Inpec. Se presume que por las denuncias realizadas por los internos del Patio 8 y por los presos políticos, incluido Winston Gallego, la administración de la cárcel haya tomado la decisión de trasladarlos, como retaliación.

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noreply@blogger.com (cra8329) — Thu, 12 Nov 2009 21:46:00 +0000

Bases militares estadounidenses en Colombia
Con excepción de las bases de Howard en Panamá y la de Manta en Ecuador, que acaba de ser levantada, nunca habían existido, hasta hoy, bases militares norteamericanas en Suramérica
Por Ernesto Samper Pizano, ex presidente de Colombia. El País. España

El acuerdo firmado el pasado 30 de octubre entre los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos, para permitir la presencia de tropas y el estacionamiento de aeronaves de guerra norteamericanas en siete bases estratégicas colombianas,

tendrá unas graves implicaciones en la determinación de la futura política exterior colombiana apenas comparables a las que resultaron cuando, a comienzos del siglo XIX, el país perdió el istmo de Panamá.

En los documentos internos del Pentágono de enero de este año, antes de existir cualquier negociación con Colombia, ya aparecían señaladas las bases como parte de la estrategia de "aseguramiento estratégico" de los Estados Unidos en el hemisferio suramericano.

Pasado el 11 de septiembre, los Estados Unidos resolvieron comenzar a levantar sus 800 bases en el mundo y construir un nuevo tipo de ellas, las denominadas "bases expedicionarias", que les permitieran vigilar, desde corredores geográficos determinados, a través de distintos sitios de abastecimiento, distintas aéreas del mundo.

Los nuevos enclaves militares norteamericanos en Colombia y, más concretamente, la base de Palanquero, localizada en el corazón del país y considerada la fortaleza emblemática de nuestra Fuerza Aérea, cumplirá este objetivo de aseguramiento estratégico de Suramérica y la costa occidental de África a través de la isla de Ascensión, cercana a la ciudad de Recife en Brasil.

Aunque los cancilleres de los países firmantes del acuerdo han insistido en que las bases solamente reforzarán la lucha de Colombia contra el narcotráfico y el terrorismo, está claro que por el tipo de equipos que vendrán a ellas como aviones C-17, que cargan hasta 70 toneladas de material bélico,-

aviones Orión dedicados al espionaje electrónico, los poderosos aviones Awad, verdaderas plataformas volantes de inteligencia y los Boeing 707, los nuevos equipos no serán para transporte masivo de narcotraficantes, fumigación aérea de cultivos ilícitos o localización de terroristas en las selvas amazónicas.

Así lo han intuido los países del hemisferio que, reunidos varias veces en Unasur, bajo el liderazgo de Brasil, han expresado su preocupación por esta peligrosa presencia norteamericana en la región.

Ni siquiera las múltiples visitas de altos funcionarios del Departamento de Estado ni las cartas personales de Hillary Clinton a los mandatarios regionales han logrado atenuar la convicción que existe de que las nuevas bases no lanzarán operaciones en la zona. Y no es para menos.

Con excepción de las bases de Howard en Panamá y la de Manta en Ecuador, que acaba de ser levantada, nunca habían existido, hasta hoy, bases militares norteamericanas en Suramérica.

Lo cual explica por qué el acuerdo firmado le hace daño no solamente a Colombia, sino al propio Gobierno de Obama que, con esta decisión, manda una señal equivocada, digamos "tradicional" para ser benignos, respecto al todavía esperado replanteamiento de sus relaciones con Latinoamérica.

Lo único más grave que los acuerdos ha sido la forma como se ha manejado la información sobre ellos, de manera casi clandestina, a escondidas de la opinión pública y sin la participación de los Congresos de los dos países.

El de Colombia, inclusive, desconoció la recomendación que le hizo el Consejo de Estado -organismo asesor, según la Constitución, del poder Ejecutivo-, que le aconsejó, dada la trascendencia del tema, llevarlo a la discusión del Congreso de Colombia y someterlo después al análisis de la Corte Constitucional.

La mayoría de los medios colombianos, por su parte, han mantenido el asunto, de manera inexplicable, dentro de una especie de campana neumática, haciéndole indirectamente el juego al Gobierno del presidente Uribe, quien ordenó firmar el peligroso instrumento la-

madrugada del pasado 30 de octubre con la lánguida presencia del embajador de Estados Unidos como representante de su contraparte y los ministros colombianos responsables del tema.

El Senado colombiano, que estaría obligado a autorizar esta presencia de naves militares y tropas extranjeras, y el propio Congreso, que tendría que convertir en ley este acuerdo que nos compromete con una política hegemónica propia de los tiempos de la guerra fría, no han dicho, oficialmente, ni esta boca es mía.

Y aunque en una primera etapa lo previsible es que los países del área guarden una prudente espera, es fácil prever lo que sucederá cuando desde las nuevas bases se empiecen a lanzar -como se hará porque para eso fueron establecidas- operaciones especiales de vigilancia electrónica sobre Suramérica.

Finalmente, no puede descartarse que las FARC aprovechen esta inoportuna presencia para comprometer militarmente a los Estados Unidos en la guerra colombiana, lo cual terminaría de complicar el efecto de internacionalización del-

conflicto interno colombiano que ha conseguido el presidente Uribe con esta decisión que no solamente compromete el futuro de la política exterior de Colombia, sino que ya tiene enredadas nuestras relaciones con Venezuela, Ecuador, Cuba, Nicaragua y Bolivia.

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noreply@blogger.com (cra8329) — Thu, 12 Nov 2009 21:34:00 +0000

Seguridad narcocrática/
Acusados militares por 10 “falsos positivos”
Por Camilo Raigozo

Un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH profirió resolución contra los soldados profesionales Luis Miguel Sierra Díaz e Iván Darío Contreras Pérez, por su presunta responsabilidad en las muertes de diez jóvenes del municipio de Tolúviejo, (Sucre).

Según las investigaciones, entre julio y agosto de 2007 tropas del Ejército reportaron la muerte en combate de los jóvenes: Carlos Alberto Valeta Jiménez, Luis Alberto Pérez Mercado, Frank Arley Padilla Bandera, Deimer José de Hoyos Rodríguez, John Jairo Colón Ayala, Juan Bernardo Patrón Viloria, Julio Rafael Julio Olivero, Luis Fernando Mejía Vides, Manuel Enrique Jiménez Chamorro y Cristián Vergara Ozuna.

Las diez víctimas fueron presentadas posteriormente como integrantes de grupos ilegales abatidas en los municipios de Chinú (Córdoba), El Roble y San Benito Abad (Sucre).

De acuerdo al ente investigador se logró establecer que días antes de ser asesinados a sangre fría a manos del “glorioso Ejército colombiano”, las víctimas fueron contactadas por presuntos paramilitares quienes les ofrecieron trabajos agrícolas en municipios aledaños, con promesas salariales de entre los 400 mil y 800 mil pesos mensuales.

Sierra Díaz, miembro del Gaula del Ejército en Córdoba, está acusado por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada agravada.

Por su parte, Contreras Pérez, integrante del Comando Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, tendrá que responder por los delitos de desaparición forzada agravada y concierto para delinquir agravado.

Según la Fiscalía los presuntos criminales están privados de la libertad en la Brigada 11 con sede en Montería.

Por los mismos hechos fue acusado el presunto reclutador Andrés Rafael Corrales Narváez, como supuesto responsable de homicidio en persona protegida y desaparición forzada agravada.

En sentencia anticipada ya fue condenado a 22 años de prisión José Dionisio Ramos, alias ‘Joselito Carnaval', quien también reclutó jóvenes.

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noreply@blogger.com (cra8329) — Thu, 12 Nov 2009 02:44:00 +0000

Carta de Miguel Ángel Beltrán : Preso político, víctima del terrorismo de Estado
Por Miguel Ángel Beltrán
"Primero vinieron por los Comunistas": Brech

"Carta a mis padres: Miguel Antonio Beltrán y Alba Ruth Villagas

Queridos padres:

Imagino sus caras de sorpresa cuando el viernes pasado (22 de mayo) escucharon decir al comandante de la policía, General Oscar Naranjo, que el Departamento administrativo de Seguridad (DAS) había capturado "al terrorista más peligroso de las FARC" y que se trataba de un profesor universitario que respondía igual que vuestro hijo al nombre de Miguel Ángel Beltrán Villegas.

Supongo que de de no ser por las inquietantes imágenes de televisión, que corroboraban la noticia, donde se me presentaba esposado, con un chaleco antibalas de color negro, un tapabocas y un impresionante dispositivo de seguridad, papá hubiera lanzado una descomunal carcajada, comentando la noticia con su acostumbrado humor negro: "si mi hijo es terrorista, Uribe es la Virgen Santísima".

Pero en este país del Sagrado Corazón de Jesús, donde los mal llamados "falsos positivos" (en realidad verdaderos crímenes de Estado) ejecutados a "sangre fría" son el pan de cada día, todo es posible. Incluso que los noticieros señalen al presidente Álvaro Uribe como el mandatario más popular de América Latina y a mí, como un peligroso terrorista internacional.

Al día siguiente en los calabozos de la SIJIN de Bogotá, un guardia me compartió amablemente un artículo publicado por el diario "El Tiempo" y que parecía un panfleto escrito en los tiempos de la "guerra fría" cuando se decía que "los comunistas comían niños".

En su columna el reportero señalaba que ustedes dos eran guerrilleros y que yo había realizado mis estudios en la extinta Unión Soviética. Esta vez -les confieso- quien no pudo contener la risa fui yo:

"mis padres chusmeros, vaya que chiste tan bueno", imaginaba en medio de la hilaridad que me producía la noticia que si yo era sindicado de ser "alias Cienfuegos" seguramente papá fue conocido como "chispas" y mamá como "pólvora" u otro explosivo nombre de guerra.

Más allá de que la irresponsable aseveración del periodista, puso en grave riesgo la integridad personal de ustedes dado que en este país los ex guerrilleros han sido impunemente asesinados, como lo ilustra la muerte de Guadalupe Salcedo, "Charro Negro", Carlos Toledo Plata, Carlos Pizarro y muchos más, quisiera decirles que secretamente pensé que era un orgullo que en el citado artículo de prensa los señalaran de guerrilleros.

¿Acaso no fueron los ejércitos irregulares patriotas los que derrotaron más de tres siglos de colonialismo español? ¿No fueron los guerrilleros liberales los que enfrentaron las dictaduras civiles conservadoras en los años cuarenta y cincuenta? ¿No ha sido la acción guerrillera la que ha preservado los escasos resquicios de democracia que hoy subsisten en el país?

En Colombia la historia ha demostrado que guerrillero es sinónimo de altruismo, resistencia y dignidad; los Llanos, Chaparral, Villarrica, Marquetalia, Sumapaz y el Guayabero pueden dar fe de ello. Insultante hubiese sido que los llamaran "congresistas "o "asesores presidenciales", ocupación asociada hoy a la corrupción, el narcotráfico y el paramilitarismo.

Pero la vida les reservo otros caminos: papá se convirtió en un ex sargento viceprimero de la policía y mi progenitora en una abnegada madre dedicada al cuidado del hogar.

Con la generosidad y entrega de ustedes dos, sobreviviendo con una precaria pensión de policía habitando una casa en "obra negra", que les subsidió el programa de la "Alianza para el Progreso" (y que terminaron de levantar ladrillo a ladrillo), lograron criar, educar y alimentar siete hijos: cinco mujeres y dos hombres.

De tal modo que si alguna profesión ejercieron ustedes -hay que aclararle al periodista- no fue la de guerrilleros sino la de magos e ilusionistas.

Hoy confinado en este pabellón de alta seguridad donde las horas transcurren lenta y monótonamente, resulta inevitable recrear en mi mente esas historias familiares que ahora se anudan en mi garganta como un grito de rebeldía contra toda la injusticia que descarga sobre mí este régimen corrupto y narco paramilitar.

Todavía tengo fresco en mi memoria aquel lejano día, cuando la abuela Sofía me relato, sin derramar tan siquiera una lágrima porque sus ojos estaban secos del sufrimiento, la muerte de Víctor Villegas, mi abuelo materno, quien era dueño de una extensa finca cafetera en el viejo Caldas. Una tarde cualquiera - me contó la abuela- su vida fue segada a machetazos, por el "delito" de ser "cachiporro".

Su cuerpo inerte permaneció tendido varias horas en la plaza del pueblo. Nadie se atrevía a recogerlo por temor a las represalias, pero mi abuela que siempre se distinguió por tener un carácter fuerte, haciendo caso omiso de los ruegos de amigos y vecinos, se dirigió a la plaza del pueblo, recogió el cadáver, lo cargó varios kilómetros y, en una ceremonia casi privada, le dio cristiana sepultura.

Antes que concluyera el relato mis ojos estaban cargados de lágrimas, por eso tal vez la abuela que conocía mi sensibilidad nunca me contó que en el momento de enterrar a su difunto esposo, en su vientre una pequeña de apenas ocho meses de existencia agitaba su cabecita, como preguntándose por qué le privaban la posibilidad de tener un padre que le arrullara en la cuna, la besara en la frente antes de dormirse y la llevara al parque.

Mi tía Yormen - como después bautizaron esta niña - creció así como han crecido millares de colombianos esto es, como hijos del conflicto armado y social que ha azotado al país por décadas.

Fue así como mi imaginación infantil empezó a poblarse con las historias de "La violencia" que salían a relucir, cada vez que llegaba a la casa una visita familiar. Recuerdo que, como éramos niños, nos mandaban a dormir porque se trataba de "una conversación para adultos".

Pero mi curiosidad era más grande y contraviniendo las órdenes paternas, escuché detrás de las escaleras que conducían al segundo piso de nuestra casa, algunas palabras que mucho después cobrarían sentido para mí: "godos", "cachiporros", "pájaros", "chusmeros", "chulavitas", "Gaitán", "sangrenegra", "venganza", "laureanistas" y otros más.

Muy pronto los relatos de hadas encantadas y de príncipes valientes que con sus besos deshacían los maleficios de la bruja malvada, fueron sustituidos por los terroríficos cuentos de la policía chulavita que incursionaba en los pueblos liberales, les cortaba a los hombres el pene y lo colocaban en la boca-

de sus víctimas por los relatos fantásticos de hombres de filiación liberal que eran obligados a caminar descalzos sobre brasas calientes, mientras que a sus mujeres embarazadas les extraían el feto y los ensartaban en la punta de sus bayonetas, exhibiendo con orgullo su preciado trofeo.

Escuchaba estas historias con una mezcla de terror y fascinación y, como era de esperarse, en lo profundo de la noche me resultaba imposible conciliar el sueño.

Entonces acudía donde mi hermana mayor que me arropaba entre sus brazos y acariciándome la cabeza me decía con su dulce voz que me durmiera, que esas historias habían ocurrido hace mucho tiempo por allá en la época de la violencia, pero que ahora todo era diferente "godos" y "cachiporros" convivían juntos y ya no se mataban.

Al escuchar estas palabras una sensación de seguridad invadía todo mi cuerpo y cerraba los ojos agradecidos con la vida por no haber tenido que padecer el horror de aquellos años.

Y así como en mis lecturas infantiles mis simpatías se alineaban con las más débiles (caperucita roja, Blanca Nieves y la Cenicienta) y mis odios con los más crueles ( el lobo, la bruja y la madrastra) en los relatos que escuchaba de ustedes no me fue difícil tomar partido a favor de los "cachiporros".

Es cierto que a mis escasos cinco años no entendía que significaba esta palabra, pero en lo más profundo de mi corazón algo me indicaba que ellos eran los buenos y los "godos" los malos.

En mi lógica infantil hubo sin embargo algo que empezó a inquietarme constantemente, los "chulavitas" eran policías, y éstos a su vez eran "godos", pero ¡vaya horror!, papá era policía.

La preocupación rondaba tanto mi cabeza que un día me llené de valor y cerrando los ojos me atreví a preguntar: ¿papá cuántos cachiporros mató usted? Yo esperaba un severo castigo a mi atrevimiento, pero como única respuesta obtuve una estrepitosa carcajada.

En mi mente infantil esa risotada significaba que había asesinado y descuartizado a miles de liberales. Entonces mi cara se puso seria y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Ante la certeza de algo que ya sospechaba, la imagen del padre ejemplar, del padre cariñoso, del padre bueno estallaba en mil pedazos, como un cristal al estrellarse con el piso.

Cuando estaba a punto de proferir un sollozo papá contestó que en toda su vida no había matado a nadie. Y enseguida me aclaraba ya con el gesto serio -mientras mi corazón volvía al cuerpo- que pese a ser un policía.nunca dejó de ser un liberal gaitanista y que esa filiación-

política la había ocultado siempre, no sólo para proteger su vida sino las de decenas de familias perseguidas por la violencia conservadora; también, para burlar órdenes que consideraba no eran correctas y procurar justicia donde la situación lo requiriese.

A partir de ese día, todo parecía más comprensible y el enredo de ideas que tenía en mi cabeza empezó a clarificarse. Por ejemplo comprendí por qué mamá siendo liberal se había casado con un policía.

Así mismo entendí la diferencia entre un "pájaro" y un "guerrillero" Supe también desde aquella vez que en las filas de la policía había gente "buena", y años después convertido en un activista estudiantil rechacé aquella consigna dogmática tan en boga entre los universitarios, que consideraba que todos los militares eran asesinos.

Sin embargo, la mejor lección que me aportaron estas conversaciones con ustedes y que se hicieron cada vez más frecuentes fue que independientemente de donde estuviera, debía tomar siempre partido a favor de los débiles y manifestar mi indignación contra toda injusticia.

Fue en esos tempranos años de mi vida que empecé a interesarme por la historia política del país y aquella vieja biblioteca de madera, que aún sobrevive en la casa. Se abrió para mí como si se tratase de un tesoro escondido: "Viento seco" de Daniel Caicedo;"Lo que el cielo no perdona" de Fidel Blandón; "Un aspecto de la Violencia" de Alonso Moncada; "13 años de violencia" cuyo autor ya no recuerdo, fueron obras que devoré en cuestión de días.

Sin embargo, el libro que más me impactó fue el de "Las guerrillas del Llano". Su autor, Franco Isaza, había participado en la contienda. Recuerdo que en la biblioteca papá tenía la primera edición impresa en Caracas (Venezuela) y que circuló clandestinamente bajo la dictadura del General Rojas Pinilla, con un prólogo de Plinio Apuleyo Mendoza donde exaltaba "la heroica resistencia guerrillera del partido liberal".

Tendría siete u ocho años cuando lo leí ávidamente en una de esas vacaciones escolares. Con gran crudeza Isaza retrataba allí las sangrientas masacres cometidas por los chulavitas en los poblados de El Llano, pero al mismo tiempo explicaba como los leones llaneros se fueron armando para defender sus vidas y propiedades, primero en alianza con los hacendados liberales y luego en contra de los mismos, que se pusieron al lado de los conservadores.

En las diferentes conversaciones con mi compañero de patio Heli Mejía, más conocido como "Martín Sombra" he recreado estas historias. "Sombra" me cuenta como su madre y sus tías fueron violadas y luego asesinadas por la policía chulavita; y como su padre, poco después corrió la misma suerte:

"Ante el cuerpo agonizante de mi papá -me relata Sombra - juré que moriría como un guerrillero, por eso jamás me amnistié y en 1966 me vinculé a los núcleos iniciales de las FARC".

Sombra es un vivo ejemplo de la continuidad - y a la vez discontinuidad - de la lucha guerrillera en Colombia. Un conflicto que empezó planteándose como un enfrentamiento entre liberales y conservadores, pero que en los años sesenta adquirió claros contenidos de clase, como quedó consignado en el "programa agrario de los guerrilleros" (FARC) y el Manifiesto de Simacota (ELN).

Hace más de un cuarto de siglo que en mi tesis de licenciatura en Ciencias Sociales empecé a investigar este pasado histórico, porque creí ver en él, algunas claves para comprender la actualidad del conflicto armado en Colombia. Fue así que me interesé por estudiar las guerrillas liberales del Llano.

Eran los tiempos del proceso de paz del presidente Belisario Betancur y, desde diferentes sectores del Estado se presionaba para que los combatientes se desmovilizaran y entregaran sus armas. La investigación que realizamos en coautoría con un compañero de estudio, hijo de un exguerrillero liberal;

nos llevó a concluir que los guerrilleros del llano habían sido traicionados por el General Rojas Pinilla quién solicitó a los rebeldes que entregaran sus armas a cambio de promesas de paz que nunca cumplió, contrario a ello muchos fueron judicializados y asesinados.

Por eso en la introducción a nuestro trabajo investigativo señalábamos que la derrota del movimiento guerrillero se convertía en una victoria, porque jamás se volverían a ver filas de insurgentes entregando sus armas a sus verdugos.

Sin embargo, la historia se encargó de desmentir parcialmente aquella afirmación. Años después, los guerrilleros del M-19 haciendo caso omiso de esta lección histórica, entregaron sus armas y muchos de ellos fueron asesinados empezando por su máximo jefe, el comandante Carlos Pizarro León Gómez pese a contar con más de 20 guardaespaldas.

Muy otra fue la suerte de los combatientes de las FARC que se acogieron al proceso de "cese al fuego tregua y paz" se negaron a hacer entrega de las armas y anunciaron al país la formación de un nuevo movimiento político, que se conoció como la Unión Patriótica (UP).

Me vinculé a las filas de la Unión Patriótica desde sus inicios mismos, porque vi en este movimiento amplio, la posibilidad de un cambio democrático por las vía pacíficas. Sus propuestas de reforma política, agraria y social llamaron mi atención, así como su compromiso con la búsqueda de una salida política al conflicto colombiano.

La candidatura del ex magistrado Jaime Pardo Leal colmó todas mis expectativas: su verbo encendido, su tradición de lucha, su capacidad intelectual y su formación académica me convencieron de participar, por primera vez, en una contienda electoral. Pero la oligarquía de este país al ver amenazado sus mezquinos intereses, exterminó a "sangre y fuego" este experimento político.

De pronto empecé a sentir con horror que esas historias de la violencia que ustedes relataban en mis años de infancia, no eran cosas del pasado sino del tiempo presente: cuerpos cortados con motosierra o arrojados como alimento a los cocodrilos, asesinos que jugaban fútbol con las cabezas de sus víctimas, hombres, mujeres y niños descuartizados, poblaciones enteras arrasadas, marchas campesinas acribilladas indiscriminadamente ;

sindicalistas, estudiantes y líderes populares desaparecidos, guerrilleros desmovilizados asesinados impunemente y centenares de fosas comunes repartidas por todo el territorio colombiano.

Así vi desvanecerse el Partido de la "vida y la esperanza" para convertirse en "el partido de la muerte": senadores, representantes a la cámara, concejales, alcaldes populares y militantes de base de la UP, fueron exterminados bárbaramente.

Tengo en mi mente grabado los nombres de Leonardo Posada, Pedro Nel Jiménez, Teófilo Forero, José Antequera, Pedro Luis Valencia, Bernardo Jaramillo, Miller Chacón, Manuel Cepeda y miles de compañeros más que desaparecieron bajo este huracán de muerte desatado desde las altas esferas del poder.

Sin embargo, nadie como la familia Cañón Trujillo encarnó tan trágicamente, el drama de la "guerra sucia", la desaparición forzada, la tortura y el desplazamiento que padecimos los militantes de la Unión Patriótica en aquellos años: el padre, Julio Cañón, alcalde popular de esta colectividad política en el municipio de Vistahermosa, fue asesinado;

dos de sus hijos acribillados (uno de ellos presentado como guerrillero muerto en combate); el tercer hermano desaparecido y, otro más, torturado; mientras que los sobrevivientes - entre ellos Carmen Trujillo, madre cabeza de familia - se vieron forzados a abandonar la región.

El ciclo de exterminio contra la Unión Patriótica alcanzó para mí su punto máximo, cuando un domingo 11 de octubre, cerca de las 4 de la tarde, hace ya 22 años, escuché por radio la terrible noticia del asesinato de mi maestro, amigo y compañero de lucha Jaime Pardo Leal, entonces candidato presidencial de esta organización política.

Aquel día no pude contener mi indignación y, como miles de compatriotas salí a las calles de Bogotá a manifestar mi espontánea protesta por el aleve asesinato de nuestro líder popular que un mes antes había denunciado con nombres propios a los altos mandos militares comprometidos con los crímenes de la Unión Patriótica.

Las barricadas en las calles céntricas de la capital, el apedreamiento de las entidades financieras, la quema de buses y el saqueo de los almacenes me recordaron, inevitablemente, las escenas del 9 de abril de 1948, que ustedes habían vivido y que tantas veces repasé en mis lecturas universitarias.

Para mi desgracia, esa noche terminé encerrado en un frío y oscuro sótano de la estación de la Policía del Ricaurte, donde fui torturado - y estuve a punto de ser desaparecido - por cuenta de un corpulento hombre al que, supe después, sus compañeros le llamaban "Rambo", aludiendo a la rudeza del protagonista de esta cinta gringa.

Por un feliz equívoco del centinela de turno, que me confundió con otro de los detenidos, obtuve milagrosamente mi libertad en las horas de la mañana del día siguiente.

Consciente de la distracción del guardia que seguramente debió ser duramente sancionado salí tembloroso, con el temor de que se dieran cuenta del error antes de cruzar la puerta que daba a la calle; mis piernas apenas si me respondían y mi corazón parecía explotar.

En estas condiciones todavía no me explico cómo llegué hasta la casa, que se encontraba a una hora del sitio donde permanecía detenido.

Recuerdo que ustedes, junto con mis hermanos y hermanas, estaban reunidos en la sala. Papá se hallaba con la oreja pegada al radio, como esperando algún boletín informativo que diera cuenta de mi paradero; mientras que mi mamá junto con mis hermanas, oraba frente a un cuadro del Corazón de Jesús que siempre nos acompañó.

Mi aparición en la sala de la casa fue como la imagen de un Cristo recién resucitado entre los muertos, solo que en lugar de lucir una larga túnica blanca, vestía una camisa y un pantalón completamente destrozados.

Mi cuerpo estaba lacerado por todas partes, mi cabeza amoratada, mis brazos con profundas escoriaciones y mi ojo izquierdo, convertido en un gelatinoso coágulo de sangre.

De los abrazos, las lágrimas y la alegría del reencuentro, muy pronto se pasó a la rabia e indignación por el maltrato que yo había recibido. Ese mismo día papá redactó un memorial escrito a máquina y dirigido al comandante de la estación Ricaurte.

Luego de identificarse como suboficial de las Fuerzas Militares "en uso de buen retiro" se lo entregó a un Mayor que tenía a cargo el comando, no sin antes pronunciarle un largo discurso, donde le recordaba que la función de la policía era defender la integridad de la población civil y no atropellarla;

que en sus más de veinte años de servicio jamás había actuado en contra de ella, pese a haber vivido los duros años de la violencia para luego concluir su alegato diciendo: "ahora si entiendo por qué los mata la guerrilla!!"

Con mis hermanos y mi madre pensamos que a Papá lo iban a dejar allí y que terminaría reemplazando mi lugar en el calabozo, pero contrario a ello, el oficial de la policía lo escuchó atentamente y con su silencio pareció darle toda la razón. Cuando Papá regresó a casa - feliz por la catarsis hecha - todos soltamos la respiración que hasta entonces teníamos contenida.

Después de este bárbaro episodio, estuve varios días muerto del pánico, esperando que en una esquina cualquiera apareciera "Rambo", montado en su moto y dispuesto a concluir su bestial tarea.

Por fortuna, esto nunca sucedió y venciendo mis miedos interiores asistí al sepelio de Jaime Pardo Leal y de muchos compañeros más. Sentíamos para entonces - como en aquel famoso tango de Gardel - que era "un soplo la vida". Así, tal vez sin darnos cuenta, pasó algo terrible, algo que jamás debió suceder: ante lo efímero de la vida nos enamoramos de la certeza de la muerte.

Reíamos, bailábamos, soñábamos y nos acostábamos con ella. Cada día, cada minuto y cada segundo que vivíamos intensamente era un instante que le hurtábamos a la muerte. No hacíamos juramentos de amor, no prometíamos estrellas azules pero estábamos dispuestos a darlo todo, porque la vida no nos pertenecía y en cualquier momento llegaría la bala asesina.

Empezamos entonces a rendirle un culto religioso a Thanathos. Nuestros sueños, nuestras palabras, nuestros silencios, nuestros versos y hasta nuestras consignas estaban impregnadas de un hálito de muerte: "los muertos no se lloran - solíamos gritar en las marchas - se levantan sus banderas y la lucha continúa".

Sin embargo, en secreto llorábamos sus ausencias y lamentábamos la oscura desgracia de estar sin ellos. Uno de nuestros juegos predilectos era relatar cuál sería nuestra última voluntad: "Yo deseo que mi cadáver lo incineren y las cenizas las lancen al rio Magdalena" - decía alguien -;

"yo prefiero en cambio que mi cuerpo lo sepulten bajo tierra y sobre él planten un árbol que crezca hasta el infinito" - intervenía otra voz; mi deseo postrero era que durante mis honras fúnebres cantaran la "canción del elegido", que iniciaba así:

"siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí; pero mi historia es distinta, no voy a hablarles de un hombre común, haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia;

es una historia que tiene que ver con el curso de la vía láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada [.]. Su letra me recordaba una de mis lecturas preferidas cuando era niño: "El Principito".

El culto a la muerte lo acompañamos de un total cinismo para encarar la misma:

¿Y el compañero qué medidas ha tomado para hacerle frente a la muerte ? - preguntaba alguien ingenuamente- . "Las del ataúd, por supuesto", contestaba el aludido, sarcásticamente.

En otra ocasiones cuando alguien comentaba que un amigo nuestro se había convertido en un cuadro político nacional, no faltaba quien anotara con ironía "es cierto, pero si se descuida en poco tiempo se convertirá en un cuadro en la pared ".

No le faltaba razón porque las sedes de la UP estaban llenas de cuadros de dirigentes de la UP que fueron asesinados. Con el tiempo estos cuadros se fueron poblando de la imagen borrosa de centenares de amigos y amigas que nos dejaron y de los cuales solo quedó su recuerdo en la mente de aquellos que compartimos sus ideales, sus luchas y sus batallas, y que, pese a ello, sobrevivimos a esa barbarie.

Sí, Yo fui uno de sus sobrevivientes. No me explico ¿cómo? Ni ¿por qué? "las ánimas benditas" diría mi abuela Sofía, las mismas que la resguardaron de los "godos "cuando con ocho meses de embarazo, cargo el cuerpo ensangrentado de su esposo;

las mismas que en medio de la chulavitada protegieron la vida de ustedes, unos liberales de cepa; las mismas que las escoltaron cuando tuvieron que abandonar la finca cafetera y radicarse en Bogotá para escapar del terror de "los pájaros".

Claro, también pagué mi precio, sin embargo nada comparable con la entrega de la vida. En varias ocasiones fui golpeado y torturado por la policía y la última de estas veces - hace más de veinte años - permanecí preso en esta misma cárcel durante dos largos meses, pero la verdad se impuso y el juez declaró mi inocencia.

Recuerdo que en esa oportunidad varios universitarios fueron golpeados y detenidos conmigo, y mamá con llanto en los ojos, aunque con un poco de alivio me dijo: " mijo, gracias a Dios que a usted no le hicieron lo de ese pobre muchacho que lo arrastraron por el suelo, jalándolo del pelo, lo subieron a una camioneta y le rompieron un casco en la cabeza?

Como habrá sufrido su angustiada madre!. Yo apenas asentí con mi magullada testa, pero jamás me atreví a contar que "ese pobre muchacho" había sido yo.

Pero toda experiencia por difícil que sea siempre aporta lecciones positivas y, para ustedes, este doloroso episodio les dejó en claro que ya en esos años, liberales y conservadores actuaban con la misma inquina contra la oposición o ¿ acaso este genocidio y persecución contra la Unión Patriótica no estaba ocurriendo bajo el régimen "liberal" de Virgilio Barco que-

ustedes habían respaldado en las urnas?, con cierta resignación tuvieron que admitir que la política, ya no era como en el pasado, un asunto entre "godos" y "cachiporros" - aliados por el pacto del Frente Nacional- sino como en su momento lo señaló Gaitán: un enfrentamiento del país Nacional contra las oligarquías plutocráticas incrustadas en los dos partidos tradicionales; porque "el hambre no es liberal ni conservadora".

Desde entonces, optaron por apoyar los candidatos de la izquierda. Y dramáticamente la historia parecía repetirse. Así como los gaitanistas que sobrevivieron a la violencia de los años 40, organizaron los primero núcleos de resistencia armada para defender su vida y la de sus familias, muchos sobrevivientes de la Unión Patriótica no tuvieron otra alternativa que enmontarse.

Ricardo Palmera, hoy conocido como "Simón Trinidad," ilustra claramente esta parábola de vida, como lo registra el periodista Jorge Enrique Botero en su libro: "Simón Trinidad. El hombre de Hierro".

Aunque en ese momento entendí que la guerrilla constituía el único camino que el sistema dejaba para aquellos que mantenían sus ideales de lucha por una sociedad más justa, nunca me atreví a dar semejante paso, aunque siempre miré con respeto y admiración a aquellos que lo hicieron.

Tres motivos tuve para no hacerlo: En primer lugar, papá que toda su vida portó una pistola con salvoconducto, hasta que tuvo que empeñarla para solventar una crisis económica familiar, nos inculcó el respeto por las armas -"ojala nunca tengan que utilizarlas"- nos decía frecuentemente.

Coherente con este pensamiento, una noche en que sorprendió robando en la sala de la casa a dos hombres, papá hizo un disparo al aire, como dándole tiempo a que escaparan. Nosotros preguntamos ¿Por qué no los había herido si la ley lo amparaba? "Porque no era necesario - dijiste - es posible que hayan sido vecinos seguramente tendrán hijos bajó su cuidado.

Que no merecen quedar huérfanos". Capté el mensaje inmediatamente, pese a que durante años lamenté que aquellos hombres se hubiesen llevado un tomo de mi Manual de Historia de Colombia.

En segundo lugar, no tomé el camino de la lucha armada, porque mi constitución física siempre fue frágil. Mis amigos decían burlonamente que a mí solo me daban dos gripas en el año y que cada una duraba seis meses.

Por eso entiendo su preocupación cuando en las imágenes de mi detención me presentaron esposado y cubierto con un tapabocas. Ustedes como muchos debieron pensar que como venía de México portaba el virus AH1N1.

De tenerlo, hubiese muerto irremediablemente porque las autoridades colombianas en su afán de "legalizar mi captura" se negaron a practicarme una prueba de laboratorio ( en este país se necesita ser Presidente o Ministro para recibir atención médica inmediata).

En tercer lugar nunca pensé ser guerrillero porque desde niño mi pasión eran los libros, no las armas. El dinero que recibía de mis onces y mis tíos lo ahorraba para después invertirlo en libros.

Papá decía que cuando grande yo sería "catedrático", no sabía qué cosa era eso, pero me entusiasmaba la idea de ganarme la vida siendo una enciclopedia ambulante , como los "catedráticos "Abelardo Forero Benavides y Ramón de Zubiría; mamá en cambio me miraba con ojos de admiración y extrañeza: le preocupaba que no saliera a la calle a jugar con los otros niños y que prefiriera quedarme en la terraza leyendo todo el día.

Con el tiempo los viajes, las vivencias en otras ciudades de fuera y dentro del país, y la condición de ser padre enriquecieron mis lecturas. Pero en medio de todas estas experiencias, la pluma y el pensamiento fueron las únicas armas que aprendí a manejar.

Convertido en científico social, y comprometido con la verdad, no he dejado de utilizar estas armas para pensar la realidad de este país; para denunciar los crímenes de Estado; para desnudar las alianzas de las elites gobernantes con el narcotráfico; para develar la naturaleza "terrorista" del estado que exterminó a más de cinco mil militantes de la Unión Patriótica y a millares de líderes de la oposición.

En una palabra, para descubrir los horrores de este conflicto armado y social que el presidente Uribe quiere negar, a través de su mal llamada "Seguridad Democrática" calificando de "terrorista" la resistencia política y social del pueblo colombiano y la actividad de académicos que queremos investigar esta realidad.

De José Martí aprendí que "trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras", por eso mis únicos campos de batalla han sido las aulas universitarias en las cuales han transcurrido las dos terceras partes de mi vida.

En la Universidad Distrital y Nacional y no en la Unión Soviética curse simultáneamente mis estudios de pregrado. Ustedes lo saben mejor que nadie, por los grandes esfuerzos económicos que realizaron para que yo pudiese mantener ese privilegio.

Reunir el dinero para los pasajes del bus; comprar las fotocopias (porque los libros era imposible) constituía una lucha del día a día, que pudimos sortear con éxito gracias, también, a la ayuda de mis hermanas mayores que, a diferencia mía, tuvieron que trabajar para pagar sus estudios profesionales.

Jamás estuve en la Unión Soviética ni como estudiante ni como visitante y desafortunadamente ya no podré hacerlo, porque la URSS desapareció hace ya casi dos décadas. Sin embargo, siempre he mantenido una profunda admiración la Revolución de Octubre, antes que las prácticas estalinistas y burocráticas la pervirtieran.

Pero mis preocupaciones por América Latina me llevaron a México, donde pude cursar una maestría gracias a una beca que me otorgó la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) tras una rigurosa selección entre profesionales egresados de las más reconocidas universidades del país.

Al concluir estos estudios opté por seguir con un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); nunca pagué un peso por concepto de matrícula, porque en México la educación pública es gratuita. Ese fue uno de los grandes logros de la revolución mexicana que el próximo año conmemora su primer centenario.

Pese a estos beneficios, fueron tiempos difíciles, mi hijo, Ernesto, estaba de brazos, pero con su madre sobrevivíamos a punta de tortilla y de los escasos subsidios que aún mantenía el Estado mexicano. Por eso, aunque hoy el gobierno de Felipe Calderón (cuya elección estuvo signada por el fraude electoral)-

haya echado por la borda, con mi deportación, una larga tradición diplomática de independencia y solidaridad con la lucha de los pueblos latinoamericanos, mantengo mi sentido de gratitud con mis hermanos Mexicanos, de ellos siempre he recibido solidaridad y hospitalidad.

En la UNAM tuve la oportunidad no solo de obtener un Doctorado - cuya tesis recibió mención honorífica - sino de conocer centenares de investigadores comprometidos con un proyecto de sociedad más justa y equitativa, y que enriquecieron mi perspectiva latinoamericana.

Algunos como René Zavaleta Mercado, Ruy Mauro Marini, Sergio Bagú y Agustín Cueva, ya no están con nosotros; otros siguen activos y han sido para mí un ejemplo de militancia con la verdad y el pensamiento crítico.

Por eso cuando el Centro de Estudios Latinoamericanos, (CELA), espacio por excelencia de esta producción académica crítica, me brindó la posibilidad de realizar una estancia postdoctoral, no dudé en aceptar la invitación y a través de la Universidad tramité una comisión de estudios.

Claro, también hubo otros factores que precipitaron mi decisión: desde hacía varios meses estaba siendo víctima de persecuciones y hostigamientos por parte de los organismos de seguridad del Estado. De ningún modo quise que ustedes se enteraran de esta situación. No quería generarles más preocupaciones.

Tampoco se lo dije a mis estudiantes y solo conversé acerca de mi situación con un par de colegas que me brindaron su total apoyo. Por eso mi viaje fue repentino y discreto a la vez.

En el momento en el que fui arbitrariamente privado de la libertad por las autoridades migratorias mexicanas, me encontraba concluyendo esta estancia postdoctoral. No estaba reclutando milicianos ni organizando células terroristas.

Es posible que los gobiernos de Felipe Calderón y Álvaro Uribe, consideren que formar una conciencia crítica y adelantar investigaciones sobre la historia política de México y Colombia sea una "actividad terrorista". Desde el 11 de septiembre los sectores de ultraderecha han recurrido al pretexto del "terrorismo" para perseguir no solo a los movimientos de oposición sino también a los intelectuales críticos.

Mi vida ha estado estrechamente ligada a la actividad académica en la universidad pública, desde hace tres décadas, cuando me vinculé a ella, primero como estudiante y posteriormente como docente: La Universidad Distrital, La Universidad de Cundinamarca,

La Universidad del Cauca, La Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional pueden dar fe de ello. Por eso puedo decir que la persecución de la que hoy soy víctima no solo una persecución contra mí sino contra la universidad pública en su conjunto.

Querido padres, traicionaría vuestro legado y el de mis maestros - entre ellos el de Jaime Pardo Leal, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna - si ante las amenazas de un fiscal, que promete confinarme más de 40 años en esta cárcel, por los delitos de "concierto para delinquir con fines terroristas", "rebelión" y "financiamiento de grupos terroristas", me retractara de las ideas de justicia que he defendido en mis cátedras, en los diferentes foros públicos y en mis escritos.

Traicionaría también a mis estudiantes, a mis amigos (as) y al pueblo colombiano, si claudico ante las presiones de un gobierno narcoparamilitar. Sé que millares de manos se han unido para defender la libertad de pensamiento, se que miles de voces se han juntado para lanzar un grito de justicia;

se que más temprano que tarde, los cambios que reclama este país se abrirán camino, y los opresores de hoy estarán mañana arrodillados implorando clemencia ante el tribunal de la historia.

Queridos padres, solo quisiera que la vida les regalara unos años más de existencia para ver florecer en nuestro territorio, una nueva Colombia, donde los niños no tengan que llorar la ausencia de sus padres muertos en la guerra;

donde el campesino tenga un pedazo de tierra y ayuda técnica para trabajarla; donde la educación, la salud y la vivienda sean un derecho prioritario y no el privilegio de unos pocos; donde los que ejercemos el pensamiento crítico no seamos tratados como terroristas.

Mis queridos viejos, pueden sentirse felices de que su hijo esté hoy sentado en el estrado de los acusados no por asesino y corrupto, sino por defender los ideales de justicia y libertad que ustedes me inculcaron de niño y que llevo en mi corazón como el más preciado tesoro que me ha regalado la vida.

Por eso, si este tribunal que hoy me juzga me llegase a condenar, asumiré con firmeza y dignidad su fallo, porque me anima la convicción de miles de hombres y mujeres que soñamos con "otra Colombia posible".

Abrazos fraternales, su hijo

Miguel Ángel Beltrán Villegas
Cárcel Nacional "Modelo"
Pabellón de "Alta Seguridad"

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noreply@blogger.com (cra8329) — Wed, 11 Nov 2009 06:22:00 +0000

Parauribismo/ No hay posconflicto. Las estructuras siguen con otros actores, dijo

Corte Suprema, único obstáculo de la narcoparapolítica: Garay

Para el investigador en el resto del Estado no hay posiciones equivalentes: ni en el establecimiento político, ni en el Gobierno, ni en los medios, ni en la comunidad internacional, ni siquiera en la opinión pública
Por Armando González. El Nuevo Siglo

Mientras el establecimiento político, a través del Nuevo Liberalismo, se enfrentó a la presencia de Pablo Escobar en el Congreso, en 1982, y los Estados Unidos a las posibles consecuencias de la financiación de la

campaña presidencial de 1994 por parte del Cartel de Cali, hoy el único contrapeso a la narcoparapolítica es la Corte Suprema de Justicia.

Así se lo explicó a El Nuevo Siglo el economista e investigador Luis Jorge Garay, coordinador de un estudio sobre Captura y Reconfiguración Cooptada del Estado en Colombia y América Latina, de la Fundación Método.

“La Corte Suprema asumió sus funciones de defender el estado de derecho y tomó el juicio de los congresistas por concierto para delinquir”, indicó Garay; pero dio “un paso más allá, en una jurisprudencia compleja pero fundamental:

Todo parapolítico ya no solo va a ser juzgado por concierto para delinquir, sino por crímenes de lesa humanidad, porque participaron en un proyecto político que implicó el uso masivo de la fuerza con crímenes de lesa humanidad”.

“Todo acuerdo de esta naturaleza”, entre actores legales e ilegales, “a esta altura ya era dentro de una estrategia militar explicita, porque era con grupos armados ya no sicariales, como fue en la primera etapa con Pablo Escobar,

sino con ejércitos que sustentan las bases objetivas de poder territorial y poder social para impulsar un proyecto, ya sea de refundación del Estado, ya sea para la defensa de los intereses de los ilegales, y de los legales en alianza con ellos”, precisó.

“No ha habido ningún contrapeso del establecimiento político”, analizó Garay, en parte porque “en la mayoría de los partidos había narcoparapolíticos y en otros habrá narcofarcpolíticos o narcoelenopolíticos”.

“Los medios de comunicación, unos más combativos que otros, han participado en la denuncia, pero no ha habido realmente una posición unánime a una lucha frontal que enjuicie a la parapolítica, llegue a las sentencias”, dijo Garay.

“E, infortunadamente, el proceso ha venido adquiriendo una cierta legitimación social, dentro de la multiplicidad de conflictos colombianos”, comentó.

“La legitimidad de la lucha antiguerrillera y que todo vale con tal de que se logren resultados efectivos ha venido legitimando procedimientos de actores. Llega a decirse muy popularmente: ‘Ah, bueno; por lo menos de esa manera se acaba la guerrilla’”.

“Entonces, el actor central tampoco son los actores internacionales. Infortunadamente, en el exterior se piensa que Colombia está en un posconflicto y que se está avanzando en un desmonte del narcotráfico”, sobre todo con base en cifras como la reducción del área cultivada de coca.

En este punto, el profesor Garay enfatiza que en Colombia no hay posconflicto y que las estructuras de infiltración del Estado por parte de las organizaciones criminales de todo tipo, en alianza con políticos y empresarios, se mantienen solo que con otros actores, vinculados o no con quienes han sido procesados, condenados o extraditados.

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noreply@blogger.com (cra8329) — Tue, 10 Nov 2009 23:48:00 +0000

Manual Constitucional para la práctica del aborto en Colombia
Por Brújula Comunicaciones

Ante la confusión originada por la suspensión temporal, por parte del Consejo de Estado, del Decreto 4444 que reglamenta la práctica de la Interrupción Voluntaria del Embarazo,

Women´s Link Worldwide se dio a la tarea de recopilar los lineamientos constitucionales que sustentan la vigencia del ejercicio del derecho al aborto en Colombia.

Bogotá 10 de noviembre de 2009.- El próximo jueves 12 de noviembre a las 9:00 a.m. en el Hotel casa La Botica (calle 9 N. 6-45), la abogada Mónica Roa, directora de programas de la organización Women´s Link Worldwide presentará el “Manual Constitucional para la práctica de IVE”,

una herramienta diseñada para dar claridad a profesionales de la salud y del derecho, así como a las mujeres, de la jurisprudencia constitucional vigente para la práctica del aborto legal en Colombia.

Como detalla el Manual, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el derecho al aborto sigue vigente en las tres circunstancias despenalizadas, cuando la vida o la salud de la mujer corren riesgo,

cuando el embarazo es producto de violación o incesto y cuando el feto tiene malformaciones graves incompatibles con la vida extrauterina.

Estos lineamientos constitucionales incluyen directrices sobre el derecho al aborto en las diferentes circunstancias, los requisitos que se pueden y no se pueden exigir, las prácticas prohibidas, la objeción de conciencia, el consentimiento informado,

el servicio para mujeres sin capacidad de pago, los derechos de menores de 14 años o con discapacidades, la oportunidad e integralidad del servicio, incumplimiento y sanciones, y las obligaciones para los profesionales de la salud, las EPS,

los departamentos, distritos y municipios, el Ministerio de Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud y la Procuraduría General de la Nación.

Desde la expedición de la sentencia que despenalizó el aborto en 2006, la Corte ha sido explícita al advertir que no se requiere una reglamentación previa para que se pueda ejercer el derecho a acceder al aborto,

pues las decisiones adoptadas en esta sentencia tienen vigencia inmediata y el goce de los derechos, por estar protegidos, no requieren de desarrollo legal o reglamentario alguno.

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noreply@blogger.com (cra8329) — Wed, 04 Nov 2009 20:01:00 +0000

Corte Penal Internacional
Aterrados los militaristas
Vencido el plazo de salvaguarda de siete años pedido por Uribe y Pastrana en 2002 la Corte podrá investigar e imponer condenas ejemplares en casos de impunidad de crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidios
Por Camilo Raigozo. Voz

A partir del pasado primero de noviembre, fecha en la cual se venció el plazo de salvaguarda solicitado por el presidente Uribe y su antecesor Andrés Pastrana en 2002, la Corte Penal Internacional podrá investigar y sancionar los delitos de lesa humanidad,-

los crímenes de guerra y los genocidios cometidos en Colombia y que gocen de impunidad o que los perpetradores materiales e intelectuales de dichos crímenes no hayan sido debidamente investigados, procesados y castigados en el país.

Extinguido el tiempo de salvaguarda que impedía a la CPI investigar y castigar crímenes de guerra cometidos en Colombia en el marco de la política de “seguridad democrática” y del conflicto social y armado que vive el país, sin que se hubiera-

impartido justicia, los jueces y fiscales del Tribunal Internacional podrán llevar a los altos estrados judiciales internacionales a los responsables de esos crímenes y garantizar que no haya impunidad.

"Por ejemplo políticos, líderes empresariales que hayan ordenado esos crímenes, agentes del estado de alto nivel, jefes de los grupos armados, pueden ser investigados por la Corte y en ese caso se abre un procedimiento que tiene la forma de un juicio penal", dijo Iván Cepeda, director del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado a los medios.

El defensor de los derechos humanos agregó que “con esta posibilidad se abre una nueva dimensión en las investigaciones judiciales del país, lo que permitirá que se impongan condenas ejemplares en los casos en los que no se haya impartido justicia”.

Hay suficientes razones para que la CPI opere en Colombia

Para varios analistas desde el punto de vista jurídico no abría la posibilidad de que la Corte actúe sobre crímenes de guerra cometidos con anterioridad al 1 de noviembre de 2009, pero a partir de esa fecha, en el caso en el que estos crímenes se produzcan ya sea por agentes del Estado, incluidos los ‘paras’, o por la insurgencia el alto tribunal internacional entraría a operar.

En el caso específico de la mal llamada Ley de Justicia y Paz, la Corte Penal Internacional podrá iniciar investigaciones ya que la justicia colombiana ha sido inoperante.

Voceros del régimen han señalado que “no hay razones para que la CPI inicie investigaciones en Colombia”, supuestamente porque la justicia ha procesado a los acusados. El embajador de Uribe ante ese organismo, Francisco Lloreda, sostuvo sin sonrojarse que lo que sucede en su país no es comparable con otras naciones, como Uganda, Sudán, República Democrática del Congo y la República Centroafricana, en los que ese tribunal ha tenido que intervenir.

Bienvenida la CPI

Sin embargo defensores del gobierno de Uribe, entre ellos la congresista del partido de la U Lucero Cortés, siguiendo la línea de sus jefes políticos, en vez de salir en la defensa de una justicia limpia y transparente, así como de las víctimas, salió a defender a los criminales, ya que la parlamentaria con el apoyo de la aplanadora uribista, impulsa-

en el Congreso un proyecto de ley que buscar blindar a los uniformados de la Fuerza Pública que sean denunciados ante la Corte Penal Internacional, toda vez que esta ha sido responsable de numerosos crímenes de lesa humanidad, muchos de ellos cometidos en complicidad con los paramilitares a quienes denominan sus primos.

Según las estadísticas reales emanadas de juiciosos estudios realizados por importantes organizaciones internacionales y locales, en el actual gobierno el mayor número de crímenes y homicidios de civiles al año en Colombia no han sido obra de las guerrillas, sino del Ejército y de grupos paramilitares, con la complicidad de numerosos terratenientes, ganaderos, empresarios y políticos, identificados con la política de Uribe.

Más de cuatro millones de desplazados internos fueron expulsados de sus lugares de origen por la estrategia militar-paramilitar, con el consiguiente despojo de sus tierras que suman entre seis y 14 millones de hectáreas de tierras. Bienvenida la CPI.

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noreply@blogger.com (cra8329) — Tue, 03 Nov 2009 22:43:00 +0000

Primer Congreso Latinoamericano Jurídico sobre Derechos Reproductivos
Por Brújula comunicaciones

Las legislaciones restrictivas en relación a la salud reproductiva y a los derechos reproductivos constituyen una de las principales barreras para superar las inequidades y la discriminación vividas por las mujeres de la región. Para la Organización Mundial de la Salud –OMS, el 21% de las muertes maternas en América Latina se atribuye al aborto inseguro.

Bogotá 3 noviembre de 2009. El 5, 6 y 7 de noviembre se realizará por primera vez en Latinoamérica un congreso jurídico sobre derechos reproductivos, lo que se constituye en un evento histórico al reunir a destacados juristas, políticos, profesores y miembros-

de varias organizaciones de diferentes países que trabajan en proveer herramientas legales a las mujeres para avanzar en la implementación de sus derechos reproductivos, fundamentales para la protección y defensa de los derechos humanos.

El Primer Congreso Latinoamericano Jurídico sobre Derechos Reproductivos coincide con hechos relevantes que están ocurriendo en los países de la región: la despenalización del aborto en Ciudad de México.

La decisión del Tribunal Constitucional peruano de prohibir la distribución gratuita del anticonceptivo oral de emergencia; la decisión de la Corte Constitucional colombiana de reconocer el derecho al aborto en tres circunstancias.

La revisión constitucional en República Dominicana, entre otros, son hechos que demuestran que Latinoamérica y el Caribe están entrando en una etapa de polémica y debate sin precedentes en torno al aborto.

El evento es organizado por el Ilustre colegio de abogados de Arequipa y el Colegio de Abogados de Lima, con el apoyo del colegio de abogados del Perú.

Participarán 45 panelistas de diferentes países en representación de instituciones como el Comité de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Asociación de Profesores en-

Derechos Humanitarios Internacionales de la Universidad de Toronto, el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), la Organización Panamericana de la Salud, el Departamento de Salud Reproductiva de la Organización Mundial de la Salud, entre otras.

Por Colombia participarán los ex magistrados de la Corte Constitucional Carlos Gaviria Díaz y Jaime Araújo Rentería, y Mónica Roa directora de programas de Women´s Link Worldwide.

Para el viernes 6 de noviembre a la 1:30 p.m. se ha programado una rueda de prensa, en el Colegio de abogados de Arequipa, en la que los medios tendrán acceso a los panelistas y organizadores del Congreso.

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noreply@blogger.com (cra8329) — Sun, 01 Nov 2009 03:46:00 +0000

Agro Robo Seguro/
El Uribismo pudo haber saboteado el debate a Minagricultura
Con información de Polo.com

Por desorden en las barras del Congreso, se levantó intempestivamente el debate al ministerio de Agricultura por los actos de corrupción del programa Agro Ingreso Seguro (Agro Robo Seguro).

Tras la participación del senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, la ovación, los “vivas” y el posterior desorden, hicieron que el presidente del senado, el uribista, Javier Cáceres, levantara acuciosamente la sesión postergándola para el próximo miércoles, permitiéndoles así, tomar un segundo aire al vapuleado gobierno y su ministro de Agricultura.

Un amplio sector de la opinión pública y congresistas del Polo, creen que después de tan contundente denuncia a la corrupción del gobierno de Uribe, el enfriamiento perpetrado por las barras, fue autoría del uribismo.

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noreply@blogger.com (cra8329) — Sun, 01 Nov 2009 01:43:00 +0000

Parauribismo/
Alcalde y ex alcaldes de Astrea, Cesar, acusados por parauribismo
Con información de la Fiscalía

Por sus presuntos vínculos con el grupo de autodefensas encabezado por Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, la Fiscalía profirió resolución de acusación en contra del Alcalde de Astrea (Cesar) y de otras tres personas, entre ellas dos ex mandatarios de ese municipio.

De acuerdo con la providencia de un fiscal de la Unidad Nacional contra el Terrorismo, el alcalde Edgar Orlando Barrios Ortega, los ex alcaldes Garibaldi López Acuña y Jaime Sajonero Pallares responderán por los delitos de concierto para delinquir agravado y promoción de grupos armados al margen de la ley.

El cuarto acusado es Numa Pompilio Cortés, miembro de autodefensas, quien supuestamente incurrió en concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo, desplazamiento forzado, constreñimiento ilegal, amenazas, y conformación y promoción de grupos armados ilegales.

Según el ente investigador, todos los procesados están privados de la libertad.

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noreply@blogger.com (cra8329) — Sun, 01 Nov 2009 01:09:00 +0000

Seguridad narcocrática/

Condenado oficial del Ejército por tortura

Según la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de seis años y tres meses de prisión proferida en contra del teniente del Ejército Nacional, Mihaly Istvan Jurko Vásquez, procesado por torturar a tres jóvenes en la capital antioqueña.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el 5 de junio de 2000, en la sede del Batallón de Infantería No. 4 (IV Brigada) fueron golpeados y torturados Jaime Alberto Millan Murillo, Jhon Fredy Giraldo Rivera y Dumar Alexander Rios, capturados el día anterior como presuntos responsables del asesinato del soldado Henry Edison Restrepo, adscrito a esa guarnición militar.

Al no admitir el recurso extraordinario de casación, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la sentencia condenatoria proferida por el Tribunal Superior de Medellín el 20 de febrero de este año. El oficial está privado de la libertad.

A sentencia anticipada 7 militares por “falso positivo”

Según un informe de la Fiscalía conocido este 30 de octubre de 2009, un suboficial y seis soldados profesionales de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional se acogieron a sentencia anticipada por el homicidio del comerciante Jhon Fredy Lopera Balbin, reportado como abatido en combate en el municipio de Bello (Antioquia).

El 21 de marzo del año 2005, la patrulla militar reportó un enfrentamiento armado con miembros de las autodefensas en el que pereció Lopera Balbín. Según el informe militar, junto al cadáver de la victima fueron halladas una escopeta y una granada de fragmentación.

En el supuesto operativo participaron: Jhon Fredy Monroy Lancheros, cabo primero; y los soldados profesionales Juan Gabriel Gil Berrío, Robinson Alexander Correa David, Jhon Jaime Gomez Gomez, Sergio Andrei Gaspar Pabón, Jehison Eduardo Jimenez Castrillon y Juan Gabriel Gomez Vanegas.

Ante el fiscal a cargo del caso, Gil Berrío reconoció que no hubo combate y que después de asesinar el comerciante la escena del crimen fue alterada, porque pusieron junto al cuerpo las armas mencionadas. Ese procesado fue condenado a 19 años de prisión por el delito de homicidio en persona protegida.

En los próximos días, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bello (Antioquia) fijará el monto de la pena, por el mismo punible, que purgarán los otros seis militares, quienes también cumplieron la diligencia de formulación de cargos para sentencia anticipada.

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noreply@blogger.com (cra8329) — Fri, 30 Oct 2009 03:16:00 +0000

Del “Pacto de Ralito” al “Gran Pacto Social Agrario”
Por Camilo Raigozo. Voz

Como se recordará, en el año 2001 los principales cabecillas narco-paramilitares, ganaderos, políticos, empresarios, terratenientes y una pléyade de representantes de poderosos criminales, aún anónimos, celebraron en Santafé de Ralito, corregimiento del municipio de Tierralta, Córdoba, fortín paramilitar, lo que se llamó El Pacto de Ralito.

En este pacto secreto, ventilado a la luz pública en el 2006, se propuso por parte de estos delincuentes la “Refundación del país”.

Y aunque algunos de esos malhechores están en la cárcel, extraditados o muertos, la gran mayoría, la más poderosa, goza de las mieles del éxito en el logro de sus propósitos pues el país ha venido siendo refundado poco a poco en los últimos ocho años, según los planes.

Hoy son muy pocos los poderes y entes del Estado que aún no han podido ser cooptados por el poder maligno, entre ellos la Honorable Corte Suprema de Justicia.

El pasado domingo El Espectador ofreció una información sobre un nuevo pacto cuasi secreto al que sus ejecutores han llamado pomposamente “Gran Pacto Social Agrario”.

Según el diario capitalino, “los pasados 25 y 26 de septiembre, en el municipio de Melgar (Tolima), a instancias del Centro de Pensamiento Primero Colombia, del que hace parte el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria, se reunieron 60 líderes-

“agrarios de diez departamentos y dos sindicatos agrícolas de Antioquia y el Valle, para dar los primeros pasos hacia la constitución de la Federación Nuevo Liderazgo Campesino, una organización que busca edificar una alianza entre empresarios, industriales y el Estado para orientar a las comunidades campesinas”. En otros términos, la refundación del campo colombiano a su manera.

Proyecto de ley

Los promotores del “Gran Pacto”, plantean que vencida la insurgencia y la resistencia campesina en su lucha de clases es hora de dar el zarpazo final. “En la medida en que el Estado ha venido recobrando sus espacios a través de los órganos judiciales, administrativos y las Fuerzas Armadas,-

“se hace necesario crear un “Gran Pacto Social Agrario”, donde estén los gremios, los productores, el Estado y los trabajadores del campo”, dicen, omitiendo mencionar que en cumplimiento del Pacto de Ralito, más de cuatro millones de campesinos fueron desplazados a punta de bala y motosierra y que les fueron robadas de entre seis y 14 millones de hectáreas de tierras, según estudios de varias organizaciones defensoras de derechos humanos.

Al respecto del “Gran Pacto”, ya está bastante adelantado un proyecto de ley cursado en la Comisión Quinta del Senado, presentado por el senador antioqueño de Cambio Radical Jorge Enrique Vélez, el cual pretende restablecer en Colombia el régimen de aparcerías, al estilo del feudalismo de los siglos 13 al 18, donde los terratenientes, hoy-

llamados grandes inversionistas, esclavizan a los campesinos desposeídos entregándoles a través de la figura del comodato o arrendamiento, pequeñas parcelas para que los labriegos pobres las trabajen para su manutención, la de sus familias y le entreguen jugosas ganancias a su amo feudal.

Imposición del modelo Carimagua

Desde luego, los campesinos pobres y sometidos a esa cruel explotación nunca tendrán derechos de propiedad o de titulación de parcela alguna. Por el contrario, los que aún tengan pequeñas propiedades serán sacados de competencia inexorablemente, ya sea expulsándolos violentamente o por medio de leguleyadas, como lo han venido haciendo con los pequeños paneleros, lecheros o los de las gallinitas criollas, por citar unos ejemplos.

Sobra decir que según los planes, los señores feudales del siglo 21 en Colombia tendrán la garantía plena por parte del Estado de la propiedad de sus tierras, de la exoneración de impuestos, de subsidios no reembolsables, como los de Agro Ingreso Seguro (Agro Robo Seguro) y otras coartadas que irán imponiendo, según sus necesidades.

Para eso cuentan en su poder con el Legislativo, el Ejecutivo, y, por ahora, una parte del Judicial. También cuentan con el servicio de la Fuerza Pública, de bandas paramilitares y como si fuera poco de militares estadounidenses que en al menos siete bases ayudarán a mantener el orden.

Para Aurelio Suárez, miembro del Polo y conocedor de temas agrarios, “lo del Nuevo Liderazgo Campesino ya está cobrando forma y el ejemplo patente es la siembra de palma aceitera, montada sobre alianzas estratégicas, o el controvertido Agro Ingreso Seguro, donde nadie tiene claro cuántos campesinos van a poner sus parcelas, mientras los industriales y comercializadoras terminarán llevándose la mejor parte del negocio”.

En suma, el “Gran Pacto Social Agrario”, es la implementación del modelo Carimagua, es decir, entregarles la tierra a los palmicultores, ganaderos, terratenientes, paramilitares y empresarios, para que más de cuatro millones de desplazados forzosos y el resto de campesinos se conviertan en mano de obra esclavizada.

Según un estudio de la Universidad Nacional conocido en mayo de 2006, mostraba que de la población campesina, el 81 por ciento vivía en niveles de pobreza y el 40 por ciento en la indigencia. La misma investigación mostró que había 655.000 hogares campesinos carentes de tierra, 2’250.000 hogares poseían cada uno menos de 3 hectáreas y representaban el 58 por ciento de propietarios.

Mientras tanto 2.428 terratenientes poseían 44 millones de hectáreas de tierra, es decir el 53 por ciento de la tierra registrada en el Instituto Agustín Codazi. Foto El Espectador.

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